Índice

Prólogo

Capítulo I. La prehistoria y las exploraciones

Capítulo II. El periodo misional, 1697-1849

Capítulo III. Semblanza política del Partido Norte de la Baja California, 1848-1882

CapÍtulo IV. Las compañías colonizadoras y los orígenes de las poblaciones, 1885-1906

Capítulo V. La formación de una economía vinculada con Estados unidos. Relaciones de poder entre los gobiernos federales y los locales, 1910-1945

Capítulo VI. De 1945 a nuestros días. Internacionalización económica y democracia política en Baja California

Bibliografía

Acerca de los autores

Legales

Universidad Autónoma de Baja California

Marco Antonio Samaniego López

(coordinador)

Breve historia

de Baja California

PRÓLOGO

Marco Antonio Samaniego López

El presente libro tiene como finalidad la difusión de la historia de Baja California. La intención es que residentes de la entidad, así como cualquier otro interesado, conozcan de manera sencilla los aspectos más importantes en el devenir de la sociedad bajacaliforniana.

Es necesario destacar que se trata de una síntesis en la que los autores de los capítulos escribieron sobre los acontecimientos que tuvieron mayor impacto. El hecho de que sea una historia breve obliga a dejar temas que pueden resultar interesantes para algún lector en especial, pero dado el objetivo señalado, algunos tópicos no se pudieron abordar con mayor profundidad. En función de ello, este libro no es para especialistas ni para quienes ya han estudiado la historia de la región, sino para aquellos que apenas se inician en el conocimiento del pasado bajacaliforniano.

De igual forma, aspiramos a que la presente obra ayude a los maestros que imparten la materia de historia de Baja California en los niveles de secundaria y preparatoria. Sin lugar a dudas, los profesores de dicho nivel son los mejores difusores de los temas de historia regional. Debido a ello, se publica una bibliografía básica a la que se puede acudir en caso de que se desee profundizar en los diferentes temas que aquí se tratan.

Un libro como el que el lector tiene entre sus manos es indispensable para la difusión de la historia regional en nuestro estado. De manera semejante al libro de texto de historia y geografía para tercer año de primaria, este documento es un punto de partida para que los habitantes del estado en general conozcan más sobre el lugar en que viven. Dicha obra, publicada por primera vez en 1999 y vigente hasta la actualidad, es, sin duda, una forma en que el Instituto de Investigaciones Históricas (IIH), de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), ha contribuido a la difusión de la historia de nuestra entidad.

Por otra parte, en febrero de 2000, con un guión escrito por investigadores del IIH, se formalizó el Museo de las Californias del Centro Cultural Tijuana, que desde entonces difunde de manera cotidiana la historia peninsular. Complementar dicha labor era necesario con una obra como ésta: breve, sencilla y que llegara al mayor público posible; la idea es que el costo sea el mínimo y pueda ser conocida en distintos ámbitos.

Cada uno de los autores que participa en este libro goza de sólido prestigio en el ámbito académico y tiene en su haber una serie de trabajos publicados —en diferentes revistas nacionales e internacionales—, producto de las investigaciones que han realizado durante varios años, y aquí se presentan algunos de esos trabajos.

Por último, es importante agradecer a investigadores que no colaboraron con textos pero que hicieron valiosos comentarios o apoyaron en alguna actividad. Tal es el caso del maestro Jorge Martínez Zepeda, quien revisó los textos, y de Norma del Carmen Cruz, quien colaboró en la realización de varios cuadros que se utilizaron. De igual forma, la maestra Patricia Aceves Calderón y el doctor Natanael Ramírez Angulo aportaron información para algunas de las estadísticas que se publican.

CAPÍTULO I. LA PREHISTORIA Y LAS EXPLORACIONES

Lucila del Carmen León Velazco

Mario Alberto Magaña Mancillas

LA PREHISTORIA EN BAJA CALIFORNIA

La información sobre los antiguos grupos humanos que habitaron la península durante miles de años la conocemos a través de las investigaciones arqueológicas que analizan los restos materiales que dejaron estos habitantes. Debido a la gran extensión de Baja California, los datos son fragmentarios, pues se basan en los escasos vestigios que se han encontrado. Sin embargo, se ha establecido una periodización que nos permite ubicar las formas de vida y los cambios que distinguieron a estas sociedades a través del tiempo.

La península de Baja California, como parte del continente americano, recibió sus primeros pobladores de las grandes migraciones humanas que fueron habitando la extensa región de Norteamérica hace varios miles de años. Debido a que estos individuos poseían una cultura nómada con escasa producción de utensilios, se tienen pocas evidencias de su llegada a esta región. Existen varias estimaciones acerca de la antigüedad de los hallazgos estudiados. Entre ellos se encuentra el hombre de Yuha, localizado en el sur de California, que se estima con una antigüedad de 9 000 años antes de Cristo (a.C.). Otros hallazgos indican que los primeros habitantes de la península llegaron alrededor del 10 000 a.C., e incluso, posiblemente, alrededor del 20 000 a.C.

LA PERIODIZACIÓN POR COMPLEJOS CULTURALES

Se denomina complejo cultural al conjunto de testimonios materiales —como puntas de flechas y restos de cerámica— que los arqueólogos han logrado rescatar y que presentan características comunes. Con esta información, además de otra que se pueda obtener en los sitios arqueológicos, se infiere a qué grupos pertenecían los objetos y se determina qué territorio ocuparon. Para estudiar algunos complejos culturales de Baja California, son muy útiles los “concheros”, que son lugares donde ciertos grupos humanos depositaron todos los desechos de los alimentos que consumían y que ahora son vestigios de sus pautas culturales y formas de vida cotidiana.

El primer periodo de la prehistoria es denominado paleoindígena. Se ubica entre los años 11 000 y 6 000 o 5 000 a.C., y en él se distinguen dos tipos de desarrollo:

a) Clovis. Por los resultados de varios estudios, se puede decir que este complejo cultural existió entre el 11 000 y 9 000 a.C. Estos grupos humanos se dedicaban a la caza del mamut y de otra fauna extinta, y ocuparon sitios lacustres y costeros de finales del pleistoceno y principios del holoceno. Se han encontrado pocas evidencias de este complejo, algunas de ellas en Baja California Sur y en la isla de Cedros.

b) San Dieguito. Fue formado entre los años 9 000 a 5 000 a.C. por cazadores recolectores que incluían en su dieta presas menores. Fueron acotando sus recorridos dentro de espacios cada vez más definidos durante las estaciones del año y habitaron también las costas para aprovechar la obtención de peces y moluscos. Estos individuos vivieron durante el holoceno temprano, que era una época de mayor humedad y temperaturas más templadas que la actual. Sin embargo, en comparación con el Clovis, era más seco.

En el transcurso de cientos de años, el clima mundial se fue haciendo más caluroso y seco, lo que provocó largos periodos de sequía y la desecación de los grandes lagos interiores que habían servido de hábitat a los indígenas del complejo San Dieguito, como la laguna de Chapala, en el centro de la península. Estos individuos prehistóricos conformaron agrupaciones y utilizaban una mayor cantidad de recursos alimenticios en su dieta diaria, como plantas, moluscos y animales de caza, que han podido ser reconocidos por los restos encontrados en sitios arqueológicos.

El segundo periodo es el arcaico, que se sitúa entre el 6 000 o 5 000 a.C. y 500 después de Cristo (d.C.), y comprende dos complejos culturales:

a) La Jolla. Se ubica en el holoceno medio y tardío, y se distinguió por la utilización de instrumentos de molienda (metates y morteros para procesar las semillas y granos). También estuvo caracterizado por el desplazamiento de ciertos grupos de las tierras interiores (donde estaban grandes lagunas, como la de Chapala) hacia las costas del Pacífico, especializándose en la recolección de moluscos, lo que dio lugar a la formación de “concheros”.

b) Amargosa. Se desarrolló mucho tiempo después al de La Jolla, en la parte noroeste y centro de la península. Surgió como una respuesta a las mismas condiciones de sequía y aridez, pero en territorio distinto: en los desiertos interiores y en la zona costera hacia el golfo de California. Se concentraban menos en la caza y de forma primordial en la recolección de plantas y semillas; las evidencias con que contamos, halladas en las tierras altas de la parte norte del territorio, son algunos instrumentos de molienda, como los morteros fijos realizados en piedras o rocas, y técnicas en el procesamiento de semillas como la bellota y el piñón.

En el prehistórico tardío se desarrolló el complejo Comondú, que se ubicó en el área que comprende la bahía de Los Ángeles hasta, precisamente, Comondú, de donde recibió su nombre. Relacionado de manera estrecha con el complejo Amargosa, algunos autores lo consideran una derivación. Hubo un incremento significativo en la población, lo cual es evidente por la mayor densidad de sitios arqueológicos. Aprovechaban una mayor diversidad de recursos debido a su movilidad desde la costa a las tierras interiores o viceversa, de acuerdo con las estaciones en que lograban obtener plantas, semillas o fauna marina y terrestre. Una de las innovaciones tecnológicas importantes fue el uso del arco y la flecha.

En este periodo también se desarrolló el complejo Hakataya, en el área más norteña del actual estado de Baja California, con la aportación de elementos de procedencia yumana. Aunque estos grupos no tenían la tradición de manufactura de cerámica, la incorporaron hacia el año 1 000 d.C. Los grupos nómadas del complejo Hakataya se ubicaron en el bajo delta del Río Colorado; otros se distribuyeron en las sierras de Juárez y San Pedro Mártir, en las costas del golfo de California y del Pacífico. Desarrollaron una cultura nómada estacional con una movilidad más amplia centrada en la obtención de moluscos, piñones y bellotas. Se considera que los grupos humanos del complejo Hakataya son los ancestros de los indígenas que los misioneros dominicos conocieron y que generalmente se han denominado yumanos.

LOS GRUPOS INDÍGENAS PREVIOS AL CONTACTO

Los grupos indígenas que habitaron Baja California al final del periodo prehistórico tardío fueron: los cucapás; los kumiais, con su variante dialectal kwatl, también con influencia del paipai; los paipais, con su variante dialectal yakakwal; los kiliwas, con su variante dialectal ñakipá; y los cochimíes del área del Desierto Central. Todos estos grupos pertenecieron a la familia lingüística yumana procedente de una familia lingüística ancestral denominada yumano-cochimíe, que a su vez pertenece a la lengua hokana. En un momento muy temprano, ya estando en la península, de la lengua yumano-cochimíe se separó el cochimíe del Desierto Central. Los otros miembros de la familia lingüística yumana fuera del área peninsular son el quechán, el maricopa, el mohave, el yavapai, el walapai y el havasupai; estos últimos, junto con el paipai, forman el denominado grupo pai.

Los grupos yumanos en Baja California forman parte del área cultural denominada el “Suroeste”, nombre que se le da a la zona que comprende los estados de Sonora, Chihuahua y norte de Sinaloa, así como Arizona y Nuevo México. Ésta se divide en tres culturas regionales distintivas: la anazasi, la mogollón y la hohokam. Los yumanos ocuparon el bajo delta del Río Colorado y parte del Gila.

Uno de los caminos seguidos por los movimientos migratorios de los yumanos fue a través de una especie de corredor formado desde el Río Colorado hasta su delta. El corredor continuaba por accesos orográficos, como el paso de San Matías y los valles entre las sierras de Juárez y de San Pedro Mártir, llegando hasta el Pacífico por arroyos como el San Rafael o el Santo Domingo.

Los grupos se extendieron en diferentes direcciones: los kumiais hacia el norte; los kiliwas hacia el sur, y los paipais quedaron en este “corredor”. Estos últimos están estrechamente relacionados con los indígenas del actual estado de Arizona.

Los grupos kumiais tuvieron la influencia de las culturas del sur del estado de California, lo que ha generado su clasificación, junto con los paipais y los kiliwas, dentro del área cultural de California y no del suroeste. Por su parte, los kiliwas estuvieron relacionados con los cochimíes, sobre todo con los clanes cochimíes más norteños (por ejemplo, los juigrepa), y, a su vez, un grupo de los paipais con los kumiais y viceversa, derivando así el subgrupo kwatl con su variante dialectal entre paipai y kumiai.

Los kumiais han sido el grupo indígena más numeroso en esta región, ocupando un extenso territorio que cubre el actual condado de San Diego y parte del Valle Imperial, en Estados Unidos, y los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y partes de Mexicali y Ensenada, en México. Hacia el sur, sobre la costa del Pacífico, ocuparon hasta el área de la antigua misión de Santo Tomás, y al sureste, hasta Santa Catarina. En la actualidad, esta comunidad es predominantemente paipai y de mayoría kwatl.

Cuando los españoles llegaron, a los kumiais se les denominó “diegueños”, en alusión a la misión de San Diego de Alcalá. Con el paso del tiempo se habló de diegueños del norte, del sur y del este. Después, a los del norte se les llamó “ipai”, a los del sur, “tipai”, y a los del este, “kamia”. En realidad todos pertenecen al grupo lingüístico kumiai y las diferencias provienen de las influencias de otros grupos como los ipai, en relación con los “luiseños”, por la misión de San Luis Rey, y los del este, o kamia, por los quechán y mohave. Algunos indígenas kumiais contemporáneos de La Huerta y San Antonio Necua se autodenominan “cochimí”, lo que se explica como una derivación de la herencia cultural de los llamados cochimíes del Desierto Central, quienes durante el periodo misional dominico fueron reubicados en las nuevas fundaciones.

En relación con los otros territorios tradicionales, el de los paipais se considera un espacio que iba de costa a costa. Su centro era la planicie de El Álamo y el Valle de la Trinidad, y limitaba en el golfo con los cucapás, cerca de la desembocadura del Río Colorado. El de los kiliwas se centraba en la sierra de San Pedro Mártir, hacia el Pacífico, en el área de Camalú y San Quintín, y en el golfo hacia San Felipe. Los cucapás ocuparon el amplio espacio del delta del Río Colorado, que entonces comprendía la mayor parte de lo que hoy se encuentra del lado mexicano, teniendo como límite al oeste la sierra de La Rumorosa; en algunos momentos, en búsqueda de alimentos como el piñón, se desplazaron a la sierra, mientras que los kumiais del este avanzaron hacia el delta del Río Colorado.

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL

La organización social de los grupos indígenas antes del contacto con los españoles era básicamente el clan, sustentado en un antecedente común, por lo general de origen mítico, y con derecho a cierto espacio por parentesco.

Entre los kumiais y cucapás se denomina al clan con la expresión “chimul”; entre los paipai, “sumilla”, y entre los kiliwas lo nombran “ichiupu”.

El clan es un grupo de parientes de filiación unilineal que en el caso de los grupos indígenas de Baja California tuvieron una filiación patrilineal, es decir, con base en la relación con el padre o parientes masculinos. Además, eran preferentemente exogámicos: el hombre buscaba pareja fuera del clan al que pertenecía, entre los clanes amistosos al suyo o a través de alianzas, y al parecer eran virilocales, o sea, la nueva pareja vivía dentro del clan del hombre.

Los clanes tenían un fuerte arraigo a ciertos espacios, sin embargo, Don Laylander apunta la existencia entre los kumiai de los kwitxals, que se traduciría como “vagabundos”: “quienes acostumbraban llegar a una comunidad extraña argumentando afiliación a un homónimo distante del chimul local. […] También se aplica a un grupo familiar temporáneo o permanente en proceso de separación de su chimul, quizás en vías de convertirse en un nuevo chimul con un nombre nuevo”.

Cada clan se componía de bandas[1] que se integraban en promedio de unos 15 a 30 individuos, aunque, según las circunstancias, podían variar desde microbandas, conformadas por unas cuantas familias, hasta macrobandas, que llegaban a aglutinar a la mayoría de los del clan, es decir, aproximadamente unos 200 miembros. Es importante señalar que sólo en el caso de los kiliwas se poseía una denominación para banda, que era la de “maselkwa”, y ésta era la forma más común de organización indígena en el prehistórico tardío.

En el caso de Baja California, las bandas indígenas integrantes de un clan tenían reconocida un área territorial como su base principal de sustento y residencia, generalmente cercana a fuentes de abastecimiento de piñón y de bellota.

Las delimitaciones espaciales no eran estrictamente territoriales, es decir, la tierra en sí no era lo importante, sino los recursos que existían en un espacio concreto, incluyendo los lugares donde se podía obtener agua. En muchos casos, los aguajes se convirtieron en las mojoneras que delimitaban los territorios correspondientes. No obstante, existían zonas que por su importancia como fuentes de sustento eran utilizadas por todos los grupos como áreas neutrales que permitían la supervivencia común. Estos espacios se ubicaban en zonas con abundancia de recursos como las playas —para la pesca y recolección de moluscos— o las montañas —donde hubiera pinos piñoneros y de bellotas, tanto dulces como amargas—.

La base medular de la organización social indígena era la familia alrededor de un varón cazador-recolector, quien, dependiendo de sus habilidades y prestigio, podía aglutinar a otras familias emparentadas con él en una banda de la que era el líder vitalicio. Éste podía heredar el cargo a alguno de sus hijos según su mayor capacidad como proveedor. Es posible que se presentaran liderazgos de macrobanda en caso de enfrentamientos entre éstas o para reuniones importantes que podían agrupar a la mayoría del clan. Para estos casos se elegía un líder para el tiempo que durara el conflicto o la celebración entre los distintos líderes de las bandas del clan correspondiente o principal. Generalmente a los líderes se les denominaba con la expresión “kwaipai”, entre los kumiais, y en algunos casos se conjuntaba el cargo de kwaipai y el de chamán o curandero.

No se tiene evidencia de la existencia de organizaciones grupales o tribales, en el sentido de “nación india”, ni de liderazgos de esa magnitud, es decir, un grupo social que comprendiera un gran número de bandas, aldeas u otros subgrupos que se caracterizara por la posesión de un territorio determinado, un dialecto definido, una cultura homogénea y peculiar, y una organización política unificada o, al menos, con cierto sentido de la solidaridad común frente a los extraños. A pesar de ello, sí se tienen evidencias sobre ciertas alianzas entre los clanes debidas a relaciones de parentesco o por necesidades de defensa. Los cucapás, por ejemplo, tenían una organización política cercana a la tribal, es decir, formaban grandes frentes bajo liderazgos comunes y se aliaban con los maricopa y pima en contra de los kamias o kumiais del este que, a su vez, lo hacían con los quechán y mohave.

CULTURA NÓMADA ESTACIONAL

Esta organización basada en el clan y en la banda era generalmente la misma para todos los grupos indígenas que ocuparon Baja California, aunque con diferencias según la región. Se considera que los cochimíes dependían mucho más de la caza que de la recolección, ya que en el Desierto Central la obtención de recursos por recolección de alto valor proteínico era escasa y, por tanto, su movilidad era mayor en tiempo y en espacio. En cambio, los grupos kiliwas, paipais y kumiais manejaban un nomadismo estacional con temporadas y territorios más delimitados, donde la caza era importante, pero la recolección de piñón y bellota era fundamental, por lo que sus territorios tradicionales se definían por el acceso a las áreas de estas semillas de alto valor nutricional.

Debido a las inundaciones estacionales del Río Colorado, los cucapás podían permanecer un tiempo mayor en ciertos lugares propicios para la siembra de algunos cultivos, pero sobre todo para la cosecha de semillas que crecían de forma silvestre en las zonas pantanosas del delta. No obstante, continuaron manteniendo cierta movilidad, aunque muy reducida, en comparación con los cochimíes.

Otros grupos yumanos no producían sus alimentos mediante la agricultura, lo que los dejaba a merced de las variaciones propias de la naturaleza, ya que debían buscar los lugares donde se producían los alimentos. Entre los kiliwas, paipais y kumiais, y en menor medida entre los cochimíes, es posible que “auxiliaran” a ciertas plantas a través de podas o recolección selectiva; además, existían pautas culturales de prohibición a la depredación o aniquilamiento de plantas y animales.

A diferencia de estos grupos, los cucapás ya poseían el conocimiento y la práctica de pequeños y rudimentarios cultivos adecuados a la movilidad de los propios indígenas como un factor cada vez más importante para su subsistencia; esto se debía a la abundancia de agua y limo depositado por el Río Colorado.

La dependencia a los recursos naturales obligaba a los grupos indígenas a movilizarse de manera constante, trasladándose según la temporada a los lugares donde podían sobrevivir hasta que disminuyeran las fuentes de subsistencia. Al agotarse los recursos se trasladaban a otro lugar que fuera propicio para recolectar, pescar o cazar algún alimento específico o para conseguir agua. De hecho, los nativos tenían varios campamentos estacionales para vivir durante ciertos periodos en que abundaba el alimento cerca de su establecimiento.

Los individuos se movilizaban en bandas familiares basadas en su relación con los padres varones y en pequeños grupos, lo que era una estrategia de vida, ya que la producción básica del medio era insuficiente para el sostenimiento de una gran población. Un área tradicional de subsistencia era ocupada en forma simultánea por varias bandas pero del mismo clan o de clanes aliados. Algunas se adelantaban o retrasaban de acuerdo con las posibilidades de conseguir alimentos y según sus conocimientos, tradiciones, amistades o enemistades.

Es probable que por la escasez de recursos alimenticios las bandas se redujeran exclusivamente al grupo familiar o a microbandas y en épocas de abundancia crecieran hasta formar conjuntos mayores. Esto dependía de la disponibilidad de los recursos naturales, la estaciones y las relaciones internas y externas de los clanes, ya que es de suponer que en etapas críticas de falta de alimentos y recursos los indígenas extendieran sus espacios reconocidos y entraran en conflictos de diversa magnitud con otros grupos.

HABITACIÓN Y VESTIMENTA

La principales formas habitacionales eran estructuras cónicas de ramas, sobre todo en primavera y verano, en las que se cobijaba la familia o la banda. Se preparaba un fuego cercano para la elaboración de algunos alimentos y como fuente de calor para las noches. En algunos casos se colocaban enlodados exteriores (emplastes simples). Un recurso para soportar las noches frías era escarbar en el suelo un hueco del tamaño de una persona, en el que se colocaban brasas que posteriormente se cubrían con una capa de tierra, lo que permitía que al acostarse se tuviera una fuente de calor.

Debido a que eran culturas nómadas, elaboraban utensilios que pudieran ser transportados a mano o en redes manufacturadas de fibras de agave que colgaban al hombro o en la frente. Eran artefactos utilizados en la caza, pesca, recolección y elaboración de productos para su consumo o preservación fabricados en madera, hueso o piedra. Aprovechaban las rocas cercanas a los campamentos para trabajar metates y morteros fijos; además, el material abandonado en la temporada o el año anterior podía ser reutilizado para sus actividades. También desarrollaron la manufactura de utensilios de cerámica y cestería: los cestos de junco estaban tan bien elaborados que podían contener líquidos.

La vestimenta, con particularidades según el indígena, consistía, para las mujeres, en faldas de corteza de sauce o de otro material similar y posiblemente adornos simples de concha, plumas y huesos. Entre las mujeres kumiais se ha registrado información sobre tatuajes en la cara con fines estéticos y para diferenciar entre las casadas y las solteras. En el caso de los hombres, andaban desnudos y es probable que utilizaran algunos adornos, talismanes para la buena caza y trofeos. Se sabe de alguna vestimenta utilizada para las temporadas más frías del año, como las capas de piel de conejo.

Con el paso del tiempo se conformó un conocimiento a través de las generaciones acerca de los mejores sitios y de las temporadas propicias para trasladarse de un lugar a otro. Esta acumulación cultural dio lugar a una definición de los espacios de cada clan e incluso de las bandas integrantes de estos últimos. Dicho proceso implicó, a su vez, el condicionamiento de sus formas culturales, y en algunos casos se presentaron especializaciones relativas a ciertos ambientes y alimentos.

LAS EXPLORACIONES ESPAÑOLAS, 1533-1697

Después de la conquista de Tenochtitlan los españoles hicieron recorridos en busca de más riquezas. El botín despojado a los caciques indígenas del altiplano central mexicano hizo renacer en ellos el interés por los fabulosos tesoros descritos en leyendas y mitos que formaban parte de su herencia cultural. Así, en la búsqueda de objetivos reales e imaginarios emprendieron, desde Tenochtitlan, varias expediciones en diferentes direcciones. Ciudades de oro e islas de amazonas se entretejían en la imaginación de los hombres con la presencia de animales, plantas y habitantes que, aunque reales, nunca antes habían sido vistos por los europeos, y les llevaron a internarse en tierras y mares desconocidos en la persecución de sus fantasías y ambiciones.

Hernán Cortés expresó en una de sus cartas, que sus hombres fueron informados por los indígenas de que en la mar del Sur existía una isla, llamada “Ciguatán” (que significa isla de mujeres), gobernada por una mujer. La descripción tenía semejanzas con un episodio de las aventuras del héroe de una novela de caballería titulada Las sergas de Esplandián, en donde se hablaba de:

que a la diestra mano de las Indias hubo una isla llamada California […] la cual fue poblada de mujeres negras, sin que algún varón entre ellas hubiese, que casi como las amazonas es su estilo de vivir […] Las sus armas (sic) eran todas de oro y también las guarniciones de sus bestias fieras en que después de haber amansado cabalgaban […] Reinaba en aquella isla California una reina muy grande de cuerpo, muy hermosa […].

Estas referencias alimentaron las expectativas de los españoles, quienes esperaban que se hiciera realidad. Uno de los propósitos principales era encontrar una ruta marítima que hiciera posible los viajes a oriente, lo que fomentó la exploración de la costa del Pacífico, conocida por ellos como mar del Sur; ya desde 1527 habría salido una expedición de Zihuatanejo al mando de Álvaro de Saavedra Cerón, con la finalidad de llegar a la tierra de las especias.

En 1532 Cortés envió dos navíos al mando de Diego Hurtado de Mendoza, que debido al mal tiempo no logró resultados importantes; además, uno de estos navíos fue capturado a su regreso por Nuño de Guzmán, enemigo de Cortés. Para recuperar su nave, éste mandó una nueva flota de dos barcos, uno de los cuales llevaba por capitán a Diego de Becerra, quien murió a consecuencia de un motín. El piloto de la nave, Fortún Jiménez, se hizo cargo del mando y continuó el viaje.

La explicación más aceptada sobre estos acontecimientos es que esta nao llegó a la parte sur de la península, y al creer que era una isla le denominaron “California”, ya que relacionaron esta supuesta isla con la información que tenían sobre Ciguatán y lo que se había descrito en Las sergas de Esplandián. Los miembros de esta expedición naufragaron en la costa de Nueva Galicia y comentaron haber visto perlas en abundancia, lo que generó los rumores de grandes riquezas y atrajo el interés de otros europeos. También se dice que se le llamó California en un sentido irónico, simbolizando un territorio que prometía riquezas que resultaron inexistentes.

Los rumores despertaron el interés por organizar viajes hacia California en conquistadores como Hernán Cortés, Pedro de Alvarado y Nuño de Guzmán, y en gobernantes como el virrey Antonio de Mendoza. Así, Hernán Cortés organizó dos expediciones a California e incluso tomó posesión personalmente en nombre del rey de España en 1535.

Uno de los mayores atractivos para los viajes fue la explotación de perlas, pero, además, hubo otros incentivos: el interés de la Corona española de avanzar hacia el norte en el reconocimiento y colonización; el deseo de encontrar el supuesto estrecho de Anián que facilitara el cruce a través del nuevo continente; asimismo, continuó la búsqueda de la ruta marítima que hiciera más accesibles los viajes a oriente.

Las numerosas expediciones que se organizaron utilizaron algunas veces financiamiento de la Corona y, en otras, de algunos particulares que invirtieron sus recursos con la finalidad de explotar comercialmente la región.

El virrey de Mendoza, con instrucciones de consolidar su poder sobre los nuevos territorios, tomó el control de las nuevas expediciones que se organizaban y así, bajo su dirección, se llevaron a cabo varios viajes, como el de Hernando de Alarcón, en 1540, para explorar hacia el norte, y el de Juan Rodríguez Cabrillo, en 1542, con el fin de reconocer las costas de California. En ese mismo año se realizó el de Ruy López deVillalobos, quien se dirigió al oriente y tomó posesión de las islas a las que llamó Filipinas, en honor del rey Felipe II.

En 1565, la expedición al mando de Miguel López de Legazpi, con la ayuda de fray Andrés de Urdaneta, logró encontrar una ruta más segura para regresar de las Filipinas; con ello se inició el comercio de productos orientales como seda, especias y porcelana. Estas embarcaciones llegaban en su retorno al continente americano aproximadamente a la altura del cabo Mendocino, en el norte del actual estado de California.

En 1578, el corsario inglés Francis Drake recorrió las costas del Pacífico y atacó varios pueblos costeros de Chile, Perú y Nueva España. La situación se agravó cuando, posteriormente, Thomas Cavendish y su tripulación se apoderaron de las mercaderías del galeón Santa Ana frente a Cabo San Lucas. Con estas acciones, las autoridades españolas se alarmaron y vieron la necesidad de buscar un puerto que sirviera como punto de descanso después del largo viaje de regreso de Filipinas, así como de protección en caso de ataque. Primero se encomendó a las mismas naos que viajaban a oriente para que a su regreso a la Nueva España exploraran las costas: Francisco Gali, en 1584, y Pedro de Unamuno, en 1587, recibieron esas instrucciones, pero llegaron a las costas de California con muchas carencias después de una larga travesía y con un pesado cargamento que no hacía posible un recorrido minucioso de la costa.

LAS EXPLORACIONES EN EL SIGLO XVII

En 1595, Sebastián Rodríguez Cermeño, al intentar cumplir las mismas indicaciones que habían recibido Unamuno y Gali, naufragó en las costas californianas. Después de este último fracaso se determinó enviar una expedición con el fin específico de recorrer el litoral, y en 1602, Sebastián Vizcaíno fue enviado a realizar un viaje que duró 11 meses y en el cual el cosmógrafo Jerónimo Martín Palacios dibujó mapas detallados de las costas.

Entre las expediciones que se organizaron en el siglo XVII encontramos las de: Nicolás de Cardona, en 1615; Juan de Iturbe, en 1616; Francisco de Ortega, en 1632, 1633 y 1636; Pedro Porter y Casanate, en 1648; Bernardo Bernal de Piñadero, entre 1662 y 1664, y Francisco de Lucenilla, en 1668. Las propuestas que hicieron los jefes de las expediciones para obtener licencias incluyeron, en algunos casos, la colonización de la península, difícil de lograr debido principalmente a la escasez de agua que no permitía la explotación agrícola y ganadera necesaria para el sostenimiento de un poblado permanente que pudiera servir de base o punto de avance en las exploraciones.

Para localizar los recursos de la región y buscar la forma de aprovecharlos se recurrió a los indígenas, a quienes se procuraba dar un trato amistoso. Establecían contacto con ellos por medio de obsequios, a cambio de los cuales correspondían con productos de su región. Los españoles les daban artículos que para ellos no tenían mucho valor, pero para los indígenas eran nuevos y muy codiciados. Éstos, aunque usaban perlas en sus collares, pronto notaron el mayor aprecio que los españoles les tenían y se las regalaban, como describe en una carta Pedro Porter y Casanate en 1642: “[…] y con estar distantes las pesquerías de las perlas, traían algunas muy grandes, en rescate de clavos, cuentas de vidrios, juguetes y chucherías de esta calidad; bien que eran inútiles, porque carecían de su extrínseco y mayor valor quemándolas al asar el ostión para comerlos y rayándolas con pedernal para colgarlas”.

Los primeros contactos con los indígenas durante estas expediciones fueron generalmente esporádicos; sin embargo, dieron lugar a una experiencia que sirvió para comunicarse con ellos: “continuos asistieron en este puerto más de tres mil indios, conversando con los nuestros; entendiéndose algunas razones por lo poco aprendido de los pasados viajes. Su lengua la pronunciaban con facilidad y ellos con mayor la nuestra”.

Es difícil precisar el impacto que tuvo para los grupos indígenas peninsulares, sobre todo para los yumanos, esta serie de contactos. Es probable que áreas como la de Los Cabos tuvieran mayores acercamientos, y en otras, como las del Desierto Central o más al norte, fueran prácticamente inexistentes. Lo que sí resulta importante es que fue la etapa en que se empezó a tener información diversa sobre los indígenas peninsulares, aunque desde la visión de la cultura europea.

EL INTERÉS DE LOS PRIMEROS MISIONEROS EN LA CALIFORNIA

Los fracasos en los diversos intentos de colonizar la California dieron lugar a que la Corona española decidiera intervenir para estimar las posibilidades de una colonización efectiva y permanente. Se hicieron las averiguaciones y, como resultado, resolvió apoyar la fundación de misiones y poblados civiles con fondos de la Real Hacienda.

El mando de la expedición se concedió a Isidro de Atondo y Antillón, quien ocuparía el puesto de gobernador de la provincia de Sinaloa por cinco años, con el objeto de contar con el apoyo de los recursos de esa zona.

En 1679 inició los prepartivos y fue hasta 1683 que se dirigió a la California. Aunque el proyecto no obtuvo los resultados deseados, fue favorable en el sentido que despertó en el cosmógrafo de la expedición, el jesuita Eusebio Francisco Kino, el interés por evangelizar la zona, quien además realizó importantes observaciones durante el viaje, que contribuyeron a un mejor conocimiento de la región.

Ya de regreso de la expedición, el padre Kino se esforzó por encontrar compañeros que le apoyaran así como financiamiento para la fundación de misiones en la California. Su entusiasmo logró atraer la atención de otro jesuita, Juan María Salvatierra, quien se dedicó a buscar fondos para la empresa. Aunque les tomó varios años, con la ayuda de su compañero Juan de Ugarte, reunieron donaciones de personajes importantes de la Nueva España e iniciaron el Fondo Piadoso de las Californias, mediante el cual obtenían financiamiento no solamente para iniciar la fundación de misiones, sino para continuar apoyándolas.

[1] Se entiende por banda al grupo local o comunidad de familias asociadas que residen juntas y mantienen relaciones íntimas y personales dentro de una cultura nómada.

CAPÍTULO II. EL PERIODO MISIONAL, 1697-1849

Lucila del Carmen León Velazco

Mario Alberto Magaña Mancillas

LOS JESUITAS EN LA CALIFORNIA, 1697-1768

Los jesuitas negociaron con el gobierno español los términos para llevar a cabo la evangelización en California, y el 6 de febrero de 1697, el virrey José Sarmiento y Valladares, conde de Moctezuma, dio la licencia a la Compañía de Jesús para la conquista de esta región con dos condiciones principales: que se realizara en nombre del rey de España y que no significara un gasto a la Real Hacienda, a menos que se contara con la autorización real. Según quedó estipulado, se les concedía el control sobre el mando militar y civil al otorgárseles la facultad de elegir y cambiar al cabo y soldados que les escoltasen, así como a los administradores de la justicia y el gobierno, con sólo la obligación de notificar al virrey.

El padre Eusebio Francisco Kino fue destinado a Sonora y el padre Juan María Salvatierra quedó a cargo de la evangelización en California. Sin embargo, Kino continuó siendo un gran apoyo para las misiones de la península, ya que buscó la forma de enviar provisiones desde las misiones sonorenses.

La primera misión definitiva fue la de Nuestra Señora de Loreto Conchó, y después se fundaron otros establecimientos, con lo que se inició una nueva etapa en la península debido a los cambios que trajo consigo el sistema misional.

Los indígenas de Baja California y los misioneros jesuitas vivieron las primeras experiencias de una relación continua a partir de 1697. La función de los misioneros dentro de los planes de la Corona española era colaborar en la conquista y colonización del septentrión novohispano y contribuir a la “hispanización” de los indígenas de estas tierras, cuyas costumbres y forma de vida no se podían integrar fácilmente al sistema español, como se había comprobado en las experiencias anteriores.

Los religiosos sabían que para poder realizar su labor entre los indígenas era necesaria la presencia de los soldados, por ello, desde que se establecieron los primeros edificios de la misión de Loreto, insistieron en la necesidad de que les apoyara un fuerte militar o presidio. Con la ayuda de un grupo de soldados y algunos indígenas procedentes de los actuales estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit, los misioneros organizaron el trabajo de construcción de los edificios necesarios para el albergue y la defensa, y, al mismo tiempo, iniciaron la instrucción religiosa de los indígenas y el aprendizaje de su lengua. La misión de Nuestra Señora de Loreto fue la base de los siguientes establecimientos misionales.

Las relaciones entre misioneros e indígenas tuvieron periodos de tranquilidad y conflicto. Las causas de los conflictos variaron: por un lado, la hostilidad creada por los contactos previos durante las expediciones, así como la disputa por la obtención de los escasos alimentos; por otro, el rechazo de los nativos de California a la imposición de una nueva religión, y con ella, una nueva concepción del mundo y una forma de vida muy diferente a la que estaban acostumbrados. También el acoso que sufrieron las mujeres indígenas por parte de los soldados dio lugar a algunas fricciones. El problema más serio fue en 1734, cuando la rebelión de los nativos obligó a los misioneros a abandonar la región del sur de la península y pedir ayuda al gobernador de Sinaloa, Manuel Bernardo Huidobro.

LA ORGANIZACIÓN EN LA CALIFORNIA JESUÍTICA

Las misiones concentraban a los indígenas circunvecinos para su evangelización, quienes debían ayudar en los quehaceres domésticos y laborales para poder obtener y asegurar el sustento de los misioneros y de la guardia de soldados, además del propio.

Las misiones comprendían un conglomerado de personas, mayoritariamente indígenas, que habitaban alrededor de una capilla y otras instalaciones, bajo la tutela espiritual y legal de un misionero al cual le auxiliaban uno o varios soldados como escolta y, en algunos casos, un mayordomo que administraba la comunidad.

El objetivo de la misión era atraer, concentrar, evangelizar y hacer sedentarios a los gentiles —indígenas que no habían recibido ninguna instrucción religiosa en la fe católica— para convertirlos en súbditos de la Corona que pudieran contribuir al sostenimiento del aparato colonial. Al momento de iniciar su instrucción se convertían en catecúmenos, y al recibir el bautismo eran denominados neófitos.

No obstante, las dificultades para conseguir bastimentos hicieron que las instituciones misionales en California se adaptaran a las circunstancias de la región. Los indígenas permanecían en las misiones por breves periodos para su evangelización, pero debido a la pobreza de recursos y escasez de comida en las misiones, regresaban a sus áreas tradicionales de subsistencia y se alimentaban según sus costumbres, para luego volver al ámbito misional. Estudios sobre las misiones jesuitas consideran que hacia 1755 sólo 30% de la población indígena se encontraba fijo en las misiones, y el resto se mantenía bajo la influencia misional pero a cierta distancia.

LAS EXPLORACIONES JESUITAS AL NORTE

Para realizar sus funciones, los jesuitas exploraron al sur de la península y parte del actual estado de Baja California en busca de los sitios con mejores recursos tanto físicos como humanos. Después de recorrer el área circunvecina a Loreto se dirigieron a la sierra de la Giganta, hacia el Pacífico y hacia el norte. El padre Francisco María Piccolo llevó a cabo la mayor parte de estas exploraciones y llegó hasta el paraje de Kadakaaman en 1716, lugar donde más tarde se fundaría la misión de San Ignacio y que, además, sería el punto de avanzada hacia el norte. Desde ahí salió el padre Segismundo Taraval a explorar la isla de Cedros, Punta Eugenia y parte del desierto del Vizcaíno.

El descontento indígena a causa de las imposiciones realizadas por los misioneros que se manifestó en la rebelión indígena de 1734-1737 en el sur de la península, detuvo las exploraciones que continuaron al ser reprimida. Los primeros recorridos los hizo hasta un poco más arriba del paralelo 28, y en 1746 subió por la costa en una travesía marítima que lo llevó hasta la desembocadura del Río Colorado. Posteriormente, en 1751, recorrió la vertiente del Pacífico hasta un poco más arriba del paralelo 29, y en 1753 llegó por tierra hasta Bahía de Los Ángeles.

Las exploraciones del padre Consag dieron como resultado el establecimiento de la misión de Santa Gertrudis la Magna en 1752, primera misión jesuita en el actual estado de Baja California; además, conocieron las dificultades que presentaba realizar otras fundaciones más al norte. Fue hasta 1762 que se fundó la misión de San Francisco Borja Adac, desde donde salió el padre Wenceslao Linck a explorar con el fin de localizar sitios adecuados para establecer misiones. Así se fundó la última misión jesuita en California: Santa María de los Ángeles. En 1766, el padre Linck se dirigió por tierra hacia el norte y llegó en sus exploraciones hasta la bahía de San Felipe.

Los viajes de exploración permitieron a los jesuitas conocer las posibilidades que ofrecía la península. Con interés científico observaron y describieron la flora y fauna en narraciones que proporcionan hasta ahora información imprescindible para los estudiosos del tema. Sus aportaciones sobre la forma de vida de los grupos autóctonos son de gran valor etnográfico. Uno de los jesuitas que dejó testimonio escrito del recorrido de sus viajes con interesantes observaciones fue el padre Fernando Consag, quien describió la flora y la fauna así como las costumbres de los indígenas. A continuación tenemos un ejemplo de sus anotaciones con respecto a la cacería del venado: “El que mataba un venado no comía de él, persuadidos a que si lo comían, no matarían más venado en sus cazas. Y cuando en esta iba la primera vez un mocetón, tendían a éste en el suelo junto al venado que mataban, y luego que acaban de quitarle la piel, aún calientita, cubrían con ella al mozo, como declarándole cazador”.

LA COMPAÑÍA PRESIDIAL

La compañía presidial estuvo formada por un grupo de hombres que fueron distribuidos como escoltas en las diferentes misiones. Sus actividades estaban destinadas a apoyar la permanencia y el avance de la presencia española en la región. Su papel en la defensa de las misiones en caso de ataques indígenas era muy importante, pero su participación en la tarea de transformar la región para integrarla al dominio español fue primordial. Ellos acompañaron a los misioneros en los recorridos de exploración que permitieron un mejor conocimiento del terreno, y con ello auxiliar en la supervisión de los recursos, de las comunicaciones y de la población nativa. Asimismo, ayudaron a los misioneros en su propósito de “occidentalizar” a los indígenas; a través de su unión con las mujeres, dieron lugar al mestizaje y las castas, y, además, algunos de ellos se establecieron con sus familias en los primeros ranchos, modificando el paisaje y las relaciones económicas y sociales en detrimento de la forma de vida de la población indígena.

El número de soldados dependió, en un principio, de los recursos con que contaban los jesuitas para el sostenimiento de las misiones, pero posteriormente lograron que la Corona pagara los sueldos de 25 soldados, aunque más tarde la cantidad se incrementó a 30. Después de la rebelión que en 1734 hizo peligrar la existencia del sistema misional en la península, en 1737 se estableció un presidio en San José del Cabo, que duró poco tiempo, y en 1738, la Corona aceptó aumentar la tropa a 60 soldados.

Los presidios como guarniciones fronterizas en el norte de la Nueva España se organizaban de tal manera que los soldados alternaban sus ejercicios militares con las actividades propias de pobladores y colonizadores. Los capitanes de presidio eran, con frecuencia, españoles con experiencia militar, pero muchos ejercían otras actividades como comerciantes, mineros o ganaderos. Para ciertos sectores, el darse de alta en las compañías militares significaba la posibilidad de ascender socialmente, y para los grupos menos favorecidos —como mestizos y castas— era una oportunidad que veían como un medio de vida, pues recibían un ingreso anual.

Los soldados debían apoyar las acciones evangelizadoras de los padres, y para ello utilizaban las ventajas que les daba el uso de sus armas y caballos. Los jesuitas advertían la necesidad de contar con el respaldo militar, pero también se daban cuenta de que era indispensable mantener este poder militar bajo su dominio, para lo cual ejercieron su influencia. Además, comprendían la importancia que tenían los militares como modelos a imitar por los indígenas; por tal motivo, preferían elegir europeos y criollos, quienes cumplían mejor este papel al estar más compenetrados con la forma de vida y los valores de occidente, buscándolos en lugares como Compostela y Sinaloa, donde sus compañeros religiosos podían recomendarlos.

Gran parte de los europeos, generalmente del grupo de oficiales que servían en las Californias, no se trasladaban con sus familias y sólo regresaban a reunirse con ellas una vez que terminaban su periodo de servicio. La mayoría de los soldados que llevaron a sus familias a la región eran originarios del noroeste novohispano, y aunque eran registrados como blancos y eran llamados españoles en Loreto, podían ser mestizos o mulatos.

Los misioneros insistieron en que los soldados fueran casados y trajeran a sus esposas para evitar el problema de acoso a las nativas. Con el apoyo de los religiosos, algunos soldados trajeron a sus familias e introdujeron en California a las primeras mujeres españolas y mestizas que habitaron en la península. Además, las mujeres de los soldados realizaban una importante función como modelo de comportamiento cristiano y occidental para las indígenas, pues cumplían con el papel de transmitir las tradiciones y los valores familiares. Como ejemplo del papel que ejercieron las mujeres durante el periodo jesuita destaca María de Larrea, que fue esposa del capitán del presidio de Loreto, Esteban Martínez de Lorenzo: Doña María fue muy útil en la comunidad misional como instructora de las indígenas en las labores de costura y bordado e incluso de lectura; además, formó un pequeño hospital de gran utilidad ante los escasos recursos de la región.

Los jesuitas insistían en que los soldados estuvieran sujetos a su autoridad, y se oponían a que se les concediera licencia para explotar los yacimientos de perlas o que realizaran cualquier actividad fuera de su influencia. Estos misioneros limitaron mucho a la población civil, y mientras ellos permanecieron en la península, las concesiones de tierras que se otorgaron fueron escasas; sin embargo, algunos soldados, al terminar su periodo de servicio, obtuvieron licencia real para explotar minas en el sur.

LA EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS

A principios del siglo XVIII murió en España el último rey de los Habsburgo y gobernó una nueva dinastía: la de los Borbón, lo que significó una política de gobierno diferente, que se reflejó en una serie de cambios a los que se han llamado reformas borbónicas. Con estas reformas, los nuevos gobernantes se proponían reestructurar la administración de los reinos y consolidar el dominio español en sus territorios.

Los jesuitas, que habían logrado obtener gran poder económico e influencia política, fueron acusados de numerosos agravios hacia los intereses y planes de la Corona; entre ellos, se decía que ocultaban las riquezas obtenidas del abuso a los indígenas y del contrabando, así como de la explotación de minas. La Corona española, con la influencia de las ideas de la Ilustración que estaban en boga durante esa época, buscaba sujetar el poder de la Iglesia y obtener el poder absoluto, por lo que en 1767 ordenó la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los dominios españoles como una de las medidas en este sentido. En febrero de 1768, los jesuitas que se encontraban en California fueron embarcados hacia Guadalajara, para de allí dirigirse a Europa. Las misiones quedaron a cargo de los soldados que en ese tiempo se encontraban en la península.

El visitador José de Gálvez fue enviado por la Corona española con el objeto de llevar adelante sus proyectos, por ello le concedieron facultades especiales para realizar reformas rápidas y eficaces. Sin embargo, como en otras partes del dominio español donde se intentaron estos cambios, la antigua estructura imperial impidió que dichas reformas llegaran a implementarse totalmente. Para un mejor control del poder, la Corona nombró un gobernador civil y militar para la California: Gaspar de Portolá, encargado de ejecutar la expulsión de los jesuitas. Asimismo, se dio a los soldados una función más activa y decisiva en el proceso de establecimiento del dominio español. El lugar de subordinación que habían tenido los soldados bajo los jesuitas se modificó al dárseles mayores facultades.

LOS FRANCISCANOS EN LA ANTIGUA CALIFORNIA,1768-1773

La expulsión de los jesuitas dejó a Gálvez con mayor libertad para llevar a cabo sus planes. Por otra parte, el visitador comprendió que se requería una reorganización completa para poder cumplir con los objetivos planteados por la Corona. Una de las principales disposiciones de Gálvez fue la elección de los franciscanos del Colegio de San Fernando de México para que continuaran la obra jesuita.

Los soldados comisionados para hacerse cargo de las misiones después de la salida de los jesuitas entregaron los establecimientos a los franciscanos. El padre fray Junípero Serra fue nombrado presidente de las misiones californianas. A diferencia de los jesuitas, los franciscanos no se ocupaban del gobierno temporal de la zona, sino que su trabajo consistía solamente en la evangelización. Sin embargo, la relación entre franciscanos y militares fue difícil, pues los misioneros lucharon por conservar el control que habían tenido los jesuitas, pero el gobierno español no estaba dispuesto a permitirlo; incluso se discutió la posibilidad de que la administración económica de las misiones no quedara a cargo de los frailes, motivo por el cual se dieron fuertes enfrentamientos entre las dos autoridades representadas por el padre presidente y el gobernador.

Los planes de la Corona se dirigían principalmente a la región norteña, por lo que Gálvez empezó a realizar acciones en ese sentido. Bajo la dirección del visitador, el gobernador Portolá y el padre Serra organizaron el avance hacia el norte. El mando militar de una primera expedición estuvo a cargo de Fernando de Rivera y Moncada, quien salió de Loreto el 30 de septiembre de 1768; posteriormente se les unieron en Velicatá el padre fray Juan Crespí y el cosmógrafo José de Cañizares. Exploraron las regiones de la sierra de San Pedro Mártir, San Telmo, San Vicente, Santo Tomás, Ensenada, San Miguel, el Descanso y Tijuana, hasta llegar al puerto de San Diego el 14 de mayo de 1769. Complementaron la expedición con el envío de dos barcos ese mismo año: el San Carlos, en enero, y el San Antonio, en febrero, que llegaron también a San Diego.

Fran Junípero Serra realizó una visita de inspección por las antiguas misiones jesuitas. Asimismo, en mayo de 1769 fundó la única misión franciscana de la península: San Fernando Rey de España de Velicatá. En compañía del gobernador Gaspar de Portolá y del sargento José de Ortega se dirigió también por tierra hacia el norte. Al final de este viaje inició el establecimiento de la primera misión de la Alta California: San Diego de Alcalá, el 16 de julio del mismo año, con lo que se abrió el campo misionero en esa región. De los personajes que participaron en estas expediciones, varios de ellos, como Crespí, Cañizares y Serra, dejaron diarios donde anotaron sus observaciones sobre los recursos y los habitantes de la región.

De acuerdo con un informe enviado en 1770 por el segundo gobernador, Matías de Armona, la California estaba dividida en tres departamentos o provincias. Una de ellas fue el Departamento del Sur, desde Cabo San Lucas hasta cerca de la misión de San Francisco Javier, con una extensión de 750 leguas, y donde se encontraban las misiones de San José del Cabo, Santiago, Todos Santos y el Real de Santa Ana; las misiones de San Luis Gonzaga y Los Dolores, que también habían pertenecido a esta provincia, ya estaban abandonadas. El segundo departamento, llamado del Norte, comprendía 233 leguas con las misiones de San Javier, San José Comondú, La Purísima, Mulegé, Guadalupe, San Ignacio, Santa Gertrudis, San Borja y Santa María. Estos dos departamentos, del Norte y del Sur, coinciden con el territorio que los jesuitas tuvieron bajo su cargo. El tercer departamento, de 288 leguas, desde la misión de Santa María hasta el puerto de Monterrey, comprendía las tres nuevas misiones franciscanas: la de San Fernando, en el paraje llamado Velicatá, a 18 leguas de Santa María; la de San Diego de Alcalá, a 777 leguas más al norte de Velicatá, y la de San Carlos de Monterrey, a 159 leguas de la de San Diego.

Uno de los objetivos primordiales de la Corona era fomentar la población civil, por lo que se dotó al visitador José de Gálvez de las facultades necesarias para otorgar concesiones de tierras y promover el asentamiento de particulares. La mayoría de las concesiones se otorgaron a antiguos soldados que ya tenían bastantes años de servicio y estaban avecindados en la península junto con sus familias. Gálvez se ocupó personalmente de disponer los cambios que consideró necesarios en la península, entre ellos una serie de instrucciones para fomentar el poblamiento de la zona; sin embargo, la visión de Gálvez no coincidió con la realidad bajacaliforniana, y sus proyectos no pudieron llevarse a cabo.

LOS DOMINICOS EN BAJA CALIFORNIA, 1773-1849

Los franciscanos no fueron los únicos que manifestaron interés por trabajar en la península. El padre procurador fray Juan Pedro Iriarte y Launaga realizó la misma petición en representación de los dominicos, y después de algún tiempo le fue concedida la licencia por real cédula del 8 de abril de 1770.

El maestro general de la Orden de los Predicadores, Tomás de Boxador, exhortó a los miembros de la orden dominica para ofrecerse como voluntarios e ir a “conquistar infieles”. De los dominicos que se alistaron se eligieron 26, quienes llegaron al puerto de Veracruz el 19 de agosto de 1771. No obstante, quedaba todavía pendiente la división del territorio entre las dos órdenes. Se eligió al padre guardián fray Rafael Verger, del Colegio de San Fernando de México, por los franciscanos, y al padre procurador fray Juan Pedro de Iriarte y Launaga, por los dominicos, para llevar a cabo las negociaciones. El 7 de abril de 1772 firmaron un concordato mediante el cual se concedió a los dominicos la región peninsular hasta el arroyo de San Juan Bautista, hoy San Miguel o la Misión.

El viaje de los dominicos hacia las Californias fue desafortunado, pues en la travesía sufrieron los efectos de un ciclón en el golfo de California, a resulta del cual pereció ahogado fray Pedro Iriarte y Launaga, al igual que otros misioneros. El padre fray Vicente Mora, quien en compañía de diez religiosos había llegado a Loreto el 14 de octubre de 1772, fue nombrado vicario general. El 17 de mayo del año siguiente, fray Francisco Palou, como representante de la orden franciscana, entregó formalmente el territorio de la Baja o Antigua California a fray Vicente Mora, y emprendió el viaje hacia la Alta California.

ORGANIZACIÓN MISIONAL DOMINICA

Debido a que se daba prioridad al proyecto de avance hacia el norte, se permitió a los franciscanos llevarse a su nuevo territorio gran parte de los bienes de las misiones peninsulares que consideraban indispensable para emprender su labor temporal y espiritual en las nuevas fundaciones. Conforme a esto, además de varios artículos de las iglesias y misiones, los franciscanos se apropiaron de gran parte del ganado mayor y menor; también fueron acompañados por los indígenas que ya se habían adaptado a la vida misional. De esta manera, los dominicos tuvieron la desventaja de contar con pocos recursos en las misiones que llegaron a administrar; esta situación causó conflictos entre ambas órdenes y un atraso en el desarrollo de los establecimientos bajacalifornianos.

Por otra parte, conforme a los planes de la Corona, la península pasó a tener un valor secundario como eslabón hacia el norte. Se consideró necesario apoyar la fundación de cinco misiones que unieran a la Antigua California con la Nueva. De esta forma, los dominicos, además de hacerse cargo de las misiones ya establecidas, tendrían que realizar nuevas fundaciones en el norte del territorio que les fue adjudicado.

Los dominicos, al igual que los franciscanos, dependían económicamente del gobierno español, quien ahora administraba el Fondo Piadoso de las Californias, con lo que quedaban más supeditados a la Corona. Hay que insistir en que la colonización dirigida por la Corona española respondió a una necesidad de expansión defensiva con el objetivo de ocupar para vigilar, aunque fuera por medio de pequeños reductos de población, que esos territorios permanecieran bajo el dominio español. El padre superior dominico recibió la comisión de fundar las misiones que por real cédula del 8 de abril de 1770 se había ordenado establecer para unir las fundaciones franciscanas de San Diego y San Fernando de Velicatá.

LA FRONTERA MISIONAL DOMINICA

El espacio entre las misiones de San Diego y San Fernando fue el territorio donde se desarrolló propiamente la actividad dominica. Fue a ellos a quienes les correspondió establecer nuevas fundaciones entre los indígenas de la región del norte de la Baja California. A este espacio se le ha llamado la frontera misional dominica, y en la época se conoció como “Las Fronteras”. En ella establecieron las misiones de Nuestra Señora del Santísimo Rosario (1774), Santo Domingo (1775), San Vicente Ferrer (1780), San Miguel Arcángel (1797), Santo Tomás (1791), San Pedro Mártir (1794), Santa Catalina (1797), El Descanso (1817) y Nuestra Señora de Guadalupe del Norte (1834).

CULTURA NÓMADA INDÍGENA Y LAS MISIONES DOMINICAS

Los misioneros dominicos se organizaron en forma semejante a los jesuitas. El hecho de que la misión dominica no pudiera mantener a sus indígenas dentro de la comunidad misional, permitió que los grupos indígenas continuaran su movilidad recorriendo sus áreas tradicionales de subsistencia y sus relaciones con otros grupos indígenas, principalmente los no controlados, como los kiliwas, los paipais y los cucapás. Es probable que este contacto por periodos haya permitido a los grupos indígenas yumanos, como los ñakipá, yakakwal, kumiais, y parte de los paipais y de los kiliwas, mantener gran número de sus pautas culturales, sobre todo en cuestiones de supervivencia, como las formas de abastecerse de alimentos y de agua potable con base en su movilidad estacional.

El mayor impacto durante la administración jesuita en Baja California fue para el grupo indígena cochimíe, ya que las misiones ocuparon prácticamente casi todo su territorio tradicional. Para los cochimíes del actual desierto central, sobre todo de las áreas de Santa Gertrudis, San Francisco Borja, Santa María y San Fernando de Velicatá, salir de la protección misional era reencontrarse con las limitantes de abastecimiento del desierto, de ahí la exitosa concentración de indígenas en estas misiones; por ejemplo, en 1762, Santa Gertrudis tenía 1 730 almas, y San Francisco de Borja, en 1767, un total de 1 813 indígenas. Esto contribuyó a que numerosos cochimíes fueran evangelizados y que a su vez conformaran la base humana para las fundaciones norteñas de los dominicos: eran los ayudantes del misionero, los intérpretes y fiscales de las nuevas misiones; por tal motivo, tanto la lengua como la cultura cochimíes se expandieron hacia el norte de sus territorios tradicionales. Una interpretación es que la dispersión de este grupo fue uno de los aspectos que propició su desaparición cultural. Otra posible consecuencia de la dispersión sería que los indígenas de La Huerta y San Antonio Necua se autodenominan “cochimíe”, porque entre sus antepasados hubo cochimíes cristianizados que se unieron a indígenas kumiai y se conserva la tradición oral.

Por su parte, los dominicos concentraron su labor evangélica en los grupos indígenas kumiai, paipai y kiliwa, sobre todo de las bandas de la zona costa, en un primer momento, y después, de las zonas serranas. Sin embargo, su trabajo también estuvo condicionado a las necesidades de fortalecer las fronteras imperiales, por lo que las misiones se establecieron siguiendo el principio de consolidar los caminos o vías de comunicación entre la Alta y la Baja California. Cabe mencionar que la zona oriental de Las Fronteras no fue un área controlada y los misioneros dominicos no tuvieron los recursos suficientes para un sostenimiento permanente de sus misiones, lo que permitió a los grupos indígenas yumanos, en general, establecer estrategias de resistencia.

El territorio de los cucapá fue conocido desde las primeras exploraciones españolas y durante la administración jesuita. Sin embargo, nunca se logró formar una comunidad misional o presidial, salvo un intento fallido de las misiones franciscanas de San Pedro y San Pablo y de La Purísima Concepción, fundadas en el año de 1780, las cuales fueron destruidas por los indígenas de la zona al año siguiente. En este suceso perdieron la vida el capitán Fernando de Rivera y Moncada, su tropa y las familias asentadas en dichas misiones. Con ello se manifestó la complejidad del proceso de penetración cultural en el que, para unos, se trataba de la apropiación de territorios en función de la Corona, mientras que para otros era la invasión de las áreas de influencia en las que los indígenas estaban acostumbrados a aprovechar los recursos para su subsistencia.

LA ACULTURACIÓN Y LAS MISIONES DOMINICAS

El proceso de aculturación, es decir, el intercambio de pautas culturales entre indígenas, misioneros y soldados, fue más fuerte en ciertos sectores de la población indígena del norte de la península, principalmente en los grupos más cercanos y supeditados a las misiones. Uno de los casos más evidentes fue el de los huérfanos, viudas y familias que servían permanentemente en la misión, quienes ya no pudieron reincorporarse a la cultura nómada estacional al momento de la decadencia de las misiones y fueron los que reclamaron tierras cultivables para sobrevivir.

También hubo aculturación en los indígenas que habitaban en las regiones más alejadas de las misiones, ya que la presencia de elementos culturales ajenos fue modificando sus relaciones y estrategias de vida. Una de las características más notables del proceso de cambio en los patrones culturales fue la inclusión del ganado en su dieta como una alternativa a los animales que cazaban de manera tradicional. Otro rasgo adquirido fue la utilización del caballo como medio de transporte.

Por otra parte, los indígenas rechazaron la imposición de la cultura occidental por ser tan diferente a la propia. De diversas maneras expresaron su resistencia a integrarse a la nueva forma de vida: desde ataques a soldados o misioneros en forma individual, hasta rebeliones organizadas, entre otras. La disciplina de la misión les era difícil de guardar y huían a los montes convirtiéndose en “cimarrones”, como les llamaban a los indígenas que se fugaban. Aunque rara vez se puede escuchar la voz de los indígenas a través de los documentos, la declaración de Agustín Castelo, indígena de Santa Gertrudis, refleja su sentir: “que quería matar a los padres de la misión porque lo azotaban mucho por cimarrón y que siempre se andaba huyendo por los montes y que no concurría a rezar la doctrina, que él y el Borjino tenían pensado venir a la misión y matar a los padres a flechazos”. Castelo fue condenado, junto con otros indígenas, por el crimen de rebelión y tentativa de asesinato.

LA COMANDANCIA DE LAS FRONTERAS

En 1776, también como parte de las reformas borbónicas, se dispuso la creación de la comandancia general de las provincias internas, jurisdicción a la que pertenecían las dos Californias, bajo el mando del comandante general. Posteriormente, a finales de 1777, se efectuó la primera división política de las Californias. Se estableció la capital de la Alta California en Monterey, que fue elegida, además, como sede del gobierno y, por lo tanto, lugar de residencia del gobernador Felipe de Neve, nombrado en 1774. Loreto quedó como capital del territorio peninsular, que se conoció como Antigua o Baja California. El capitán Fernando de Rivera y Moncada fue nombrado comandante del presidio de Loreto y encargado de la zona como teniente de gobernador.

La prioridad era extender y defender el norte, por lo que la Baja California quedó en un papel subordinado dentro de los planes de expansión defensiva de la Corona española. El gobernador Felipe de Neve, que contaba ya con amplia experiencia en la región, en 1778 envió al rey un informe donde resumió los requerimientos para el desarrollo de las Californias en los siguientes puntos: una mejor organización, el fomento de la colonización civil y el fortalecimiento de los presidios tanto en lo moral como en lo material. En 1781 propuso un reglamento para el gobierno de la provincia de Californias, donde señalaba el número de soldados que se necesitaban en la compañía del presidio de Loreto, cabecera de la Antigua California. Sugirió una fuerza de un capitán, un teniente, un alférez y 44 plazas que incluyeran dos sargentos y tres cabos. La tropa debía estar distribuida de la siguiente manera: un pequeño destacamento en el Real de Santa Ana, con un sargento y seis soldados; en las misiones de la frontera misional dominica, un oficial subalterno que había de servir de habilitado, un sargento, un cabo y diez soldados. La mayor cantidad de soldados en Las Fronteras señala que en ella se realizaban las actividades prioritarias por ser donde se encontraban las nuevas fundaciones.

Conforme se avanzaba en las fundación de las misiones, éstas formaron parte en determinado momento de lo que se conocía como “La Frontera” o “Las Fronteras”, cuyo límite estaba marcado por las misiones más consolidadas de los dominicos y por la de San Diego, al norte. A ese territorio se le conoció de una manera administrativa como “comandancia de Las Fronteras”. La misión de San Vicente fue por varios años la misión dominica más al norte, y posteriormente quedó emplazada en el centro de los establecimientos misionales fronterizos, por lo que en ella se fijó la sede de dicha comandancia. La existencia de un centro militar en esta zona fue necesaria debido a la lejanía del presidio de Loreto, y San Vicente fungió como tal por su ubicación.

Otra misión que contó también con una fuerza militar numerosa en comparación con las otras, fue la de Santa Catalina, debido a que su localización “como punto de avanzada hacia el Colorado” era un lugar importante para la defensa de la frontera misional dominica.

El militar encargado de la comandancia recibía el título de teniente comandante de Las Fronteras. Sabemos que ocuparon este puesto el teniente José Francisco de Ortega hasta 1787, cuando lo entregó a Diego González; en marzo de 1797, el alférez Ildefonso Bernal depositó el mando en Jacinto Amador, quien en abril del mismo año pasó la comisión a José Manuel Ruiz, el cual dejó el mando hasta 1822.

Las misiones de Las Fronteras estaban bajo el mando del teniente comandante de esta zona, pero por razones prácticas hubo excepciones: en el momento de la fundación de la misión de San Miguel, aunque se encontraba en Las Fronteras, se señaló que el mando de su destacamento correspondía al comandante de San Diego, mientras que el comandante de Las Fronteras sólo le obligaba mantener en ella una fuerza de cinco hombres. Esta nueva fundación pertenecía jurisdiccionalmente a la compañía del presidio de Loreto, pero la relación con el presidio de San Diego era muy estrecha, por estar más cercano; debido a ello, el comandante del presidio de San Diego supervisó a la escolta de San Miguel por medio de visitas periódicas, probablemente hasta que la comandancia de Las Fronteras tuvo una fuerza militar suficiente para llevar a cabo estas tareas.

El número de elementos del destacamento de Las Fronteras aumentó conforme se avanzaba en las fundaciones, pues se requería mayor número de soldados para la escolta de las nuevas misiones. José Joaquín de Arrillaga, capitán de Loreto, solicitó al virrey un aumento de tropa para formar la escolta de la misión de Santa Catalina: expresó que se necesitaban cuatro hombres para cuidar los caballos día y noche, y cuatro que se encargaran de traer bastimentos desde Santo Domingo o El Rosario, así como del traslado del correo y dar asistencia al padre. Esta misión, como se mencionó anteriormente, tuvo una escolta numerosa que por razones de defensa llegó a ser incluso mayor que la de San Vicente.

Durante el periodo dominico podemos observar que la distribución de los soldados en la península se hacía de acuerdo con tres áreas administrativas: Loreto, Las Fronteras y el Sur. Más de la mitad de los soldados estaban destinados a la comandancia de Las Fronteras: en la década de los ochenta, de 47 soldados con que contaba la compañía de Loreto, entre 25 y 32 realizaban sus actividades en Las Fronteras, de nueve a 16 en Loreto, y en el Sur, el número variaba de cuatro a siete. En la década de los noventa hubo dos aumentos considerables de los miembros de la tropa, que coincidió con las fundaciones de San Pedro Mártir y de Santa Catalina. Hubo otro incremento sustancial hacia 1804, probablemente justificado por las rebeliones indígenas, pero la distribución de la tropa siguió en la misma proporción.

Para el periodo dominico ya se habían establecido algunas familias tanto en la Baja California como en la Alta. Algunas llegaban en forma temporal a acompañar al jefe de familia que venía a prestar el servicio militar, y otras permanecían con los soldados que decidían establecerse en la región después de su periodo de servicio. Las relaciones entre las familias que vivían en las Californias eran reforzadas por los matrimonios; las mujeres hispanas eran escasas y jugaban un papel importante, aunque algunos soldados se casaron con mujeres indígenas. También se tiene noticia de la existencia de mulatos y castas, quienes muchas veces eran registrados como españoles, quizás porque culturalmente eran más hispanos en comparación con los indígenas.

Misioneros y soldados colaboraron en diversas actividades, y con el paso del tiempo desarrollaron una relación de interdependencia. Los soldados, al acompañar a los misioneros en sus exploraciones en busca de rancherías indígenas y de sitios adecuados para las fundaciones, pudieron contribuir al mejor conocimiento del territorio de Las Fronteras. En sus testimonios ofrecen descripciones de la población indígena, la flora y la fauna, con una perspectiva diferente a la de los misioneros.

Como parte de las escoltas de las misiones, los militares ayudaban a vigilar la marcha de los nuevos establecimientos y asistían en la construcción de los edificios. Los soldados supervisaban, asimismo, la labor de los indígenas, los instruían en los trabajos manuales y se ocupaban de conducir la correspondencia. En algunos casos eran los encargados de distribuir las raciones alimenticias en las misiones. Otra de las actividades de los soldados era la vigilancia de las costas, principalmente cuando España se encontraba en guerra con otra nación, para cuidar el paso de buques extranjeros. De hecho, se llegó a formar una compañía miliciana ante la posibilidad de una invasión.

En su función como militares hay evidencias de que los soldados no cumplían de manera adecuada su papel en un sentido formal, pues los rigores de la vida de frontera no les dejaban mucho tiempo para ejercitarse militarmente. La variedad de labores que realizaban y el reducido número de soldados disponible era observado por las autoridades como un obstáculo para el buen cumplimiento de sus deberes, como señaló Nicolás Soler, ayudante inspector de las Californias: “y por esta baja y otras causas aumenta la fatiga y como no es con proporción, no hay guardia, no hay revistas o entra la gente en la noche en función tan seria, rendida de cortar madera, de tumbar toros, etcétera, se falta a la disciplina y mecánica para el buen entrenamiento”.

Las responsabilidades de los misioneros para los soldados incluían aspectos materiales y espirituales. En lo material, ayudaban al mantenimiento de la tropa cuando ésta carecía de abastos. Los frailes debían reunir los recibos de lo suministrado a la tropa y entregarlos al habilitado de Loreto para que les fuera devuelto a través de artículos necesarios para la misión. En el aspecto espiritual, la asistencia religiosa de los soldados era otro deber de los misioneros: los padres tenían obligación de oficiar misa en el presidio los días de fiesta, explicar la doctrina cristiana los domingos y administrar los sacramentos de confesión, bautismo, matrimonio y extremaunción.

El retiro de los misioneros y su relevo debía ser reportado a las autoridades militares, aun cuando éstas no intervinieran directamente en los cambios. Este control provocó inconformidades y, en ocasiones, problemas serios. Hay varios reportes de los conflictos que ocasionaba la oposición de las autoridades militares al retiro de misioneros enfermos o con muchos años de servicio, a quienes se negaba el permiso de embarque sin la licencia del gobernador, por lo que se veían obligados a retrasar su viaje hasta que el trámite se hubiera realizado debidamente. Sin embargo, las relaciones entre soldados y misioneros no fueron siempre negativas, incluso a veces los militares confiaban al misionero el manejo de sus cuentas, tal vez por no tener los conocimientos para hacerlo ellos mismos.

Las actividades inherentes a su cargo militar hacían que la relación de los soldados con los indígenas fuera, en muchos casos, hostil o violenta. Para respaldar la autoridad del misionero aplicaban castigos a los neófitos cuando se negaban a realizar sus tareas en la misión. Escoltaban a los religiosos durante su recorrido en busca de indígenas y también perseguían a los que se fugaban. Asimismo, eran los encargados de sofocar las rebeliones, y en su atribución de autoridad en el ramo criminal ejecutaban las condenas. Por lo mismo, se les insistía en mantenerse alejados de los indígenas, como se expresa en la siguiente instrucción dada a la autoridad militar: “cuidará de que la tropa no se familiarice con los naturales por ser esta causa de poco respeto y ningún soldado podrá castigar a un indio por sí, sino que le dará cuenta a él y lo castigará si no estuviere de su parte la justicia”.

Las evidencias de los conflictos entre los soldados y los indígenas son numerosas; en varios reportes se registra la muerte violenta de soldados. Por otra parte, aunque los atropellos que sufrieron los indígenas son más difíciles de detectar, las recomendaciones para evitar los abusos de los soldados sugieren la frecuencia del problema, y las penas establecidas lo confirman.

El armamento de los soldados estaba regulado según el Reglamento de 1772, que señalaba que debía constar de espada ancha, lanza, adarga, escopeta y pistolas; sin embargo, los soldados de la compañía de Loreto se adaptaban a las condiciones y necesidades de la vida en Las Fronteras. Lo mismo sucedía con el vestuario, que de acuerdo con el reglamento debía ser: “una chupa corta de tripe, o paño azul, con una pequeña vuelta y collarín encarnado, calzón de tripe azul, capa de paño del mismo color, cartuchera, cuera y bandolera de gamuza en la forma que actualmente la usan y en la bandolera bordado el nombre del presidio para que se distingan unos de otros, corbatín negro, sombrero, zapatos y botines”. En los documentos podemos observar que rara vez los soldados podían contar con el uniforme completo, pues era difícil obtener vestimenta de cualquier clase en las Californias debido a la dificultad del transporte.

Hacia finales de la década de 1780, la escolta de Las Fronteras era mínima, probablemente debido a los periodos de escasez agravados por enfermedades y catástrofes que sufrieron los habitantes de la región. José Francisco de Ortega reportó que solamente contaba con 12 hombres para proteger toda la zona. La pobreza del territorio ocasionaba, además, que los soldados buscaran la forma de mejorar su nivel de vida y recurrían a otras actividades que no estaban permitidas, como el comercio de nutrias, por lo que con frecuencia las autoridades recibían recomendaciones para controlar este tráfico.

Por otra parte, los indígenas de Las Fronteras, que veían continuamente amenazada su forma tradicional de vida, expresaron de manera continua y diversa su resistencia a integrarse al sistema misional y rechazaron la presencia del grupo europeo: por un lado, el contacto con los hispanos les llevó a sufrir enfermedades y epidemias que disminuyeron gravemente su número; y por otro, al desprenderse de sus costumbres y tradiciones, perdían los hábitos que les habían permitido sobrevivir en su medio.

A diferencia de la población indígena, que se encontraba en decadencia, el número de habitantes hispanos o mestizos aumentó poco a poco hasta que afianzaron su establecimiento en la región. No obstante la resistencia de los frailes a la presencia de otros pobladores, mineros, soldados y sus familias, fueron éstos la base de núcleos de habitantes que formaron, posteriormente, los primeros poblados de la península. En otros casos, los soldados que recibieron concesiones de tierras se establecieron en ellas con sus familias y dieron origen a los primeros ranchos.

LA INDEPENDENCIA EN BAJA CALIFORNIA

Con la guerra de Independencia en México se interrumpió el transporte de abastos a las Californias. Una grave sequía que afectó seriamente la economía de la península empeoró la situación que continuó por algún tiempo. Aunque los reportes oficiales tienden a exagerar las necesidades para lograr más ayuda de las autoridades superiores, por las distintas fuentes se puede creer que los pobladores de las Californias carecieron de abastos durante los últimos años del periodo misional. Adicionalmente, tanto misioneros como soldados no recibieron sus sueldos, por lo que no podían adquirir los artículos más necesarios. En un informe, Fernando de la Toba, comandante interino del presidio de Loreto, señalo: “El almacén de este presidio está sin géneros con que cubrir la desnudez de la tropa y marina: se carece de bastimentos para poder obligar a unos y otros al desempeño de sus peculiares obligaciones y en una palabra hay una total carencia de todo aquello que es necesario para arreglar el mejor servicio de la nación”.

Una vez consumada la Independencia llegó la noticia a las Californias junto con los documentos necesarios para realizar la jura formal. En Las Fronteras ésta se llevó a cabo en San Vicente el 16 de mayo de 1822 por José Manuel Ruiz, autoridad militar de la región, quien realizó la ceremonia ante la escolta y el cuerpo de guardia.

Para este momento ya se habían establecido algunas generaciones de pobladores en el actual estado de Baja California: las actividades que habían realizado los soldados durante su servicio en la compañía militar del presidio de Loreto les preparó para establecerse en la península, y el conocimiento de la región les permitió elegir los lugares más aptos para asentarse con sus familias en poblados o pequeños ranchos.

Con el proceso de decaimiento de las misiones en Baja California la población hispano-mexicana intensificó sus actividades agropecuarias al fundar ranchos particulares de tipo ganadero, que se complementaban con algunas siembras de maíz y trigo y con una huerta familiar, dirigido todo a un autoconsumo familiar.

LA SECULARIZACIÓN DE LAS MISIONES EN BAJA CALIFORNIA

Para el segundo cuarto del siglo XIX, mientras en Alta California las misiones habían logrado un desarrollo importante al momento de la secularización, en Las Fronteras estas comunidades se encontraban, en su mayoría, en decadencia o abandonadas. Además, en los proyectos originales se había establecido que después de cierto tiempo, en general diez años, las comunidades debían ser entregadas por los misioneros a párrocos o sacerdotes seglares. Esto no se había efectuado en las Californias debido a que los misioneros se oponían a entregarlas y por la falta de sacerdotes que las recibieran.

Con los primeros gobiernos mexicanos se decidió impulsar la secularización de las misiones. Se declaró como concluida la labor misional y, por ello, las tierras misionales podían ser ocupadas por otras personas. Se procuró reservar ciertas porciones para los indígenas cristianizados sobrevivientes. La Ley de Colonización que puso en marcha la secularización se expidió el 18 de agosto de 1824; no obstante, el reglamento respectivo, sin el cual no se podía implementar dicha ley, fue decretado hasta el 21 de noviembre de 1828, pero no se conoció en las Californias hasta febrero de 1830.

Para el año de 1830, algunas misiones en Las Fronteras habían sido abandonadas; San Francisco de Borja y San Fernando de Velicatá en 1818; Santa Gertrudis en 1822, y San Pedro Mártir, en 1824. Otras estaban en plena decadencia, como San Miguel-El Descanso, El Rosario, San Vicente Ferrer, Santo Domingo, Santo Tomás y Santa Catalina, por lo que pronto fueron abandonadas: en 1832, El Rosario; en 1833, San Vicente Ferrer, y en 1834, San Miguel-El Descanso. A pesar de lo anterior, en el año de 1834 se fundó la última misión dominica: la de Nuestra Señora de Guadalupe del Norte, aunque tuvo poca duración. Para los años de 1839 y 1840 fueron abandonadas Santo Domingo, Santa Catalina y Guadalupe del Norte, quedando una sola misión: Santo Tomás, misma que fue cerrada en 1849. Fray Tomás Mansilla, que había estado a cargo de dicha misión, permaneció como capellán de la colonia militar posiblemente hasta principios de 1851.

CONFORMACIÓN DE LAS PROPIEDADES RANCHERAS

La formación de los ranchos antes de 1846 se realizó en tres etapas. La primera ocurrió desde inicios del siglo XIX hasta aproximadamente 1825, como una ocupación paulatina de las tierras. Así lo describe el geógrafo estadounidense Peveril Meigs: “[…] a medida que decaían los ranchos […] de las misiones, y cuando las propias misiones fueron secularizadas, una parcela tras otra fue cayendo en manos privadas […] El periodo de los ranchos privados estaba ya bien encaminado antes de que la última misión fuese abandonada en 1849”. Este fue un proceso en el cual se tuvo la colaboración de los misioneros, ya que un requisito para obtener una merced de tierras era el consentimiento del misionero más cercano para verificar que los terreros de la misión no fueran afectados. Además, la solicitud era revisada por el padre presidente.

En la segunda etapa se efectuaron traspasos de tierras misionales entre 1825 y 1850, después que se expidió la Ley de Colonización que incluía el proceso de secularización de las misiones de las Californias. Fue en junio de 1825, cuando llegó el coronel José María Echeandía, que se inició formalmente la secularización de algunas de las misiones californianas. Para agosto, Echeandía proclamó el primer reglamento de reparto de tierras misionales y baldías: “exceptuando a la de San Miguel que merece la consideración que distingue a la de la Nueva California y las de Santo Domingo, San Vicente, Santo Tomás y Santa Catarina, por si acaso con sus respectivos padres cada una pueda prosperar”.

Se considera como fecha de inicio del proceso de secularización en la península en septiembre de 1830, cuando José Mariano Monterde, jefe político de la Baja California, expidió un reglamento donde se estableció la extinción de las misiones, pero como ya apuntamos, el fenómeno se empezó a realizar desde 1822 y de manera formal desde 1825. Ahora bien, para Las Fronteras, Monterde estableció que

Quedan por ahora con el carácter de misiones, San Fernando [abandonada en 1818], El Rosario, Santo Domingo, San Vicente, Santo Tomás, San Miguel y Santa Catarina, por tener a su cargo un número considerable de catecúmenos… [Así] Quedan por ahora con el carácter de misiones, todas las de Fronteras por tener aún conquista viva y número considerable de neófitos.

Sin embargo, existía una fuerte presión de parte de algunos rancheros de la Alta California, sobre todo del área de San Diego, para que se secularizaran las tierras de Las Fronteras, pues estaban interesados en obtener posesiones en esta región. A partir de 1825, año en que José María Echeandía, jefe político de las Californias, se estableció en San Diego, se inició el otorgamiento de tierras. Tales son los casos de los Argüello, quienes poseían ranchos al sur de la bahía de San Diego y en el rancho de Tía Juana; de Juan Bandini, propietario de un rancho en Tecate y de la ex misión de Guadalupe; y de Abel Stearns, rico ranchero de Los Ángeles y yerno de Pío Pico, a quienes se le adjudicaron los extensos valles de San Rafael y Los Vallecitos.

Como parte final del proceso de secularización en la península, el jefe político Luis del Castillo Negrete expidió, en julio de 1840, el decreto sobre colonización y bienes raíces de las ex misiones. El punto fundamental está en el artículo primero que indicaba: “Que donde no hay comunidad de neófitos no hay misión”. Este decreto rompía el control que ejercía el padre Gabriel González sobre las tres misiones sobrevivientes en el sur, principalmente la de Todos Santos. Castillo Negrete, quien tenía una clara pugna contra los misioneros, sostuvo que se debía aplicar en todas las misiones, pero en particular en el sur, ya que se debía hacer una “excepción de las de Fronteras que son las únicas misiones que han existido hasta hoy”. Sin embargo, en 1840, en el norte de la Baja California sólo funcionaba como misión la de Santo Tomás, a cargo de fray Tomás Mansilla.

La tercera etapa de formación de los ranchos se debió al impulso que dio en 1846 don Pío Pico, gobernador de la Alta California, a la enajenación de terrenos misionales en Las Fronteras, con la intención de obtener fondos para enfrentar la invasión de las tropas estadounidenses a la Alta California. Cabe señalar que desde 1845 ya realizaba concesiones y confirmaciones de dotaciones que habían sido otorgadas por Echeandía.

Es importante mencionar que Pío Pico se convirtió en gobernador de la Alta California después de una fuerte lucha intestina. Existían los grupos denominados “arribeños” y “abajeños”, distinción que se hacía para diferenciar a los grupos de poder de Monterey y Los Ángeles, respectivamente; estos últimos, los “abajeños”, resultaron victoriosos. Esta división fue importante al iniciarse la invasión de las tropas de Estados Unidos, ya que los “arribeños” no colaboraron en la defensa.

También es relevante señalar que los participantes de esta pugna interna resultaron beneficiados con tierras en Baja California. Un grupo de los “abajeños” residente en San Diego, formado por Juan Bandini, Santiago Argüello, Juan Machado y Tomás Warner, fue favorecido por Pío Pico al iniciar su gestión el 22 de febrero de 1845. Estos personajes formaron ranchos que sus descendientes explotaron en años posteriores en Tijuana, Tecate, Rosarito y el Valle de San Rafael.

En mayo de 1846, el presidente de Estados Unidos, Polk James Knox, declaró la guerra a México. El 29 de julio fue tomado el poblado de San Diego como parte de la campaña invasora a México. Luego de la toma de Los Ángeles, el 10 de agosto, Pico y José Matías Moreno iniciaron su huida hacia la península; después de una travesía de seis semanas llegaron a Mulegé el 22 de octubre. De este viaje se ha generado la suposición de que Pío Pico adjudicó tierras en Las Fronteras al realizar subastas a lo largo de su trayecto y así obtener fondos para el viaje. Además, existe la posibilidad de que muchos soldados retirados o sus descendientes, poseedores de ranchos y huertas, aprovecharan la oportunidad de la presencia de Pico para legalizar sus predios.

Sin embargo, hay mucha confusión acerca de la participación de Pío Pico en las adjudicaciones mencionadas. Así, quienes no tenían ningún documento que avalara su posesión alegaron, en años posteriores, que Pico les vendió los predios por subasta. Ulises Urbano Lassépas, en un estudio realizado entre 1857 y 1858, consigna cuatro casos de dotaciones de Pío Pico en Las Fronteras. En tanto que en 1853, el subprefecto político Francisco del Castillo Negrete informaba el grave trastorno que existía por la inseguridad de las propiedades, la mayoría en manos de personas con pocos recursos económicos y legales como para realizar todos los trámites que los diferentes gobiernos nacionales exigían en la segunda mitad del siglo XIX.

LA CULTURA DE LOS RANCHEROS

La cultura de los rancheros, ligada a la supervivencia, propició un acercamiento con los indígenas que habitaban en la zona, primero con los cristianizados y después con los no cristianizados. Esto se dio con mayor intensidad después de la década de 1820, cuando los nuevos propietarios empezaron a estructurar y hacer económicamente rentables sus predios.

Los rancheros buscaron ocupar sobre todo los sitios de labor dejados por los misioneros y sus indígenas cristianizados; en algunos casos implicó el despojo de las tierras a los indígenas.

Los antiguos residentes se enfrentaron a nuevas problemáticas que les obligaron a demostrar la posesión de sus tierras por obvia que ésta fuera. Ante la presencia, aunque lejana, de un gobierno central, debían realizar trámites y pagar impuestos. Asimismo, la presencia de los nuevos acaparadores foráneos los conminó a la realización de los trámites que cada gobierno exigía. Además, buscaron una mayor productividad de sus tierras. De igual manera, tenían que mantener relaciones cordiales con los indígenas, ya que representaban una amenaza para sus bienes y su seguridad.

LOS INDÍGENAS Y LOS RANCHOS

En el reparto de las tierras de las antiguas misiones, los indígenas cristianizados tuvieron poca participación, aunque hubo algunos intentos oficiales para ser los primeros beneficiados con las dotaciones desde antes de la secularización de 1830. Los principales opositores fueron los misioneros dominicos, quienes los veían como niños indefensos que requerían al misionero para su cuidado y el de sus intereses. Si bien los misioneros consideraban que los bienes misionales eran de los indígenas, también pensaban que éstos no estaban capacitados para hacerse cargo de ellos.

Posiblemente muchos de estos indígenas ocuparon pequeñas parcelas dentro de las áreas de las antiguas misiones, y debido a los pocos rancheros que había en la primera mitad del siglo XIX, no tuvieron problemas para su aprovechamiento. Algunos rancheros admitieron e incluso impulsaron la ocupación indígena de pequeños predios dentro de las concesiones que se les habían otorgado, como es el caso de José Luciano Espinoza, del rancho de Santo Domingo. No obstante, aún no se ha logrado investigar si los indígenas tenían un derecho de propiedad, o si era arrendamiento o préstamo.

Para la cultura nómada estacional previa a la influencia misional, la tierra no era importante en sí misma como propiedad, sino como el espacio en el cual los recursos que necesitaban se producían de manera natural o auxiliada y en el que podían cazar, pescar o recolectar. El escaso reclamo de tierras por parte de indígenas podría ser un ejemplo de que el proceso de aculturación permitió la continuación de su movilidad estacional. A su vez, los indígenas se adaptaron a actividades como el pastoreo y el trabajo vaquero.

El proceso de aculturación de los indígenas de Baja California, principalmente entre los kumiais, kiliwas y paipais, probablemente se intensificó durante el periodo de los ranchos, ya que tanto los rancheros residentes como los indígenas aprendieron de su contraparte en la difícil supervivencia en esta región. En los ranchos misionales, los soldados iniciaron capacitación de los indígenas cristianizados como vaqueros para facilitar las tareas cotidianas. No obstante, fue después, durante el periodo de los ranchos, cuando aprendieron más del trabajo vaquero. Esto, aunado a sus conocimientos ancestrales de la región y del medio, los convirtió en el personal indispensable para los ranchos ganaderos durante la segunda mitad del siglo XIX e incluso en la primera mitad del XX, cuando compitieron con vaqueros tejanos y borregueros vascos.

En Las Fronteras, en la mayor parte del siglo XIX, debido a las dificultades para la subsistencia, indígenas y rancheros debieron convivir e incluso acercarse culturalmente para su sobrevivencia; fue una interrelación que les permitió sobrevivir en una región y época difícil. Los indígenas, principalmente de la antigua área misional, adquirieron rasgos culturales occidentales como el idioma español, sobre todo los que trabajaron con rancheros; la religión católica; el uso de vestimentas; el consumo de alimentos europeos junto con los tradicionales; el uso del caballo o la mula para sus huertas, trabajo y transporte, aunque muchos indígenas continuaron recorriendo a pie el territorio.

También los rancheros aprendieron de los indígenas formas de aprovechar los recursos que el medio les ofrecía, adquirieron costumbres alimenticias y de construcción de origen indígena, como habitaciones que permitieran sobrellevar el rigor del clima, así como la incorporación de alimentos no occidentales: mezcal tatemado, “hierbas” y mariscos locales.

LA GUERRA DE ESTADOS UNIDOS CONTRA MÉXICO EN BAJA CALIFORNIA

El 13 de mayo de 1846, el presidente de Estados Unidos firmó un documento donde declaraba un estado de guerra entre México y su país; de forma inmediata, las tropas estadounidenses penetraron por diferentes vías a la entonces extensa república mexicana. Atacaron principalmente a través de Texas y del puerto de Veracruz. Además, siendo uno de sus principales objetivos la obtención de los territorios de Nuevo México y la Alta California, pronto fueron tomadas las principales plazas de esta última, como los pueblos de San Diego y Los Ángeles.

En la creencia de que tomando Monterey, antigua capital de las Californias, se asumía el control de todo el territorio, concentraron sus tropas en la Alta California bajo el supuesto de que las dos Californias estaban ocupadas. Posteriormente enviaron tropas hacia el sur, en especial a La Paz, sede del gobierno de la Baja California.

A pesar del rápido control de los principales poblados, pronto se organizó la resistencia con la ayuda de los rancheros más prominentes, principalmente del sur de la Alta California, y recuperaron los poblados de Los Ángeles, Santa Bárbara y San Diego. La principal batalla de la resistencia fue encabezada por Andrés Pico, con su grupo de lanceros, enfrentando al contingente del general Steban W. Kearny en San Pascual, a norte de San Diego, donde los californios lograron una victoria sobre los estadounidenses. Kearny perdió 18 hombres en el campo de batalla y fueron heridos 13 de sus soldados; por su parte, don Andrés tuvo una sola baja y algunos heridos. No obstante estos esfuerzos, la superioridad numérica y el equipo de los invasores obligaron a la ulterior rendición de los californios, simbolizada en la capitulación de Cahuenga en enero de 1847.

Al ocupar la población de San Diego, los estadounidenses enviaron contingentes hacia el sur hasta Santo Tomás y San Vicente con el objetivo de cuidar todos sus flancos en caso de un ataque desde Las Fronteras por parte de sus habitantes o de tropas venidas de La Paz o de Sonora. Una de estas expediciones la comandó Ezekiel Merritt acompañado por Pedro C. Carrillo, Miguel de Pedrorena y Santiago E. Argüello. La poca población de la zona y la falta de coordinación con los capitanes indígenas locales impidieron cualquier esfuerzo para enfrentar a los estadounidenses, como ocurrió en el sur peninsular entre julio de 1847 y agosto de 1848.

EL TRATADO DE GUADALUPE HIDALGO

Ante la difícil situación por la guerra con Estados Unidos, el gobierno mexicano firmó un acuerdo con las tropas invasoras el 2 de febrero de 1848, que se denomina Tratado de Guadalupe Hidalgo. Para la región sureña de Baja California, lo que hoy es el estado de Baja California Sur, la noticia llegó después, ya que en esas fechas aún se daban enfrentamientos entre los defensores sudcalifornianos y los estadounidenses. Así, la península fue desocupada por las tropas de Estados Unidos hasta el 1 de septiembre de 1848.

El Tratado de Guadalupe Hidalgo formalizó la nueva frontera entre los dos países. El texto para la línea divisoria para el norte de la Baja California es el siguiente:

Y para evitar toda dificultad al trazar sobre la tierra el límite que separa la Alta de la Baja California, queda convenido que dicho límite consistirá en una línea recta tirada desde la mitad del río Gila en el punto donde se une con el Colorado, hasta un punto en la costa del mar Pacífico, distante una legua marina al sur del punto más meridional del puerto de San Diego, según este puerto está dibujado en el plano que levantó el año de 1782 el segundo piloto de la armada española D. Juan Pantoja.

CAPÍTULO III. SEMBLANZA POLÍTICA DEL PARTIDO NORTE DE LA BAJA CALIFORNIA, 1848-1882

Antonio Padilla Corona

Fueron múltiples los estragos que sufrió México a consecuencia de la guerra contra los Estados Unidos. Además de la pérdida de más de la mitad del territorio, se agravó la situación de desorden político y económico que se venía padeciendo desde décadas atrás. De ello se derivaron dos grandes bloques: uno sería el de los denominados conservadores, y el otro, liberales. Aunque ambos buscaban impulsar el desarrollo capitalista, los primeros veían en el periodo colonial un modelo a seguir, con toda la tradición católica que ello representaba. Los liberales, por su parte, no deseaban la participación de la Iglesia en los asuntos de Estados, y si bien no eran contrarios a la fe religiosa, se oponían a que la Iglesia controlara tierras que, en otras manos, podrían resultar más productivas.

Los enfrentamientos entre liberales y conservadores se presentaron de manera abierta en 1853 y 1854, cuando Juan Álvarez, con el Plan de Ayutla, logró derrocar a Antonio López de Santa Anna. Posteriormente, en la llamada Guerra de Tres Años (1858-1861), hubo dos presidentes de la república, ya que cada bando nombró a uno. Más adelante, los conservadores apoyaron la intervención francesa y al emperador Maximiliano de Habsburgo, y luego de cinco años de enfrentamientos, los liberales lograron imponerse y derrocar al emperador austriaco. Sin embargo, en los años subsecuentes, los liberales no lograron mantener la unidad y se enfrentaron en varias ocasiones por el control de la presidencia de la república.

No obstante los graves conflictos, los presidentes Benito Juárez y después Sebastián Lerdo de Tejada, lograron importantes avances para encaminar al país a la vida constitucional e impulsar la economía nacional. Pero fue hasta que Porfirio Díaz asumió por primera vez el poder, en 1876, que empezó a consolidarse un régimen nacional fuerte y estable. Su habilidad política para mantener la paz, viejo anhelo del pueblo mexicano, hizo factible sostener su proyecto económico de corte moderno durante tres décadas. No obstante, a finales del siglo XIX y principios del XX, el sistema porfirista demostró agotamiento e ineficacia, factores que ayudaron a provocar finalmente su derrocamiento.

Mientras todo este proceso de definición política y estabilización económica se realizaba en la capital del país, ¿qué sucedió en el Partido Norte de la Baja California, una de las regiones más distantes del centro de decisiones políticas y económicas? En este trabajo exploramos las posibles repercusiones en la región norte de la península durante el periodo que se inicia después de la guerra contra los Estados Unidos y termina en 1882, con el cambio de cabecera del Partido Norte, de Real del Castillo a Ensenada.

DESPUÉS DE LA GUERRA

Una vez terminada la guerra contra Estados Unidos, el panorama nacional se mostraba con problemas de toda índole. Los abusos de las autoridades, la sedición en varios puntos de la república, la desconfianza en las instituciones, los altos intereses de la deuda pública y los gastos de la administración parecían irresolubles. Sin embargo, hubo varios esfuerzos de parte del gobierno por establecer en el Partido Norte la presencia de la autoridad nacional. No todos tuvieron éxito, pues algunos resultaron frustrados por factores de carácter nacional, y otros, por circunstancias regionales, como veremos a continuación.

Cuando las fuerzas navales de los estadounidenses invadieron en 1846 el sur de la península de Baja California, el jefe político, coronel Francisco Palacios Miranda, se declaró neutral por no haber obtenido apoyo del gobierno nacional. Una vez terminada la guerra, junto con otros funcionarios locales y con alrededor de 300 sudcalifornianos descontentos por lo que consideraban el abandono y las injusticias que habían sufrido durante años por parte del gobierno, se embarcaron con el invasor con destino a la Alta California.

El mando político recayó en el primer vocal de la diputación, Mauricio Castro, quien había sido apresado por las fuerzas invasoras y traslado a Mazatlán. Dos meses después de la salida de los extranjeros de Baja California regresó Castro a la península con la intensión de ocupar su puesto, pero el gobernador de Sinaloa, Juan Pablo Anaya, había nombrado ya con carácter de jefe político provisional a Nicolás Lastra, otro de los vocales de la diputación.

Había ciertas reservas por parte de las autoridades generales para que Castro continuara en el cargo, ya que se le identificaba con uno de los grupos locales en pugna: “el patriótico”. El interés principal de las autoridades superiores era la reconciliación con un sector de los habitantes que se consideraba abandonado por el gobierno central. Este grupo tenía como única garantía para mantener el orden, la intervención permanente de los estadounidenses. Por diversas causas, estos habitantes no pudieron embarcarse junto con los invasores.

Con el ánimo de resolver las pugnas, en enero de 1849 el presidente José Joaquín de Herrera nombró como jefe político al diputado Rafael Espinosa, quien recibió instrucciones precisas de afianzar la seguridad del territorio y promover su desarrollo económico para arraigar a la población ya establecida, así como de incentivar la inmigración.

LA COLONIA MILITAR DE LA FRONTERA

Las debilidades mostradas durante la guerra con Estados Unidos generaron la idea de establecer puntos de defensa a lo largo del nuevo límite entre los dos países. El presidente José Joaquín de Herrera decretó, el 19 de julio de 1848, el establecimiento de 18 colonias militares en la franja fronteriza, dependientes todas ellas del gobierno central. Su objetivo era conservar la integridad del territorio, así como la defensa de los estados norteños de las incursiones de los indígenas belicosos que para ese momento eran ya parte de Estados Unidos.

Según el decreto, Espinosa tenía la responsabilidad de establetcer una colonia militar en la frontera con soldados de infantería y caballería. El costoso equipamiento necesario para mantener dicha fuerza tendría que ser sufragado por la Hacienda Pública; en otras palabras, Espinoza estaría totalmente dependiente, cuando menos al principio, del apoyo económico proveniente del centro del país.

Se planeó establecer la colonia en el área de la ex misión de El Rosario, aproximadamente a 300 kilómetros de la línea internacional. A finales de enero de 1849 se procedió a elaborar un presupuesto de los sueldos de jefes, oficiales y tropa por los primeros seis meses de vida en la colonia, así como del armamento, monturas y caballos. En julio del mismo año, Rafael Espinosa nombró al capitán Manuel Castro comandante de la colonia, y, además, exhortó al público general a enlistarse y formar parte del proyecto. El 18 de agosto de 1849 Castro partió con diez soldados, y después de un largo y penoso viaje debido a la escasez de alimentos, el contingente, al que se habían sumado otras personas, llegó a El Rosario a principios de marzo de 1850, casi siete meses después de su partida desde La Paz.

La colonia se estableció de manera muy precaria con 25 soldados y 34 indígenas. En virtud de que el apoyo del gobierno general no llegaba, la colonia inició con los escasos recursos que enviaba Rafael Espinosa tomados de los caudales de la jefatura política. Sin embargo, la escasez de alimentos, animales de carga, herramienta y otros objetos de primera necesidad, provocó el descontento entre los colonos. Algunos meses después, debido a las dificultades para obtener agua en El Rosario, fue necesario plantear el reacomodo de la colonia más al norte.

A finales de octubre de 1850, Manuel Castro efectuó el reconocimiento de los terrenos hasta la línea internacional. El punto que encontró con mayores ventajas fue el de la ex misión de Santo Tomás, ya que estaba más cercano al sitio conocido como Ensenada de Todos Santos, bahía natural por donde podrían recibirse auxilios. Asimismo, en Santo Tomás había un arroyo con el que se irrigaba el terreno de labranza. Además, siendo un terreno céntrico de la región conocida como La Frontera, era más fácil que se reuniera el vecindario para tratar asuntos políticos. Finalmente, se consideró su relativa cercanía con el puerto de San Diego de la Alta California, desde donde se podía comunicar por vía marítima y telegráfica a otros lugares del mundo.

Castro trasladó la colonia al paraje de la ex misión de Santo Tomás en forma provisional. Su ubicación definitiva debió esperar, ya que Agustín Mancilla, vecino de la región, presentó un título de propiedad que le otorgó en 1846 el ex gobernador de la Alta California Pío Pico, que comprendía las fincas y huertos de la misión. Mientras se aclaraba la legalidad de dicho título, Castro y Mancilla, a finales de noviembre de 1850, firmaron un convenio por medio del cual se permitió a los colonos el asentamiento temporal, así como la siembra de trigo.

Y es que desde abril de 1850 el congreso había expedido la Ley Orgánica para Baja California con los procedimientos para llevar a cabo las elecciones y el comportamiento al que tendrían que sujetarse tanto el jefe político como los integrantes de la diputación territorial. En el documento se otorgó autonomía a las autoridades locales, pero también gran responsabilidad legislativa a la diputación territorial integrada por siete vocales. Éstos, entre otras tareas, debían expedir estatutos para el arreglo del gobierno, Hacienda, policía, caminos y enseñanza pública, así como elaborar el Estatuto Orgánico del territorio para normar las acciones de la misma diputación y del jefe político.

En el Estatuto Orgánico se previó el nombramiento de un subjefe político para el Partido Norte, con las mismas atribuciones del jefe, pero sujeto en lo político y económico a él. En realidad, al jefe político le interesaba contar con una persona de su entera confianza en la frontera, sin embargo, la cada vez peor situación económica a la que se enfrentaba la colonia hizo que los lazos de entendimiento entre Espinosa y Castro se fueran perdiendo. Además, Castro se enfrentó al malestar de los colonos por el estricto manejo que hacía de los fondos.

Rafael Espinosa informó a sus superiores que en virtud de las quejas remitidas desde La Frontera sobre las conductas de Castro y de su teniente Antonio Chávez, se había visto obligado a relevarlos, por lo que nombró con carácter de subjefe político provisional de La Frontera a Francisco del Castillo Negrete, que se encontraba en aquel partido con la comisión especial de investigar el problema de las concesiones de terrenos ex misionales. Como el sueldo de Del Castillo estaba ya considerado en el presupuesto de la colonia, Espinosa hizo ver al gobierno que significaría un ahorro en el mismo.

En esa época, Manuel Castro decidió ir a la Alta California a defender sus derechos sobre algunas propiedades que poseía desde años atrás y dejó al mando de la colonia al teniente Chávez. Al llegar Del Castillo Negrete a Santo Tomás, en octubre de 1851, hizo entrega a Chávez de los recursos en dinero y en especie para la colonia, momento que aprovechó Chávez para desconocer su autoridad y enfrentarlo; Del Castillo se refugió en la ex misión de Santo Domingo en espera de refuerzos de La Paz.

El 8 de diciembre, los pobladores de Santo Tomás se rebelaron en contra de Chávez y sus seguidores y lograron aprehenderlos, sin embargo, fueron liberados con la condición de abandonar el pueblo. Al quedar libre, Chávez se fue a San Diego, California, para reunirse con Manuel Castro, con cuyos refuerzos y apoyo regresó a tomar por la fuerza Santo Tomás. El 3 de enero, ambos atacaron a Andrés Pérez Vidal, secretario de Espinosa, que había sido enviado al norte con instrucciones para Del Castillo Negrete, quien ante la superioridad numérica y la agresividad de los rebeldes, regresó a La Paz.

Al conocer lo sucedido, el jefe político Rafael Espinosa logró armar y enviar cien hombres al mando del capitán Juan de Dios Angulo. Después de varios retrasos, la expedición se embarcó a finales de mayo de 1852, y un mes después arribó a San Felipe, cuando la mayor parte de los colonos se habían retirado de Santo Tomás y la colonia apenas subsistía.

El general Mariano Arista, como presidente de México, consideró conveniente restablecer la colonia, para lo cual restituyó como subjefe político a Del Castillo Negrete, pero nada pudo hacer éste para salvarla. Además, a principios de enero de 1853, su protector, el general Arista, renunció a favor de Antonio López de Santa Anna, quien asumió la presidencia de México el 20 de abril de ese año. Cinco días después, Santa Anna promulgó un decreto que derogó aquel que establecía las colonias militares.

LA DEFENSA DE LA PENÍNSULA EN CONTRA DEL FILIBUSTERO WILLIAM WALKER

Antonio López de Santa Anna buscó la manera de obtener recursos para fortalecer al gobierno central. Una de las medidas que tomó fue la venta del territorio de La Mesilla a Estados Unidos. Algunos sectores de la sociedad y del gobierno estadounidense no quedaron satisfechos y buscaron la forma de apropiarse de mayores extensiones de terreno en el norte de México. Sonora era una zona muy atractiva para sus ambiciones, ya que se pensaba que allí podría continuar la fiebre del oro que en esos años caracterizaba a California. Además, la baja densidad de población de la frontera norte seguía siendo un rasgo que permitía especular acerca de la posibilidad de obtener más territorios a costa de nuestro país.

Debido a las incursiones de los indígenas desde territorio estadounidense, entidades como Sonora o Chihuahua se encontraban permanentemente amenazadas, situación que fue aprovechada como pretexto por varios aventureros angloamericanos para incursionar en territorio mexicano y mostrarse como los únicos con posibilidades de proporcionar paz y estabilidad, como fue el caso del estado de Sonora, donde prometieron derrotar a los indígenas y a los “despóticos gobiernos del centro del país”.

Aunque oficialmente el gobierno estadounidense negaba el apoyo y daba muestras de combatir a las expediciones filibusteras, en la práctica se hizo muy poco por impedirlas, por lo que los grupos armados se dirigieron a suelo mexicano con la intención de anexar los territorios fronterizos a Estados Unidos. Un claro ejemplo de lo anterior fue el caso del filibustero William Walker.

A mediados de 1853, poco después de cancelada oficialmente la colonia militar de La Frontera, William Walker, nativo de Tennessee, Estados Unidos, propuso al gobernador de Sonora defender la frontera de las incursiones de los apaches; sin embargo, su propósito era introducir gente armada para después atacar a la autoridad. El gobernador, que sabía de anteriores intentos filibusteros, no sólo rechazó la propuesta de Walker, sino que les prohibió a él y a su grupo la entrada a territorio mexicano.

Walker se dirigió a San Francisco a buscar apoyos para su invasión, donde aprovechó las ambiciones especulativas que muchas personas tenían sobre México para montar una oficina en la que logró reclutar a 45 hombres interesados en la aventura. Al considerar que el grupo armado era todavía muy pequeño para la “gran conquista”, decidió invadir primero la península bajacaliforniana. La expedición filibustera salió del puerto de San Francisco el 16 de octubre de 1853.

A bordo del buque Carolina, después de hacer una breve escala en Cabo San Lucas, los filibusteros desembarcaron en La Paz el 3 de noviembre de 1853. A su llegada, el jefe político Rafael Espinosa fue hecho prisionero y llevado al barco invasor; Walker ocupó la casa de gobierno, arrió la bandera mexicana y, en su lugar, izó otra de color rojo y blanco con dos estrellas que simbolizaban a los territorios de Sonora y Baja California. Asimismo, declaró a la Baja California república libre, soberana e independiente del resto del país. Después, en un acto de pretendida legitimación, fue elegido presidente por sus mismos hombres. Los bajacalifornianos, por su parte, se encontraban sin jefe ni medios de defensa.

Los tres días que permaneció Walker en La Paz los dedicó a emitir otros dos decretos en los que estableció los códigos civiles y de prácticas del estado de Luisiana, Estados Unidos, que permitían el esclavismo y la abolición de los impuestos aduanales; esta última disposición se realizó con el objeto de halagar a los bajacalifornianos, quienes desde años atrás demandaban mayores libertades fiscales para la introducción de productos del extranjero, ya que resultaba complejo obtenerlos del interior de nuestro país.

El gobierno mexicano envió al buque Guerrero para combatirlos, ante lo cual los filibusteros decidieron preparar su salida. El día 5 apareció a la vista el Neptuno, otra embarcación procedente de Sinaloa, y en la creencia de que se trataba del Guerrero, los extranjeros se embarcaron de inmediato. Ya en altamar, al pasar cerca del Neptuno observaron que no era el buque de guerra mexicano, por lo que lo abordaron y aprehendieron al coronel Juan Clímaco Rebolledo, quien había sido nombrado jefe político de Baja California por el presidente Antonio López de Santa Anna para sustituir en el cargo a Rafael Espinosa. Los filibusteros, con Clímaco Rebolledo como prisionero, no volvieron a La Paz, sino que iniciaron una travesía hacia el norte. El 29 de noviembre, Walker desembarcó en la Ensenada de Todos Santos, lugar más cercano a Estados Unidos, lo que le permitió una mejor comunicación con su oficina en San Francisco. Mientras tanto, se posesionó de la casa de adobe de Pedro Gastélum, concesionario del rancho Ensenada, donde estableció su cuartel general, al que denominó fuerte McKibbin.

Del Castillo Negrete, que continuaba en el cargo de subjefe político en el Partido Norte, fue sorprendido por la invasión sin contar con soldados, armas ni municiones suficientes para enfrentar al enemigo. A la defensa se unió un ranchero oriundo de la región, Antonio María Meléndrez, y diez hombres, entre los que se contaban sus hermanos, amigos y algunos indígenas. Meléndrez tuvo conocimiento de una partida de estadounidenses que atacaría el rancho de La Grullo, por lo que se dirigió a ese lugar; al saber los filibusteros que éste los esperaba, decidieron no enfrentarlo y se replegaron al norte, pero Meléndrez, conocedor del territorio, los alcanzó en El Ciprés, donde logró dispersarlos, después de causarles dos muertos y dos prisioneros.

Del Castillo se unió a Meléndrez en El Ciprés el 4 de diciembre con 40 hombres que había logrado armar; ambos decidieron sitiar la casa que ocupaban los filibusteros en la Ensenada de Todos Santos. El sitio se mantuvo durante diez días, pero, finalmente, debido a la llegada de combatientes de Estados Unidos, Walker logró derrotar a sus sitiadores y escapar del cautiverio.

Al mismo tiempo que Walker lograba romper el sitio sufrió la pérdida de un apoyo que debilitó de manera importante su invasión. Rafael Espinosa y Clímaco Rebolledo, cautivos en el barco Carolina, lograron convencer al capitán de zarpar de la bahía con todas las provisiones de los filibusteros. El Carolina se dirigió a Cabo San Lucas, y a su arribo desembarcó a los prisioneros y los archivos sustraídos por Walker.

Para el 20 de diciembre se habían sumado a Walker 230 hombres que llegaron en barco desde Estados Unidos, además de los que habían arribado por tierra. A principios de 1854 Walker contaba con una fuerza de 600 hombres y dos piezas de artillería, sin embargo, el apoyo que recibió no fue compensado con los alimentos necesarios para la tropa. Al depender sólo de los recursos que los invasores tomaron a la fuerza de los vecinos, los víveres empezaron a escasear, lo que provocó que algunos de los invasores abandonaran el campamento y regresaran a San Diego.

En el fuerte McKibbin, Walker expidió decretos en los que declaraba a Baja California como estado de la “República de Sonora” y a él como su presidente. Asimismo, envió a los periódicos de California numerosos mensajes con el propósito de legitimar su permanencia en suelo mexicano y mantener el interés y apoyo a su invasión. En los mensajes, aunque nunca lo dijo directamente, Walker dejó ver que era un fiel creyente en el “Destino Manifiesto”, ideología que Estados Unidos utilizó durante años para justificar sus invasiones.

No obstante, el gobierno de Estados Unidos actuó en contra de William Walker al enviar al barco naval Portsmouth a detenerlo. A mediados de febrero de 1854 Walker se vio obligado a levantar el campamento y dirigirse hacia el sur debido a que se aproximaba a la bahía de Ensenada la mencionada embarcación. En su recorrido saquearon casas y robaron el ganado que encontraron a su paso; sin embargo, continuaron las deserciones, pues tanto el botín obtenido como los alimentos que se les proporcionaban eran insuficientes. Por su parte, Del Castillo Negrete, desalentado, se dirigió a San Diego, lugar desde donde podía enviar mensajes y solicitar apoyo del gobierno mexicano. Meléndrez, con sólo 40 hombres, decidió permanecer en la región y hostilizar sin descanso al enemigo.

Walker llegó al sitio de la ex misión de San Vicente el 17 de febrero, donde reunió a alrededor de 40 habitantes de los ranchos circunvecinos, y ante la amenaza de ser fusilados, los hizo firmar un documento redactado por él mismo, en el que supuestamente expresaban su renuncia a la alianza con México y su adhesión al nuevo gobierno. Después decidió emprender la marcha hacia Sonora, ya que más gente desertaba por falta de alimentos.

Los invasores salieron de San Vicente el 20 de marzo llevando consigo parte del ganado que habían robado a los rancheros, lo que hizo más lento el recorrido. Una vez que descendieron al bajo delta del Río Colorado, un grupo de cucapás los atacó, y al llegar al Río Colorado, en un descuido de los invasores, los indígenas robaron parte del ganado; el resto se perdió cuando los estadounidenses intentaron cruzaron el río. El grupo armado permaneció tres días en la zona, lapso en el que muchos hombres desertaron. En vista de la crítica situación, Walker regresó a San Vicente.

Antonio María Meléndrez decidió interceptar a Walter, quien para entonces contaba con el apoyo de 40 rancheros y aproximadamente 300 indígenas cucapás, kiliwas y paipais de las rancherías de Santa Catarina y La Huerta. Walker fue atacado cerca del rancho La Calentura y posteriormente en el de la ex misión de Guadalupe; para evitar que llegara a San Vicente, los defensores dejaron a propósito sólo un camino libre hacia el norte por donde pudiera escapar, hasta que en el rancho fronterizo de Tijuana no tuvo más remedio que entregarse al capitán Burton de la guarnición de San Diego. Los invasores, custodiados por las tropas estadounidenses, cruzaron la línea internacional el 8 de mayo de 1854.

Así como el paso de Walker por la Baja California desestabilizó el precario poder político y las finanzas del gobierno de la península, perjudicó también las propiedades y los escasos recursos de la población civil al saquear casas, robar comercios, ultrajar la iglesia de Santo Tomás y poner en prisión o dar muerte a los que se oponían a su invasión.

Por otra parte, Antonio López de Santa Anna, en enero de 1854, sustituyó a Clímaco Rebolledo como jefe político y nombró al general José María Blancarte, quien inició el movimiento armado que llevó en 1853 al dictador a la presidencia de la república.

En el Partido Norte, ante la ausencia de Del Castillo Negrete, Meléndrez quedó al mando mientras la jefatura designaba a la autoridad correspondiente; sin embargo, el despojo de bienes a los rancheros de la región para sostener a los hombres que lo acompañaron en la persecución de los invasores, le acarrearon antagonismo y enemistad, ya que sus enemigos lo hacían parecer como muy peligroso y, lo que fue peor, como desafecto al gobierno santannista.

Blancarte hizo caso de estos señalamientos en contra de Meléndrez para decidir su ejecución: primero nombró subjefe de La Frontera al teniente coronel José María Oñate, quien salió por mar con cien hombres rumbo a San Felipe, en el golfo de California; después mandó por tierra al teniente José Fidel Pujol con otro grupo armado y con una carta en la que falsamente felicitaba a Meléndrez por sus servicios. Al llegar Pujol a La Frontera, Meléndrez se presentó a recibir la carta sin sospechar las verdaderas órdenes que portaba el teniente: fue apresado y posteriormente ejecutado. Cuando Oñate llegó a La Frontera a hacerse cargo de la subjefatura, el crimen ya había sido consumado.

Las incursiones en territorio nacional como la de William Walker fracasaron por diversos motivos, pero uno de los que destaca fue la firme oposición de la misma población local. La experiencia de Texas en 1830 y la mutilación del país en 1848 no habían pasado en vano.

ENFRENTAMIENTOS POR LA SUBPREFECTURA POLÍTICA

En 1854, Juan Álvarez organizó la revolución de Ayutla con el objeto, entre otros, de derrocar a Santa Anna y establecer un gobierno liberal que llevara a efecto las reformas que, desde el punto de vista de amplios sectores de la sociedad, eran necesarias para conducir a México hacia una nueva etapa.

El nuevo presidente, Ignacio Comonfort, emprendió con prudencia las reformas reclamadas por la opinión liberal, pero pronto surgieron las protestas armadas del sector de los conservadores que proponían mantener el poder de la Iglesia. En 1857 se elaboró la nueva Constitución basada en los principios del liberalismo; sin embargo, Comonfort no se mostró convencido de querer aplicar sus mandatos, por lo que surgió una intensa división y renunció a su cargo. Ante la salida de Comonfort, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, asumió el poder ejecutivo. Por su parte, el 22 de enero de 1858, una junta de representantes de los departamentos nombró presidente, en sustitución de Comonfort, al conservador Félix Zuloaga. Con ello, dos presidentes —uno dirigente del grupo liberal, el otro de los conservadores— se disputaban el control del país. Esta dualidad en el mando supremo de la nación, periodo denominado Guerra de Tres Años, se prolongó hasta el 1 de enero de 1861, fecha en que las fuerzas constitucionales, tras la derrota de los conservadores, entraron a la capital de la república.

En el Partido Sur de la Baja California había una fuerte tendencia por separar el mando civil del militar. A raíz de la proclamación del Plan de Ayutla y el subsiguiente derrocamiento de Santa Anna, los sudcalifornianos, en votación popular eligieron, el 3 de diciembre de 1855, a José María Gómez como jefe político; José María Blancarte quedó únicamente a cargo del mando militar.

Enterado Gómez del abandono en el que se encontraba el Partido Norte, nombró como subjefe político a Francisco Ferrer, hasta entonces encargado de la capitanía del puerto de La Paz, quien se enfrentó a la misma adversidad que vivió su antecesor; al poco tiempo de haber llegado a La Frontera sufrió la falta de apoyo oficial y la escasez de recursos pecuniarios para solventar los problemas de la administración. Ante el dilema de cómo alimentar a su tropa, Ferrer no encontró otra alternativa que abastecerse de las siembras y ganados que con gran trabajo y esfuerzo producían los vecinos, pero su conducta arbitraria resultó intolerable. Justo cuando la situación en Santo Tomás estuvo a punto de violentarse de nuevo, fue sustituido por el coronel Castro, a quien las condiciones económicas le fueron semejantes.

José María Castro, originario de California, continuó con la misma conducta de tomar por la fuerza los víveres necesarios para alimentar a la tropa, afectando el trabajo de los pocos agricultores que había, pero, además, en razón de la cierta autonomía que daba la distancia con respecto a La Paz y la ciudad de México, se caracterizó por otorgar concesiones de terrenos baldíos a extranjeros aun en contra de lo establecido por la ley del 10 de marzo de 1857. Asimismo, Juan Álvarez, con el poder que le daba haber derrocado a Santa Anna, otorgó algunas concesiones de tierras confrontando a los interesados. Un ejemplo de ello fue lo sucedido en el rancho de Guadalupe: en el año de 1855, el presidente Juan Álvarez concedió su propiedad a Custodio Souza, quien nombró como su apoderado a José Matías Moreno; sin embargo, por concesión anterior, el rancho estaba en posesión de Juan Bandini, de origen peruano, pero quien tenía varios años de residir en San Diego; Castro ignoró a Matías Moreno y éste se dirigió a La Paz para informar al jefe político de las arbitrariedades cometidas en La Frontera.

El jefe político, en atención a lo informado por Matías Moreno, nombró a José Sainz como nuevo subjefe político en La Frontera, pero cuando Sainz se presentó en el partido a recibir el mando, fue desconocido por Castro. La noticia de la rebeldía de José María Castro llegó a La Paz tres meses después, por lo que el jefe político, en la creencia de que Sainz no había aceptado el cargo, envió a La Frontera una carta a Juan Mendoza confiándole la subprefectura. Castro, por su parte, sin que ninguna autoridad superior lo aprobara, cedió su cargo a Feliciano Esparza; cuando Mendoza arribó con el documento que le daba el puesto de subprefecto político, Castro se encontraba en San Francisco. Debido a que Ruiz de Esparza se negó a reconocer la autoridad de Mendoza, éste unió sus fuerzas con las de José Sainz, y entre ambos aprehendieron a Ruiz de Esparza y tomaron posesión de la subjefatura.

Ruiz de Esparza fue enviado a La Paz para ser juzgado, pero en el trayecto logró escapar; de inmediato regresó a Santo Tomás, y con el apoyo de parte de la población, aprehendió a Sainz. A partir de entonces, el rebelde se dedicó a robar el ganado de los vecinos que no estaban con él.

José María Castro regresó a La Frontera, y en enero de 1860 retomó la subjefatura. Ruiz de Esparza, que sólo le entregó el mando político, no el militar, se fue a residir a Santo Domingo con la tropa a sus órdenes. Como resultado de los conflictos y la inseguridad que se vivía, Castro fue asesinado por uno de sus enemigos. En esa coyuntura, Ruiz de Esparza regresó a Santo Tomás, donde convocó a elecciones para nombrar a un gobernante provisional, y al resultar favorecido por el proceso, reasumió el mando político del partido.

Tanto el grupo de Ruiz de Esparza como el de Sainz y Mendoza, con el pretexto de buscar a sus enemigos, se dedicaron a saquear los ranchos circunvecinos. Los enemigos que capturaban eran ejecutados de inmediato. Ruiz de Esparza estuvo atrincherado en esta época en el rancho El Descanso.

José Matías Moreno fue comisionado por Teodoro Riveroll, jefe político desde noviembre de 1860 con residencia en La Paz, para restablecer el gobierno en el Partido Norte. Fueron varios los encargos que le hizo a Matías Moreno, entre ellos destaca el negociar para que no hubiera más ejecuciones, así como reunir en Santo Tomás al mayor número de habitantes; posteriormente, en junta popular, nombrar al ayuntamiento; llevar a cabo el ejercicio de la administración de justicia; nombrar un juez local y desempeñar las funciones que correspondían a las extinguidas subprefecturas. En cuanto a los terrenos baldíos otorgados por José María Castro, Riveroll le entregó a Moreno un aviso que fue publicado en los diarios de San Francisco, California, para dejar constancia del no reconocimiento de ningún título de tierra otorgado por José María Castro por no cumplir con los requisitos establecidos en las leyes de colonización vigentes.

Matías Moreno llegó a la Ensenada de Todos Santos el 11 de marzo de 1861. Con el apoyo de la tropa a cargo del teniente coronel Eustaquio Cota atacó a Casimiro Pérez, lugarteniente de Ruiz de Esparza en El Descanso. Después de un breve enfrentamiento, Matías Moreno logró hacer prisioneros a todos los partidarios del rebelde; Ruiz de Esparza, por su parte, anticipándose al arribo del contingente armado, decidió abandonar la península y dirigirse junto con su familia a la isla de Guadalupe, frente a las costas peninsulares. En este remoto lugar vivió los últimos años de su vida.

RESTABLECIMIENTO DE LA AUTORIDAD EN LA FRONTERA

Matías Moreno quedó provisionalmente a cargo de la autoridad local después de haber sido sofocada la rebelión. Las tropas que lo acompañaron regresaron a La Paz. Como resultado de estas acciones, varios rancheros de La Frontera abandonaron sus tierras para refugiarse en San Diego, por lo que la actividad económica, de por sí escasa, se encontraba en una condición precaria.

Durante poco más de un año, José Matías Moreno se dedicó a organizar el Partido Norte de la Baja California y, de acuerdo con lo que le había ordenado Riveroll, inició la regularización de los terrenos y anuló aquellas concesiones que no cumplían con las leyes vigentes. Otra de sus acciones fue reubicar la cabecera de la subjefatura en la ex misión de Guadalupe, ya que en Santo Tomás se padecía escasez de agua.

Cuando el centro del país estuvo ocupado por las fuerzas francesas, Riveroll nombró, el 23 de abril de 1862, subjefe político del Partido Norte a Juan de Dios Angulo, quien poco después fue sustituido por José María Larroque tan pronto como fue cambiado el jefe político en La Paz.

Larroque, quien radicó un tiempo en Santo Domingo, recibió de la jefatura de La Paz la confirmación de que Santo Tomás continuara como asiento de la cabecera del partido y lugar de residencia de las autoridades. En tal virtud, Larroque se dio a la tarea, con los escasos ingresos que recibía por impuestos a los predios de la región, de construir una oficina para el gobierno y una cárcel. Con muchas dificultades organizó un correo entre Santo Tomás y San Diego, California. Este último, junto con el de San Francisco, eran los dos puertos que utilizaban las autoridades del partido para comunicarse por correo con la jefatura en La Paz y con la presidencia en la capital del país.

En julio de 1865, mientras Maximiliano se desempeñaba como emperador de México, se celebraron elecciones en el Partido Norte. Larroque, que había sido nombrado subjefe interino por el jefe político, fue elegido por unanimidad de votos para continuar con el cargo de subjefe. Un año después, el 15 de agosto de 1866, se reunieron en Santo Tomás los vecinos del partido para elegir al subjefe político, presidente, síndico y cuatro vocales del ayuntamiento, así como un juez constitucional y su suplente. Como subjefe resultó electo Cecilio Zérega.

Si bien en la capital del territorio y en sus alrededores, ante inminencia de una intervención del ejército francés, los propietarios se movilizaron para cuidar sus intereses económicos particulares y no por profesar un credo ideológico en particular, en el norte, ante la ausencia de amenazas de parte del imperio, no se realizó movilización alguna. La lejanía con respecto a los puntos ocupados por las fuerzas invasoras fue el factor para que el Partido Norte quedara excluido de las ambiciones francesas.

DESCUBRIMIENTO DE ORO EN EL VALLE DE SAN RAFAEL

Con la derrota de Maximiliano en 1867, el grupo liberal que había intentado cambiar el rumbo desde una década atrás se hizo cargo de la dirección del país. La victoria sobre el imperio ofreció la esperanza de efectuar una reconstrucción luego de las diversas guerras civiles y las intervenciones extranjeras. Sin embargo, el grupo liberal pronto se dividió: cuando Benito Juárez intentó reformar la Constitución con el objeto de reforzar al poder ejecutivo, surgieron varias rebeliones en su contra.

En el Partido Norte, Cecilio Zérega, quien desempeñó durante dos años los cargos de presidente del ayuntamiento y subjefe político simultáneamente, había fallecido. El ayuntamiento de La Frontera convocó a elecciones para elegir un nuevo subjefe, sin embargo, el general Bibiano Dávalos, en su primer periodo como máxima autoridad del territorio y de acuerdo con la política centralizadora del gobierno nacional, declaró sin efecto la elección, pues según la ley, dicho nombramiento era facultad exclusiva del jefe político. En tal virtud, nombró como subjefe al licenciado Manuel Clemente Rojo, que a la sazón se desempeñaba como juez de Primera Instancia en el Partido Norte.

El recién designado subjefe político de La Frontera, de origen peruano, se distinguió por ser una persona preocupada por mejorar la situación del Partido Norte. La documentación permite señalar, de acuerdo con su buen desempeño en los campos de la política y la educación, así como de los informes que redactó, que se trató de un personaje de importancia para la región.

A pesar de que Rojo era una persona inteligente, honesta y capaz, las deplorables circunstancias económicas que se vivían en el partido hacían muy complicado mantener un gobierno estable. La situación se agravó cuando el gobierno nacional sustituyó a Dávalos del cargo de jefe político y nombró en su lugar a Pablo María Castro. El nuevo jefe político careció de iniciativa y no mejoró la marcha de la administración pública.

Después de dos años de ejercer su cargo, Rojo envió al ministro de Gobernación un informe sobre las precarias condiciones que prevalecían en el Partido Norte. En el documento dejó sentir su decepción y pesimismo debido al abandono que sufría la región, en especial durante la gestión de Pablo María Castro; a manera de contraste, le señaló los avances en población, actividades económicas y desarrollo en general observados en California, Estados Unidos.

Para 1870, la población no indígena del Partido Norte, según informó el mismo Rojo, alcanzó la cantidad aproximada de 500 habitantes diseminados en cerca de 25 ranchos. El único lugar que manifestaba cierto carácter urbano por su concentración de habitantes era el asiento de la cabecera en los terrenos de la ex misión de Santo Tomás: 23 familias, que sumaban 89 personas, se distribuían en ocho casas de adobe, y el resto, en algunas chozas de paja dispersas a lo largo de la cañada. Sin embargo, en ese mismo año se presentó un acontecimiento que cambió la situación general en la región: el descubrimiento de oro en el Valle de San Rafael.

La explotación minera en el Partido Norte de la Baja California se había mantenido en núcleos familiares o en pequeñas organizaciones sin trascender ni motivar el desplazamiento de la población, pero en junio de 1870, los hermanos Ambrosio y Manuel del Castillo descubrieron oro en la parte norte del Valle de San Rafael, lo que despertó un gran interés en mexicanos y extranjeros por trasladarse a la región y participar en el hallazgo aurífero.

Fue tal la concentración de personas reunidas en el lugar, que en septiembre de ese mismo año, un grupo de 112 vecinos de Real del Castillo, nombre con el que se denominó al nuevo asentamiento, solicitó al presidente municipal de Santo Tomás, Antonio L. Sosa, terrenos de siembra para poder dedicarse al cultivo y la declaración del real como pueblo, para que de ese modo pudieran las familias pobres y laboriosas tener un medio honroso de subsistencia. Sosa hizo llegar la solicitud al subjefe Manuel Clemente Rojo, quien la aprobó, ya que significaba la oportunidad de activar la economía del partido a su cargo. El día 2 de octubre se reunieron en Real del Castillo las autoridades y los colonos y declararon oficialmente fundada la nueva población.

Para 1871 Real del Castillo se conformaba de familias provenientes de Santo Tomás y Sonora, y de mexicanos nacidos en California. También inmigraron extranjeros, sobre todo estadounidenses, a quienes interesaba, además de los beneficios directos de la explotación minera, surtir a la región con toda clase de mercancías.

Los trabajos de exploración a través de la minería de “placer” se intensificaron en las numerosas cañadas al norte del pueblo, pero pronto fueron suspendidos debido a la escasez de agua en la región, por lo que muchos gambusinos se marcharon. La explotación minera que persistió fue aquella que requirió de tecnología más avanzada y, por lo tanto, de mayor inversión.

Ante el incremento de la población en el real, Rojo hizo saber a Bibiano Dávalos la conveniencia de cambiar la cabecera del partido, de Santo Tomás a Real del Castillo. Aunque se desconoce la fecha oficial del cambio de cabecera, los expedientes del juzgado muestran haberse realizado en la nueva localidad a partir de agosto de 1871.

Conforme creció el pueblo empezó a ser dependiente del comercio de San Diego, por lo que el estadounidense William Sargent organizó una línea de diligencias entre dichos lugares. A finales de 1871 Sargent aumentó de dos a cuatro caballos la diligencia, lo que permitió acortar el viaje de cuatro y medio a tres días.

Como complemento a la actividad minera, en 1872, después de una larga sequía, llovió en San Rafael, circunstancia natural que influyó directamente en el mejoramiento de la economía de los pobladores: el ganado pudo engordar para después ser trasladado a Estados Unidos, en donde se vendió a buen precio; la minería de placer también se reactivó a causa de la abundancia de agua en los arroyos, y los habitantes de Real del Castillo se animaron y recuperaron la confianza perdida. Lo que se requería, decían, era sólo capital externo para su desarrollo económico.

Respecto a la vida política del partido, Bibiano Dávalos había recibido quejas de algunos fronterizos relacionados con la conducta de Rojo. Algunas acciones negativas señaladas por los vecinos fueron el uso arbitrario de procedimientos, exigencias pecuniarias, solicitud de préstamos y organización de la guardia nacional con el fin de emprender campañas sin objeto razonable. En un principio, Dávalos ignoró estas quejas por considerarlas infundadas, sin embargo, se incrementaron los informes negativos sobre el subjefe, firmados por un número considerable de vecinos que exigían el pronto reemplazo del funcionario.

Frente a la alternativa de proponer a un vecino de la localidad para sustituir a Rojo, que después protegiera o perjudicara determinados intereses locales, Dávalos decidió recomendar con sus superiores a José María Villagrana, persona ajena a la región, para así obrar con imparcialidad hacia todas las personas e intereses. Villagrana fue nombrado subjefe político y recibió la oficina de parte de Manuel Clemente Rojo el 7 de enero de 1873.

El cambio político pareció favorecer a Real del Castillo. El pueblo, según lo relataron visitantes de la época, cambió mucho en su apariencia: la mayoría de las chozas temporales fueron sustituidas por casas de adobe; una casa se acondicionó como hotel para dar alojamiento a los visitantes procedentes de San Diego, y otra como restaurante; asimismo, se instalaron varias tiendas comerciales y una panadería. La principal casa de adobe perteneció a Jacobo Wagner, uno de los comerciantes más prósperos de la región, quien frecuentemente mandaba traer de San Diego dos o tres carretas repletas de mercancías para su tienda. El camino que comunicaba a Real del Castillo con el Valle de Guadalupe era periódicamente nivelado por el mismo Wagner. Otros comerciantes extranjeros que empezaron a prosperar en esta época fueron John Powers, George Furlong y Luis Mendelson.

JOSÉ MARÍA VILLAGRANA COMO SUBJEFE POLÍTICO

El 18 de julio de 1872 falleció en la capital del país Benito Juárez, y en su lugar quedó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada. Durante su presidencia ocurrieron levantamientos por la aplicación de las Leyes de Reforma, y sus críticos lo señalaban como pro angloamericano, protestante y masón. Mientras tanto, la economía del país empezó a registrar algunos cambios, como fue la inauguración, en 1873, del ferrocarril México-Veracruz, que representó el inicio de un proceso que pronto repercutió en varias regiones del país.

El enfrentamiento entre los liberarles reformistas y quienes deseaban mantener la presencia de la Iglesia como propietaria de tierras no se manifestó en el Partido Norte. Como veremos en los siguientes ejemplos, las luchas fueron entre los rancheros de la región que se oponían a los intentos del gobierno nacional de imponer orden y autoridad, y como sucedió en muchos casos, en perjuicio de los intereses locales.

A los pocos meses de haber iniciado su labor como subjefe del partido, José María Villagrana descubrió un complot en su contra: en la noche del 6 de septiembre de 1873, el tesorero municipal Felipe Zárate le informó que José Espinoza, preso por robo, en unión de un policía y de otros individuos, pretendía asaltar a las autoridades y a los ciudadanos de mayor representación; sin demora, Villagrana aprehendió esa misma noche a Francisco López, cabecilla del complot, y a cinco de sus cómplices.

En repetidas ocasiones Villagrana informó al jefe político Dávalos de su difícil situación. Sin una cárcel segura, sin armas ni municiones y sin poder pagar una fuerza armada, temía que cuando creciera el número de detenidos pudiera suscitarse una fuga masiva como antes había sucedido.

A principios de octubre de 1873 se descubrió oro en un sitio denominado Japa, 50 kilómetros al este de Real del Castillo. Según algunas fuentes, casi todos los mineros de Real del Castillo decidieron trasladarse al nuevo sitio.

Mientras tanto, en La Paz, capital del territorio, Dávalos se desempeñaba con intolerancia, por lo que un grupo comandado por Emiliano Ibarra lo aprehendió y obligó a firmar un documento en el que se comprometía a no aceptar futuros cargos en el ejército.

Villagrana, ante el temor de que aquel movimiento de La Paz pudiera influir entre los habitantes de Real del Castillo, empezó a tomar algunas medidas “precautorias” —como proveerse de armas y municiones—, pero, además, le preocupaba la violencia promovida por grupos armados de ladrones y asesinos que actuaban en ambos lados de la frontera, situación que también mantenía preocupadas a las autoridades de California.

El año de 1876 fue de reacomodo y definición de fuerzas políticas en el centro del país, lo que resultó en una inestabilidad generalizada a nivel nacional. Terminado el periodo constitucional de Sebastián Lerdo de Tejada, el 26 de octubre, el congreso lo designó nuevamente presidente para el periodo 1876-1880. Un día después de su nombramiento, José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia, declaró nula la elección debido a que en muchos distritos no se había efectuado y en otros predominó la violencia; ante esta situación, Iglesias se autonombró presidente interino y marchó a Querétaro a instalar su gobierno. De igual forma, el general Porfirio Díaz, quien se había destacado en la lucha en contra de los franceses, lanzó el Plan de Tuxtepec, en el que, además de manifestar su desacuerdo con el gobierno de Lerdo de Tejada, proclamó el principio de “Sufragio efectivo, no reelección”.

A mediados de noviembre, las fuerzas del gobierno de Lerdo fueron derrotadas por los porfiristas en la batalla de Tecoac, por lo que Lerdo abandonó la capital el 21 de noviembre con rumbo a Morelia. Poco después, tanto Iglesias como Lerdo de Tejada se vieron obligados a salir del país. Finalmente, Porfirio Díaz entró a la capital el 23 de noviembre de 1876, con lo que se inició el largo periodo conocido como “porfiriato”.

En su primer periodo como presidente (1876-1880), Porfirio Díaz se distinguió por buscar la pacificación del país. Posteriormente, durante la presidencia del general Manuel González (1880-1884) se impulsó una ambiciosa política de expansión económica, sobre todo subvencionando la colonización extranjera, los ferrocarriles y los vapores. En otras palabras, se preparó la apertura del país a la introducción del capital extranjero.

En el Partido Norte, a raíz de los frecuentes atentados en su contra por parte de algunos estadounidenses, los indígenas de las rancherías de Jacumé y vecinos de San Valentín, San José, Las Juntas, Nejí y Mezquite Pobre, empezaron a inquietarse por la falta de protección de las autoridades locales. Al quedar enterado Villagrana de la situación, comisionó, a mediados de 1876, al general indígena Necua y a Juan Meléndrez, que poseían cierta influencia sobre los indígenas, para que dialogaran con ellos y los incitaran a no responder de la misma forma.

Al regresar de su comisión, Meléndrez informó que al parecer había aproximadamente 600 indios reunidos, de los cuales 250 se encontraban armados. Además, cuando conferenciaba con los indios en el campamento se sumaron dos partidas, parte a pie y parte a caballo, de 30 y 40 hombres, respectivamente. La información, desconocida hasta entonces, provocó mayor angustia entre el subjefe y los habitantes del partido. Debido a esto, Villagrana convocó de inmediato a una junta extraordinaria del ayuntamiento a fin de examinar y definir un plan para enfrentar la situación, y en la que se estableció la necesidad de proveerse, a toda costa, de recursos para la compra de armas. Así, determinó acudir al administrador de la aduana de Tijuana para que proporcionara los fondos requeridos, ya fuera con su voluntad o sin ella.

El subjefe se presentó en la aduana el 19 de agosto de 1876. Ante la protesta del administrador, Villagrana tomó la llave de la caja fuerte y la abrió, descubriendo que había apenas lo suficiente para comprar dos rifles, por lo que a partir de ese momento decidió quedarse con la recaudación de todos los derechos que en lo sucesivo se causaran.

A finales de agosto de ese año Villagrana realizó un nuevo intento para hacer valer su autoridad sobre los indígenas de Tecate. En esta ocasión comisionó a Lino López, quien se entrevistó con el capitán Piligüige de la ranchería de Las Juntas y del que obtuvo la promesa de que el 28 de agosto entregaría a dos reos indígenas que había sustraído de la cárcel de Tecate. Cuando se cumplió la fecha se supo que los reos indígenas andaban libres en Milcuatay, al otro lado de la frontera. Al verse imposibilitado de cumplir con su compromiso de entregar a los reos, Piligüige decidió retirarse a la sierra; según López, el capitán le expresó temer represalias de las autoridades de Real del Castillo.

Villagrana siempre se caracterizó por desconfiar de los indígenas de la región y en particular del capitán Piligüige, a quien consideraba como un desafío permanente a su autoridad. Su temor se acrecentó aún más con los informes que recibió de que continuaba la concentración de indios en las áreas de Tecate y la desembocadura del Río Colorado.

Parece ser que la tan temida rebelión indígena nunca pasó de ser sólo una amenaza, pero Villagrana la utilizó como argumento para justificar ante los habitantes del partido su necesidad de adquirir armas y municiones. Sin embargo, hubo un grupo de personas que no le creyó y que se opuso a la forma en que éste se enfrentaba a los conflictos de la región, en particular en lo relacionado con su intervención en la aduana de Tijuana. Este grupo consideró que pronto tendría que intervenir en la situación política del partido, pero no a través de los cauces legales vigentes, sino con la fuerza.

El 20 de noviembre de 1876, en Real del Castillo, Villagrana fue detenido por un grupo de vecinos dirigidos por José Moreno. Manuel Clemente Rojo levantó un acta en la que se señalaron numerosos cargos en su contra, se le encerró en un calabozo y posteriormente, por orden del juez constitucional, se pretendió conducirlo a la desembocadura del Río Colorado para ser embarcado a Guaymas y entregado a las autoridades correspondientes, sin embargo, con el apoyo de la escolta, Villagrana logró evadirse.

Al ser removido Villagrana de su cargo, ocupó su lugar el presidente del ayuntamiento: Santa María Álvarez. Por su parte, Moreno, líder del movimiento, entregó el mando y se retiró a sus quehaceres en el campo. Como jefe de armas quedó José Valdez.

Pocos meses después, Valdez y su segundo, Limón, empezaron a tener influencia dentro de la comunidad al extremo de amenazar a las autoridades; al no tener alternativa, Santa María Álvarez decidió recogerles sus armas. Aunque se procuró primero convencerlos a través del diálogo, no hubo éxito; fueron Pedro Badillo, avecindado en Tijuana, y José Moreno, cada uno por su cuenta, quienes resolvieron apoderarse de sus armas. Badillo se enfrentó a Valdez el 13 de febrero de 1878, fecha en que lo mató de un tiro. Por otra parte, los vecinos del real se reunieron convocados por Badillo y Moreno. En la junta se nombró subjefe a Emilio Legaspy, quien aceptó de manera provisional el cargo y al que Badillo entregó las armas recogidas a los soldados de Valdez.

Como es de advertirse, los residentes del Partido Norte de Baja California tomaban sus decisiones sin tomar en cuenta a la autoridad del jefe político y militar con sede en La Paz. El 28 de julio de 1877, el teniente coronel Andrés L. Tapia, jefe político y comandante militar de la Baja California, instruyó a José María Villagrana para que marchara al Partido Norte a hacerse cargo nuevamente de la subjefatura. Villagrana no deseaba volver a La Frontera; su intención al presentarse en la capital del territorio era para solicitar al gobierno una averiguación sobre los sucesos del 20 de noviembre y así quedar libre de los cargos hechos en su contra. Sin embargo, Tapia insistió en que regresara a su antiguo cargo en el Partido Norte de la Baja California.

Villagrana se embarcó con rumbo al puerto de San Diego, punto al que llegó el 4 de septiembre. Al desembarcar expidió una proclama en la que llamó a su lado “a todas las personas amantes del progreso del país”, así como “prometer olvidar lo pasado”. El posible regreso de Villagrana causó hondo disgusto a José Moreno y a varios vecinos de la localidad, pues creyeron que aquél ejercería venganza contra ellos, por lo que decidieron evitar, por todos los medios, su entrada a La Frontera.

Legaspy desconocía los propósitos de dicho movimiento, pero cuando se enteró de su existencia consideró, por los antecedentes de constante desorden en la región, que sería obligado a entregar el cargo a Villagrana. Así, reunió a unos diez vecinos, a quienes convenció de que aquel movimiento tenía carácter de filibusterismo por figurar en él varios ciudadanos estadounidenses, comenzando por el mismo jefe Moreno. Legaspy y su fuerza partieron rumbo a Tecate. Cuando llegaron al rancho de San Valentín se enteraron que la fuerza de Montenegro, aliado de Moreno, se dirigía hacia el mismo lugar. Los rancheros, alarmados por la situación, decidieron defenderse del supuesto ataque de Montenegro, sin embargo, al enterarse del propósito pacífico de su fuerza, comprendieron su equivocación. Montenegro también intentó comunicar a Legaspy sus intenciones, pero éste se rehusó a la entrevista por temor a una emboscada; además, consideró atropellada su función como primera autoridad, al haberse organizado dicha fuerza sin su consentimiento. Ante estas circunstancias, los vecinos que acompañaban a Legaspy se retiraron, lo que obligó al subjefe a abandonar el territorio y dirigirse a San Diego. Ahí Legaspy hizo saber a Villagrana que no podía ofrecerle ninguna garantía de seguridad si decidía entrar al Partido Norte, por lo que determinaron trasladarse ambos a La Paz en busca de apoyo del jefe político.

Desde que tomó posesión como jefe político del territorio, Andrés L. Tapia sabía de los conflictos constantes en el Partido Norte. El gobierno federal consideró imprescindible la presencia de Tapia en el partido para solucionar las diferencias constantes, por lo que el 5 de noviembre de 1877 zarpó de La Paz en el vapor de guerra México. Acompañaban a Tapia, además de un contingente militar compuesto de cien hombres, José María Villagrana y Emilio Legaspy.

Tapia conoció de manera directa la problemática del Partido Norte y consideró que los informes de Villagrana y Legaspy eran exagerados. De igual forma, decidió que ninguno de los dos debería volver al cargo, por lo que nombró como subjefe político a Brígido Castrejón, persona enteramente extraña a la región.

En la junta del 31 de noviembre, Tapia arengó a los habitantes del Real advirtiéndoles que

[…] el presidente de la república había sabido con desagrado los continuos desórdenes de que hacía muchos años había sido teatro La Frontera, lo que le había conquistado a sus habitantes la fama de ingobernables; pero así como estaba dispuesto a hacer que el gobierno extendiera su acción dándoles toda clase de garantías para su futura prosperidad y mejorar en lo posible la condición en que se hallaban, así también estaba dispuesto a castigar severamente todo motín o desorden en desobediencia de la ley y falta de respeto a las autoridades.

En la misma reunión, los vecinos expusieron a Tapia sus principales exigencias, entre las cuales consideraban la necesidad de una pronta y eficaz resolución a los problemas políticos para salvarlos de la absoluta miseria en que estaban envueltos; por ejemplo, la supresión de la aduana fronteriza de Tijuana y, a su vez, la apertura de un puerto en la Ensenada de Todos Santos.

En virtud de las múltiples quejas que Tapia recibió en su recorrido por La Frontera, mayor fue su convencimiento de que lo más prudente era nombrar a un nuevo ayuntamiento, un juez propietario y otro suplente que fuesen enteramente ajenos a los sucesos.

LA ADUANA DE TIJUANA

Desde que el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada estableció la aduana de Tijuana en 1874, ésta se convirtió en lo que los habitantes del partido consideraron “un instrumento de opresión y explotación”. Según la información que recibió Tapia en su recorrido por el Partido Norte, su establecimiento había causado la ruina completa de La Frontera. Los impuestos que se cobraban a las mercancías provenientes de Estados Unidos hacían que se elevaran sus precios, impidiendo su adquisición por parte de la población de escasos recursos.

Los habitantes acusaron a los empleados de la aduana, entre otras cosas, de cruzar a Estados Unidos para hacer sus compras en una tienda localizada a pocos metros de la línea internacional. Ahí invertían el monto de sus sueldos en muebles, vestido, artículos para el hogar y hasta la pastura para sus caballos, enriqueciendo al comercio extranjero en detrimento del local. Esto era explicable ya que los artículos de consumo resultaban más baratos aun después del correspondiente pago de impuestos.

Por otra parte, los comerciantes estadounidenses con suficiente capital, conscientes de la escasez de mercancías en el Partido Norte, establecieron casas comerciales en la región sujetando a la población de escasos recursos a sus condiciones de venta. Los rancheros más acomodados, aun los que vivían alejados de la línea, se trasladaban a San Diego en sus calesas, en donde adquirían todas las provisiones y vestido que necesitaban sus familiares. En su mayoría no pagaban los derechos en la aduana, ya que, conocedores de todos los caminos de la región, eludían con facilidad la vigilancia aduanal.

Uno de los objetivos al establecer la aduana era el paso de diligencias de San Diego, California, a territorio mexicano, para luego dirigirse por nuestro país hacia el territorio de Arizona, en particular al fuerte Yuma. De igual forma, se pretendía gravar los productos que ingresaban en mayor número desde el inicio de la actividad minera en Real del Castillo. Con la reducción del comercio de las diligencias estadounidenses, y debido a que los rancheros locales evitaban pasar por la aduana para evadir el pago de los impuestos respectivos, la actividad en la aduana decayó al grado de haber sido abandonada por su administrador y empleados en 1877. Antes de su viaje al Partido Norte, Tapia nombró en La Paz a varios empleados, sin embargo, cuando estaba en el Partido Norte, se enteró que los empleados nombrados todavía no llegaban a Tijuana, y los que ya se habían instalado desconocían la actividad aduanera. Esta situación aumentó la necesidad de nombrar a la planta de empleados completa.

También Tapia se reunió con algunos indígenas de la región. El general indígena Necua y 12 capitanes de comunidades regionales le expresaron que “sólo querían vivir en paz y armonía con los de razón, respetar las autoridades y hacer ya no una vida nómada, sino social, en rancherías bien constituidas, para lo cual pedían que la Comisión de Terrenos Baldíos les diese en propiedad terrenos en donde fincar sus poblaciones para entregarse a trabajos de agricultura”. Tapia, además de dialogar con los capitanes, ofreció dar respuesta a sus demandas.

Mientras tanto, en el Partido Norte, Brígido Castrejón demostró su capacidad administrativa y su honradez. La opinión de los vecinos de Real del Castillo sobre su actuación en general era favorable y pensaban mantenerlo en ese puesto mientras estuviera dispuesto a permanecer en la región. Castrejón era de la opinión de que la única forma que había para desarrollar los recursos del partido era a través de la inversión de capitales estadounidenses en la explotación de recursos naturales.

MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN EN LA FRONTERA

A finales de 1879 llegó a La Paz el general Manuel Márquez de León, que había renunciado al cargo de comandante principal de marina del Departamento del Pacífico con sede en Mazatlán. Su objetivo en Baja California era pronunciarse contra Porfirio Díaz por lo que consideraba su mala administración; no trataba de hacer la revolución en suelo bajacaliforniano, sino proveerse de algunos bastimentos para posteriormente regresar a Sinaloa, donde iniciaría la revuelta. No obstante, en la noche prevista para realizar el pronunciamiento, los agentes de Márquez de León fueron aprehendidos por el capitán de la pequeña guarnición de La Paz, José Manero, por lo que Márquez decidió enfrentarse con uso de la fuerza.

El jefe político Tapia defendió la plaza con aproximadamente 50 hombres, improvisados y armados en su mayoría con fusiles viejos. También carecían de municiones, por lo que decidió no enfrentar al enemigo, y junto con todos sus empleados abandonó La Paz embarcándose a Mazatlán.

El 29 de enero de 1880 salió de Mazatlán el coronel José María Rangel con el octavo batallón, quien recuperó el pueblo de La Paz el 7 de febrero, sin haber enfrentado resistencia alguna. Tapia, sus empleados públicos y varios comerciantes que regresaron en el mismo barco de Rangel, ocuparon de nuevo sus puestos. Posteriormente, Rangel salió en persecución de Márquez, quien se había dirigido por tierra a Estados Unidos.

En Tijuana, el 17 de diciembre de 1879, la aduana había sido incendiada. Nunca se supo quién fue el autor del siniestro, pero se sospechó que había sido obra de simpatizantes de Márquez de León.

A finales de enero de 1880, el subjefe político Brígido Castrejón se enteró, a través del informe que le proporcionaron unos soldados de la caballería auxiliar del partido, que se había invitado a participar en el plan revolucionario del general Márquez a José y Francisco Moreno y a José María Gradilla. El plan tenía previsto nombrar a Moreno como subjefe y a Manuel Salgado como comandante de armas. Moreno sabía de la escasez de recursos económicos que padecían las fuerzas federales en el partido, toda vez que se les adeudaban salarios desde tiempo atrás, por lo que creyó aceptarían su oferta, sin embargo, los soldados contestaron negativamente a la invitación. Es de tomarse en cuenta que la propuesta se había hecho en territorio de Estados Unidos.

El cónsul mexicano en San Diego, Juan Bautista Verde, conocía de los planes marquistas e informaba oportunamente de ellos al subjefe Castrejón. Además, gracias a las gestiones que realizó con sus superiores, apoyó al subjefe con víveres, municiones y crédito en algunas casas comerciales de San Diego, lo que le permitió a Castrejón sostener la situación por algún tiempo adicional.

Cuando llegaron Márquez y sus hombres a Real del Castillo el 9 de febrero, encontraron el pueblo abandonado. Castrejón, algunos de sus soldados, así como el administrador y los celadores de la aduana de Tijuana, se habían dirigido al puerto de San Diego. Muchas de las familias del pueblo, alarmadas ante la inminencia de un enfrentamiento violento, prefirieron trasladarse también al puerto sandieguino.

Márquez logró que el coronel Clodomiro Cota se uniera a su movimiento junto con 181 hombres, lo que sumó una fuerza de 212 marquistas. Una de las primeras medidas que dictó Márquez de León en Real del Castillo fue liberar a los prisioneros y vender un contrabando decomisado por la aduana de Tijuana. Además, expidió dos decretos: en el primero se nombró al juez de Primera Instancia como juez de Distrito; en el segundo, se rebajaron en una tercera parte los derechos arancelarios de la aduana. Algunas de las autoridades que permanecieron en el partido fueron el licenciado Luis B. Murillo, representante del Ministerio Público, el juez de Primera Instancia, su secretario y el juez del Registro Civil, nombrado por Márquez administrador de la aduana de Tijuana. Asimismo, se otorgó a Manuel María Solís el cargo de subjefe político del denominado Partido Nacional del Territorio de la Baja California.

A mediados de febrero, Márquez se encontraba sin recursos. Se trasladó a San Diego, donde tomó un vapor a San Francisco en busca de adeptos y apoyo económico para sus movimientos. En el real dejó una fuerza de 50 hombres, quienes empezaron a desertar cuando faltaron alimentos. Poco después, desilusionado de su aventura por falta de apoyo en la región. Márquez decidió dirigirse a Sonora.

Tan pronto recibió Castrejón noticias de que el gobierno federal lo auxiliaría para enfrentarse a Márquez de León, regresó a Real del Castillo acompañado de 16 soldados de la federación y de algunos auxiliares. Al llegar al pueblo hizo un llamado a los vecinos para que lo apoyaran en esos momentos críticos, pero éstos no solamente no acudieron, sino que la mayor parte de sus auxiliares lo abandonaron. Los únicos que se quedaron con el subjefe fueron el administrador de la aduana de Tijuana, dos celadores y diez soldados que se habían negado a ponerse a las órdenes de los revolucionarios.

Pocos días después llegó por el puerto de San Felipe el coronel José María Rangel acompañado de 300 soldados. La tercera parte de la tropa era la caballería al mando del coronel Guillermo Carbó. El contingente marchó hacia Real del Castillo con la idea de encontrar a Márquez, sin embargo, el pueblo estaba prácticamente deshabitado. Rangel permaneció en Real del Castillo dos meses, tiempo suficiente para conocer todos los incidentes ligados con el paso de Márquez por la región, así como los de la administración pública en general.

El representante del Ministerio Público, después de realizar las indagaciones sobre la presencia de Márquez de León en el partido, concluyó que el vecindario entero, excepto el de la sección de Santo Tomás, había permanecido hostil a la rebelión de Márquez de León. Consideró que los pocos individuos que se habían adherido a Márquez fueron los mismos que en todas épocas se habían hecho notables por su aborrecimiento a la paz y al orden público.

A principios de 1881 el Partido Norte tenía un nuevo subjefe político: Ignacio Alas. El funcionario vivió varios años en Chicago y Nueva York, circunstancia que le permitió relacionarse con capitalistas del este de Estados Unidos, pero al llegar a Real del Castillo sintió de inmediato el descontento de sus habitantes.

En un informe enviado al jefe político en marzo de ese año, Alas señaló que desde la publicación del decreto por el cual el gobierno había declarado puerto de altura a la Ensenada de Todos Santos, así como por la clausura de la aduana de Tijuana, algunas personas apoyadas por miembros del ayuntamiento adoptaron una actitud hostil.

Alas relacionaba al grupo de inconformes de Real del Castillo con algunos marquistas exiliados en San Diego, pueblo al que consideró como “el foco de todos los actos subversivos”. El plan de ese grupo, aseguraba Alas, era introducir mercancías en masa por Tijuana, con el consecuente peligro de atentar contra la paz pública en el partido.

La opinión de José María Rangel resultó ser contraria a la expresada por el subjefe. Según el jefe político, la apertura del puerto en la Ensenada de Todos Santos no benefició a la región, y en especial a los rancheros ubicados cerca de la línea fronteriza. Éstos, decía Rangel, se surtían de víveres y demás artículos del puerto de San Diego, pues aunque pagaran los derechos aduanales en Tijuana, todavía les resultaba a menor costo que obtenerlos en Real del Castillo, ya que en el precio de venta de los productos que se ofrecían en el pueblo se incluían los importes de los derechos fiscales, de los fletes por mar a la Ensenada de Todos Santos, aquellos por tierra a Real del Castillo y las ganancias del mismo comerciante, situación que daba como resultado un verdadero monopolio mercantil en favor de dos o tres empresarios de Real del Castillo. Esta era la razón a la que Rangel atribuía la amenaza de algunos de los habitantes del partido, y no como resultado de los trabajos políticos de los marquistas, como lo aseguró Alas.

Para evitar el contrabando y hacer respetar la autoridad, Rangel sugirió que la sección de vigilancia en Tijuana, establecida por decreto del 26 de octubre de 1880, debía estar sujeta a la aduana de Todos Santos, ya que consideraba perjudicial la introducción de víveres sólo por Tijuana, pero lo que en realidad exigían los realeños era la supresión de ambas aduanas y libertad de comercio.

Por otra parte, Ignacio Alas entró en conflicto con el licenciado Cayetano E. Treviño, presidente de la Comisión de Baldíos desde 1877 y juez de Primera Instancia. Alas lo acusaba de haber apoyado a los que desconocieron a las autoridades establecidas cuando Márquez estuvo en la región, y de especular con las patentes de terrenos que el gobierno general otorgó en forma gratuita a los habitantes del partido.

Enterado Treviño de la queja expuesta en su contra por el subjefe político al gobierno nacional, intentó hostigar al vecindario en contra de Alas y sobornar al jefe de la fuerza federal con el mismo propósito. Al no lograr su objetivo y en estado de ebriedad, según lo informado por Alas, lo insultó públicamente e incluso le amenazó con un revólver, por lo que fue detenido y encarcelado.

Poco después de este incidente, el 30 de abril de 1881, llegó a Real del Castillo el apoyo militar que el subjefe había solicitado con urgencia. Se trataba del capitán segundo Lino Durán al mando de 24 soldados, quien traía indicaciones de ponerse a la orden del subjefe. Sin embargo, al presentarse en el cuartel se enteró que en dicho lugar se encontraban presos el licenciado Treviño y el juez constitucional. El capitán Fernando Aburto, comandante del cuartel, le hizo saber que los funcionarios estaban recluidos por problemas personales con el subjefe político, lo que se consideró un abuso de autoridad.

Durán encontró, además, que el mismo Alas les había formado una corte sumaria a los presos, y sin tomarles declaración ni probarles su delito les dictó el auto de formal prisión. Al darse cuenta Alas que Durán había informado a su superior de la situación irregular que prevalecía en el real, la relación entre ambos se tornó antagónica. Para el 20 de mayo, sin avisar a nadie ni dejar a un sustituto en su lugar, el subjefe se marchó a San Diego, de manera que Real del Castillo quedó una vez más sin autoridad política ni judicial por encontrarse en prisión los referidos jueces.

En San Diego, Alas nombró como sustituto, sin tener facultades para ello, al ex cónsul en ese puerto, Juan Bautista Verde. Posteriormente se dirigió a la ciudad de México en representación de varios empresarios estadounidenses vinculados con la construcción de ferrocarril. La finalidad era firmar convenios con la Secretaría de Fomento para efectuar el contrato del gran proyecto de ferrocarril para el Partido Norte.

El 3 de junio, Verde se presentó en la oficina de la subjefatura de Real del Castillo para hacerse cargo de su nueva función. El capitán Durán, encargado de la guarnición, y el presidente municipal, Jorge Ryerson, le advirtieron que no se pondrían a sus órdenes. Verde de momento los ignoró y al día siguiente abrió sin problemas la oficina de la subjefatura para iniciar sus labores oficiales. El 6 de junio, Verde fue enterado por algunos vecinos que se preparaba un motín en su contra. En la tarde de ese mismo día Ryerson se presentó ante el subjefe y le manifestó su determinación de hacerse cargo de dicha oficina por corresponderle en turno. Ante la oposición de Verde, Ryerson reunió a varios vecinos armados, y con el apoyo del capitán Durán regresó a tomar por la fuerza la oficina. Asimismo, se le unieron el juez del Registro Civil, Francisco Arenas, el tesorero municipal, Jordán Feliz, el preceptor y secretario del ayuntamiento, Plácido Arcilza y Cesario Barbieri, respectivamente, y el regidor, Eugenio Llanos.

En su denuncia al gobierno nacional, Verde señaló el supuesto carácter de extranjeros de estas personas, con la excepción de Llanos. Después de ser obligado a salir de la subjefatura, Verde optó por retirarse al puerto de Todos Santos en espera de nuevas órdenes por parte de la superioridad.

El jefe político asentado en La Paz, José María Rangel, consideró que la situación que se vivía en La Frontera pudo haber sido evitada si las autoridades hubieran tenido el tacto y prudencia que debían normar siempre sus conductas; ahora era necesaria de nuevo su presencia en La Frontera para poner un alto a las desavenencias. Por tal motivo, Rangel salió de La Paz el 17 de junio, acompañado del magistrado del Tribunal de Justicia, y el 7 de julio se encontraba ya en el partido.

Rangel juzgó que el arresto del juez de Primera Instancia, Cayetano Treviño, y del juez constitucional, Jesús Ocaranza, había sido un abuso de autoridad que desacreditó al gobierno. Además, la situación se había tornado crítica cuando Ignacio Alas hizo entrega del mando a Juan Bautista Verde, pues este señor, informaba Rangel, había estado en prisión.

El 18 de julio, el magistrado del tribunal, en virtud de las diligencias que había realizado, resolvió separar a Cayetano Treviño y Jesús Ocaranza de sus cargos y entregarlos al juez de Distrito del Territorio para la averiguación correspondiente. Asimismo, suspendió como agente del Ministerio Público al licenciado Manuel Altamira, entre otros motivos, por haberse separado de su empleo de acuerdo con una licencia otorgada por Alas. El 1 de agosto Rangel nombró a Zeferino Castañeda como nuevo subjefe político, y al licenciado Lozano y Vivanco como juez de Primera Instancia.

En relación con la aduana, Rangel consideró que era indispensable, en bien de las clases menesterosas, que el gobierno decretara a la aduana de Tijuana como sección de despacho, lo que no provocaría perjuicio alguno a los intereses fiscales y sí un bien a los vecinos. Asimismo, les facilitaría la manera de obtener sus provisiones con comodidad y sin los gastos consiguientes que tenían que erogar al recorrer tan largas distancias.

EL CAMBIO DE CABECERA POLÍTICA

El 6 de marzo de 1882, el subjefe político Zeferino Castañeda solicitó al secretario de Gobernación una licencia de tres meses por motivos de salud. En su lugar, el jefe político designó al coronel Antonio Jáuregui. Antes, Castañeda le había planteado al jefe político la conveniencia de contar con la fuerza armada en la Ensenada de Todos Santos ante el incremento del comercio en el puerto. Según Castañeda, dividir al destacamiento militar que se encontraba en Real del Castillo era impráctico por la falta de hombres y oficiales. Veía como única solución cambiar la cabecera del partido al puerto, además, al estar la subjefatura frente al mar, ésta tendría una comunicación más directa con la capital del territorio.

José María Rangel transcribió la propuesta de Zaferino Castañeda al secretario de Gobernación, quien la aprobó en comunicación del 13 de abril. La autorización del gobierno nacional fue dada a conocer por la jefatura a las autoridades de Real del Castillo el 15 de mayo de 1882; no obstante, el gobierno federal, todavía a finales de ese mismo año, tenía dudas si era conveniente o no fijar de manera definitiva en el puerto de Todos Santos la cabecera del Partido Norte, por lo que José María Rangel tuvo que continuar insistiendo sobre las ventajas que ofrecía la nueva localización, para convencer finalmente a las autoridades. Por su parte, los realeños comunicaron al jefe político, el 13 de abril, su apoyo al presidente municipal Jorge Ryerson para que quedara de manera definitiva en el cargo de subjefe político. La petición fue también respaldada por los habitantes de la costa que, sumados a los del real, conformaban la mayor parte de los pobladores del partido. Sin embargo, el secretario de Gobernación, informado de la petición de los habitantes del real, respondió que no era posible y que Jáuregui se mantendría en el cargo hasta cumplir los tres meses concedidos a Castañeda.

Además de no recibir una respuesta favorable, los habitantes de Real del Castillo estaban ante el caso de que la subjefatura política se trasladaría al puerto de Ensenada de Todos Santos, por lo que realizaron nuevas gestiones para impedir el cambio de la cabecera política. Afirmaron que Castañeda había desinformado a la autoridad superior en cuanto que el administrador de la aduana marítima requería de protección de la fuerza armada. Señalaron, además, que el haber solicitado la apertura del puerto de la Ensenada de Todos Santos había sido con la intención de alentar la economía regional deprimida, y no la de encauzarla a su decadencia. A pesar de ello, el gobierno no respondió a las demandas de los realeños.

Antonio Jáuregui llegó a Real del Castillo el 24 de julio de 1882. La primera tarea que emprendió fue cumplir con la orden de trasladar la subjefatura a Ensenada de Todos Santos. Ryerson insistió nuevamente al secretario enumerándole las inconveniencias que resultarían para el partido el traslado de la cabecera; sin embargo, Jáuregui prosiguió con el cambio, apoyado por el jefe político Rangel, no sin antes encarcelar a Joaquín Altamirano, juez de Paz del partido, y a Ryerson, por oponerse al traslado. Poco después, ambos funcionarios fueron liberados por orden del ministro de Justicia.

CAPÍTULO IV. LAS COMPAÑÍAS COLONIZADORAS Y LOS ORÍGENES DE LAS POBLACIONES, 1885-1906

David Piñera Ramírez

COLONIZACIÓN Y VIDA POLÍTICA

ENSENADA: CABECERA DEL PARTIDO NORTE

Luego de trasladarse en 1882 la cabecera del Partido Norte de Real del Castillo a Ensenada, el puerto experimentó serias dificultades económicas tanto a nivel público como privado. En un principio, los empleados de gobierno constituían la mayoría de la población, por lo que sus sueldos eran el soporte de la economía local. Con frecuencia, estos salarios se retrasaban trayendo los consiguientes problemas, al grado de que, en enero de 1885, se rebeló la guarnición militar destacada en el lugar, a raíz de la inconformidad de los soldados por varios meses de sueldo adeudado.

La falta de fondos afectó también el ejercicio de la administración pública y desató pugnas entre los titulares de las dos principales dependencias gubernamentales establecidas en Ensenada. Por un lado estaba la subprefectura política y militar del Partido Norte, dependiente del gobierno del Territorio de la Baja California con sede en La Paz, que a su vez obedecía órdenes de la Secretaría de Gobernación; y por otro, estaba la aduana marítima de Ensenada, sujeta a la Secretaría de Hacienda. Las disputas entre sus titulares eran por el manejo de fondos federales.

Ensenada, como cabecera del partido, era el punto principal de la entidad. Existían dos opciones de comunicación entre el Partido Norte y el exterior, por mar y por tierra, pero el medio de transporte y comunicación más rápido y asequible a La Frontera era el vapor, que mantenía comunicados los puertos más importantes del Pacífico norte mexicano con los del sur de California. Por vía terrestre se utilizaban animales de carga o vehículos de tracción animal como carruajes y carretas. Debido a que la mayoría de los productos de obtenían del puerto de San Diego o incluso de San Francisco, el costo para trasladarlos a La Frontera era alto, aunado a los derechos que había que pagar por su introducción en las aduanas, ya fuera la marítima de Ensenada o la fronteriza de Tijuana. Esto originó que surgiera con frecuencia el fenómeno del contrabando por tierra y por mar.

Esta era la situación en el Partido Norte previa al establecimiento de la International Company of Mexico en Ensenada. Sin embargo, antes de referirnos a las actividades implementadas por esta compañía, es necesario referirnos al proyecto colonizador de los distintos gobiernos del México independiente para entender el contexto en el cual se forjaron los planes colonizadores en Baja California.

LA POLÍTICA DE COLONIZACIÓN

En el siglo XIX, entre los gobernantes e intelectuales mexicanos vinculados al sector oficial predominaba la idea de colonizar vastas regiones del país con inmigrantes europeos que trajeran consigo conocimientos y técnicas de trabajo para impulsar el desarrollo nacional. Estas concepciones influyeron notablemente en la política gubernamental para tratar de formar colonias agrícolas en regiones con baja densidad demográfica o con recursos naturales poco aprovechados. Bajo el gobierno de Porfirio Díaz, los planes de colonización fueron de primordial importancia.

Dentro del programa colonizador, la península de Baja California ocupó un lugar destacado. Desde el centro del país era vista como territorio inhóspito y lejano, escasamente poblado por gente ruda y falta de patriotismo. Esta perspectiva se agudizaba respecto a los pobladores del Partido Norte, en la región conocida como La Frontera, dada su cercanía con Estados Unidos y lo exiguo de su población. Aunada a esta imagen estaba el perenne temor de una invasión promovida por los Estados Unidos con objeto de apoderarse de la Baja California. Por estos motivos, el gobierno de Porfirio Díaz consideró de suma importancia acelerar la colonización en la península, aunque para ello tuvo que otorgar dichas concesiones a compañías extranjeras, las cuales estaban formadas precisamente con capital estadounidense.

En 1883, bajo la presidencia de Manuel González, se promulgó una Ley de Colonización que daba facilidades a quienes desearan establecerse como colonos en el país. A fin de incentivar a las compañías colonizadoras, esa ley facultó al ejecutivo para que les diera concesiones de deslinde de terrenos baldíos, de los cuales las compañías obtendrían en propiedad una tercera parte de la superficie deslindada, con opción de adquirir el resto del terreno a bajo precio.

Al amparo de esta ley, Luis Hüller —alemán naturalizado mexicano— obtuvo, en 1884, la concesión para deslindar los terrenos baldíos del norte de la Baja California, comprendidos en una superficie limitada al sur por el paralelo 29 grados, al norte por la línea divisoria internacional, al occidente por el golfo de California, y al oriente por el océano Pacífico, incluida la isla de Cedros. La concesión autorizaba, además, el establecimiento de colonias agrícolas y mineras. Tiempo después, la compañía de Hüller obtuvo de Adolfo Bulle los terrenos contiguos al área de la concesión, por lo que virtualmente eran dueños del territorio que comprende al actual estado de Baja California. Este hecho afectaba a los indígenas, rancheros, mineros y habitantes en general del área concesionada, la cual, equivocadamente, desde el centro del país se consideraba como baldía.

LA COMPAÑÍA AMERICANA

A la par de esta concesión, en el sur de California inició un auge en la venta de bienes raíces, fenómeno conocido como boom, que se mantuvo durante la década de los ochenta y repercutió en el desarrollo de La Frontera de la Baja California. Esta bonanza de bienes raíces se centró fundamentalmente en Los Ángeles y San Diego. Pronto se abrieron tierras para cultivo y se planearon caminos y líneas ferroviarias. Asimismo, se proyectaron ciudades cuya promoción se distinguió por elogiar de manera excesiva las características naturales de cada lugar a fin de atraer compradores, lo que se tradujo en una elevada especulación de la tierra. En esta atmósfera de rápida conversión de predios rústicos en urbanos surgió un número considerable de ciudades en el área de Los Ángeles y San Diego.

Dentro de esta dinámica inició operaciones en Ensenada la International Company of Mexico, cuyo accionar obedeció a requerimientos de inversión, promoción y explotación de corte capitalista enfocados a las necesidades de un mercado en continua expansión como era el estadounidense.

La Compañía Internacional se constituyó a instancias del mayor George H. Sisson y Luis Hüller, con capital aportado por socios del noreste de Estados Unidos. La sede fue establecida en Hartford, Connecticut, con sucursales en Nueva York, San Francisco, San Diego, Londres y México. En 1886 inició operaciones en Ensenada, donde estableció sus oficinas para controlar su radio de acción en el norte de la Baja California. La superficie de terreno adquirida en Ensenada fue de 3 511 hectáreas, que se le compraron a Pedro Gastélum, cuyo título tenía antecedentes desde varias décadas atrás.

El proyecto principal consistió en la planeación de un área urbana compuesta por tres ciudades en la costa de la bahía de Todos Santos: Ensenada, San Carlos y Punta Banda. Este complejo se denominó Colonia Carlos Pacheco, en honor al secretario de Fomento. Sobre la costa entre Ensenada y San Quintín se proyectaron fraccionamientos similares.

Como parte de este plan, en 1886, el ingeniero de la compañía, Richard Stephens, elaboró un plano de urbanización de Ensenada. Los terrenos fueron fraccionados en torno a la traza realizada en 1882 por Salvador Z. Salorio, a partir de la cual se formó el poblado luego del cambio de cabecera. El nuevo plano se adecuó al núcleo ya existente, que continuó siendo el primer cuadro de la población, en cuyas calles se establecieron los principales comercios y oficinas.

La compañía realizaba amplia promoción en Estados Unidos respecto al despegue económico y demográfico de Ensenada. Para 1887 se llevaban a cabo trabajos de introducción de agua potable, teléfono y telégrafo, además de que la compañía contaba con dos vapores propios, publicaba dos periódicos (La Voz de la Frontera y Lower Californian), y construyó el Hotel Iturbide.

Para verificar que la Compañía Internacional cumpliera con lo estipulado en la Ley de Colonización, fue enviado el inspector de colonias Teófilo Masac. En noviembre de 1887 rindió su informe ante el secretario de Fomento, en el que halagaba y magnificaba la actividad desarrollada por la compañía. En esto se basaron el presidente Porfirio Díaz y el secretario Carlos Pacheco para normar su criterio y tomar determinaciones respecto a la actuación de la Compañía Internacional. Sin embargo, días después de rendido el informe, la oposición política y la prensa de la ciudad de México ejercieron notable presión sobre el gobierno de Díaz, denunciando que la actividad colonizadora de compañías extranjeras en Baja California produciría un nuevo Texas.

Ante el alud de críticas salió en defensa de la política del gobierno en materia de colonización el general Carlos Pacheco, encargado de ese ministerio. Publicó un documento denominado Exposición que hace el secretario de Fomento sobre la colonización de la Baja California, en el que justifica la actividad de la compañía y defendía la idea de encargar la colonización a particulares, en lugar de realizarla directamente el gobierno, como se hacía antes, debido a que esto rendía más frutos y ahorraba gastos al erario. Asimismo, se indicaba sobre lo benéfico que resultaba al país traer colonos extranjeros. Para cuidar la imagen del gobierno en Estados Unidos, esta exposición se editó también en inglés y se hizo circular en dicho país.

Al mismo tiempo, el gobierno tomó las medidas administrativas necesarias para calmar las protestas. Como primer paso se modificó la categoría política del Partido Norte, que cambió a Distrito Norte, con lo cual dejó de depender del gobierno del Territorio con sede en La Paz. Esto permitiría ejercer un mayor control sobre la región desde el centro del país bajo la observancia directa de Díaz. Con tal propósito, en 1888 se designó como primer jefe político y militar al general Luis E. Torres, hombre de absoluta confianza del presidente.

DISTRITO NORTE DE LA BAJA CALIFORNIA

EL GOBIERNO DE LUIS E. TORRES

Antes de asumir la jefatura del Distrito Norte, Luis E. Torres se desempeñaba como gobernador de Sonora, por lo que gestionó el traslado de un destacamento militar al distrito. Los militares cruzaron por ferrocarril de El Paso, Texas, a San Diego, California, y de ahí arribaron en barco a Ensenada. La jefatura del recién creado distrito le fue entregada a Luis E. Torres por George Ryerson —último subjefe político del Partido Norte— el ٢٠ de enero de ١٨٨٨.

Uno de los primeros actos de Torres consistió en elaborar un informe sobre las actividades de la Compañía Internacional en la entidad. En dicho documento analizó claramente los pros y contras de la colonización extranjera en Baja California. En su texto refutó muchas de las aseveraciones estadounidense con base en lo escasamente poblado del territorio y la débil presencia de la autoridad en la región. Sin embargo, no dejó de reconocer los beneficios que para el poblamiento de La Frontera trajo la actividad de la compañía.

El ayuntamiento de Ensenada, cabecera del distrito, comprendía las secciones municipales de Santo Tomás, Real del Castillo, Tijuana, San Telmo y El Rosario. Como parte de la política de afianzamiento de la autoridad gubernamental en Baja California, se hicieron algunas modificaciones en la administración política de la entidad. De este modo, la colonia agrícola de Tecate fue elevada al rango de sección municipal.

Simultáneamente al nombramiento de Torres como jefe político, Manuel Sánchez Facio, ex diputado opositor y férreo crítico de la política colonizadora de Díaz, fue designado inspector de colonias en el Distrito Norte. Sánchez Facio llegó a Ensenada en enero de 1888 y permaneció en la entidad unos meses, los suficientes para redactar un minucioso informe sobre la compañía. Ahí manifestó que ésta proporcionaba datos falsos en sus reportes censales con objeto de aumentar el número de colonos y engañar al gobierno de cumplir al pie de la letra lo dispuesto en la Ley de Colonización de 1883.

Sánchez Facio puso al descubierto la especulación de terrenos y los proyectos inacabados con que se manejaba la compañía, así como la falta de colaboración por parte de Maximiliano Bernstein, agente de la misma, para acceder a sus expedientes. Una vez finalizada su misión, Sánchez Facio se fue a Estados Unidos, donde publicó en inglés, en 1889, el informe sobre la Compañía Internacional, lo que dañó severamente la imagen que el gobierno de Díaz quería forjar en Estados Unidos. Por razones que aún nos quedan poco claras, se vio envuelto en los años siguientes en una conspiración filibustera promovida por hombres de negocios del vecino país para invadir Baja California.

LAS CONCESIONES A GUILLERMO ANDRADE

Los intereses estadounidenses en la región no se manifestaron únicamente en la actividad de la Compañía Internacional en el área de Ensenada, sino que se presentaron de distintas formas, como sucedió en el valle del Río Colorado, posteriormente llamado valle de Mexicali, poblado en su mayoría por los indígenas cucapás localizados en el bajo delta.

El empresario mexicano Guillermo Andrade, quien recibió en concesión extensas superficies de esa zona, no contaba con el capital necesario para desarrollarla, por lo que buscó socios en Estados Unidos que inyectaran capital a su empresa. Desde la década de los setenta intentó desarrollar algunos proyectos asociados con capitales nacionales y estadounidenses, como ejemplo citamos la Compañía Mexicana, Agrícola, Industrial y Colonizadora, formada en 1874, y la fundación de la colonia agrícola Lerdo en 1878, en sociedad con Thomas H. Blythe, que estaba situada en la margen izquierda del Río Colorado, perteneciente al municipio de Caborca, Sonora.

En 1888 Andrade obtuvo del gobierno de Díaz títulos de propiedad por 305 737 hectáreas que, sumadas a otras posesiones, lo convirtieron prácticamente en dueño del valle del Río Colorado. A través de él, el valle quedó en los años siguientes en manos de empresas extranjeras.

LA COMPAÑÍA INGLESA

La actividad de la Compañía Internacional en Ensenada decayó en 1888 debido a la terminación del boom en bienes raíces en el sur de California, lo que evidenció la marcada vinculación del Distrito Norte con la economía californiana. El estancamiento en la venta de terrenos y el desplome de precios que se dieron en dicha entidad produjeron un fenómeno similar de este lado de la frontera. A ello hay que agregar la desconfianza que creó la publicación del informe de Sánchez Facio entre los posibles compradores estadounidenses.

Ante tales circunstancias, la Compañía Internacional se vio obligada a vender los bienes que tenía en Baja California a una empresa que se constituyó en Londres bajo el nombre de Compañía Mexicana de Terrenos y Colonización, a la que usualmente se le conoció como “la Compañía Inglesa”. La operación se efectuó en Londres en 1889, y entre los socios figuraban miembros de la nobleza británica, algunos de ellos conectados con las esferas de las altas finanzas.

La política que desarrolló esta empresa fue distinta a la de sus predecesora estadounidense, pues prescindió de los despliegues publicitarios, y si bien prosiguió el desarrollo urbano de Ensenada con un ritmo más lento, se abocó en forma más sistemática a explotar los recursos agrícolas, ganaderos y mineros de la región.

El gerente de la compañía, mayor Buchanan Scott, vino a ocupar el puesto procedente de India, en donde por varios años prestó sus servicios al imperio británico. Hay referencias de que tenía experiencia administrativa y que se dedicó a tratar de resolver los problemas heredados por la Compañía Internacional. Entre ellos estaban los de carácter legal, pues, como ya se señaló, al otorgar las concesiones de colonización el gobierno porfirista, partía de la base de que los terrenos eran baldíos, pero la realidad era que muchos de ellos estaban ocupados, algunos por los indígenas de la región, otros por rancheros u otros tipos de poseedores. En el archivo del Juzgado de Primera Instancia Civil de Ensenada hay múltiples expedientes de litigios que se originaron por ese motivo, incluido el de la señora Amparo Ruiz de Burton, que se ostentaba como dueña del área circundante de la bahía de Todos Santos, asiento de la ciudad de Ensenada.

DESCUBRIMIENTO DE ORO EN EL ÁLAMO

Dentro de ese cuadro problemático hubo una circunstancia favorable para los ingleses. En 1889 se efectuaron hallazgos de oro en El Álamo, situado al suroeste de Ensenada, en el valle de Santa Clara. Esto benefició a la Compañía Inglesa en varios sentidos: en sus vapores se transportó a numerosas personas del sur de California que se enteraron de los hallazgos por medio de frecuentes notas que publicó el periódico The San Diego Union. La ilusión de hacer fortuna rápidamente provocó lo que en la mentalidad estadounidense se llama “fiebre del oro” y que ya se había dado en ocasiones anteriores por hallazgos efectuados tanto en California como en Baja California (recordemos el caso de Real del Castillo). Esta vez la fiebre motivó que en su momento de apogeo hubiera hasta 5 000 personas en el área de El Álamo, en su mayoría estadounidenses.

Los periódicos de Los Ángeles también fomentaron ese clima de grandes expectativas, publicando mapas con los placeres de oro en la zona de El Álamo, así como todo tipo de información sobre vías de acceso al lugar y lo concerniente a minería en las leyes de México. Como suele suceder en ese tipo de situaciones, al no encontrar el oro en las cantidades y con la facilidad que esperaban, los gambusinos se desilusionaron y pronto empezaron a regresar a sus lugares de origen.

La Compañía Inglesa asumió una actitud más sistemática y trabajó varias minas en las que hizo inversiones en maquinaria y equipo. También efectuó una traza para un poblado, e inclusive estableció un almacén comercial y un hotel. No hay referencias que permitan formarnos una idea de los productos obtenidos por la compañía en las minas aludidas, pero puede inferirse que fueron limitados, toda vez que el poblado declinó con el transcurso del tiempo.

La creciente actividad económica en el Distrito Norte de la Baja California y el reciente cambio de estatus político dieron mayor dinamismo a la entidad; frente a esto era necesario precisar sus límites, pues de este modo el jefe político tendría bien determinado su ámbito de acción en materia de administración pública. Por tal motivo, en noviembre de 1889, Luis E. Torres señaló a la Secretaría de Gobernación la inexistencia de un límite que separa a los distritos Sur y Norte, para lo cual sugería el paralelo 28 grados latitud norte como línea divisoria. Dicha propuesta fue consultada a diversas instancias del gobierno federal y al gobierno del Distrito Sur. Una vez iniciados los trámites se efectuaron las adecuaciones correspondientes con base en las observaciones hechas por autoridades de los diferentes niveles de gobierno. De este modo, el 1 de julio de 1891 se adoptó el paralelo 28 grados como división política de las entidades existentes en la península de Baja California.

LA POBLACIÓN DE TIJUANA

Precisamente en esos años de finales de la década de los ochenta del siglo XIX se dio, en el valle de Tijuana, una serie de circunstancias que propiciaron el inicio de un asentamiento urbano. Cabe destacar que en lo sucedido en esta esquina noroeste de la península no tuvieron intervención las compañías colonizadoras extranjeras, como sucedió en los casos de Ensenada y El Álamo, que ya tratamos, y en el de Mexicali, que veremos más adelante. Aquí fue una familia, la Argüello, la que tuvo un papel protagónico, enmarcado en su contexto regional que cubrió ambos lados de la línea divisoria internacional.

Retrotrayéndonos en el tiempo, tenemos que tanto en la época colonial como en las primeras décadas del México independiente, la familia Argüello tuvo una buena posición en la Alta California. Uno de ellos, José Darío, desempeñó, entre otros cargos, el de alcalde de San Diego. Así, su hijo Santiago recibió, en 1829, la concesión del rancho de Tijuana, con una extensa superficie de 10 533 hectáreas.

A lo largo del siglo XIX, los descendientes de Santiago Argüello tuvieron el cuidado de que se reconociera por las autoridades mexicanas la validez del título, llenando una serie de complicados requisitos característicos de la época. Paradójicamente, aprovecharon en forma mínima el extenso predio, pues la mayoría de la numerosa familia vivía en Los Ángeles, California, de tal manera que, por lo general, sólo dos o tres de ellos estuvieron en el terreno trabajándolo a una escala sumamente reducida.

La nueva delimitación territorial entre México y Estados Unidos, establecida en 1848, le dio al valle de Tijuana un sentido distinto, pues quedó justamente inmediato a la línea divisoria internacional. Adquirió así su carácter fronterizo que marcaría su destino en lo sucesivo, y dejó de pertenecer a California, para formar parte de la Baja California.

Durante varias décadas, el rancho de Tijuana conservó sus características de predio rústico en el que se pastoreaba un poco de ganado. Las circunstancias comenzaron a cambiar cuando el presidente Sebastián Lerdo de Tejada decretó en 1874 el establecimiento, en terrenos del rancho, de una aduana próxima a la línea internacional. El propósito fue gravar los minerales que salían para California procedentes de las minas de Real del Castillo, así como obtener ingresos fiscales del movimiento de mercancías que desde tiempo atrás hacían los estadounidenses, de California a Arizona, cruzando por territorio mexicano. El camino de diligencias trazado por los propios estadounidenses, que buscaban las mejores condiciones tipográficas, corría de este lado de la línea fronteriza en su tramo de San Diego a Yuma. Junto a la aduana se formó un caserío de manera espontánea, sin observar ninguna planificación. Ese núcleo sufrió fuertes inundaciones del río, lo que a la postre motivó que quedara deshabitado.

A varios kilómetros de distancia del punto donde se estableció la aduana, el rancho presentaba un sitio de interés para los estadounidenses del área de San Diego: los manantiales de Agua Caliente. De acuerdo con la cultura médica existente en ese tiempo en Estados Unidos, las aguas sulfurosas —como las de los manantiales del rancho de Tijuana— tenían una serie de propiedades curativas, por lo que el sitio era visitado con frecuencia. De San Diego salía un servicio de diligencias los fines de semana que conducía a los visitantes al balneario; la salida era por las mañanas y el regreso por las tardes. Curiosamente, el balneario que ahí se acondicionó era explotado por estadounidenses que proporcionaban el servicio a sus compatriotas. Esto es una muestra de la tendencia que se advertiría en el desarrollo posterior de Tijuana, consistente en que han sido inversionistas de dicho país quienes han aprovechado en mayor medida el potencial turístico del área.

INICIOS DEL ASENTAMIENTO URBANO

La llegada de las vías de ferrocarril a San Diego en 1882 motivó que esa área participara del boom en bienes raíces que por años vivía en California y al que ya hicimos mención al referirnos a Ensenada. Se aplicaron ahí técnicas de mercadotecnia e intensa publicidad que se tradujeron en la creación y venta de fraccionamientos que en breve se convirtieron en nuevos centros de población. Se produjo un intenso movimiento migratorio en Estados Unidos del este al oeste, especialmente al sur de California.

Dentro de esa atmósfera en la que los terrenos rústicos se abrían con celeridad a diversos cultivos o se transformaban en predios urbanos, se originó un considerable número de poblaciones cercanas a San Diego, como Coronado, La Jolla, Pacific Beach, Escondido, La Mesa, Ocean Beach, National City, Chula Vista y Otay.

Los Argüello, que como ya señalamos, residían en su mayoría en el área de Los Ángeles, vivieron ese ambiente del boom que se estaba dando en el sur de California en general. Es lógico que concibieran la idea de fraccionar parte de los terrenos del rancho Tijuana que les pertenecía, sobre todo si se toma en cuenta que su situación distaba mucho de la que gozaron sus padres y abuelos que, como dijimos, tuvieron un buen estatus político y económico.

A esa altura de los ochenta del siglo XIX su situación era modesta, pues entre sus ocupaciones figuraban las de peón, costurera, policía, cochero y otras similares. En virtud de los matrimonios que con anterioridad contrajeron algunas mujeres de la familia, había parientes de apellidos Olvera, Bandini y Zamorano.

Con el ánimo de llevar a cabo su propósito, lograron dar fin a un largo litigio familiar que sostenían por la propiedad del rancho de Tijuana. Complementariamente, encomendaron la elaboración de un plano que sirviera para el trazo urbano de la nueva población. El convenio que concluyó el litigio aludido fue sancionado por la autoridad judicial el 11 de julio de 1889. Ese día, en concordancia con acuerdos posteriores, fue establecido como la celebración oficial de la fundación virtual de Tijuana.

El plano fue elaborado por el ingeniero y arquitecto Ricardo Orozco, quien llegó al Distrito Norte de la Baja California con el nombramiento a ejercer libremente su profesión, situación que lo llevó a realizar trabajos relacionados con la Compañía Internacional. Una de las características del plano lo constituyen las avenidas diagonales, similares a las de algunas ciudades contemporáneas de Estados Unidos.

Según señalamos al ocuparnos de Ensenada, precisamente en 1889 terminó de manera brusca el boom de California. Dada la estrecha relación existente en la región fronteriza de las Californias, esa situación se reflejó en que el poblado de Tijuana tuviera en sus inicios un lento desarrollo. Poco a poco se levantaron locales y casas de madera en la avenida Olvera, actualmente llamada Revolución. Hay que destacar el tino que tuvieron esos primeros compradores al elegir para establecer sus negocios en tal avenida y entre las calles Primera, Segunda y Tercera. Esa área demostró ser la más idónea por lo plana y alta, a salvo de inundaciones y por su proximidad al camino que cruzaba la línea divisoria entre México y Estados Unidos. Algunos de esos primeros lotes urbanos fueron comprados a los Argüello o a sus parientes políticos por personas cuyas actividades giraban en torno a la aduana, o por otras que vivían en las tierras del rancho y por algunos conocidos comerciantes de Ensenada. Es de comentarse la visión que tuvieron éstos al columbrar las perspectivas del naciente poblado fronterizo.

Las calles y avenidas verticales y horizontales del plano original subsisten hasta la fecha y constituyen lo que se conoce como zona central de la ciudad. De las diagonales sólo quedan algunos tramos, pues con el transcurso de los años fueron invadidas por construcciones. El más conocido de esos tramos es el tradicional callejón Argüello, de poco tiempo para acá llamado Plaza Santa Cecilia.

Desde las postrimerías del siglo XIX venían visitantes del sur de California a presenciar carreras de caballos, corridas de toros y peleas de box, o a participar en juegos de azar o tomar licor, anunciándose así el futuro turístico de la población.

LA DÉCADA DE LOS NOVENTA

CONFLICTOS DE LOS DIRECTIVOS DE LA COMPAÑÍA

Al iniciar la década de los noventa, la Compañía Inglesa logró una etapa de consolidación en sus distintas actividades en la entidad; sin embargo, es en este periodo cuando afloraron por parte de algunos de sus directivos intenciones de separar a la Baja California del resto del país.

En 1890 se descubrió un proyecto de invasión filibustera en el que se hallaba inmiscuido el gerente de la compañía, mayor Buchanan Scott; otro de los involucrados fue Manuel Sánchez Facio. Al parecer, el movimiento fue promovido por estadounidenses radicados en San Diego, California. La invasión estaba proyectada para agosto de 1890, pero no se llevó a cabo porque en mayo de ese año el complot fue denunciado en los diarios San Francisco Chronicle y The San Diego Union. Según los informes recabados, el mayor Scott proporcionó ayuda económica al movimiento ante la perspectiva del aumento de precio que las tierras propiedad de la compañía tendrían al pasar al dominio de Estados Unidos. Pese a las indagaciones, la responsabilidad del mayor Scott no fue aclarada del todo, pero ante las sospechas de que era objeto, se vio obligado a abandonar el país.

En lo concerniente a la Compañía Inglesa, las instancias del gobierno porfirista encargadas de analizar ese tipo de situaciones determinaron no revocarle la concesión, por lo que continuó operando. En el desarrollo de sus actividades, la empresa percibió que era difícil atraer colonos extranjeros o de otras regiones de México a Baja California, en parte por los problemas suscitados en el tiempo en que actuó la Compañía Internacional. Por tal razón decidió emprender directamente una serie de labores, lo cual, en el fondo, se apartaba de lo establecido en las concesiones recibidas del gobierno porfirista. Una de estas actividades se concentró en el área de San Quintín, al sur de Ensenada, en la que la Compañía Americana había iniciado tareas, pero que al retirarse quedaron suspendidas.

Los ingleses vieron el potencial que representaba el puerto de San Quintín y su valle agrícola. Intensificaron el cultivo de trigo con buenos resultados, y para beneficiar el producto instalaron un moderno molino harinero. Acometieron también otra empresa sin precedentes en la Baja California: la construcción de un ferrocarril.

A pesar de que la tónica general del régimen porfirista fue impulsar en el país una red ferroviaria que hiciera progresar la economía, el devenir del Distrito Norte de la Baja California, en las últimas décadas del siglo XIX, fue marcado por la carencia del ferrocarril. Esa fue su desventaja respecto de otras regiones de México. En tales circunstancias, fue bastante promisorio que la Compañía Inglesa iniciara en San Quintín el tendido de vías férreas a mediados del año de 1891. El proyecto contemplaba unir a San Quintín con Tijuana, lo que equivalía a entroncar con los grandes ramales de ferrocarriles estadounidenses. Se tendieron 28 kilómetros de vía partiendo de San Quintín y se puso en operación una locomotora traída de Inglaterra. Lamentablemente, un problema que surgió entre la compañía y el gobierno mexicano dio por resultado que éste ordenara la suspensión del tendido de las vías y del funcionamiento del ferrocarril.

J.A. Drought, uno de los directivos de la empresa, le planteó al jefe político, Luis E. Torres, que él y sus socios tenían el deseo de que Baja California dejara de pertenecer a México y pasara a formar parte de otro país —sin mencionar ningún nombre—, pues con ello los terrenos de Baja California, incluidos los de la compañía, tendrían un valor infinitamente superior, lo que redundaría en un negocio millonario. Drought indicó que la compañía estaba dispuesta a recompensar generosamente a quienes colaboraran para lograr ese propósito. Torres rechazó esa propuesta y la hizo del conocimiento del presidente Díaz, quien advirtió la gravedad del asunto, pues dedujo que la idea de la compañía era que Baja California se anexara a Estados Unidos.

Como el incidente trascendió, algunos socios expresaron a Porfirio Díaz su supuesta inconformidad con la conducta de Drought, manifestando que había actuado por cuenta propia. Díaz ordenó la salida de Drought del país y la ya referida suspensión de las obras ferroviarias iniciadas en San Quintín.

A partir de entonces hubo un mayor distanciamiento entre el régimen de Díaz y los funcionarios de la compañía. A pesar de su conducta, Díaz no les canceló las concesiones por razones de política internacional. Además, los ingleses venían a ser un contrapeso a la influencia económica que ejercía Estados Unidos sobre México, de tal manera que era preferible que continuaran en Baja California, teniendo la precaución de vigilarlos debidamente.

Después de esto hubo constantes roces entre los representantes de la compañía y los funcionarios de gobierno, como, por ejemplo, conflictos con el ayuntamiento de Ensenada y el aparato judicial. La compañía se negaba a pagar impuestos municipales bajo el supuesto de que la Ley de Colonización estipulaba exenciones. Por otro lado, con motivo de los juicios civiles que se seguían en los juzgados por la propiedad de diversos predios reclamados por particulares contra la compañía o viceversa, ésta acusaba a las autoridades de actuar en perjuicio de sus intereses. Con el fin de acelerar los trámites legales, tenía como representante en la ciudad de México al licenciado Emilio Velazco, quien con frecuencia presentaba quejas de diversa índole ante los secretarios de Fomento y de Gobernación.

Los negocios de la compañía en el distrito marchaban con algunos problemas financieros, aunque no por ello dejó de constituir la principal fuerza económica de la región con inversiones en los ramos de la ganadería, minería, transportes y comunicaciones. Paralelamente surgió en Ensenada un grupo económico local que creó una interrelación de fuerzas y accedió al poder político por medio del ayuntamiento, el que, sin embargo, en términos formales, estaba subordinado a la jefatura política, representación fiel del gobierno del centro.

Entre 1888 y 1892, el jefe político Luis E. Torres cumplió el principal cometido al que debía su nombramiento: consolidó la presencia del poder central en el Distrito Norte, vigiló los actos de las compañías extranjeras, frenó todo impulso anexionista promovido en Estados Unidos, y calmó las críticas de la oposición en la ciudad de México relacionadas con el proyecto colonizador de la Baja California. A partir de 1892 se ausentó varias veces de la jefatura política, siendo cubierto por el teniente coronel José María Ross.

DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA

En la década de los noventa se dieron pasos firmes para consolidar el desarrollo económico del distrito, sobre todo en Ensenada, por ser la cabecera política, la población con más habitantes y la sede de la empresa colonizadora. En 1888, Charles Bennet había obtenido por parte de la Compañía Internacional la concesión para introducir el agua potable, pero en 1891 vendió la planta de agua a Salvador Z. Salorio, quien más tarde se asoció a dos reconocidos hombres de negocios de la localidad, Francisco Andonaegui y Miguel Ormart. Ese año iniciaron los primeros trámites para dotar de luz eléctrica algunas calles de la población, servicio que se inauguró en octubre del mismo año; ya desde 1888 se habían instalado las primeras lámparas de petróleo. En esa forma, con su flamante sistema eléctrico, Ensenada entró por el sendero de la modernización porfiriana.

El poblado de Tijuana también veía progresos en cuanto a su vida económica. Conforme finalizaba el siglo XIX se incrementaba el número de visitantes procedentes de Estados Unidos en busca de diversión y esparcimiento, a la par del crecimiento del aparato administrativo. Por esa razón, en 1891 se proyectó establecer un edificio federal que albergara al correo, las oficinas aduanales y archivos oficiales, proyecto que por carencia de fondos no se materializó.

Los espectáculos que tenían lugar en Tijuana casi siempre eran promovidos y financiados por estadounidenses que brindaban a sus compatriotas opciones de diversión prohibidas en su país. Se efectuaban corridas de toros, peleas de box y juegos de azar, además de existir algunas cantinas. Varios rancheros locales de las áreas circundantes de Rosarito y Tecate participaban en las carreras de caballos con animales de su propiedad. Pero no todos los visitantes buscaban este tipo de distracciones, también había un turismo familiar que llegaba desde San Diego —sobre todo los fines de semana— en las mañanas y regresaba por la tarde en carros tirados por cuatro caballos. Este servicio de transporte de pasajeros era prestado por compañías de San Diego, cuyo recorrido incluía una visita a El Monumento 256, que delimita ambos países y se ubica cerca de la playa, así como un recorrido por las tiendas de curiosidades situadas en la avenida Olvera. A lo anterior hay que añadir que el balneario Agua Caliente continuaba atrayendo excursionistas. Para entonces ya existía comunicación telegráfica y telefónica con San Diego, aunque estos servicios los tenían contados comerciantes.

Debemos apuntar que un grave problema que se presentaba en Tijuana era el producido por las lluvias que azotaban a la región en la temporada de invierno. Mientras que en la parte sur de la entidad se experimentaron sequías entre 1892 y 1896 —lo cual afectó las actividades agrícolas y ganaderas de los rancheros y de la Compañía Inglesa—, la región que comprende el litoral entre el valle de Tijuana y Ensenada se vio afectada por fuertes lluvias.

Tijuana sufrió los desbordamientos del río del mismo nombre, fenómeno que se presentó en 1891 y causó daños considerables a las construcciones rústicas del lugar. En 1894, el agua vino con mayor fuerza y produjo los consiguientes desastres, lo que nos hace pensar que las inundaciones que se han registrado en los últimos años y que tantos problemas han producido, tienen largos antecedentes.

Cabe comentar que en 1892, bajo el gobierno de Torres, se levantó oficialmente el plano de la colonia rural de Tecate sobre terrenos pertenecientes a los valles de San José, San Valentín, San Javier, Nacho Güero, Tanamá y Cañada Verde. En el sitio se proyectó intensificar la actividad agrícola y ganadera, aunque desde años atrás era común que los ganaderos situados en la frontera de lado estadounidense, colindante con el área de Tecate, trajeran a pastar su ganado a territorio mexicano. Tecate estaba situado entre la ruta del pony express, utilizada décadas atrás para transportar el correo entre San Diego, California y Yuma, Arizona, vía Tijuana; al norte estaba comunicado con Campo, Jamul, El Cajón y San Diego, California; y en dirección suroeste, con Ensenada, en cuyos puntos intermedios se encontraban El Carrizo, Valle de las Palmas, Valle de Guadalupe y El Sauzal.

CAMBIOS EN LA JEFATURA POLÍTICA

En vista de que el presidente Díaz necesitaba los servicios militares de Torres en Yucatán, fue trasladado a dicho lugar en enero de 1893 con el cargo de jefe de la XI zona militar. Como jefe político se nombró al teniente coronel Rafael García Martínez, destacado en Chihuahua con anterioridad.

Uno de los propósitos principales de García Martínez fue fortalecer el incipiente ramo educativo en la entidad que se encontraba en un notorio atraso. Los establecimientos educativos estaban distribuidos de la siguiente manera: en Ensenada, dos escuelas, una de niños y otra de niñas; en Tijuana, dos, con las mismas características; en Real del Castillo, Santo Tomás, Tecate, San Quintín y El Álamo, sendas escuelas de niños y un profesor ambulante que visitaba cinco ranchos. Cabe aclarar que en las poblaciones en que había escuelas de niños y niñas en realidad funcionaban en el mismo local, sólo que cada una tenía su propio mentor o mentora, según fuera el caso. Por lo tanto, podemos decir que existían siete escuelas y un profesor ambulante en todo el Distrito Norte. Se trataba de escuelas elementales que impartían del primer al cuarto grado. En Ensenada tenía su base un inspector de Instrucción Pública que supervisaba el funcionamiento de las escuelas en todo el distrito.

García Martínez dejó la jefatura política al cabo de un año; le sucedió en el cargo el coronel Agustín Sanginés, natural de Oaxaca, y anteriormente comisionado militarmente en Chihuahua. Durante su administración realizó frecuentes visitas a los distintos poblados del distrito, poniendo mayor énfasis en aquellos situados junto a la línea internacional. Visitó Real del Castillo, El Álamo, Santo Tomás, Tecate, Tijuana y Mexicali.

De su visita a Tijuana en septiembre de 1894 destacan las medidas adoptadas para solucionar las carencias de la escuela de varones y niñas de localidad, como fue la reparación de bancos y de pintura del edificio. Asimismo, mostró atención especial para frenar las incursiones de autoridades estadounidenses que a menudo se internaban a territorio mexicano para atrapar prófugos de la justicia del vecino país, por lo cual dispuso que un cuerpo de rurales compuesto por 25 elementos recorriera la frontera periódicamente. También tomó medidas para impedir la práctica común de los ganaderos estadounidenses de traer a pastar sus animales a Baja California sin pagar impuestos de internación de ganado. Y otra de sus tareas consistió en coordinar la elaboración de los padrones que le solicitaron en la ciudad de México a fin de llevar a cabo el primer censo general de población en 1895. Esto significó una ardua labor por el pésimo estado de los escasos caminos existentes en la entidad y lo disperso de la población.

Los trabajos preparatorios del censo y sus recorridos por el medio rural le permitieron palpar en toda su magnitud las condiciones infrahumanas en que vivían los indígenas de la región, cuyo número se había visto reducido, carentes de tierras aptas para el cultivo y marginados del resto de la sociedad. Por esos motivos propuso en varias ocasiones que se dotara de tierras a los indígenas cucapás y que a los niños se les proporcionara educación, alimentos y vestido, a fin de lograr su asimilación a la nación mexicana. Sin embargo, los esfuerzos de las autoridades por intentar asentarlos en un área estaban destinados a fracasar, debido a que el concepto occidental de propiedad sobre la tierra era ajeno a su cultura, así que para ellos la promesa de un papel que los hacía dueños de una parte del territorio, que habitaban desde tiempos remotos, tenía poco o ningún significado. A ello hay que agregar que su condición de seminómadas hacia casi imposible establecerlos en una parcela.

La perspectiva del jefe político sobre los indígenas estaba en contraposición a la imagen que sobre la población indígena local tenía el resto de los habitantes del distrito, a quienes veían como ladrones y viciosos, sentimientos que compartían también las autoridades de distintos niveles de gobierno.

Según el censo de 1895, el Distrito Norte tenía 7 268 habitantes, de los cuales más de 5 000 habían nacido en la entidad. La mayoría de la población económicamente activa estaba dedicada a la agricultura, seguida de la minería y el comercio.

Una de las principales encomiendas de Sanginés consistió en vigilar a la Compañía Inglesa. Debido a esto, con frecuencia sus relaciones con los directivos fueron ríspidas y tensas. Muestra de lo anterior es el hecho de que Emilio Velazco, representante de la compañía en la ciudad de México, lo acusó ante Díaz de promover usurpaciones de tierras propiedad de ésta.

En lo que respecta a obras materiales, durante su gestión se concluyó en 1896 la construcción del cuartel de la compañía fija, donde también funcionó la cárcel pública de Ensenada.

PANORÁMICA DEL FIN DE SIGLO

En las postrimerías del siglo XIX, el Distrito Norte había aumentado su población, creció el monto de sus actividades económicas y logró consolidar su aparato administrativo; sin embargo, estaba lejos de cumplir con los objetivos que en esos renglones se propuso desde sus inicios el régimen porfirista, el cual centró gran parte sus expectativas en las compañías colonizadoras.

Después de Ensenada, Tijuana constituía el principal centro poblacional en la entidad, contrariamente a lo sucedido en Santo Tomás, El Rosario y Real del Castillo, que decrecían luego de que en distintas épocas fueron los poblados principales en La Frontera de la Baja California.

En Tijuana la economía estaba organizada en torno al comercio que ofrecía servicios a los visitantes provenientes del sur de California. Uno de los comerciantes de mayor influencia era Alejandro Savín, quien a menudo aparecía al frente de las demandas de parte de la población, o bien solicitando permisos para organizar corridas de toros a beneficio de la comunidad. Un caso significativo fue el conflicto que tuvo en 1898 con el comerciante de origen alemán Jorge Ibs, que fue uno de los hombres de negocios que de Ensenada se mudó a Tijuana. Savín lo acusó ante el jefe político Sanginés de monopolizar a la clientela que llegaba de San Diego a Tijuana. Ambos tenían expendios de artesanías, pero, al parecer, los clientes hacían más compras en la tienda de Ibs porque ahí paraban las diligencias que transportaban a los pasajeros de la estación de ferrocarril en Tía Juana, California (actualmente San Ysidro) a la avenida Olvera. El servicio de transporte de pasajeros en cuestión era operado por un estadounidense de color de apellido Rubens, asociado con Francisco Argüello. A decir de Savín, ellos estaban de acuerdo con Ibs para que las diligencias hicieran alto frente a su tienda y sólo se les daba a los visitantes el tiempo necesario para comprar en dicho establecimiento y luego regresar a Estados Unidos. Esa fue la primera de una serie de disputas que tuvieron y nos parece representativa de pugnas similares entre comerciantes y gremios de transportistas por controlar los beneficios económicos que generan los turistas. Esto se ha presentado a través de los años y llega hasta la actualidad, pues en forma recurrente aparece en la prensa de nuestros días. Los hechos en el fondo son los mismos, lo que cambia son los nombres de las personas.

El bajo delta del Río Colorado aún no despegaba como centro agrícola, aunque ya se desarrollaban ahí trabajos en ese sentido promovidos por inversionistas estadounidenses asociados con Guillermo Andrade. Desde abril de 1896 se había constituido en Nueva Jersey la California Develpment Company, que tenía a Anthony Heber como presidente. En mayo de ese año llegaron a un acuerdo con Andrade, por medio del cual éste les transfirió 80 940 hectáreas a cambio de 9 000 acciones de la empresa recién formada. Tiempo atrás, Andrade gestionó ante el gobierno mexicano la compra del rancho Los Algodones, en el extremo noreste del distrito, en la frontera con California y Arizona. Junto con esto, Andrade recibió una concesión por parte de la Secretaría de Fomento para colonizar con extranjeros dicha extensión de terreno, lo que en los hechos significaba que sería llevado a cabo por la compañía de Heber.

Para ese entonces ya se habían asentado algunas familias en el área del valle con objeto de desarrollar tareas agrícolas y ganaderas, pues cerca de 1892 se estableció el Rancho del Viborón, que es el antecedente de la colonia Abasolo. En 1898 se creó la colonia agrícola Castro y se abrieron otros sembradíos en la zona conocida como Laguna Cameron.

A la par de estos incipientes establecimientos debemos ubicar en la región pretendida por la compañía de Andrade, a varias rancherías cucapás que se mostraban hostiles ante los intentos de abrir los terrenos al cultivo intensivo. En esto influía el hecho que con la clasificación de los terrenos del bajo delta del Colorado como baldíos y su venta posterior a las diferentes compañías, los cucapás quedaban sin ningún derecho formal sobre ellos, aunque de hecho siguieron en posesión de la tierra.

En cuanto a los esfuerzos de Heber para colonizar el valle, tropezaron con restricciones legales para que Andrade le traspasara la concesión, por ello decidieron formar otra compañía de acuerdo con las leyes mexicanas. De este modo se constituyó, en mayo de 1898, en Los Ángeles, California, la Sociedad de Irrigación y Terrenos de la Baja California, con un capital de 1 250 000 dólares. El presidente fue Heber y el secretario, Charles R. Rockwood; tiempo después se incorporó el canadiense George Chaffey, que tenía amplios conocimientos en materia de irrigación, los cuales fueron fundamentales para los fines de la compañía. Un año después, Andrade transfirió a esta compañía su contrato de colonización.

INICIOS DEL SIGLO XX

CARACTERÍSTICAS DE LAS PRINCIPALES POBLACIONES

Ensenada y Tijuana continuaban su ritmo pausado de crecimiento al concentrar a la mayor parte de los habitantes del distrito. De acuerdo con los datos que arrojó el segundo censo general de población, efectuado en 1900, la entidad tenía 7 583 habitantes, de los cuales 1 726 correspondían a Ensenada, 242 a Tijuana, 127 a Tecate, y el resto se repartía en poblados o ranchos habitados por dos o tres familias. De las cifras anteriores se desprende que más de las dos terceras partes de la población del Distrito era rural. Ensenada, cabecera del distrito, tenía las características urbanas más definidas; Mexicali estaba por surgir, como lo veremos más adelante.

La llegada del nuevo siglo encontró a Ensenada en una dinámica de conformación de las redes sociales tejidas a su interior como producto de la actividad de las compañías Internacional e Inglesa —en sus respectivos periodos—, cuyo accionar generó formas de organización económicas, políticas y sociales no conocidas en etapas anteriores en el norte de la Baja California. De este modo se aprecian modelos de vida urbana en la fisonomía de la población y en la interacción de sus habitantes con el medio geográfico y social.

En el primer cuadro del núcleo urbano se ubicaban edificios destinados a actividades diversas y de múltiple función social. Por ejemplo, tenemos que en la esquina de la avenida Gastélum y calle Tercera estaba en construcción una iglesia católica a cargo del sacerdote italiano Domingo Scarpetta, cuya edificación era a instancias de un comité de damas formado ex profeso. Por otra parte, en el tercer piso del edificio construido por la sociedad Hambury y Garvey estaba la oficina de la Logia Masónica Número Uno, que agrupaba a la clase política del lugar. También se creó la Cámara de Comercio local, a fin de defender los intereses de ese importante sector, frecuentemente en pugna con la Compañía Inglesa. Se fundó con finales electorales el Club Democrático Reeleccionista, a iniciativa del jefe político Sanginés y su periódico El Peninsular.

Hacia 1902 la relación entre Sanginés y los comerciantes locales no estaba en buenos términos a causa del descontento con su administración. A raíz de un exabrupto que tuvo Sanginés con un reo al que dio muerte en supuesta legítima defensa, los comerciantes, inconformes por la forma en que se llevó el juicio en el que se le absolvió, pidieron que se le removiera del cargo. Entre los que manifestaron su inconformidad se encontraban personajes como Eulogio Romero, Francisco Andonaegui y Pedro Rendón, abogado de la Compañía Inglesa. Tras las presiones, Sanginés fue separado de la jefatura política en octubre de 1902. Le sucedió en el cargo el teniente coronel Abraham Arroniz, quien falleció antes de cumplir cinco meses en el puesto. En su lugar se designó al coronel Celso Vega, quien ocupó el cargo en marzo de 1903.

Existen referencias de que al inicio de su gestión Vega recobró la confianza de los inversionistas extranjeros, a diferencia de Sanginés, que mantuvo distancia con ellos. Sin embargo, poco tiempo después tuvo problemas con el gerente de la Compañía Inglesa, J.H. Packard.

En abril de 1903 comenzó a circular en Ensenada el semanario El Progresista, cuyas publicaciones de tipo literario dieron vitalidad a la incipiente escena cultural de Ensenada. A través de los anuncios comerciales publicados se aprecian los establecimientos comerciales más importantes de la localidad, siendo éstos los negocios de Eulogio Romero, Francisco Andonaegui, Miguel Ormart, Yun Kui, John Hussong, Guillermo Strickroth y Manuel Labastida, entre otros.

En el aspecto social, en este semanario se da cuenta del arribo y salida de mercancías y pasajeros a bordo de los vapores que tocaban puerto, así como de las festividades y recreaciones públicas y privadas. De esta manera, se mencionan las audiciones musicales en el kiosco del parque Porfirio Díaz a cargo de la banda militar de la compañía fija de Ensenada, las funciones teatrales de aficionados con objeto de recabar fondos para obras de beneficio social, así como tertulias y círculos de lectura.

Si bien El Progresista dejó de publicarse en 1904, constituye una excelente crónica de la vida ensenadense de ese tiempo. El director fue Carlos R. Ptanick Terrazas, oriundo de Chihuahua y miembro de la familia Terrazas, una de las más influyentes de aquel estado.

En materia educativa, para 1906 Ensenada contaba con dos escuelas primarias —una para niños y otra para niñas— que impartían quinto y sexto grado, lo cual les daba el estatus de escuelas superiores, mientras el resto de las escuelas del distrito eran de nivel elemental, pues sólo impartían hasta cuarto grado. En total había 16 escuelas primarias en la entidad con una población escolar de 521 alumnos. Además de Ensenada, contaban con escuelas en Tijuana, Real del Castillo, El Álamo, Tecate, Guadalupe, Mexicali, Maneadero, El Pueblito, Santo Tomás, San Telmo, San Quintín, El Rosario y Calmallí.

Por otra parte, hemos de referirnos a un fenómeno íntimamente relacionado con la región de Ensenada, esto es, el establecimiento de la colonia rusa molokana del Valle de Guadalupe en 1905. El proyecto colonizador molokano pertenece a la última etapa del gobierno de Díaz, hecho que demuestra la plena confianza que se seguía manteniendo en la inmigración extranjera como parte de las soluciones para el atraso económico y tecnológico en que se hallaba el país. Pese a los problemas anteriores —de lo cual La Frontera de la Baja California es un claro ejemplo en la materia—, Díaz y sus colaboradores continuaban alentando la colonización, sobre todo de origen europeo abocada a la agricultura.

De este modo, en 1905 se firmó un contrato entre la Secretaría de Fomento y los representantes de un grupo de familias rusas que profesaban el culto religioso molokano, a efecto de que éstas establecieran una colonia agrícola en el Valle de Guadaluepe. El contrato especificaba que en un término no mayor a dos años debería establecerse un mínimo de cien familias que incluyera a más de 400 personas. Para tal efecto, las familias rusas formaron la Empresa Rusa Colonizadora de la Baja California, Sociedad Cooperativa Limitada, y acordaron comprar una extensión de terreno en el rancho de la ex misión de Guadalupe a su propietario, el estadounidense Donald Barker. La superficie de terreno adquirida fue de 5 226.83 hectáreas al precio de 48 000 dólares, que se cubrirían en plazos, con un pago inicial de 5 700 dólares, y en los siguientes 30 días, la cantidad de 1 300 dólares; el resto se cubriría con la mitad de las cosechas levantadas anualmente hasta saldar el adeudo.

Los colonos rusos llegaron por mar y tierra a Ensenada y de ahí se dirigieron principalmente al cultivo del trigo y cebada. Muchos de ellos fincaron raíces en el Valle de Guadalupe y Ensenada, y sus descendientes se integraron plenamente a la sociedad bajacaliforniana.

Una vez hecho un bosquejo sobre la vida de Ensenada y su región durante el primer lustro del siglo XX, nos referiremos a Tijuana, la segunda población en importancia —en dicho periodo— en el distrito.

Para 1900, Tijuana ya tenía la categoría política de subprefectura dependiente del ayuntamiento de Ensenada y experimentó avances en algunos renglones. En forma escueta hay referencias de que por “razones de conveniencia pública”, el presidente Díaz acordó en 1900 que se trasladara la cabecera del Distrito de Ensenada a Tijuana. Se le ordenó al jefe político, Sanginés, que elaborara un presupuesto para la construcción de la casa de gobierno. Hay constancia de que el edificio importaría la suma de 40 000 pesos, pero ya no hay documentación posterior sobre el asunto. Como se sabe, no se llevó a cabo el traslado de la cabecera, pero sería interesante saber cuáles fueron las “razones de conveniencia pública” que cruzaron por la mente de Díaz para pensar en esa medida que representaba grandes implicaciones políticas para la vida del distrito.

También en ese tiempo se construyó un edificio de madera para albergar la escuela de niñas y la de varones. Para otorgar el contrato, el gobierno convocó a una licitación pública que ganó la compañía Bishops and Hugs de San Diego, California, ciudad desde donde fueron importados los materiales. El costo total revela que las dimensiones del edificio fueron considerables en relación con el resto de los edificios existentes en la localidad. Particularmente llama la atención que como fiadora de la constructora intervino la Compañía Inglesa de Ensenada.

Por otro lado, las corridas de toros que se efectuaban en Tijuana eran objeto de fuertes críticas de la prensa estadounidense, que calificaba de “bárbaro” el espectáculo. Por tal motivo, el cónsul mexicano en San Diego sugirió, en junio de 1904, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, prohibir ese tipo de festejos, e inclusive señaló que los manejaban únicamente tres comerciantes ayudados por el jefe político y militar Celso Vega.

Pese a las críticas, las corridas continuaron efectuándose, lo que atrajo un mayor número de visitantes, generando ingresos al comercio y a los promotores de esos espectáculos. Por el contrario, la oficina de la subprefectura, durante ese periodo, atravesó por serias dificultades económicas, además de que en el primer lustro del siglo ya había tenido tres titulares que renunciaron por distintos motivos, entre los cuales se encontraban las precariedades con que tenían que ejercer sus funciones.

ORÍGENES DE MEXICALI

Como ya vimos, se constituyó la Sociedad de Irrigación y Terrenos de la Baja California, S.A., a fin de introducir los canales de riego que conducirían el agua a la parte estadounidense del bajo delta del Río Colorado, por territorio mexicano, debido a sus mejores condiciones geográficas. El proyecto era dirigido por Charles Rockwood, pero ante la falta de fondos para llevar a cabo el trabajo, la Sociedad de Irrigación recurrió al canadiense George Chaffey, quien aportó conocimientos y medios económicos a la empresa. La construcción del canal comenzó en abril de 1900. La noticia de que se estaba construyendo un canal para desviar el agua del Colorado provocó alarma entre los cucapás, ya que la subsistencia de su tribu dependía en gran medida de las condiciones cambiantes del río.

La toma de agua estaba ubicada cerca de la frontera con México, de ahí pasaba a territorio mexicano, y el agua era conducida hasta una represa llamada Sharp. Antes de concluir la obra, la compañía tuvo problemas financieros, por lo cual Chaffey aportó más capital. El canal empezó a funcionar a mediados de 1901.

A la puesta en marcha del canal siguió una intensa campaña publicitaria para promover al Valle Imperial. Pronto surgieron poblaciones como Brawley, Holtville, Heber y Caléxico. En publicidad se decía que el planeamiento urbano estuvo asesorado por connotados paisajistas y arquitectos de Estados Unidos; también se promocionaban las peculiaridades de las poblaciones recién trazadas, como eran sus grandes avenidas y disposición de servicios públicos. Parte de la campaña incluyó la creación del periódico Imperial Press, a través del cual se fomentaban las ventas y donde se pregonaba que lo que antes fue un desierto, ahora era un emporio agrícola. De igual forma, se idealizaba a las nacientes poblaciones. Así, Imperial City era “el centro comercial del valle”; Holtville, “la ciudad del poder”, en referencia a la planta eléctrica que ahí se instaló; Heber fue denominada “la Atenas del valle”, en alusión a la escuela de agricultura que ahí se tenía proyectada; finalmente, Caléxico fue llamada “la puerta internacional”, dada su condición fronteriza.

En 1902 llegó el ferrocarril a Imperial City y se proyectaba extender la línea a Caléxico. Junto a éste, en el lado mexicano, ya existía un pequeño caserío que surgió a raíz de los trabajos de irrigación efectuados por las compañías estadounidenses. Ese año Heber compró los terrenos para iniciar un poblado en dicha área. La superficie adquirida fue de 187.36 hectáreas y ahí se planeó formar una población gemela a la de Caléxico, que vino a ser Mexicali. Heber comisionó al ingeniero Rockwood para elaborar el plano. El modelo urbano correspondió al de las ciudades de Estados Unidos, es decir, una traza en damero, con calles verticales y horizontales perpendiculares entre sí.

Tanto el plano de Caléxico como el de Mexicali se elaboraron de tal manera que algunas de las calles que nacen en Caléxico se prolongan en Mexicali, tal es el caso de las avenidas Rockwood y Heber, que coinciden con el trazo de las calles Luis E. Torres y Celso Vega, respectivamente. Posteriormente se trazó la calle Melgar en Mexicali, intermedia a las dos anteriores, que a su vez coincidió con la avenida Heffernan de Caléxico. El único impedimento físico a la continuidad de las calles de ambas ciudades fue la línea internacional. Es de comentarse el hecho de que a estas poblaciones gemelas se les haya bautizado mediante un juego de sílabas tomadas de las palabras México y California.

Debido a que no se puede precisar el día de la fundación de Mexicali, se ha adoptado como fecha la referente al documento oficial más antiguo que hace alusión a Mexicali como centro poblacional. Lo anterior correspondió al nombramiento de Manuel Vizcarra como primer juez auxiliar el 14 de marzo de 1903. Para julio del mismo año se proyectó establecer una aduana en la localidad.

La venta de lotes comprendidos en la traza urbana elaborada por Rockwood se inició en 1904. Los primeros pobladores fueron mexicanos, en su mayoría gente modesta recién llegada al área atraída por los trabajos de irrigación que se estaban emprendiendo en los canales destinados a llevar agua del Río Colorado. A finales de 1904 ya había en Mexicali cerca de 30 casas, un gran número de barracas y carpas, y casi 400 habitantes. Ese año se le concedió la categoría de subprefectura política y se estableció la oficina de correos.

LA COLORADO RIVER LAND

En 1902 se formó la Colorado River Land Company por acaudalados inversionistas estadounidenses como el general Harrison Gray Otis y su yerno, Harry Chandler, activos militantes en la política de su país, de tendencia conservadora. Ellos eran dueños del influyente diario Los Angeles Times.

Entre 1904 y 1905 la Colorado River Land Company adquirió la mayor parte de los terrenos irrigables del valle de Mexicali a través de grandes operaciones de compraventa efectuadas casi en su mayoría con Andrade, que, como ya hemos dicho, pertenecía a la compañía de Heber. Con esta transacción, la Colorado River Land Company se convirtió en dueña de casi todas las tierras de la región, con propiedades cercanas a las 400 000 hectáreas.

En este trato, la Sociedad de Irrigación excluyó algunas porciones de terreno así como las obras que conducirían agua a los terrenos vendidos; igualmente se reservó su mantenimiento, operación y reparación. Tampoco se incluyó el derecho de vía a lo largo de los canales principales, del ferrocarril, del teléfono y telégrafo, que ya estaban planeados. En tanto, la Colorado River Land Company adquirió el derecho de obtener agua hasta por cuatro acre-pies anuales, al precio de 50 centavos de dólar por acre-pie, así como la construcción, operación y mantenimiento de las obras derivadas, como eran compuertas y canales secundarios.

En los primeros años la compañía dedicó las tierras del valle de Mexicali a la cría de ganado. Éste podía alimentarse a bajo costo con los pastos silvestres que crecían con el riego natural de los desbordamientos del Río Colorado. Inclusive los hatos de ganado eran arreados desde uno y otro lado de la frontera, pues no había cerca más barrera que una imaginaria línea internacional.

Al mismo tiempo que la compañía aprovechaba en esa forma los terrenos, tomaba todas las medidas necesarias para que sus abogados pusieran debidamente en regla los títulos de propiedad de sus vastas posesiones. Hasta que esto se logró comenzarían a cultivar el algodón a gran escala en la forma que la caracterizaría en los años subsiguientes.

Por otra parte, hay que señalar que en mayo de 1904 cruzó la frontera en Mexicali el primer tren procedente de Caléxico, por lo que se le denominó “ferrocarril Intercalifornia”. Como gerente de la línea en Mexicali se designó a Guillermo Andrade. Esta línea se pensaba prolongar de Mexicali al golfo de California, así como construir un ramal a Ensenada. Un año después dio principio la construcción del ferrocarril Mexicali-Yuma, que era parte de un contrato existente desde 1894 para comunicar Tijuana y Yuma. Los trabajos estuvieron a cargo de la San Diego-Yuma Railway Company, filial de la Southern Pacific Railway, a la que pertenecía el ferrocarril Intercalifornia. El tramo ferroviario Mexicali-Yuma fue inaugurado en marzo de 1906.

INUNDACIÓN DE 1906

A finales de 1905 Mexicali sufrió inundaciones provocadas por los ríos Nuevo y Álamo que se desbordaron debido a las cantidades de agua que recibían producto del desbordamiento del Río Colorado. Esto fue un aviso de lo que acontecería en 1906, cuando las crecientes del río fueron mayores que en años anteriores. La California Development Company y su subsidiaria, la Sociedad de Irrigación, no lograron controlar el agua conducida por los canales de riego y se inundó el naciente poblado de Mexicali. Los factores que incidieron en esta inundación fueron varios: se destaca la apertura de una bocatoma en territorio de México con el fin de eliminar las presiones de las agencias federales estadounidenses que no deseaban que la California Development Company usara las tierras de Valle Imperial. El gobierno de México, por su parte, aprovechó la circunstancia para firmar un acuerdo en el que se garantizaba cierta cantidad de agua para las tierras en México, mismas que podían ser tomadas por el canal El Álamo.

Con las crecidas de 1905 el río El Álamo quedó bloqueado con sedimentos arrastrados por el agua debido a su escasa profundidad y las abundantes ondulaciones del canal. De entrada, dragar el canal implicaba altos costos y, además, se carecía de la maquinaria adecuada para ese trabajo. A lo anterior hay que agregar que la compuerta de Hanlon no contaba con la profundidad adecuada y fue obstruida por la arena, lo cual requirió la construcción de una desviación alrededor de la compuerta para permitir el flujo del agua y limpiar el fondo del canal. Cada año se cerraba la desviación para evitar un escurrimiento mayor de agua. Este procedimiento dio resultados satisfactorios durante los años de 1903 y 1904, periodo de escasez de agua, pero luego de la última crecida, sucedió lo inverso: en lugar de servir el agua para limpiar el fondo, lo llenó de sedimento. Ante la ausencia de líquido en el valle, los colonos promovieron demandas y reclamaciones contra las compañías por daños a sus cultivos. Fue entonces que se decidió abrir una nueva bocatoma en territorio estadounidense, la que en poco tiempo también fue obstruida por sedimentos.

Con las crecidas de 1905 la bocatoma se agrandó, pero se confiaba en disminuir el nivel del río y así controlar el flujo de agua. En julio, el nivel del agua bajó, pero también los costados del cauce empezaron a desmoronarse y la bocatoma se ensanchó aún más. Una isleta ubicada en medio del río frente a la bocatoma funcionó como contenedora de arena hasta que obstruyó el cauce natural desviándolo hacia el canal. En agosto de 1905 el agua del Río Colorado se encontraba totalmente desviada hacia el desierto. En 1906 la bocatoma medía ya aproximadamente 800 metros. Para cerrarla se requería construir un ramal de ferrocarril para depositar materiales pétreos en la abertura y crear una compuerta en la desviación, pero como la compuerta carecía de una protección de roca, se empezaron a formar remolinos que socavaron el suelo. Cuando el material pétreo llegó fue demasiado tarde, ya que la compuerta no resistió el empuje del agua. Como última alternativa para cerrar la bocatoma se decidió continuar depositando roca día y noche hasta cerrarla por completo; para ello se contó con el apoyo de la Southern Pacific Railway, a la que el mismo presidente Theodore Rooselvelt exigió cerrar la abertura. Se utilizaron todos los vagones disponibles para depositar roca con intervalos de cinco minutos entre cada carro. En dicha labor participaron trabajadores que fueron traídos de diversas partes de California y Arizona, e incluso los indígenas cucapás del propio valle de Mexicali. La bocatoma se cerró en noviembre de 1906 y el Río Colorado retomó su cauce natural; sin embargo, las filtraciones en el bordo recién construido lograron abrirlo en dos sitios, desviándolo de nuevo al desierto. Finalmente se desvió el flujo hacia el golfo en febrero de 1907.

La desviación del río tuvo repercusiones sociales y culturales en la vida de los cucapás, quienes se vieron afectados por la falta de agua en el cauce natural del río, y durante dos años no les fue posible hacer ningún cultivo ni recolectar las plantas silvestres con las que subsistían. Por ese motivo comenzaron a cambiar sus antiguas actividades de subsistencia, consistentes en la apropiación directa de los alimentos disponibles en el medio, por el trabajo asalariado.

El naciente Mexicali fue devastado sobre todo en el área donde surgió el núcleo original. El agua destruyó las instalaciones del ferrocarril y la mayoría de las casas; sólo quedó en pie el edificio de la aduana. Los cultivos de ambos lados de la frontera fueron inundados por completo. Sin embargo, los habitantes de Mexicali supieron sobreponerse a esa situación adversa y reconstruyeron su comunidad.

CAPÍTULO V. LA FORMACIÓN DE UNA ECONOMÍA VINCULADA CON ESTADOS UNIDOS. RELACIONES DE PODER ENTRE LOS GOBIERNOS FEDERALES Y LOS LOCALES, 1910-1945

Marco Antonio Samaniego López

El presente capítulo narra de manera sucinta cómo, en las décadas de 1910 a 1940, se establecieron las bases para el desarrollo capitalista en el Distrito Norte de la Baja California a partir de una marcada relación con la economía del sur de Estados Unidos, así como por la mutua interdependencia que se generó por el Río Colorado. De igual forma, se pretende mostrar cómo se dio la relación política entre el gobierno central y los poderes locales, ya que hubo diferencias importantes en función tanto de la caída del régimen de Díaz como por la construcción de un nuevo Estado que surgió de la revolución mexicana. Así, mientras que en términos económicos la relación con Estados Unidos es un eje indispensable para entender la historia bajacaliforniana, en términos políticos se vuelve necesario mantener la atención en los sucesos políticos de nuestro país.

Como se vio en el capítulo anterior, el porfiriato fue de suma trascendencia para Baja California: por un lado, se incrementó la inversión extranjera, se mejoraron los servicios de comunicación y transporte, aumentó la población y, como producto de la actividad minera, agrícola y comercial, surgieron poblados como Ensenada, Mexicali, Tijuana y El Álamo; pero, por otro, la propiedad de la tierra en muchas áreas estaba en manos de extranjeros; el Río Colorado había generado una intensa relación de interdependencia en ambos lados de la frontera; los indígenas del delta del Río Colorado sufrieron de sequía y hambruna, mientras que algunos rancheros del lugar consideraban tener derechos sobre ciertas propiedades que no les quiso reconocer el gobierno de México ni la Colorado Riverd Land Company. Asimismo, la minería transformó la vida de los indígenas de la sierra, ya que muchos de ellos, además de trabajar en los ranchos como vaqueros, se incorporaron al trabajo de las minas como buscadores de metales o arrieros. Cabe mencionar que en el periodo de 1907 a 1908, en medio de una crisis internacional que afectó la producción minera en muchas regiones del país, varias de las minas cerraron, lo que provocó desempleo.

Con frecuencia surgieron problemas entre comerciales de Ensenada y el jefe político y militar. Las desavenencias se agudizaron en los últimos años del porfiriato y durante la gestión del coronel Celso Vega como jefe político, quien apoyó a un sector de los comerciantes y controló al ayuntamiento al permitir la reelección de Manuel Labastida, lo que generó que se formara un sector de los comerciantes inconformes dirigidos por Eulogio Romero y David Zárate Zazueta.

Otro motivo de las diferencias entre el jefe político y estos comerciantes inconformes fue la apertura de cantinas y sitios de diversión para los estadounidenses, ya que desde la primera década del siglo XX empezó a establecerse una serie de prohibiciones en Estados Unidos, todas ellas encaminadas a eliminar los juegos de azar, las carreras de caballos, las peleas de box, la venta y producción de bebidas alcohólicas, y la prostitución. De hecho, uno de los primeros lugares en Estados Unidos donde se prohibió la venta de bebidas alcohólicas fue el Valle Imperial, lo que ocasionó que desde 1908 se abrieran cantinas y casinos en el poblado de Mexicali, sitio al que acudían los estadounidenses para burlar las leyes de su país. Esto generó algunas diferencias con comerciantes de Ensenada, ya que no estaban de acuerdo con la forma que en que Celso Vega invertía los recursos financieros. Además, los residentes de Mexicali consideraban que los impuestos debían quedarse en la localidad, por lo que en poco tiempo se fomentó la idea de crear un nuevo municipio.

Varios de los grupos afectados por las medidas económicas y políticas del porfiriato participaron en el movimiento revolucionario: indígenas cucapás y rancheros del valle de Mexicali, así como indígenas kiliwas y paipais de la sierra, tomaron las armas del lado revolucionario. La mayoría de ellos no distinguían las diferencias ideológicas entre Ricardo Flores Magón y Francisco I. Madero, incluso buena parte se consideraron maderistas al final de la contienda, con la excepción de Margarita Ortega y algunos otros.

Los comerciantes de Ensenada apoyaron primero al gobierno de Porfirio Díaz, pero al poco tiempo empezaron a manifestarse a favor de Madero. No tomaron las armas ni apoyaron a los que sí lo hicieron, pero con sus demandas presionaron a Celso Vega hasta lograr su retiro del cargo. Los comerciantes exigían la separación de los poderes civil y militar; que un antiguo residente de la localidad se encargara del gobierno del Distrito; autonomía municipal, y que el poder judicial no estuviera supeditado al jefe político y militar.

LA REVOLUCIÓN MEXICANA EN BAJA CALIFORNIA

1911: MAGONISMO, MADERISMO Y FILIBUSTERISMO

El 29 de enero de 1911, un grupo de mexicanos, a nombre del Partido Liberal Mexicano (PLM), ocupó el poblado de Mexicali: José María Leyva y Simón Berthold fueron los primeros líderes. La mayoría de los habitantes del poblado fronterizo se cruzaron a Caléxico, California, donde permanecieron hasta el mes de junio. Otros residentes de Baja California, como Rodolfo L. Gallego, Margarita Ortega, Natividad Cortés, Salvador Orozco, Luis Rodríguez, Eulalio Baeza, Emilio Guerrero y Camilo Jiménez, formaron parte del grupo armado, mientras que miembros de las familias Ochoa y Esparza también apoyaron la revolución, tanto con información como en la distribución de Regeneración, periódico del PLM. En los días siguientes se sumaron numerosos combatientes, muchos de ellos de nacionalidad extranjera. Algunos eran miembros de organizaciones socialistas y anarquistas de Estados Unidos, entre los que predominaron integrantes de la Industrial Workers of the World (IWW). De igual forma, había miembros del Partido Socialista Americano, entre ellos, el propio Simón Berthold, quien en varias ocasiones asistió a reuniones socialistas en San Diego, donde se organizaron grupos en su apoyo. Estas agrupaciones mantenían relación con el PLM, aunque no se puede decir que fueran integrantes de éste.

Celso Vega organizó tanto a militares como a rancheros voluntarios que ofrecieron sus servicios para atacar a los revolucionarios que ocuparon Mexicali, y durante el trayecto, varios indígenas de las rancherías de la colonia agrícola de Tecate también se sumaron. El 15 de febrero, las tropas comandadas por Vega llegaron a las afueras de Mexicali y fueron derrotadas. Vega fue herido y traslado a Ensenada.

El triunfo militar de los ocupantes de Mexicali propició que pronto se sumaran más simpatizantes a la revolución: tanto mexicanos como extranjeros llegaron al poblado fronterizo, al grado que para finales de febrero había más de 200 hombres en armas. Los extranjeros simpatizaban con la revolución aun cuando muchos de ellos no diferenciaban entre las ideas de Ricardo Flores Magón y Francisco I. Madero; además, entre varios predominaba la idea de la supremacía del hombre blanco, por lo que pronto tuvieron muchas dificultades con los mexicanos y los indígenas de Baja California.

Debido a su dependencia al territorio mexicano, los rancheros del Valle Imperial fueron un sector muy interesado en incorporar el valle de Mexicali a Estados Unidos. En los primeros meses de 1911 el gobierno de los Estados Unidos, con la venia del gobierno de mexicano, invirtió un millón de dólares en uno de los primeros bordos de protección: el bordo Ockerson. Por ello, los asuntos de mayor atención a lo largo del movimiento armado fueron las obras que se realizaban y la posibilidad de que con la anexión se solucionara para siempre —desde la perspectiva de los estadounidenses— el tema del aprovechamiento del Río Colorado. Así, por ejemplo, el periódico San Diego News del 23 de febrero señaló que los Estados Unidos “[...] debieran tener el control de la boca del Río Colorado. Esto podría entrañar la toma de toda la península de la Baja California”.

Un vocero de esta propuesta fue Otis B. Tout, editor del diario Calexico Daily Chronicle, quien aparentemente apoyó al movimiento revolucionario por varios meses, pero su intención era que el valle de Mexicali pasara a formar parte de territorio estadounidense. De igual forma, en San Diego y Los Ángeles hubo peticiones de empresarios para que la anexión de la Baja California se llevara a efecto. Asimismo, varios miembros de la armada naval y del ejército estadounidense se sumaron al grupo de hombres que se encontraba en Mexicali, hecho que se dio a conocer a través de la prensa de San Diego, donde se especuló acerca de los motivos del grupo armado que tenía a Mexicali bajo su control. Incluso se llegó a publicar que una partida de filibusteros, con la expresa intención de anexar la península a Estados Unidos, se estaba organizando en dicho puerto californiano. El 6 de febrero, un residente de San Diego afirmó: “[...] compraremos la Baja California al presidente Díaz si él la vende. Si no, nosotros mostraremos algo más. Filibusteros podrían formarse fácilmente aquí para tomar el país”. En los días siguientes, la policía de San Diego vigiló la bahía para impedir que no se organizara la mencionada partida de filibusteros.

Las campañas para anexar Baja California a Estados Unidos se realizaron durante buena parte del siglo XIX y la primera década del XX. Diarios como el San Diego Sun, el Calexico Daily Chronicle y el Imperial Valley Press fueron muy insistentes en ello. Además, empresarios de California y Arizona realizaron propuestas con ese fin, entre los que destacó William Randolph Hearst, quien se dedicó a fomentar la idea de que Bahía Magdalena, en Baja California Sur, era el sitio por el que se podría iniciar una invasión japonesa a Estados Unidos.

Por su parte, el promotor de espectáculos Richard Ferris, de San Francisco, California, solicitó a Porfirio Díaz la formación de la “república de Díaz”; de no aceptarse, amenazaba con organizar un grupo armado que ocuparía la Baja California. Así, el empresario publicó en diarios de Nueva York y San Francisco un desplegado en el que solicitaba a mil hombres para la formación del nuevo país.

El 21 de febrero, Simón Berthold declaró que el movimiento era independiente al de Francisco I. Madero, y afirmó que su intención era hacer de Baja California un gobierno separado al que podían sumarse los hombres que trabajan duro y los socialistas que no estuvieran satisfechos con sus condiciones de vida.

El 26 de febrero, Berthold estuvo en San Diego con las organizaciones socialistas del lugar, donde realizó un mitin al que acudieron varios mexicanos, entre ellos tres enviados de José María Larroque, subprefecto político de Tijuana, quienes le informaron que durante la reunión se habló de la formación de una república; al respecto, éste envió un escrito a Celso Vega en el que señaló: “Todo indica que los filibusteros actuales no son más que un parapeto, sostenidos (fundamentalmente creo) por el Gobierno americano, porque no se explica la tolerancia de las autoridades norteamericanas ante tanto cinismo y descaro, porque públicamente hacen todo”.

El documento nos permite afirmar que en Tijuana, desde finales de febrero, se empezó a considerar que se trataba de un movimiento filibustero amparado por el gobierno de Estados Unidos. Esta aseveración fue determinante. ya que, desde su perspectiva, marcó el inicio de actividades para la defensa del territorio nacional.

El temor de una invasión estadounidense se incrementó cuando, a principios de marzo, el gobierno de Estados Unidos ordenó el envío de 20 000 hombres armados a la frontera con México. Para algunos era evidente que se trataba de anexar todo el país, para otros, sólo Baja California. La movilización de las tropas provocó que se especulara en las calles de San Diego acerca de la invasión a México. Un reportero de Los Ángeles Examiner publicó que enviados del subprefecto político de Tijuana, José María Larroque, entraban a los hoteles para enterarse acerca de lo que se decía con respecto a la península. La opinión generalizada de los estadounidenses era que, en efecto, habría una invasión a México.

El 10 de marzo se inició la movilización de dos torpederos en la bahía de San Diego, el Truxtum y el Yorktown, mismos que salieron con destino a las costas de la península; el día 11 se publicó que la misión que llevaban era secreta y “si se da una invasión a México [...] el equipo con el que cuentan será utilizado [...] hay 2,500 soldados y 2,700 marineros en dos compañías y dentro de las próximas 24 horas el número de marineros se incrementará a 4,500. El «Búfalo» con 500 marineros fue llamado esta mañana [...]”.

El arribo del torpedero Yorktown al puerto de Ensenada causó la expectación de los habitantes, quienes interpretaron su llegada como un acto de espionaje, tal como quedó plasmado en la carta de un residente, fechada el 11 de marzo y publicada el día 20 del mismo mes en El Tiempo, diario de la ciudad de México. El documento señala:

No puede usted figurarse los fundados temores que nos han afligido durante un mes con motivo de la invasión filibustera que se ha adueñado quizá de los más del Distrito Norte de la Baja California. Ha sido un verdadero milagro que no se hubieran apoderado de todo el Distrito.

El filibusterismo se ha desenmascarado: aquí trata de apoderarse de la Baja California, su sueño de oro, robar a los que posean, y después venderle al tío. Con la mayor desfachatez, los yanquis residentes aquí hacen propaganda de anexión. No obstante la línea armada americana, las protestas de neutralidad, etcétera, etcétera, los filibusteros han aumentado hasta 500, siguen fortificándose y cuentan con dinero y provisiones ¿Dónde está el manantial? Usted y todos lo sabemos.

Así, para los residentes del Distrito Norte de la Baja California estos sucesos no eran parte de la revolución mexicana ni un intento en lo particular de Ricardo Flores Magón —a quien no mencionan— por apoderarse de la península, sino que se trataba de la muchas veces anunciada invasión de Estados Unidos.

Si bien las dos últimas semanas de febrero se caracterizaron por un aumento de hombres armados en Mexicali, también representó una seria dificultad para tener bajo el mismo mando a un creciente grupo de extranjeros, entre los que se destacaban los estadounidenses.

Como resultado de la tensión reinante, a principios de marzo los problemas internos hicieron crisis y Stanley Williams, un miembro de la IWW, se separó de Leyva y Berthold para formar la legión extranjera.

Ante la situación prevaleciente, el gobierno federal envió al octavo batallón de infantería, al mando del coronel Miguel Mayol, con el objetivo de proteger las obras de irrigación que se efectuaban en el valle de Mexicali. La fuerza federal, compuesta por 500 hombres, arribó al puerto de Ensenada el 8 de marzo. Cuatro días después, Luis Rodríguez, al mando de un pequeño grupo armado que rondaba las cercanías de Campo, California, atacó el poblado de Tecate. La mayoría de los residentes, sobre todo las mujeres y los niños, se cruzaron a Estados Unidos. El coronel Mayol envió al capitán Justino Mendieta con 60 hombres para combatir al grupo de Rodríguez, a quien finalmente derrotó.

Por su parte, José María Leyva y Simón Berthold partieron de Mexicali con rumbo a Tecate. El 16 de marzo se separaron en la laguna Salada. Leyva continuó a Tecate y Berthold se dirigió al poblado de El Álamo. Mientras tanto, los indígenas Jorge González, José Higuera y Alberto Rodríguez “el Cachora” (este último de origen yaqui, que se encontraban a las órdenes de Celso Vega) esperaban la llegada del contingente para dar aviso a las autoridades. Alberto Rodríguez logró herir a Simón Berthold en una pierna, a consecuencia de lo cual murió poco después, pero los hombres que lo acompañaban ocuparon el poblado de El Álamo. Unos días más tarde se presentaron graves diferencias entre los extranjeros y los mexicanos. Los primeros en separarse del grupo fueron los indígenas paipai y kiliwa liderados por Emilio Guerrero y Francisco Pacheco.

Leyva llegó a Tecate, donde se encontró con que Luis Rodríguez había sido derrotado poco antes por Mendieta. Ahí se enfrentó a las fuerzas federales, pero el triunfo correspondió al octavo batallón de infantería, por lo que se retiró con rumbo a Mexicali, donde fue criticado duramente por sus hombres, pues lo consideraron un incompetente. Como resultado de ello se fue a Chihuahua a sumarse al maderismo y fue sustituido por Francisco Vázquez Salinas, antiguo miembro del ejército porfirista, quien tenía más de cinco años de residir en el área de San Diego. Sin embargo, Vázquez Salinas tuvo enfrentamientos con Stanley Williams, quien realizó una serie de confiscaciones entre los rancheros estadounidenses que tenían campos de cultivo en el valle de Mexicali. Vázquez Salinas declaró a Williams fuera de la ley, pero no hizo nada en su contra. El 8 de abril, el octavo batallón de infantería llegó a las afueras de Mexicali; Williams salió a combatirlo sin el apoyo de Vázquez Salinas y murió por una herida que recibió en el combate.

Carl Ap Rhys Pryce sustituyó a Stanley Williams en el mando de la legión extranjera, y al igual que su antecesor, tuvo muchas dificultades con Francisco Vázquez Salinas. El enfrentamiento entre ellos terminó con la destitución de este último, quien prefirió retirarse de nuevo a Estados Unidos. Francisco Quijada sustituyó a Vázquez Salinas, pero quien en realidad ejerció el mando fue Pryce.

Pryce marchó rumbo a Tecate, donde se unió a los hombres que habían estado en El Álamo; posteriormente, el 8 y 9 de mayo atacaron el poblado de Tijuana. Por parte de los defensores había miembros del ejército mexicano, rancheros voluntarios, empleados de la administración federal y algunos maderistas, como Luis Álvarez Gayou, exiliado en San Diego por el gobierno de Porfirio Díaz. El 9 de mayo, Tijuana cayó en manos de los hombres Pryce.

De manera simultánea pero sin que existiera coordinación, las tropas comandadas por Pascual Orozco tomaron Ciudad Juárez. Francisco I. Madero, desde semanas atrás, había empezado a negociar con el gobierno de Porfirio Díaz un armisticio, mismo que se concretó con los llamados Tratados de Ciudad Juárez. En éstos se acordó la salida de Díaz de la presidencia de la república, nombrar de manera interina a Francisco León de la Barra, así como el licenciamiento de las tropas revolucionarias. Además, se asentó que se convocaría a elecciones en el mes de noviembre de 1911. Lo anterior repercutió entre los hombres que ocupaban Mexicali y Tijuana.

En las siguientes semanas hubo muchos conflictos entre los miembros del grupo armado en Baja California. La discusión principal fue si deberían continuar luchando o seguir con lo estipulado en Ciudad Juárez. Ricardo Flores Magón pugnó en sus escritos por continuar el movimiento armado, pero varios de los integrantes del grupo se retiraron a Estados Unidos o a Chihuahua. Adicional a esto, hubo muchos enfrentamientos entre los mexicanos y los extranjeros por motivos raciales, sobre todo con los indígenas kiliwa y paipai, que provocaron que Carl Ap Rhys Pryce dejara el mando del grupo, ya que no lograba controlar las pugnas internas que llegaron a provocar varias muertes. Jack Mosby sustituyó a Pryce, pero tampoco logró eliminar las divisiones internas.

En ese contexto, durante los primeros días de junio estuvo en Tijuana el promotor de espectáculos Richard Ferris, quien junto con Louis James, un miembro del grupo armado, propuso la formación de una nueva república. Ambos realizaron declaraciones de que el movimiento no tenía relación con Flores Magón. James nombró a Ferris presidente del naciente país, pero éste rechazó el cargo; luego trató de izar una bandera parecida a la estadounidense, pero los mexicanos, entre ellos los indígenas paipai y kiliwa, la quemaron. En los días posteriores hubo muchas diferencias internas: el indígena Emilio Guerrero y sus hombres debieron enfrentarse a varios estadounidenses hasta que finalmente se retiraron con destino a los poblados del sur de Ensenada. Guerrero acusó de filibusteros a los hombres que ocuparon Tijuana.

Por su parte, un grupo numeroso de residentes de Ensenada que se habían trasladado a San Diego, apoyados por mexicanos que vivían en dicho puerto, convocó a la defensa de la Baja California. Se integró la Junta de Defensores de la Integridad Nacional, y en las dos últimas semanas de mayo enviaron a poco más de 300 hombres a Ensenada. Para entonces, el octavo batallón de infantería regresó del valle de Mexicali; con ello, Celso Vega tuvo más de 800 hombres armados para combatir a los que ocupaban Tijuana.

En Mexicali, Francisco Quijada decidió aceptar los Tratados de Ciudad Juárez, lo mismo Rodolfo L. Gallego, quien había desempeñado un papel significativo en la organización del movimiento; también decidió unirse al maderismo y reclamar el Plan de San Luis en Baja California. Días después se realizaron varias negociaciones en Mexicali que culminaron con la aceptación de los Tratados de Ciudad Juárez. Más de 60 hombres, entre mexicanos y estadounidenses, recibieron una indemnización de 10 dólares de acuerdo con lo estipulado en Ciudad Juárez. Otros 90, a las órdenes de Rodolfo L. Gallego, se quedaron en Mexicali bajo la bandera del Plan de San Luis de Francisco I. Madero.

Por otro lado, con los soldados del octavo batallón y los voluntarios que llegaron desde San Diego, Vega atacó a los ocupantes de Tijuana el 22 de junio. La victoria correspondió al grupo comandado por Celso Vega; Jack Mosby y sus hombres cruzaron a Estados Unidos, donde se les encarceló por unos días y posteriormente fueron liberados.

El 26 de junio arribó el coronel Esteban Cantú con alrededor de cien hombres, tropa que llegó por Estados Unidos previo permiso de las autoridades de ese país. En los siguientes días, Rodolfo L. Gallego fue electo subprefecto político de Mexicali, puesto en el que permaneció hasta diciembre de 1911.

Celso Vega no logró permanecer en el cargo, ya que los comerciantes de Ensenada lo criticaron severamente. Éstos mantenían su demanda de que un civil estuviera al frente del gobierno del distrito. En agosto de 1911, por órdenes de Francisco I. Madero, Vega fue removido; en su lugar quedó el coronel Manuel Gordillo Escudero.

CIVILISMO CONTRA MILITARISMO, 1912-1915

En el contexto nacional, el gobierno de Madero abrió expectativas en torno a la importancia de los municipios. Hasta el asesinato de Madero en febrero de 1913, hubo apoyo para este tipo de demandas, mismas que fueron encabezadas por un sector de comerciantes de Ensenada.

En agosto de 1911 se formó el Club Democrático Ensenadense, que repetía en gran medida un tipo de organización que se efectuó en varios lugares del país. En Mexicali se votó para elegir un presidente municipal con la intención de separarse del ayuntamiento de Ensenada, sin embargo, la elección no tuvo carácter legal.

Los miembros del Club Democrático Ensenadense, encabezados por el comerciante Eulogio Romero, demandaron la salida de Manuel Labastida como presidente municipal. Manuel Gordillo Escudero convocó a elecciones para renovar tres regidores del ayuntamiento, pero los miembros del Club Democrático pedían el cambio de todos los integrantes; el día de la elección se presentaron pocos ciudadanos a las urnas y Gordillo Escudero volvió a convocar a elecciones. Los candidatos fueron David Zárate Zazueta, el propio Manuel Labastida y Eugenio J. Beraud, este último administrador del correo.

En enero de 1912 se llevaron a cabo las elecciones. La votación favoreció a David Zárate. Los otros miembros del cabildo fueron Gabriel Victoria, Arturo A. Padilla, Francisco Andonaegui, Eulogio Romero e Hilario Navarro; como síndico quedó Roberto W. Lemon. Sin embargo, el control de los impuestos fue el centro de las diferencias entre el jefe político y el ayuntamiento de Ensenada. Para el jefe político y militar los ingresos significaban, entre otras cosas, el pago a tiempo de los soldados; para el ayuntamiento, la realización de obras.

Durante 1912 los enfrentamientos del cabildo fueron contra Manuel Gordillo Escudero. El cabildo de Ensenada, luego de varias denuncias ante Francisco I. Madero, logró que el jefe político y militar fuera llamado a la ciudad de México y sustituido por Carlos R. Ptacnik. Con ello, un residente civil del distrito quedó al frente, pero lejos de terminarse los conflictos, éstos se incrementaron a finales de 1912 y principios de 1913.

Ptacnik era compañero en el mismo grupo político que Manuel Labastida desde varios años atrás, y quedó en el cargo a sugerencia de Gordillo Escudero, por ello las diferencias entre estos dos grupos de comerciantes se mantuvieron a pesar de que cumplía la demanda del gobierno de un civil y residente del distrito.

Los enfrentamientos por el derecho a dar permisos de cantinas en Mexicali, Tijuana y Ensenada se mantuvieron al igual que con Gordillo Escudero. Labastida y Ptacnik apoyaron la formación del Club Antirreeleccionista Manuel Márquez de León, que dirigió Federico W. Esponda, defensor de oficio de la localidad. David Zárate quería reelegirse por el Club Democrático Ensenadense, y Manuel Labastida fue el candidato del Club Antirreeleccionista. Las votaciones se realizaron el primer domingo de diciembre de 1912, pero hubo irregularidades y se declaró nula la elección. La Secretaría de Gobernación decidió, de acuerdo con la legislación de la época, que el cabildo inmediato anterior era el que debía mantenerse en el cargo, por lo que repitió el mismo ayuntamiento de 1912, encabezado por David Zárate Zazueta.

El 7 de febrero de 1913, nombrado por Francisco I. Madero, llegó el ingeniero José Dolores Espinoza y Ayala para ocupar la jefatura política. Sin embargo, debido al asesinato de Madero, apenas estuvo tres semanas en el cargo y fue sustituido por Miguel V. Gómez, designado por Victoriano Huerta. Este último, luego de varios artificios legales, se convirtió en el presidente de México. El acuerdo que hizo Huerta con varios de los opositores a Madero fue que pronto convocaría a elecciones, de las que saldría supuestamente electo Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz.

Huerta no respetó el acuerdo de convocar a elecciones y permaneció en la silla presidencial. Miguel V. Gómez, quien era seguidor de Félix Díaz, fue retirado del cargo de jefe político a finales de septiembre de 1913 y sustituido por el coronel Francisco Vázquez, quien llegó a Baja California como coronel del octavo batallón de infantería desde 1911. En poco tiempo siguió los pasos de sus antecesores: se enfrentó al ayuntamiento de Ensenada por el control de los impuestos de las cantinas y los juegos de azar. Vázquez obtuvo los recursos para su administración en contra de la voluntad del ayuntamiento, incluso aprovechó la circunstancia para fortalecer su cuenta personal en un banco de San Diego, California. Durante esta gestión hubo intentos por parte de algunos militares de levantarse en armas en su contra, pero los soldados fueron denunciados, por lo que no tuvieron éxito.

En 1913 y 1914 los ejércitos norteños de Venustiano Carranza, Francisco Villa y Álvaro Obregón, así como las huestes de Emilio Zapata, del estado de Morelos, lucharon en contra de Victoriano Huerta hasta obligarlo a dejar la presidencia y salir del país. Poco después se inició la lucha de facciones, en la que Francisco Villa se enfrentó a Carranza y Obregón por la supremacía. Los campesinos de Morelos, dirigidos por Emiliano Zapata, también se confrontaron a Carranza.

En abril de 1914, tropas de Estados Unidos ocuparon el puerto de Veracruz como parte del proyecto del presidente Woodrow Wilson para presionar a Victoriano Huerta. En la frontera de Baja California los residentes del lugar empezaron a organizarse para defender el territorio nacional. Incluso mexicanos que residían en California llegaron a Tijuana para tomar parte en la defensa. Las tropas estadounidenses no avanzaron más allá de Veracruz, y en la zona fronteriza no hubo enfrentamientos. Varios jóvenes residentes de la localidad se integraron a las tropas locales, y más adelante fueron parte importante de la administración del gobierno del distrito.

Con la derrota de Huerta en agosto de 1914 por las fuerzas militares dirigidas por Francisco Villa, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza, los coroneles Fortunato Tenorio y Esteban Cantú destituyeron por medio de las armas a Francisco Vázquez de la jefatura política y militar del distrito. Tanto Tenorio como Cantú se declararon seguidores de Francisco Villa. Tenorio se fue de Baja California para unirse a Villa, mientras que Esteban Cantú realizó negociaciones ante el enviado de Villa, Baltasar Avilés. Éste, con un ejército reducido —150 hombres, mientras que Cantú tenía 500— no puso la atención debida a los asuntos del distrito, y al poco tiempo fue destituido. Una de las pocas medidas que tomó —debido a la presión de Esteban Cantú— fue la creación del ayuntamiento de Mexicali. Esteban Cantú quedó como único jefe militar del distrito desde finales de noviembre de 1914.

Otros oficiales habían dado la jefatura política a David Zárate Zazueta, ya que como presidente municipal le correspondía ocupar el cargo de manera interina. Por su parte, para el año de 1915, David Zárate se autonombró una vez más presidente municipal sin haber convocado a elecciones. Esto causó malestar entre varios sectores de la población y fue aprovechado por Esteban Cantú para retirarlo del cargo. David Zárate se exilió en San Diego, California, donde publicó el periódico El Demócrata del Norte con el apoyo de Juan B. Uribe y Ricardo Romero. En varias ocasiones Zárate, desde su exilio, propuso la destitución de Esteban Cantú a Venustiano Carranza, presidente de México; además, demandaba que los militares debían dejar el gobierno para dar paso a los civiles, solicitaba la autonomía municipal e insistía en que un nativo del distrito fuera el encargado del gobierno.

EL DESARROLLO AGRÍCOLA EN EL VALLE DE MEXICALI

A pesar de que en otras regiones del país tenía lugar la revolución mexicana, el valle de Mexicali empezó a registrar un crecimiento sin precedentes. La razón de ello fue la construcción de bordos de protección que permitieron controlar poco a poco la intensa corriente del Río Colorado.

Por otra parte, en esta década, las entidades federativas de la cuenca del Colorado en Estados Unidos empezaron a planear cómo debería hacerse la distribución de sus aguas, dado que empezaron a proyectar la forma en que este río debía ser aprovechado.

Debido a la escasez de trabajadores mexicanos se recurrió al traslado de personas de origen chino, quienes en esos años representaban mano de obra abundante y barata. Además, desde hacía varias décadas la mano de obra china había sido fundamental para el establecimiento de ferrocarriles en el oeste de Estados Unidos. Muchos de ellos se dedicaron a la apertura de canales de irrigación así como a la agricultura. Lograron organizarse en cooperativas e integrarse por varios años a la actividad agrícola de la región. Un número significativo de ellos incursionó en el comercio y en la prestación de servicios como lavanderías y restaurantes. Para 1920, según fuentes oficiales, se estima que había más de 5 000 chinos, aunque referencias hemerográficas como el Calexico Chronicle señalan que había 7 000 personas de esta nacionalidad, quienes también se establecieron en las otras poblaciones del distrito como Ensenada y Tijuana.

Además de ellos, hubo grupos de trabajadores provenientes de Japón e India, y la mayoría trabajaba el algodón en California, Estados Unidos. Los hindúes eran aproximadamente 500 individuos que practicaban el cultivo del algodón en el Valle Imperial. Los japoneses, que fueron alrededor de mil, integraron una asociación y establecieron una colonia en Maneadero, perteneciente a Ensenada, con alrededor de cien personas dedicadas principalmente al cultivo del chile.

Como se señaló en el capítulo anterior, el aprovechamiento del Río Colorado marcó el surgimiento paralelo de los valles de Mexicali e Imperial, por lo que el desarrollo de la región quedó determinado por el hecho de que para surtir de agua al territorio estadounidense se tenía que utilizar suelo de nuestro país. Agricultores del Valle Imperial formaron, el 14 de julio de 1911, el Imperial Irrigation District, organismo que tuvo como objetivo la adquisición del sistema de irrigación en ambos lados de la frontera. En 1915 obtuvieron el reconocimiento de la legislatura de California, lo que permitió a los directivos la emisión de bonos mediante los cuales podían adquirir el sistema de irrigación. El 22 de junio de 1916, de manera oficial, las obras y los derechos sobre el agua quedaron en manos de los agricultores del Valle Imperial. Como propietarios de las instalaciones se vieron obligados a realizar en territorio de México bordos de protección con el fin de salvaguardar sus inversiones. Los miembros de Imperial Irrigation District consideraban que era injusto que con su dinero se beneficiara la Colorado River Land Company, ya que los bordos permitían la apertura de más tierras al cultivo en Mexicali. Por su parte, los dueños de la Colorado indicaban que los bordos se hacían en terrenos de su propiedad, y que si se planeaba mejor su construcción, se podrían hacer mejores aprovechamientos en la zona. Lo anterior llevó a los miembros del Imperial Irrigation District a buscar la manera de no depender de territorio mexicano, por lo que planearon la construcción del canal Todo Americano (All-American Canal), mismo que se construyó dos décadas después en territorio estadounidense.

El inicio de la primera guerra mundial fue el detonante de la economía agrícola del valle de Mexicali por la demanda de algodón. En el ciclo agrícola 1915-1916 se aprovecharon más de 10 000 hectáreas, y para el de 1920-1921 se incrementó a poco más de 50 000 hectáreas, un aumento acelerado provocado por el precio de la fibra, que en 1920 llegó a ser de 39 y 43 centavos de dólar por libra.

Aunado a este desarrollo agrícola se establecieron las primeras plantas despepitadoras. En 1916 abrió sus puertas la Compañía Algodonera de Baja California, que era parte de la Globe Mills de Los Ángeles, California, y que tenía sucursales en las poblaciones de Caléxico y El Centro, en el Valle Imperial. Posteriormente se sumó la Lower Colorado River Ginning Company, que contaba con una empacadora de algodón además de sus propias líneas férreas. Durante el auge de 1918 y 1919, cuando el precio llegó a su punto más alto, se abrieron la Mexican Chinese Ginning Company, y en abril de 1920, la National Gins, todas ellas con capital foráneo.

En Tijuana se estableció el primer hipódromo en 1916. Con ello se generó una intensa actividad económica durante los meses de invierno y la primavera. La temporada de carreras empezaba en noviembre y concluía en abril o mayo, lo que propició la llegada de mano de obra tanto estadounidense como mexicana: los primeros, para atender a los clientes del hipódromo; los segundos, en empleos temporales y de menor nivel. Adicional a esto, cabe mencionar que desde el principio hubo una clara actitud discriminatoria en la distribución de los puestos, ya que los clientes estadounidenses preferían ser atendidos por personas de su mismo origen e idioma. Además del hipódromo se instalaron algunos casinos, como el Sunset Inn y el Montecarlo.

Como apuntamos líneas atrás, la prohibición en la producción y venta de bebidas embriagantes en el Valle Imperial provocó que pronto se abrieran cantinas en Mexicali. Este proceso se mantuvo durante toda la década de 1910 a 1920 y representó una fuente de ingresos, así como el establecimiento de más giros mercantiles en el poblado de Mexicali. Era frecuente que un bar fuera de propietarios estadounidenses y adjunto estuviera un restaurante atendido por chinos.

Por otra parte, en Ensenada hubo poco crecimiento, sobre todo si se le compara con el despegue de Mexicali. Si bien existían actividades económicas de diversa índole, en los años de la revolución mexicana ninguna despuntó de tal forma que acelerara el desarrollo económico de la región. La agricultura no rebasaba las 3 000 hectáreas, y la ganadería, si bien de relevancia, por sus características no requería de una mano de obra que se incrementara notablemente. La minería, que atrás había colaborado en el despunte, se mantuvo en bajos niveles de producción. En el poblado de El Mármol permaneció la extracción del material del mismo nombre, aunque había muchas dificultades para su comercialización debido a la falta de caminos en buenas condiciones.

La colonia agrícola de Tecate adquirió mayor relevancia con la construcción del ferrocarril Intercalifornia, ya que obtuvo un mayor contacto con San Diego, California. De igual forma, la estación del ferrocarril propició que se establecieran pequeños negocios en sus alrededores. En 1917 Tecate tomó la categoría de ayuntamiento con el apoyo del gobernador Esteban Cantú, por lo que se desprendió del municipio de Ensenada. Poco después, en 1922, por falta de recursos para su sostenimiento dejó de ser municipio y el gobernador en turno, Inocente Lugo, lo incorporó al ayuntamiento de Mexicali.

ESTEBAN CANTÚ, 1915-1920

Los enfrentamientos que se daban en el interior del país propiciaron que Esteban Cantú se consolidara en el poder, ya que la lucha de facciones no permitió la organización del Estado mexicano y, por tanto, ninguno de los líderes de los grupos en conflicto pudo tener un control real del distrito.

En enero de 1915 Cantú trasladó la capital de Ensenada a Mexicali y obligó a los comerciantes de Ensenada que no querían a un militar en la jefatura política a que se fueran del distrito, tal fue el caso de Tomás Ojeda, Enrique B. Cota, David Zárate y Juan B. Uribe. Todos ellos, desde San Diego, California, criticaron severamente al gobierno de Esteban Cantú. David Zárate, con el apoyo de otros ensenadenses, publicó El Demócrata del Norte, en el que con insistencia solicitó a Venustiano Carranza que los militares debían dejar el poder para que un civil, nativo del distrito, estuviera al frente del gobierno. Otro sector de comerciantes de Ensenada, como Manuel Labastida y Tomás Ojeda, por su cuenta, hicieron propuestas en el mismo sentido. Ojeda formó el Club Constitucionalista General Maclovio Herrera.

Por su parte, Cantú se declaró seguidor de Francisco Villa, pero las derrotas que éste sufrió durante 1915 lo llevaron a declarar que Baja California permanecía neutral a la guerra intestina, “[...] pero sin dejar de pertenecer a la nación mexicana, [...] bajo el concepto de que inmediatamente renazca la paz y surja un gobierno constitucional que rija los destinos de la República, este gobierno se someterá a los supremos poderes de la nación”.

En 1917 Venustiano Carranza reconoció a Esteban Cantú como gobernador del Distrito Norte de la Baja California. El cargo de jefe político desapareció por una disposición del propio Carranza.

Como ya apuntamos, desde la primera década del siglo XX se habían tomado medidas prohibicionistas en el Valle Imperial. De igual forma, en California se habían prohibido los juegos de azar, las carreras de caballos y las peleas de box. Esto generó el interés por invertir en este tipo de rubros en Baja California. Cantú permitió que se incrementaran los centros de diversión, lo mismo para estadounidenses como para chinos. Con los impuestos que cobró a los casinos, las cantinas, los centros de prostitución y al hipódromo de Tijuana, así como por el ingreso de chinos al Distrito, logró construir una serie de obras materiales que dieron una imagen de desarrollo. Entre ellas destaca el Camino Nacional, con el que logró unir las poblaciones de Mexicali, Tecate y Tijuana a través de Paso de Picachos (hoy conocido como La Rumorosa). También se pueden mencionar la escuela Cuauhtémoc de Mexicali, así como el palacio de gobierno de Mexicali, cuya construcción dejó sin concluir, pero muy avanzada.

De igual forma, es importante señalar que Esteban Cantú expulsó de Baja California a la Compañía Inglesa por incumplir con los contratos de colonización, medida que fue posteriormente ratificada por Venustiano Carranza. Con ello, una gran cantidad de terrenos pasaron a ser propiedad de la nación. Por parte de ellos se arrendaron a diferentes ganaderos de los alrededores de Ensenada. De igual forma, el gobernador formó varias colonias agrícolas en el valle de Mexicali y una en San Quintín.

Cantú sostuvo una tensa relación con Venustiano Carranza, ya que en varias ocasiones este último envió alguno de sus agentes para que le informara de la situación del distrito. Uno de los temas que los enfrentó fue el ingreso de trabajadores chinos a Baja California. El gobierno de Estados Unidos y empresarios de California y Arizona presionaron tanto a Cantú como a Carranza para que no permitieran su llegada, ya que, desde su punto de vista, podía formarse un núcleo mucho mayor que amenazara sus fronteras. Cabe señalar que el ingreso de chinos a Estados Unidos estaba prohibido desde la penúltima década del siglo XIX. El gobierno de Arizona estaba interesado en que se detuviera su ingreso, pues el crecimiento en el aprovechamiento del agua del Río Colorado por la mano de obra china amenazaba sus planes de expansión para el futuro, ya que si se abrían más tierras al cultivo en México, ellos podrían tener menos agua para sus tierras.

En 1919 Carranza ordenó que ya no se trajeran chinos para trabajar en el valle de Mexicali, con lo que se generó la llegada de mano de obra mexicana de forma organizada, ya que los propietarios de los campos agrícolas necesitaban de ella, sobre todo en los periodos de cosecha. Sin embargo, los trabajadores chinos siguieron llegando durante el gobierno de Cantú, ya que varios de ellos venían en camino desde su país de origen o tenían contratos previos, y otros emigraron a Baja California provenientes de Sonora, donde existían movimientos racistas en su contra.

Los mexicanos que empezaron a llegar eran trasladados por barco desde Guaymas, Sonora, o Santa Rosalía, en el Distrito Sur de la Baja California. Con la llegada masiva de mexicanos en los periodos de cosecha se generaron varios procesos. Por un lado, la demanda de tierras, la formación de organizaciones que defendieran sus derechos, así como el traslado de muchos de ellos al Valle Imperial, donde los salarios que recibían eran más altos que en Mexicali. Por otra parte, también empezaron a surgir conflictos entre los trabajadores chinos y los mexicanos cuando no era temporada de cosecha dado que faltaban empleos. La ventaja de los mexicanos es que ellos sí podían trasladarse a Estados Unidos, mientras que los chinos, no.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESTADO.

LOS SONORENSES EN EL PODER

Venustiano Carranza intentó poner como sucesor en la presidencia de la república a Ignacio Bonillas, quien se desempeñaba como representante de México en Wáshington. Sin embargo. Álvaro Obregón y otros generales que participaron en el movimiento revolucionario no estuvieron de acuerdo en ello. Adolfo de la Huerta, como gobernador de Sonora, publicó el 23 de abril de 1920 el Plan de Agua Prieta, en el que se desconocía el gobierno de Carranza. En pocos días el movimiento cobró fuerza y Carranza abandonó la ciudad de México con destino a Veracruz. Pero debido a los constantes ataques a los que fue sometido el tren que lo trasladaba, Carranza se vio obligado a dejarlo para seguir a caballo por sierra. La noche del 20 de mayo, a las afueras de Tlaxcalatongo, Carranza fue acribillado. Adolfo de la Huerta ocupó la presidencia de la república de manera interina mientras se convocaba a elecciones. En ellas salió electo Álvaro Obregón. Con esto, el grupo sonorense inició una etapa en la que controlaron de diversas maneras la presidencia de la república.

LOS GOBIERNOS CIVILES, 1920-1923

Como Esteban Cantú fue uno de los gobernadores que declaró de manera pública fidelidad al presidente Venustiano Carranza, cuando fue llamado a la ciudad de México por Adolfo de la Huerta se negó a acudir. Aunado a ello, residentes del distrito enviaron varios documentos denunciando las actividades de Cantú, a las que calificaban de ilícitas.

Para finales de junio, comerciantes ensenadenses, encabezados por Ramón Moyrón hijo, David Zárate Zazueta, Ricardo Romero y Juan B. Uribe, iniciaron una campaña periodística en contra del gobernador. Formalmente constituyeron la “Junta organizadora un nativo para gobernador”, con sede en la delegación de Tijuana. La junta obtuvo la promesa del presidente Adolfo de la Huerta y del candidato Álvaro Obregón de que el siguiente gobernador sería un civil y nativo del distrito.

El 24 de julio Cantú envió un documento a Adolfo de la Huerta en el que solicitó se prorrogaran las elecciones tres meses para que los candidatos a la presidencia pudieran realizar sus campañas. La propuesta fue considerada como un intento para oponerse a que Álvaro Obregón ocupara la presidencia. Dos días después, De la Huerta dio las órdenes para que tropas del ejército se alistaran para combatir a Cantú, al frente de las cuales envió al general Abelardo L. Rodríguez. El 28 de julio, luego de confirmar Esteban Cantú el envío de las tropas, publicó un documento en el que llamó a la rebelión. Muchos habitantes del distrito se retiraron a Estados Unidos.

En los primeros días de agosto tropas de Estados Unidos se instalaron en la frontera de Mexicali para impedir ataques a las obras de irrigación de las que dependía la agricultura del Valle Imperial. A ello se sumó la rebelión del ejército local de la zona costa del distrito, en la que Lerdo González y Cruz Villavicencio se negaron a obedecer las órdenes de Cantú, además de ofrecer su colaboración a las tropas federales para someterlo.

Varias personas que se presentaron como enviados de Adolfo de la Huerta trataron de negociar con Cantú, algunos con la idea de quedarse en el puesto de gobernador. Uno de ellos fue Luis M. Salazar, quien era enviado de De la Huerta y amigo personal de Cantú.

El 19 de agosto, Esteban Cantú, ante la evidencia de que no tenía apoyo local, dejó el distrito y Luis M. Salazar se quedó como gobernador. Con ello, la vieja demanda de gobiernos civiles exigida desde diez años atrás al fin tuvo éxito.

Salazar estuvo pocas semanas en el cargo, así que lo sustituyó el sudcaliforniano Manuel Balarezo, y a principios de 1921, el nativo de Baja California, Epigmenio Ibarra hijo. Ibarra nació en 1875 en Real del Castillo, aunque tenía alrededor de 15 años de vivir en Hermosillo, Sonora, lugar en el que administraba un banco.

Salazar, Balarezo e Ibarra se enfrentaron a varios problemas económicos debido a que el precio del algodón se redujo en 1920 y 1921. Familias de los mexicanos que llegaban a las pizcas de algodón protestaron por la falta de fuentes de trabajo. Incluso llegaron a presentarse manifestaciones de descontento en las que se enfrentaron con las autoridades locales.

Un aspecto importante para la economía del distrito fue que a partir de 1920 entró en vigor en Estados Unidos la prohibición en la producción, venta y traslado de bebidas alcohólicas. Como ya señalamos, en el Valle Imperial esta medida ya tenía más de una década de estar en práctica, lo que provocó la apertura de cantinas y casinos. Con la aplicación de la prohibición en todo Estados Unidos, la apertura de este tipo de giros se incrementó notablemente. Sin duda alguna, estas actividades fueron de impulso para la actividad económica, sobre todo del poblado de Tijuana, lugar al que llegaron numerosos estadounidenses con ansias de beber alcohol y apostar en casinos, así como asistir a carreras de caballos y peleas de box.

Sin embargo, en algunos momentos, las presiones de los grupos de temperancia de Estados Unidos provocaron que el gobierno de México tomara algunas medidas para que se cerraran dichos establecimientos en la franja fronteriza. Así, por ejemplo, Álvaro Obregón ordenó el cierre de los casinos de juego en 1921, ya que deseaba restablecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Esto provocó que los ingresos del gobierno local disminuyeran. No obstante, Plutarco Elías Calles, como secretario de Gobernación, permitió que éstos se reabrieran.

Por su parte, los ayuntamientos de Ensenada y Mexicali buscaron tener mayor poder en la localidad. Lucharon de diversas maneras para controlar los impuestos de los establecimientos que expedían bebidas embriagantes y de los casinos de juego. Durante el tiempo que estuvieron los gobernadores civiles, así como el nativo Ibarra, lograron avances importantes en materia de recaudación de recursos.

El cuarto y último de los gobernadores civiles fue José Inocente Lugo. A diferencia de los antecesores, Inocente Lugo contó con el apoyo directo de Álvaro Obregón, por lo que se volvió a centrar el poder local en el gobernador y en detrimento de los ayuntamientos. Esto generó enfrentamientos que llegaron a provocar varias muertes en Mexicali, donde los regidores se opusieron a que el gobernador concentrara los recursos.

Durante este periodo se integraron las primeras organizaciones de campesinos y trabajadores. En el valle de Mexicali los campesinos lograron organizar una huelga en los campos agrícolas, misma que se rompió con la intervención directa del ejército. Varios de los dirigentes eran miembros de organizaciones anarquistas que tenían relación con los campesinos del Valle Imperial, en Estados Unidos.

EL REGRESO DE LOS MILITARES:

ABELARDO L. RODRÍGUEZ, 1923-1929.

EL GOBERNADOR EMPRESARIO

La sucesión de 1924 por la presidencia de la república dividió al grupo sonorense y marcó la pauta para el regreso de un militar al poder en el Distrito Norte de la Baja California. Por un lado estaba el secretario de Gobernación, Plutarco Elías Calles; por otro, el de Hacienda, Adolfo de la Huerta. Álvaro Obregón se inclinó por el primero, lo que propició que De la Huerta encabezara un movimiento en contra de sus antiguos compañeros. Sin embargo, luego de algunos enfrentamientos, la facción encabezada por Plutarco Elías Calles salió vencedora y De la Huerta se exilió en Estados Unidos.

Debido a la rebelión encabezada por Adolfo de la Huerta a finales de 1923 y principios de 1924, Baja California regresó a los gobiernos encabezados por militares. Abelardo L. Rodríguez fue nombrado gobernador del distrito; inició su gobierno cobrando impuestos a los dueños de los casinos y cantinas con el fin de obtener fondos para la lucha armada en contra De la Huerta; en poco tiempo se convirtió en un empresario más de dichos negocios.

En agosto de 1923 Álvaro Obregón expidió un decreto en el que otorgaba terrenos nacionales a cualquier mexicano mayor de 18 años de edad, el cual fue conocido en Baja California a finales de ese mismo año.

Marcelino Magaña Mejía, quien se presentó ante las autoridades como ex coronel villista, además de llamar a mexicanos a repatriarse, aprovechó la llegada de nacionales para presionar en favor del reparto agrario. Insistió en la aplicación del decreto de agosto de 1923 en el valle de Mexicali y logró la formación de una colonia agrícola que llevó su nombre por un tiempo. A su grupo se sumaron mexicanos que participaron en movimientos laborales en California, y en un lapso muy corto la colonia Magaña Mejía se convirtió en un centro de ideas radicales con fuerte presencia de anarquistas. A principios de 1924, el ejército reprimió a los seguidores de Magaña Mejía por órdenes de Abelardo L. Rodríguez.

En Ensenada hubo varios campesinos que solicitaron tierras amparados en el decreto del 2 de agosto de 1923. En diferentes lugares como Maneadero, Valle de Guadalupe y Valle de San Rafael, campesinos de la región solicitaron terrenos nacionales. Incluso algunos de los agricultores de origen ruso se ampararon en este decreto, la mayoría de los cuales eran mexicanos por naturalización, aunque no les fue reconocida dicha ciudadanía para obtener tierras.

Debido a la competencia laboral que representaban los trabajadores de origen asiático para los campesinos del valle de Mexicali, varias organizaciones empezaron a enfrentarse al gobierno local con el fin de que se le diera preferencia a los mexicanos sobre los asiáticos. Durante los periodos de cosecha no había dificultades, pero en los meses de la siembra había problemas de desempleo. Luego de varias marchas y protestas en contra del gobierno local, se logró que el 1 de mayo de 1924, Abelardo L. Rodríguez expidiera una circular en la que solicitaba a los empresarios que 50% de los trabajadores contratados fueran mexicanos. En años siguientes, los inspectores federales del trabajo se dedicarían a vigilar el cumplimiento de la disposición.

Las organizaciones de trabajadores empezaron a crecer en Mexicali tanto en el ámbito rural como en el poblado. El Sindicato de Obreros y Campesinos, con varios grupos organizados en diferentes campos del valle, luchaban por el cumplimiento de la disposición del 1 de mayo de 1924. Cambiaron su filiación de la Confederación General de Trabajadores (CGT) a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), apoyada por Plutarco Elías Calles.

En el verano de 1926, Adolfo de la Huerta, exiliado en el sur de Estados Unidos, trató de iniciar un movimiento armado en contra de Plutarco Elías Calles. El general Enrique Estrada organizó un grupo en el sur de California y formó alianzas con algunos residentes de Mexicali. El gobernador Abelardo L. Rodríguez tomó medidas severas: encarceló a varios dirigentes sindicales y trató de obtener alguna información acerca de la revuelta de Estrada. Las autoridades estadounidenses colaboraron con Alberto L. Rodríguez y encarcelaron en Dulzura, California, a quienes trataron de levantarse en contra del gobierno de México. Dentro de las personas encarceladas estaba el luchador agrario Marcelino Magaña Mejía, quien murió en la cárcel.

Cayetano Pérez Ruiz, inspector federal del Trabajo y quien desempeñó una labor muy interesante en el valle de Mexicali, propuso, a finales de 1926, que la Colorado River Land arrendara las tierras a los mexicanos. La propuesta tuvo cierto éxito y se formaron algunas pequeñas colonias agrícolas. Una de las que integró fue en Estación Sesbania, lugar donde en 1928 se formó uno de los grupos que presionaron al gobierno local para que se repartieran tierras a los mexicanos.

En Tijuana el problema del empleo fue por razones de discriminación racial, ya que los estadounidenses querían ser atendidos en sus negocios por personas de su mismo color de piel e idioma. Los mexicanos, por su parte, se organizaron de diversas formas para lograr los empleos. Así, por ejemplo, entraban a los negocios donde no los querían contratar y ocupaban las mesas, pedían un café y no se movían del lugar; al verlos juntos, los clientes estadounidenses no entraban. Debido a la falta de clientela, los dueños se veían obligados a contratar a uno o dos mexicanos para que los demás se fueran y entraran los visitantes.

Otra forma de presionar a las autoridades y a los dueños de los negocios fue entrar a los casinos a voltear las mesas de juego. Los mexicanos no tomaban el dinero, sólo exigían que se les contratara y que no se les discriminara en su propio país. En 1926 se conoció en Tijuana la circular emitida por Abelardo L. Rodríguez para que 50% de los trabajadores contratados en los negocios fueran mexicanos, por lo que esta circular se convirtió en una bandera para conseguir empleos en las cantinas, restaurantes y en el hipódromo de Tijuana. En años posteriores, uno de los requisitos que se pedía en todo tipo de trabajos era que 80% del personal contratado fuera mexicano.

En Ensenada las actividades del puerto fueron las que concentraron mayor número de trabajadores. Los conflictos que se presentaron fueron de otra índole, ya que se disputaban el derecho de desembarcar las mercancías que llegaban al puerto. El problema se solucionó al entregarle a una organización de trabajadores el derecho de realizar las labores, lo que les permitió mantener los empleos sin estar sujetos a los administradores de la aduana marítima.

La minería, que anteriormente había sido un puntal en el desarrollo económico, se limitó durante estos años a la explotación de ónix en El Mármol, ubicado al sur de San Quintín. En varios momentos se intentó rehabilitar esta actividad, pero sólo se realizaron algunos trabajos que no llegaron a concretarse.

RANCHOS Y RANCHEROS

A pesar del crecimiento de las poblaciones de la frontera, los rancheros mantuvieron un papel importante en el Distrito Norte de la Baja California. En las áreas de Tecate, Valle de Guadalupe, Rosarito, en las sierras de Juárez y San Pedro Mártir, en los poblados al sur de Ensenada como San Telmo, Santo Tomás, San Vicente o San Antonio del Mar, las actividades ganaderas eran las más importantes. Existían ranchos en los que además de algunos cultivos poseían ganado vacuno, caprino, lanar o porcino. En las sierras las reses pastaban libremente; en algunos casos, como en San Isidro del Mar, donde todo el vecindario disponía de esos terrenos con sus ganados, caballos y mulas, los animales andaban sueltos en los terrenos y el propietario sólo los controlaba una vez al año durante el tiempo de la marca.

La ganadería comercial se efectuaba en las sierras de Juárez y San Pedro Mártir. La Circle Bar Cattle Co. fue una empresa que se dedicó a la cría de ganado vacuno, lanar y caballar, que para sus actividades se ayudaba de vaqueros mexicanos, entre ellos, de los indígenas de la región, sobre todo los de Santa Catarina y Arroyo de León.

La Circle Bar Cattle arrendó terrenos a la nación entre 1924 y 1930, siendo los siguientes: 27 500 hectáreas en la laguna Hanson, 5 000 hectáreas en el rancho de los Yorba, 2 100 hectáreas en Ojos Negros, 6 000 hectáreas en el Valle de San Rafael, y 2 025 hectáreas en el Arrastradero; en total eran 42 655 hectáreas.

El arrendamiento de estos terrenos era por medio de contratos con la Secretaría de Agricultura y Fomento que tenía oficinas en el poblado de Tijuana. En el Periódico Oficial del Distrito Norte de Baja California aparecen algunos de los contratos de arrendamiento a Robert Harrison Benton Jr., por 20 000 hectáreas en Hanson, Arrastradero y San Salvador; Ralph S. Benton, por 10 000 hectáreas en Los Álamos, El Tularcito, Sangre de Cristo, Las Flores, Rancho de Yorba y Ojos Negros; Manuel Paularena, por 5 000 hectáreas en la Mesa del Pinal; Ricardo Ayres, por 10 000 hectáreas en Los Vallecitos, Potrero Warren y San Juan de Dios; William Tweed, por 10 000 hectáreas en Real del Castillo, Chimeneas, San Pedro Nuevo, Valdés, Beltrán, Pilitas, Tesopaco y El Chivo; y Daniel y José Marrón, por 10 000 hectáreas cada uno en Jatay, Huertita, Valle Largo y Pinal. Los contratos de arrendamiento eran por cinco años; la Secretaría de Agricultura y Fomento pedía la renta anual adelantada de 300 pesos (150 dólares de la época) por hectárea.

Otro de los ganaderos más importantes de la sierra era Newton House, quien en 1924 se nacionalizó mexicano. Arrendó terrenos nacionales a la Secretaría de Agricultura y Fomento. El ganado que poseía se sacrificaba para ser vendido en las crecientes poblaciones de Tijuana, Mexicali y el sur de Estados Unidos.

En Santo Tomás, los viñedos de Francisco Andonaegui y Miguel Ormart representaban la principal actividad. Los productos de Santo Tomás cobraron fama, aunque sin lograr los niveles que alcanzaría la zona luego de ser adquirido el rancho Los Dolores por Abelardo L. Rodríguez. El club de cazadores La Grulla Gun Club, organizado en 1922 por cuatro estadounidenses, tenía un local para realizar sus actividades, y era uno de los atractivos para la llegada de turistas, quienes gustaban de viajar a la Baja California a practicar la caza.

Las zonas por donde cruzaban los ríos y arroyos eran aprovechables en la agricultura. Destacaban los ríos San Carlos, Las Ánimas, Santo Tomás, San Vicente, San Rafael, San Telmo, Santo Domingo, El Rosario y San Borjas. En colindancia a éstos se encontraban pequeños poblados dedicados a la agricultura y la ganadería. En El Rosario, por ejemplo, se cultivaban, en 1923, alrededor de 300 hectáreas de maíz, frijol, papas, camotes, hortalizas, alfalfa y vid; se explotaban árboles frutales y convivían alrededor de 500 habitantes con un grupo de indígenas yaquis dedicados al trabajo agrícola. En San Telmo se sembraba trigo, cebada, hortalizas, frijol, maíz y papas; se secaban frutas como la manzana y el durazno; se obtenían peras, melones y sandías de renombre en el ámbito regional. En San Quintín, en particular en el valle de San Ramón, se estableció una colonia de mexicanos donde se desmontaron los terrenos y se abrieron canales para irrigarlos y sembrar maíz y frijol. Los residentes le dieron el nombre de colonia Vicente Guerrero.

Las zonas más cercanas al poblado de Ensenada eran las más fértiles para la agricultura, como el valle de Maneadero y Valle de Guadalupe. En este último se localizaba un núcleo de población de origen ruso dedicado principalmente a la siembra de trigo. En Maneadero, irrigado por el arroyo San Carlos, se sembraba chile, hortalizas y diversas frutas. Allí se estableció una colonia de japoneses (alrededor de 90 personas) que se dedicaba al cultivo del chile.

En los ranchos ubicados al norte del puerto de Ensenada, como San Miguel, Santa Clara, La Soledad, Cañada de Trigo, Santa Rosa, Cañada del Encino, San José, Cañón del Burro, Agua Escondida, San Pedro, El Chivato, La Grampa. Mogor, Salsipuedes, San Antonio, La Misión, Matajanal, Jatay, La Mina, Las Chichiguas, Santo Domingo y El Sauzal, se sembraban algunas hectáreas de trigo de forma esporádica, dependiendo del precio que alcanzara y del abastecimiento de agua.

LOS INDÍGENAS

Los indígenas de la sierra, por su parte, se vieron obligados a mantenerse cada vez más limitados en cuanto al uso del espacio. Como ya se ha dicho en capítulos precedentes, el vínculo con los rancheros fue estrecho. Con el incremento de la actividad ganadera se convirtieron en vaqueros y trabajadores de los ranchos, pero no en dueños de ganado ni de terrenos nacionales para su aprovechamiento. Incluso, desde estos años se iniciaron largos procesos judiciales por la propiedad de algunas zonas que eran aprovechables para la agricultura. Esto incluía áreas consideradas por ellos como sagradas. De esta forma, combinaron el trabajo asalariado con prácticas culturales que se mantuvieron a pesar del contacto con misioneros, rancheros y mineros a lo largo del siglo XIX.

En el caso de los cucapás es posible afirmar que se mantuvieron integrados a pesar de la pérdida de sus tierras por el incremento permanente de las áreas de cultivo en el valle de Mexicali. Practicaron sus cultivos tradicionales y se mantuvieron como pescadores, recolectores y cazadores; incluso seguían utilizando el arco y la flecha.

Cabe mencionar que existían diferencias importantes en el grado de aculturación. Mientras algunos de estos grupos étnicos se resistían a vivir como parte del desarrollo capitalista de la región, otros fueron contratados de manera temporal como asalariados. Por estudios de campo realizados en años posteriores, es evidente que se mantuvieron como un grupo diferenciado del conjunto de los procesos que se vivían en el valle de Mexicali.

LAS EMPRESAS DEL GOBERNADOR

Por su parte, Abelardo L. Rodríguez se convirtió en empresario de varias actividades económicas. Se asoció con empresarios estadounidenses para establecer negocios como casinos y cantinas. Posteriormente, el gobernador del distrito invirtió en la formación de una empresa empacadora de pescado, otra para cultivar e industrializar la vid, otra para producir olivo, e incluso abrió una fábrica de aviones en Tijuana, aprovechando la circunstancia de que San Diego, California, era uno de los sitios en que esta industria tenía especial auge.

Las inversiones que realizó Abelardo L. Rodríguez provocaron que su presencia en Baja California tuviera características diferentes a las de otros gobernadores, ya que se convirtió en uno de los más importantes empresarios de la región durante muchos años después de su gestión.

LA DESAPARICIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

La vida municipal había sido de mucha importancia en Baja California. La autonomía fue una demanda constante de los comerciantes con el fin de tener la capacidad de resolver los problemas a los que se enfrentaban en la localidad. Sin embargo, Abelardo L. Rodríguez siempre vio esta postura como un obstáculo para su gobierno. Incluso, cuando en 1925 Gustavo Appel, presidente municipal de Ensenada, intentó que el municipio tuviera mayor fuerza, Rodríguez le pasó varios ramos que estaban en manos del gobierno del distrito, como la educación. A pesar de ello, no se hicieron las reformas presupuestales correspondientes, por lo que el ayuntamiento no pudo pagar los salarios de los maestros.

Medida semejante hubo en Mexicali, en donde hasta se llegó a enfrentar al presidente municipal, Gustavo Vildósola. Éste, como otros, desde años atrás había logrado incorporarse como empresario en la agricultura, pero por maniobras de Rodríguez, el ayuntamiento se vio involucrado en una serie de problemas económicos que le permitieron argumentar a Rodríguez a favor de la desaparición de los ayuntamientos. Desde 1924 Rodríguez había sugerido a Plucarco Elías Calles, presidente de la república, que era necesario darle más control al gobernador de todos los asuntos del distrito.

Las elecciones de los siguientes años fueron muy controvertidas y en 1926 se crearon los consejos municipales con el argumento de que no se podían remediar las diferencias que se presentaban. Al frente de los consejos municipales quedaron personas que eran afines al gobernador. A partir de 1928 se crearon las delegaciones de gobierno tanto para Ensenada como para Tijuana. Los delegados eran nombrados directamente por el gobernador. Con ello, una forma de organización como el ayuntamiento, que había resultado trascendente en varios momentos de la historia regional, desapareció de manera temporal.

EL COLORADO Y SU VÍNCULO INTERNACIONAL

Como hemos apuntado, el control del Río Colorado obligó a empresarios, agricultores del Valle Imperial y al propio gobierno de Estados Unidos, a invertir en bordos de protección en México para detener la corriente que podía inundar su territorio. Los empresarios de la Colorado Riverd Land Company y el propio gobierno mexicano se beneficiaron, ya que con dinero estadounidense se podían abrir más tierras al cultivo en el valle de Mexicali. Durante la década de los veinte, el Imperial Irrigation District, que había comprado el sistema de irrigación en ambos lados de la frontera en 1916, se quejaba de que con sus inversiones una empresa de gran capital como la Colorado se beneficiara. Por su parte, los empresarios de la Colorado indicaban que los bordos de protección se constituían en sus tierras sin que se les pidiera autorización y sin que se les consultara acerca de qué tierras afectar o beneficiar.

En el ámbito internacional, el Río Colorado cobró especial relevancia en Estados Unidos debido a la demanda de garantías de abasto de agua por los diferentes estados de la cuenca: Wyoming, Colorado, Utah, Nevada, Nuevo México, California y Arizona. California era el más interesado en obtener más líquido del río debido al enorme crecimiento de ciudades como Los Ángeles y San Diego, que con el establecimiento de industrias requería agua tanto para varios procesos industriales como para zonas agrícolas. En 1922 se firmó el Pacto de Santa Fe, en el que se dividió el total de la corriente entre los ribereños superiores (Wyoming, Colorado, Utah y Nuevo México) y los inferiores (Nevada, California y Arizona). En el acuerdo indicaron que cuando se realizara un tratado con México, ribereños superiores e inferiores entregarían la mitad del total que se otorgara a nuestro país. Este acuerdo no fue aceptado por Arizona, lo que generó inseguridad durante varios años acerca de los derechos de las dos naciones a las aguas del Río Colorado.

Posteriormente, en 1928 se aprobó la Boulder Canyon Act, con la que se autorizó la construcción de la presa Boulder y el canal Todo Americano. La presa significaba un beneficio para México, ya que permitiría controlar la corriente, eliminar paulatinamente los bordos de protección y, sobre todo, abrir más tierras al cultivo en el valle de Mexicali. El canal Todo Americano implicaba que el Valle Imperial dejara de depender del canal El Álamo, y con ello cambiaría la relación entre las empresas de la región y el gobierno de México. Paradójicamente, este canal también beneficiaba a México, ya que el agua tendría menor cantidad de sales. Sin embargo, debido a la falta de información confiable y a la insistencia de entidades como California y Arizona de que México no tenía derecho al agua del Río Colorado, hubo mucha incertidumbre de parte del gobierno mexicano, Cabe señalar que entre los opositores a la construcción del canal Todo Americano se encontraban los dueños de la Colorado River Land Company, quienes deseaban garantizar la cantidad de agua suficiente para sus tierras en México.

En 1935 se concluyó la presa Boulder. Un año antes se inició el canal Todo Americano y se terminó en 1943. Estas obras, debido a la falta de información, durante varios años generaron la idea de que no habría agua para desarrollar el valle de Mexicali.

LA INSTITUCIONALIZACIÓN POLÍTICA

El asesinato del candidato electo Álvaro Obregón en 1928, provocó que Plutarco Elías Calles quedara como la figura central en México. Sin embargo, si desde la reelección de Obregón se habían presentado brotes de descontento, con su desaparición del escenario político hubo que buscar la mejor fórmula para evitar que se reiniciaran las luchas intestinas. Calles llamó a la formación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) con la intención de agrupar bajo una sola organización a los principales jefes revolucionarios, sobre todo aquellos que aún tenían cierta capacidad de movilización.

Plutarco Elías Calles fue sustituido por Emilio Portes Gil, quien ocupó la presidencia de manera interina por dos años. En 1929 se convocó a elecciones y el primer candidato del PNR, Pascual Ortiz Rubio, se enfrentó a José Vasconcelos, quien era seguido por el estudiantado y las clases medias urbanas. El resultado oficial fue el triunfo de Ortiz Rubio, lo que generó la inconformidad de Vasconcelos y que éste llamara a una rebelión. El general Escobar, con un grupo de miembros del ejército, intentó una rebelión que rápidamente fue sometida por el gobierno federal. Así, Pascual Ortiz Rubio ocupó la presidencia. Pero pronto se vio opacado por el ex presidente Calles, a quien se le consultaron muchos asuntos políticos.

Durante dos años Ortiz Rubio trató de equilibrar el poder de la presidencia con el de Calles, pero luego de varios enfrentamientos en la Cámara de Diputados, resultó un esfuerzo vano y renunció en 1932. El congreso federal, luego de escuchar la recomendación de Calles, nombró a Abelardo L. Rodríguez para concluir el periodo hasta 1934. Dado que Rodríguez era claramente un adepto de Calles, el poder de éste se mantuvo, lo que pronto dio origen a que a estos años se le llamara el “maximato”, por el poder que ejercía quien era conocido entonces como el “jefe máximo” de la revolución.

LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL, 1929-1933.

LOS EFECTOS DE LA GRAN DEPRESIÓN

La economía de Baja California resintió severamente la crisis económica mundial de 1929 que afectó a México en general. Ensenada y las zonas agrícolas de la región de la costa se vieron igualmente afectadas, pero fueron las poblaciones inmediatas a la frontera, Mexicali y Tijuana, las que se enfrentaron a problemas económicos más serios.

En el caso del valle de Mexicali la situación fue muy extrema en ciertos momentos. El precio del algodón, que descendió paulatinamente desde 1926, llegó a ser muy bajo en 1931, cuando se pagaban cuatro centavos de dólar por libra. Esto provocó que muchos de los campos se quedaran sin cosechar, ya que salía más caro recogerlo que dejarlo.

Agricultores chinos, estadounidenses, japoneses e incluso los mexicanos, se vieron en serios problemas económicos ante la imposibilidad de pagar las deudas contraídas. Muchos asiáticos se fueron del valle y cruzaron intencionalmente a Estados Unidos, en donde, por estar prohibida su entrada, los deportaban a su país de origen. No es posible dar cifras precisas, pero según el gobernador Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, en 1931 salieron de la región más de 2 000 chinos.

Una parte de los comerciantes chinos se trasladó a Ensenada, donde no se habían presentado brotes xenofóbicos en su contra. Sin embargo, el incremento de sus negociaciones y la competencia que se generó, además de las dificultades propias de los comerciantes ensenadenses y la disminución del turismo por la crisis económica, motivó una respuesta de los comerciantes mexicanos en contra de los chinos. Trataron infructuosamente de expulsarlos por la fuerza, a pesar de que varios de ellos, como Rafael Chan y Yun Kui, entre otros, ya eran ciudadanos mexicanos.

Las hectáreas sembradas en el valle de Mexicali se redujeron de manera alarmante, al grado de que para 1933 apenas había 10 000 hectáreas en producción. Si tomamos en cuenta que en 1928 había más de 50 000 hectáreas, podremos entender los efectos de esta crisis. Por si esto fuera poco, debido a que los estadounidenses culpaban a la mano de obra mexicana de la falta de trabajo en su país, muchos fueron expulsados de manera obligatoria, lo que originó problemas sociales en toda la frontera. Se estima que entre 1929 y 1934, alrededor de 500 000 mexicanos fueron expulsados a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Esta situación generó muchos problemas en el valle de Mexicali, sobre todo porque los repatriados llegaban sin recursos y sin alimentos; además, no había trabajo, por lo que suscitaron varios problemas tanto en la población de Mexicali como en el valle. En Tijuana la repatriación forzosa propició el surgimiento de las primeras colonias como la Emilio Portes Gil, que luego de varias dificultades fue trasladada de sitio para dar origen a la colonia Libertad.

Los establecimientos que expedían bebidas embriagantes, así como los casinos, comenzaron a tener problemas financieros por el descenso paulatino de visitantes. En Tijuana, a finales de 1929, se inauguró el hotel-casino Agua Caliente, mientras que en Ensenada, a mediados de 1930, el hotel Playa (Riviera del Pacífico). Ambos fueron visitados por las estrellas de cine de Hollywood y por gente famosa de la época.

A pesar de la belleza y esplendor de estos negocios, la crisis económica provocó que en ambos casos se hicieran constantes reajustes y promociones para que llegaran visitantes. En el caso del hotel Playa de Ensenada hubo desde el principio varios embargos que obligaron a que el gobierno del territorio invirtiera recursos.

En noviembre de 1933, el presidente de los Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, como parte de las medidas para salir de la crisis, derogó la Ley Volstead, por lo que los centros de diversión de Baja California se vieron severamente afectados. El Agua Caliente permaneció hasta 1935, mientras que el Playa tuvo que cerrar en varias ocasiones por problemas financieros. De igual forma, Las Vegas, en Nevada, empezó a destacarse por la apertura de casinos, lo que pronto hizo que disminuyeran los visitantes a estos giros a las poblaciones bajacalifornianas.

En este contexto, la demanda por la tierra se incrementó en función de las crecientes necesidades de la población. José María Tapia, quien sustituyó a Abelardo L. Rodríguez en la gubernatura, se enfrentó a varios campesinos de Estación Sesbania, encabezados por Felipa Velázquez viuda de Arellano, quien inició una serie de acciones en contra del gobernador solicitando el reparto de tierra. Felipa Velázquez era activista de la CGT, que en esos años pretendía ocupar el lugar de la CROM a nivel nacional. El general Francisco J. Múgica era uno de los asesores de esta central, que en años anteriores se había declarado anarcosindicalista, pero que en este periodo intentaba convertirse en una organización oficial.

José María Tapia envió a Felipa Velázquez junto con otros 11 campesinos al penal de las islas Marías, lo que provocó una campaña en su contra en todo el país. Múgica era el encargado de dicho penal, por lo que fueron liberados en poco tiempo. Mientras tanto, Tapia renunció en agosto de 1930 a la gubernatura y fue sustituido por el general Arturo M. Bernal Navarrete.

Es importante indicar que el entonces presidente de la república, Pascual Ortiz Rubio, luego de la visita a la región de su secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Juan Andrew Almazán, organizó un plan de mexicanización. En éste, además de contemplar la compra de los terrenos de la Colorado River Land Company de acuerdo con el presupuesto del distrito, consideraba que había que hacer culturalmente mexicanos a los residentes de Baja California. Algunas medidas que creyó oportunas fueron que dejara de circular el dólar estadounidense y que no hubiera letreros en inglés en los establecimientos. Bernal Navarrete también trató de imponer algunas medidas, pero su actuación fue demasiado corta. Además, los problemas económicos eran el asunto principal, pero Bernal Navarrete mostró poco interés en el distrito, ya que sabía que su relevo llegaría pronto.

Como parte del plan de Ortiz Rubio se integraron dos colonias agrícolas con personas que residían en California, Estados Unidos: una se estableció en San Quintín y la otra en las cercanías de Ensenada. La Secretaría de Agricultura y Fomento organizó a 21 familias residentes en Santa Paula, California. Alfredo J. Pérez dirigió inicialmente al grupo que ocupó terrenos en la Mesa de San Carlos y que se le denominó la colonia Moderna. En 1930 sembraron 208 hectáreas de trigo, maíz, frijol, chile, jitomate, papa, cebada, calabaza, melón y sandía. La otra fue la Empresa Cooperativa de Fomento General de San Quintín, B.C. La mayoría de los 53 interesados vivían en Santa Paula y Los Ángeles, California, además de algunos residentes de Tijuana y la propia Ensenada.

En diciembre de 1930 ocupó la gubernatura Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, quien realizó una serie de trabajos para resolver el problema de la crisis económica. Luego de varios acuerdos apoyó la formación de colonias agrícolas en el valle de Mexicali, dio empleo a repatriados y a residentes en la construcción de obras públicas, y buscó que la producción agrícola se diversificara. En Tijuana se le conoció como “Choyitas”, dado que ponía a los repatriados a sembrar choyas en las principales calles del poblado fronterizo como una forma de darles empleo.

Algunas de las colonias formadas por Trejo y Lerdo de Tejada, bajo el sistema cooperativo, fueron en el Rancho de Casey, Pascualitos, Cerro Prieto y Wisteria, donde se establecieron grupos de familias de campesinos. También se formó una colonia en el rancho La Coronita, con 2 500 hectáreas para el cultivo. Cabe señalar que Lerdo de Tejada intentaba que no se sembrara algodón, sino alimentos como maíz, trigo y frijol.

Sin embargo, los problemas con los miembros del naciente PNR, con maestros y en general con los comerciantes de todo el distrito, fueron considerables. Esto se debió a las afirmaciones de que era necesario “mexicanizar” a los residentes de Baja California, ya que desde el punto de vista del gobierno central y el suyo propio, los habitantes del distrito no eran mexicanos.

Este asunto generó enfrentamientos de diversa índole con el gobernador. En Tijuana, por ejemplo, asesinaron a uno de los empleados de la delegación de gobierno, mientras que en Ensenada el propio gobernador se enfrentó con el delegado que dependía de su administración, David Zárate Zazueta. Según el decir de Trejo y Lerdo de Tejada, en Baja California no había personas capaces de estar al frente de los cargos de la localidad. José María Dávila, quien era el dirigente del PNR en el distrito, fue su principal enemigo. Éste realizó una campaña con el fin que se destituyera a Trejo y Lerdo de Tejada del cargo, lo que se logró en septiembre de 1931.

DE DISTRITO A TERRITORIO

Durante la administración de Trejo y Lerdo de Tejada hubo una reforma de carácter nacional en la que los distritos pasaron a ser territorios. Por ello, el 7 de febrero de 1931 se modificó la categoría política, y de ser el Distrito Norte de la Baja California, pasó a Territorio Norte de la Baja California. En esencia no hubo cambios importantes, ya que el sistema administrativo se mantuvo en relación directa con el gobierno federal. Incluso, por la crisis económica, la dependencia del gobierno local se incrementó, ya que en varios momentos requirió de préstamos de la federación para atender las necesidades más inmediatas.

AGUSTÍN OLACHEA AVILÉS

Agustín Olachea Avilés sustituyó a Carlos Trejo y Lerdo de Tejada y ejerció el cargo de gobernador de noviembre de 1931 a septiembre de 1935. Hubo un intervalo de tres semanas en 1932 en que se nombró a Arturo M. Elías, pero éste ni siquiera llegó a instalarse cuando ya estaba el nuevo nombramiento de Olachea.

Varios de los repatriados que se quedaron en Baja California ocuparon tierras en los alrededores de Ensenada, tanto en las zonas aledañas al poblado como en Maneadero; algunos lo hicieron amparados en el decreto del 2 de agosto de 1923 ya mencionado.

Sin embargo, los problemas con los repatriados en el valle de Mexicali se incrementaron cada vez más. Llegaron a presentarse severos conflictos en contra del gobernador Agustín Olachea, quien debió buscar acuerdos con la Colorado River Land Company y las empresas locales para que se mantuviera cierta productividad en el área. Así, en 1932 se suscribió un acuerdo con esa compañía y la Jabonera del Pacífico. La Colorado se comprometió a proporcionar tierras e implementos agrícolas para el cultivo de 5 000 hectáreas, mientras que la Jabonera otorgó la semilla, el zacate y el dinero para el pago del agua. El gobierno del territorio, a través del Banco Agrícola Peninsular, pagaba los alimentos de los trabajadores durante el periodo que se realizaran los trabajos. La cosecha le correspondía a la Jabonera del Pacífico, y de las ganancias obtenidas, 30% correspondía a la Colorado y 70% al gobierno del territorio, dinero que tenía como destino el pago a los trabajadores. Además, Olachea se comprometía a que una vez concluidos los trabajos retiraría a los labriegos de las tierras de la Colorado.

En 1933 se repitió esta forma de organizar la producción; sin embargo, la posibilidad de dar trabajo a los campesinos ya residentes así como a los repatriados, rebasó los alcances del acuerdo. Hubo manifestaciones en contra del gobernador, quien usó la fuerza pública para reprimir a quienes no tenía empleo y lo exigían. Cabe señalar que en este año el precio del algodón se incrementó a 11 centavos de dólar por libra, hecho que dio seguridad a más agricultores estadounidenses y chinos, ya que poco a poco reabrieron más tierras al cultivo en los años siguientes.

LAS EMPACADORAS DE PESCADO

Una de las industrias que se desarrolló en estos años fue la dedicada al empaque de productos marinos, la cual se convirtió en un sector fundamental de la economía de la región. El crecimiento de esta actividad se reflejó en la formación de las primeras cooperativas de pescadores mexicanos y de empresas navieras. Además, fue la primera industria en incorporar a un número importante de mujeres a la producción.

Abelardo L. Rodríguez consolidó la Pesquera del Pacífico, al mismo tiempo apareció una empresa competidora encabezada por Luis M. Salazar, conocida como La Industrial de Ensenada. Como efecto del crecimiento de esta actividad, los pescadores de Ensenada empezaron a organizarse en cooperativas de producción, y bajo el amparo de las leyes mexicanas trataron de enfrentarse con los pescadores japoneses, quienes explotaban las costas bajacalifornianas desde muchos años atrás. Incluso intentaron que las oficinas de pesca de México, establecidas en San Diego y San Pedro, California, se pasaran a la bahía de Ensenada. Sin embargo, para Salazar y Rodríguez resultaba más práctico trabajar con los japoneses, ya que eran pescadores experimentados, además de que el principal mercado consumidor era precisamente Japón.

LOS PERÍMETROS LIBRES

Desde la derogación de la zona libre en 1905 persistieron demandas por restablecerla; de hecho, tanto los jefes políticos como después los gobernadores daban permisos para la introducción de materiales de construcción e implementos agrícolas. Incluso, durante la baja del precio del algodón a finales de 1920 y principios de 1921, Manuel Balarezo propuso, para salir del problema generado por los repatriados que llegaron en esos momentos a Tijuana y Mexicali, establecer una especie de zona libre temporal. Epigmenio Ibarra hijo mantuvo la misma política, y en los siguientes años, tanto Inocente Lugo, Abelardo L. Rodríguez y Carlos Trejo y Lerdo de Tejada, de facto, tomaron medidas que beneficiaban el libre comercio. Sin embargo, lo irregular del proceso no daba las garantías a largo plazo y los comerciantes de Mexicali, Tijuana y Ensenada demandaron la exención fiscal para el ingreso de los productos y así anular los efectos de la crisis económica.

El gobernador Agustín Olachea compartió la inquietud y adujo ante el presidente de la república, Abelardo L. Rodríguez, una serie de beneficios si se dejaba entrar libre de impuestos a la maquinaria agrícola y minera, así como al combustible y lubricantes. Afirmó que a lo producido en la localidad, como harina, frijol, manteca y jabón, no debería permitirse la entrada, lo mismo para lo que llegaba del centro del país, como café, arroz, azúcar y calzado. Resumió que “[...] sería ideal dejar entrar libremente, todo lo que nosotros no tenemos y que pueda servir de atractivo para el pueblo americano que venga a comprarlo, aumentando así el turismo sin perjudicar en nada a la región ni a la producción del centro del país”.

El 30 de agosto de 1933 se aprobaron los perímetros libres para Tijuana y Ensenada. Las autoridades cercaron las zonas que gozarían de esta franquicia fiscal, pero a Mexicali no se le consideró en este privilegio. Si bien la medida beneficiaba a los residentes de los dos poblados, al establecerse los cercos perimetrales alrededor de las poblaciones de Tijuana y Ensenada hubo problemas para los residentes del campo; en particular, los productores de trigo fueron los más afectados, entre ellos, los campesinos de origen ruso que se encontraban en el Valle de Guadalupe, San Marcos y San Antonio, así como algunos estadounidenses y chinos. En 1934 hubo innumerables protestas de los agricultores y se realizaron varias modificaciones para solucionar el problema, aunque todavía en 1935 persistían las inconformidades, ya que los cercos perimetrales habían creado una frontera interna.

EL CARDENISMO

La crisis económica de los años treinta generó movimientos sociales en México que llevaron la propuesta de nuevas formas de distribuir la riqueza. En el congreso hubo grupos cada vez más radicales que propugnaron por la realización de una reforma agraria. Varios sectores impulsaron reformas sociales que culminaron con la elaboración del Plan Sexenal. En dicho documento se señaló el derrotero a seguir por el siguiente presidente de la república; uno de los puntos más importantes fue el reparto de tierras.

Por otra parte, Lázaro Cárdenas del Río debió imponer su autoridad ante Plutarco Elías Calles. Para ello se valió de varias organizaciones de trabajadores como la naciente Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) y de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

A principios de 1936 expulsó a Calles del país, con ello se eliminó un poder que había minado la figura presidencial en años anteriores.

El Estado corporativo, con el cambio de PNR a PRM (Partido de la Revolución Mexicana), repercutió en Baja California al transformar la estructura de la tenencia de la tierra y al organizar a numerosos trabajadores dentro de la estructura del partido. De igual forma, por sus características, el reparto agrario sujetó a los campesinos a los intereses del Estado, al hacerlos miembros del partido en el poder y vincularlos con la idea de revolución que le interesaba a la clase gobernante: un reparto de la tierra condicionado a la sumisión al partido de Estado. Dicha implantación tuvo varios efectos en el momento de instaurarse, ya que para los rancheros establecidos desde el siglo XIX afectados por el reparto significó un reacomodo en el que resultaron perdedores, mientras que la reforma agraria fue un proceso de colonización que benefició a campesinos y a varios sectores del comercio.

La agricultura, la ganadería y las empacadoras de productos marinos cobraron mayor fuerza en este periodo. Se incrementó notoriamente el número de habitantes del campo y en las diferentes poblaciones, como resultado de movimientos migratorios generados por la depresión económica en Estados Unidos y por la acción del Estado mexicano como promotor de la inmigración a Baja California para colonizar con mexicanos.

Cárdenas prohibió los juegos de azar en julio de 1935; con ello afectó los intereses de los inversionistas estadounidenses y del ex presidente Abelardo L. Rodríguez. En septiembre nombró gobernador del territorio al general Gildardo Magaña, ex zapatista, lo que cambiaría la relación política en la región. Gildardo Magaña se apoyó en las diferentes agrupaciones de trabajadores de la localidad, como los sindicatos de la CROM y la Cámara del Trabajo, integrada al PNR. El general Magaña gobernó el territorio de septiembre de 1935 a febrero de 1936.

En Tijuana, el cierre del hotel-casino Agua Caliente y de los casinos de la avenida A (hoy Revolución) causaron serios trastornos que convirtieron al poblado en un área de constantes protestas. Se desocupó a un número elevado de trabajadores, quienes mantuvieron cierto grado de organización que les permitió presentar demandas con miras a que uno de sus líderes ocupara la gubernatura del territorio.

Durante el gobierno de Gildardo Magaña se realizó un estudio de la Comisión Mixta Intersecretarial, organismo creado por Cárdenas con el objetivo de analizar la situación del Territorio Norte de la Baja California. Hubo un representante de la Secretaría de Hacienda, otro de Salubridad, otro de la entonces Secretaría de Economía, de Agricultura y Fomento, de Comunicaciones y Transportes, y un representante del gobernador del territorio. La comisión se formó en octubre de 1935 y en pocos meses efectuaron varias recomendaciones.

Magaña dejó el cargo a principios de 1936, ya que fue propuesto para ocupar la gubernatura en su natal Michoacán. Al momento de retirarse dejó, sobre todo en Tijuana, a la CROM sumamente fortalecida. Varios de sus líderes pretendían que fuera un residente de la localidad el gobernador y no alguien que enviaran desde el centro del país.

El general Gabriel Gavira, ex carrancista, fue designado por Cárdenas para que gobernara Baja California. Gabriel Gavira fue presionado por los cromistas de Tijuana: se pretendía que la gubernatura la ocupara alguien de la localidad y de preferencia de la mencionada central de trabajadores. Las difíciles condiciones económicas que se vivían y los deseos de controlar los destinos del territorio por grupos de residentes de Baja California generaron una intensa actividad política.

Durante la visita de Francisco J. Múgica, secretario de Comunicación y Obras Públicas, el 22 de mayo de 1936, se realizó en Tijuana una manifestación en contra del gobernador por haber detenido obras públicas que daban empleo a muchos residentes de las poblaciones. El 31 de mayo, Silvano Barba González, secretario de Gobernación, presenció otra manifestación semejante. Los tijuanenses hicieron tal revuelo que Gavira prácticamente no pudo gobernar y fue separado del cargo en agosto de 1936. Para entonces, el ex jefe máximo de la revolución mexicana, Plutarco Elías Calles, residía en San Diego, California, y por las actividades de los cromistas tijuanenses, se temía la influencia que éste pudiera tener en los acontecimientos de la población fronteriza.

EL PROYECTO DE LÁZARO CÁRDENAS

El general Rafael Navarro Cortina sustituyó a Gavira; meses atrás había sido el encargado de expulsar a Calles de México. También se enfrentó a los problemas económicos que provocó el cierre de los casinos en Tijuana. Su decisión fue que éstos reiniciaran actividades con el fin de tranquilizar las protestas de los integrantes de la CROM. Abiertamente, los cromistas, que se sentían triunfadores por la destitución de Gavira, propusieron a Lázaro Cárdenas que “[...] en lo sucesivo someta usted a la organización del trabajo de este Territorio el nombramiento de sus gobernadores [...]”; además, “[...] se pide que sean los sindicatos los que nombren las autoridades subalternas [...] y no el gobernador”, así como la facultad para solicitar al ejecutivo “[...] que revoque los nombramientos de los gobernadores cuando esto sea pedido por el veto de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados [...]”.

El 28 de septiembre de 1936, desde el Salón de Oro del Palacio Nacional, Cárdenas dio a conocer un programa para los territorios de Baja California y Quintana Roo. El proyecto tomó en cuenta las sugerencias de la comisión mixta intersecretarial; uno de los objetivos fundamentales era incrementar las comunicaciones, tanto hacia el interior del territorio como hacia el exterior.

De igual forma, se pretendía poblar la región. Cabe señalar que pocos meses atrás se había efectuado una solicitud más de compra de la Baja California por Estados Unidos, en esta ocasión la realizó el diputado Kramer. Cárdenas consideraba un deber “[...] de inaplazable cumplimiento, presentar a la consideración nacional, en la hiriente realidad de sus términos, los problemas que ofrecen los territorios de Baja California y de Quintana Roo [...]”; se promovería que los territorios “[...] contaran con población mexicana numerosa, disfrutaran de protección más efectiva, vivieran con el ritmo económico y social de nuestra nacionalidad, y mantuvieran y afrontaran las características de la cultura patria”.

Cárdenas se propuso poblar los territorios norte y sur de la Baja California; para ello requería de caminos que empezaron a construirse en poco tiempo. Dentro de las medidas tomadas estaban la supresión de algunos impuestos y la aplicación total en el territorio de los recursos que se recabaran en el mismo por parte de las dependencias federales. La Secretaría de Gobernación debería organizar el traslado “[...] de todos los contingentes mexicanos residentes en el extranjero que quisieran volver al país y dedicarse a la agricultura, hasta dejarlos establecidos en las zonas que la Secretaría de Agricultura les tuviera destinadas”; la Secretaría de Comunicaciones debería realizar varios caminos internos, entre los que destacó la carretera Ensenada-San Felipe, así como otras muchas obras que beneficiaban a Mexicali y Tijuana.

Una gestión de suma importancia para todas las poblaciones fue el establecimiento de la zona libre para todo el territorio, con lo que quedaban atrás los problemas que tenían los residentes del campo debido a los perímetros libres. Además, se garantizaba el abasto de productos para los residentes y se podían planear actividades a largo plazo. Esta medida resultó de suma importancia para los nueve años siguientes, ya que legalizó una práctica que antes era considerada como contrabando. Se trataba, pues, de un plan que buscaba transformar las condiciones generadas en los últimos años del siglo XIX, sobre todo en lo correspondiente al valle de Mexicali, pero también, dados los mecanismos institucionales para realizarlo, sería la imposición del Estado corporativo. En contra de ello se manifestaron repetidamente los miembros de la CROM, de la Cámara de Comercio de Ensenada y, por supuesto, los rancheros que se sintieron despojados de sus tierras por los ejidatarios que llegaron en su mayoría de otros estados del país y del sur de California, Estados Unidos.

Sin embargo, Rafael Navarro Cortina, presionado por los cromistas tijuanenses, dio oportunidad a que se abrieran algunos casinos en el poblado fronterizo, hecho que propició su cambio en la gubernatura en febrero de 1937. Para entonces, las demandas por la tierra habían dejado el camino de la solicitud y campesinos de Mexicali al amparo de las autoridades locales y federales, que iniciaron un proceso de transformación de la propiedad que repercutió de manera significativa en la historia de Baja California.

EL REPARTO AGRARIO Y LA COLONIZACIÓN:

UN PROYECTO DE ESTADO.

SU RELACIÓN CON EL RÍO COLORADO

En sustitución de Navarro Cortina llegó el coronel Rodolfo Sánchez Taboada con el encargo de que el plan del presidente de la república se cumpliera en la medida de lo posible.

Como ya hemos señalado, desde años atrás hubo varios proyectos que buscaban poblar la Baja California. Los repatriados se convirtieron en una presión muy importante para crear colonias agrícolas en los año precedentes, sin embargo, algunas de estas colonias pasaron a ser ejidos con el reparto agrario.

De igual forma, hubo propuestas de mexicanos de la frontera para organizar colonias con mexicanos residentes en los Estados Unidos. Se realizaron algunos intentos para su ejecución, pero con muchos problemas; ejemplos exitosos son las colonias El Refugio y La Esperanza, en el valle de Mexicali. También llegó a darse el caso de personas que engañaron a mexicanos residentes en California al pedirles dinero para empezar trámites que nunca llegaron a realizar.

Es importante señalar que agricultores mexicanos, por su cuenta, arrendaron a la Colorado River Land Company tierras para trabajar, sobre todo porque a partir de 1933 el precio del algodón se recuperó levemente. Asimismo, se incrementó el número de hectáreas sembradas para 1934 y 1935 como efecto directo del aumento del algodón. En estos años, agricultores japoneses e hindúes volvieron a reabrir tierras para el cultivo en el valle de Mexicali.

Un cambio sustancial que favoreció el reparto agrario fue el control del Río Colorado con la construcción de la presa Boulder en Estados Unidos. Luego de su erección en 1935, pronto se dejaron sentir sus efectos positivos al reducirse el caudal de tal forma que se podrían abrir tierras al cultivo en la parte mexicana. Sin embargo, representantes de California y Arizona pugnaban por limitar la cantidad de agua que México debería recibir. Debido a que en varios tratados en el mundo se había reconocido el principio de primera apropiación/uso benéfico, el que se abrieran tierras era bueno para nuestro país, dado que al momento de llegar a un acuerdo se podría reclamar el agua suficiente para las tierras que estuvieran abiertas, por lo que colonizar era prioritario. Esto, aunado a la política de entrega de tierra principalmente a través de ejidos, permitió que el valle de Mexicali viviera un proceso de reestructuración muy significativo.

Las solicitudes para que se estableciera un mayor número de campesinos mexicanos en el valle de Mexicali fueron numerosas. Varios reclamaban que los ayudara el gobierno para que arrendaran tierras con derecho a compra; incluso, algunos grupos se organizaron para tomar tierras o expandirse, como la colonia Gómez, formada desde 1919 y que creció al tomar tierras de la Colorado River Land Company.

En 1935, en Real del Castillo, al este de Ensenada, varios rancheros de la zona se enfrentaron a los principales ganaderos con el objetivo de que se les otorgaran tierras para su ganado.

Lázaro Cárdenas adoptó dos formas distintas para fomentar el reparto de tierras: los contratos de colonización y la formación de ejidos. Primero formalizó un acuerdo con la Colorado River Land Company en el cual la empresa se comprometía a la creación de colonias agrícolas a través de contratos de venta. El 14 de abril de 1936 se firmó el convenio en el que se pretendía que a lo largo de veinte años se fueran traspasando los terrenos a campesinos mexicanos.

El proceso de colonización se inició de manera formal en 1936. Los beneficiarios fueron tanto personas que ya arrendaban tierras a la Colorado River Land Company, como familias que se organizaron en Estados Unidos. Fernando España y su hermano Salvador, quienes ya habían formado colonias en el valle, fueron los agentes de colonización encargados de realizar los planes acordados por el gobierno y la empresa. A finales de 1936 se habían creado nueve colonias, todas ellas bajo un proceso de selección mediante el cual se garantizaba que los beneficiarios en realidad supieran trabajar las tierras.

Sin embargo, la necesidad de poblar el Territorio Norte de la Baja California y el proyecto de Lázaro Cárdenas de organizar a los grupos de campesinos bajo la estructura del ejido aceleraron el poblamiento; varios fueron los factores que contribuyeron. Uno de ellos, las constantes peticiones de compra de la Baja California por políticos de los Estados Unidos. Otro, de carácter estratégico, era la formación de dos bloques económicos que se dejaban ver en el mundo: Estados Unidos y Japón. Otro más, ya mencionado: la necesidad de utilizar agua del río para poder reclamar la mayor cantidad posible al momento de un tratado. Cabe señalar que Estados Unidos hacía lo mismo en los afluentes del bajo Bravo, donde los afluentes que nacían en México abastecían los campos del sur de Texas.

Desde los primeros años del siglo XX, empresarios y políticos, sobre todo de California y Arizona, como argumento para solicitar la anexión de Baja California a Estados Unidos, difundieron la idea de que los japoneses invadirían la península. Esta consideración se mantuvo hasta la cuarta década del siglo. Debido a ello, el poblamiento era de vital importancia y la formación de ejidos, además del reparto de tierra, permitiría que los habitantes estuvieran preparados para la defensa del territorio mexicano. La presencia de agricultores japoneses en el valle de Mexicali, en Maneadero y en las poblaciones de la frontera, sobre todo en Tijuana, parecía confirmar ese avance japonés tan denunciado por diarios estadounidenses.

El proyecto de Lázaro Cárdenas buscaba poblar para “hacer patria”, como mencionaba la propaganda de la época. Si en años anteriores se habían formado colonias con repatriados o con grupos organizados de California, en esta ocasión se repitió el proceso, sólo que en mayores dimensiones y con amplio apoyo del gobierno federal. Desde 1936, varios enviados de Cárdenas hicieron promoción en poblaciones de California para atraer agricultores. La idea era que por estar en contacto con los avances tecnológicos en Estados Unidos, eran quienes modernizarían la agricultura en Baja California.

El 27 de enero de 1937, un grupo de campesinos ocupó terrenos cultivados de la Colorado River Land Company (evento que se conoce como “Asalto a las tierras”). A partir de febrero de ese mismo año se inició un proceso acelerado de formación de ejidos en Baja California y la estrategia de poblamiento se puso en práctica en diferentes puntos del territorio. La propaganda en California, Estados Unidos, incluía ayuda para el transporte de personas, de materiales de construcción y de implementos agrícolas, además de pagarles dos pesos diarios a cada campesino. Todos ellos eran miembros de la segunda reserva del ejército.

Durante 1937 se formaron ejidos como el Michoacán de Ocampo, Nayarit, Chihuahua, México, Chiapas, Durango y Jiquilpan, por mencionar algunos. Otros eran sitios en posesión de mexicanos desde años atrás, pero que al conocer los beneficios de la reforma agraria, prefirieron constituirse como ejidos para tener más facilidades de crédito. Tal es el caso de ejidos como Islas Agrarias, anteriormente Álamo Mocho; Sinaloa, antes Casey; Cuernavaca, antes Sesbania; Veracruz, antes Francisco Javier Mina, o Jalisco, que fue del grupo denominado Tierra y Libertad. Para diciembre de 1937 se habían formado 44 núcleos ejidales en alrededor de 99 000 hectáreas.

En el caso de la zona costa el proceso tuvo semejanzas y diferencias. Se formaron ejidos como el Uruapan, Eréndira, La Misión, Mazatlán, Santa Rosa, Real del Castillo, Sierra Juárez, El Porvenir y varios más. Muchos de sus habitantes fueron mexicanos que se repatriaron de Estados Unidos, y en otros casos, de diferentes estados del interior del país, donde también se hizo propaganda con el fin de que vinieran a Baja California. En varios casos los ejidos se quedaron con pocos miembros, pero las campañas se mantuvieron tanto en California como en otras entidades de la república.

Sin embargo, los agraristas (como se le conoció a los ejidatarios) del valle de Mexicali, de Maneadero y otros lugares, ocuparon terrenos que estaban en producción. Esto provocó varios enfrentamientos e incluso algunos asesinatos con los anteriores propietarios. En el caso de Maneadero (posteriormente ejido nacionalista Rodolfo Sánchez Taboada), por ejemplo. tanto agricultores mexicanos como japoneses señalaron que los agraristas sólo tomaban tierras que ya estaban desmontadas y con instalaciones para irrigar.

En Mexicali, donde tuvo lugar una protesta notable en contra de la forma en que se llevó a cabo la ocupación de los terrenos por parte de los ejidatarios, los agricultores mexicanos que tenían contratos de arrendamiento en la Colorado River Land Company y los colonos que formaban parte del acuerdo de abril de 1936, se organizaron en la llamada “huelga de los sentados”, que consistió en ir al palacio de gobierno con sus familias para realizar una protesta pacífica por la manera en que se les desalojó de las tierras que ocupaban. Este grupo representaba alrededor de 1 500 agricultores.

El problema se solucionó con la intervención directa del gobernador del distrito. Algunos de estos agricultores formaron colonias como la Venustiano Carranza, Baja California, Nuevo León y Coahuila. Otras de las colonias formadas con anterioridad siguieron funcionando como tales, sin sumarse al régimen ejidal, como las colonias Gómez o Castro.

La mayoría de los indígenas fueron integrados al régimen ejidal. En los casos de los miembros de comunidades como San José de la Zorra y San Antonio Necua, incorporados al ejido El Porvenir, se sintieron perjudicados debido a que sus áreas tradicionales eran consideradas de todos los miembros del ejido. Sin embargo, fueron convencidos por las autoridades agrarias de los beneficios de mantenerse como parte de la agrupación debido a los créditos que podían recibir. En el caso de los cucapás, varios de ellos vendieron las tierras ejidales, dado que no era una forma de posesión a la que estuvieran acostumbrados.

En el caso del valle de Mexicali, la Colorado River Land Company fue indemnizada por las tierras afectadas por el reparto agrario, además de que conservó poco más de 116 000 hectáreas. En los siguientes años, el gobierno mexicano retomó el proyecto de colonización conforme al acuerdo de 1936.

Es importante señalar que durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se inició la construcción del ferrocarril Sonora-Baja California y concluyó años después, por lo que la comunicación por mar siguió siendo muy importante hasta finales de la década siguiente.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL Y LOS ACUERDOS CON ESTADOS UNIDOS

En 1939 inició la segunda guerra mundial. La ocupación alemana a Polonia, y un año después, a Francia, pronto se reflejó en la recuperación de la dinámica económica. Sin embargo, el avance de los alemanes pronto inquietó al gobierno de Franklin D. Roosevelt. En el océano Pacífico, los japoneses habían empezado a mejorar sus posiciones y para muchos era inminente la guerra con Japón, en razón del dominio cada vez mayor de este país en el sudeste asiático. El ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 marcó el ingreso de Estados Unidos a la guerra; poco después México hizo lo mismo y varios de los conflictos que habían estado en la mesa de las negociaciones empezaron a solucionarse entre ambos países.

En México, el sucesor de Lázaro Cárdenas fue Manuel Ávila Camacho. Las elecciones de 1940 fueron sumamente disputadas. Juan Andrew Almazán, primer candidato del naciente Partido Acción Nacional (PAN), tuvo una gran cantidad de seguidores en diferentes ciudades del país, al grado que para varios que han estudiado el tema, plantean que el triunfo le correspondió a Almazán. Sin embargo, la naciente estructura del partido de Estado (PRM) funcionó en términos de intimidar el voto, destruir casillas o el robo de urnas.

Ávila Camacho encontró complicaciones en el ámbito de las relaciones internacionales, en especial con Estados Unidos. La nacionalización del petróleo, la confiscación de tierras a estadounidenses y el tema de las respectivas indemnizaciones no estaban resueltos. Además, había negociaciones en temas como el de los ríos Colorado y Bravo, que requerían de una solución conjunta entre ambos países.

Roosevelt, que si bien había practicado la política del “buen vecino” con México, en el escenario de la guerra mundial el vínculo con nuestro país le resultaba indispensable. En primera instancia, como aliado, dado el peligro que pudiera representar tener en su frontera inmediata a un país neutral; por otro lado, requerían de mano de obra tanto para sus actividades agrícolas como para la industria.

En 1941 se iniciaron las negociaciones entre México y Estados Unidos para diversos temas de la agenda bilateral. En febrero se planteó el tema de las indemnizaciones a las compañías petroleras. El secretario de Estado, Cordell Hull, realizó diligencias ante las empresas para que aceptaran las sumas ofrecidas por el gobierno mexicano, y el 19 de noviembre de 1941 se firmó el acuerdo correspondiente en el que México se comprometió a pagar 40 millones de dólares, mismos que serían cubiertos en pagos anuales de dos y medio millones de dólares y una entrega previa de tres millones. También quedó concretada la adquisición de plata mexicana por los estadounidenses por un monto de 25 millones de dólares, un crédito de 50 millones de dólares para la estabilización del peso mexicano, y la apertura de una línea de crédito por 30 millones de dólares destinado a la construcción de carreteras.

En mayo de 1942, luego de hundimiento de las embarcaciones mexicanas El Potrero del Llano y el Faja de Oro por submarinos alemanes, México le declaró la guerra a las potencias del eje. Con ello, las presiones de Estados Unidos para obtener colaboración militar fueron significativas, sobre todo en lo que se refiere a la península de la Baja California.

Ávila Camacho, como parte de la reorganización del ejército que le presentó el hasta ese momento secretario de Guerra y ex presidente Lázaro Cárdenas, en noviembre de 1942 formó la Región Militar del Pacífico, a cuyo frente quedó el propio Cárdenas. Éste debió coordinar esfuerzos con el general John L. De Witt, comandante de la defensa occidental y del cuarto ejército de Estados Unidos, para tomar medidas de prevención en contra de un posible ataque japonés, mismo que no llegó a efectuarse. Cárdenas coordinó también el establecimiento de estaciones de radar a lo largo de la península, en las que los operadores mexicanos fueron asesorados por militares estadounidenses.

En cuanto a la población de Baja California, se organizaron grupos de voluntarios, en su mayoría integrados por los ejidatarios que acababan de recibir tierras o por trabajadores de las organizaciones locales. La CROM, que hasta esos años se mantenía sin integrarse al PRM, aportó hombres que estaban presos a la defensa. La paradoja es que para muchos de ellos la amenaza no era Japón, sino Estados Unidos y sus tropas apostadas muy cerca del límite internacional.

Debido a que se esperaba un ataque aéreo se recurrió a la práctica de apagar las luces durante la noche. Estos apagones se volvieron frecuentes debido a que como en Tijuana y Mexicali se dependía de la electricidad que se generaba en Estados Unidos, éstos tenían la manera de controlar el momento de realizar dicha medida. Lázaro Cárdenas, que estableció por un tiempo su base militar en Ensenada, planeó también la construcción y mejora de los caminos existentes, ya que podían resultar fundamentales en caso necesario.

Con la entrada de Estados Unidos a la guerra mundial la necesidad de mano de obra mexicana fue cada vez más sentida. Si en años anteriores los trabajadores mexicanos habían sido expulsados, ahora los requerían para poder sustituir a los hombres que se integraron al ejército. En 1942 el problema se hizo más que evidente, y tanto agricultores como industriales reclamaban a su gobierno que se contratara a la mano mexicana para lograr levantar sus cosechas y mantener sus niveles productivos. Luego de varios meses de discusiones, el 4 de agosto de 1942 los gobiernos de los dos países llegaron a un acuerdo ejecutivo en el que México aceptaba la contratación, siempre y cuando hubiera garantías para los trabajadores mexicanos. En abril de 1943 el acuerdo fue renegociado, y de nuevo en 1946, cuando la guerra ya había terminado. Para ese momento había quedado claro que los trabajadores mexicanos no eran una necesidad sólo por la guerra, sino que se trataba de un asunto permanente del cual los dos países obtenían beneficios.

La necesidad de productos de diversa índole en Estados Unidos y en Europa benefició las actividades agrícolas de Baja California. Esto alentó a muchos de los agricultores que recibieron tierras a través del sistema de ejidos a establecerse de manera permanente, ya que algunos acostumbraban a trabajar por temporadas en Estados Unidos. De igual forma, los ejidos ganaderos que se formaron en Ensenada, Tecate y Tijuana pudieron incrementar su actividad en razón de la demanda de productos estadounidenses. A partir de la década de 1940, Baja California fue el territorio con mayor crecimiento demográfico de todo el país por varias décadas.

Un tema de relevancia en las relaciones México-Estados Unidos fue el Tratado de Aguas Internacionales que firmaron los dos países en 1944 y que se ratificó en 1945 por el senado de ambas naciones. De acuerdo con el documento, a México le correspondieron 1 850 millones de metros cúbicos, cifra que en ese momento se consideró alcanzaría para 200 000 hectáreas en el valle de Mexicali (posteriormente quedó claro que no era suficiente). México se comprometía a construir una presa derivadora para distribuir el agua por los canales de irrigación. Cabe señalar que para ese momento aún llegaban a México alrededor de 8 000 millones de metros cúbicos, dado que todavía estaban por construirse otras presas y sistemas de canales en Estados Unidos, sobre todo en Arizona y en los estados superiores de la cuenca, como Colorado, Utah, Nuevo México y Wyoming. Así, México tenía garantizada una cantidad de agua para sus usos (8% del total del río) y Estados Unidos, con obras que beneficiaron a los dos países en lo que respectaba al control de la corriente, además que ambas naciones podían planificar su desarrollo en los años futuros. Aun así, la Compañía de Tierras y Aguas de la Baja California (propiedad del Imperial Irrigation District) mantuvo la propiedad de una parte importante de las obras de irrigación y los agricultores debieron pagar a esta empresa por la conducción del agua a sus tierras. En 1961, el gobierno de México adquirió el sistema de la compañía.

De esta forma, en el periodo tratado en este capítulo se establecieron las bases para el desarrollo capitalista en sus diversos órdenes vinculados a los procesos de Estados Unidos. Esto no implicó una subordinación pero sí una relación intensa que se acentuó en los años siguientes. Por otro lado, el desarrollo político estuvo ligado a los procesos nacionales. El vínculo establecido desde años atrás se mantuvo de manera intensa, y los acontecimientos que afectaron a la nación también tuvieron impacto en Baja California.

CAPÍTULO VI. DE 1945 A NUESTROS DÍAS. INTERNACIONALIZACIÓN ECONÓMICA Y DEMOCRACIA POLÍTICA EN BAJA CALIFORNIA

Alejandro Mungaray Lagarda

Marco Antonio Samaniego López

Desde la década de 1940, el crecimiento poblacional marca de manera clara la historia de Baja California. Este incremento tiene varias razones, las cuales señalamos sin orden de importancia: 1) el establecimiento de la industria maquiladora desde la década de 1960 e intensificación de la misma en la de 1980, y profundamente relacionado con la economía internacional y con los procesos de producción globalizados; 2) la migración generada por el cruce de trabajadores a Estados Unidos; 3) derivado de ello, los que regresan, así como los que no se van, a pesar de tener intenciones de hacerlo; 4) el aprovechamiento intensivo de las áreas agrícolas bajo diferentes métodos de irrigación; 5) la actividad pesquera y ganadera, mismas que han tenido periodos de auge y decrecimiento, y 6) el comercio con Estados Unidos, favorecido por la formalización del régimen de zona libre desde 1939, y en años recientes, por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En términos políticos, este largo periodo inicia con el establecimiento del Estado corporativo a través del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), y a partir de 1946, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sin embargo, el Partido Acción Nacional (PAN) en varias ocasiones tuvo una fuerte presencia electoral y en 1989 logró la primera gubernatura para su partido, acontecimiento que marca un hito en la historia contemporánea de nuestro país. En años posteriores, dicho partido ha mantenido la gubernatura, pero a nivel de presidencias municipales ha habido cambios importantes. Estos dos partidos, PRI y PAN, han estado en disputa constante por el poder político; en la actualidad, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) tiene presencia en la entidad, aunque no ha logrado obtener presidencias municipales; su participación formal ha estado sobre todo en el congreso local y en los cabildos.

EL MÉXICO DEL DESARROLLO ESTABILIZADOR Y LA SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

Existen diversas propuestas acerca de cómo establecer los periodos en los años recientes. Para algunos, la sustitución de importaciones y el desarrollo estabilizador es de 1940 a 1970; para otros, es necesario plantearlo hasta 1982. Para el caso bajacaliforniano, donde el régimen de zona libre le dio impulso a las actividades comerciales desde antes de la crisis del modelo de sustitución de importaciones, cabe decir que el esquema será utilizado como referencia nacional, dado que no se apega en estricto sentido a lo sucedido en esta entidad.

En términos generales, se trata de un periodo en el que de una población ubicada en el área rural se pasó a ser un país con población eminentemente urbana. En la década de 1930, como efecto de la crisis económica se inició el proceso de industrialización en el país. Posteriormente, debido a la coyuntura que se creó con la segunda guerra mundial, se alcanzó un desarrollo industrial significativo, sobre todo en varias entidades del centro del país. La necesidad de productos en Europa y en Estados Unidos fue un momento propicio para incrementar el proceso de industrialización. Esta tendencia estaba en concordancia con las propuestas de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que planteaba, desde la segunda mitad de la década de 1940, que la industrialización acelerada ayudaría a resolver los problemas del subdesarrollo, el desempleo, la concentración del ingreso, el déficit en la balanza de pagos, así como la dependencia económica y tecnológica.

A principios de la década de 1940, casi dos terceras partes de la población se dedicaba a la agricultura y producían 18% del producto interno bruto (PIB). Para 1970, menos de la mitad de la fuerza laboral se dedicaba a la agricultura. Algunas de las cifras más comentadas en ese periodo son que la población que vivía en comunidades de más de 2 500 habitantes pasó de 34% a 60%; asimismo, hubo una reducción de 67% a 40% de la fuerza laboral ocupada en la agricultura, así como la modificación de la composición del producto nacional bruto, donde la agricultura se redujo de 21% a 11%, mientras que la industria se elevó de 24% a 34%.

El modelo de sustitución de importaciones generó algunas contradicciones. Una de ellas fue una industria beneficiada por altos aranceles a los productos del exterior, pero que rápidamente se tornó en una industria ineficiente, pues si bien logró mantener el mercado cautivo en México, fue incapaz de competir con el exterior y, por consiguiente, de captar divisas. Por otro lado, la reducción en las exportaciones de productos primarios y la necesidad de importar insumos generaron un creciente déficit comercial. Con ello la balanza de pagos fue deficitaria desde la década de 1950, y la devaluación de 1954 no logró subsanar este problema.

A pesar del optimismo con que algunos hablan de este periodo, e incluso lo llaman “el milagro mexicano” debido al proceso de industrialización que hubo, es claro que estuvo lejos de representar una solución al problema de la desigualdad y la pobreza. Así, para 1970, el ingreso por persona al año era de 600 dólares, y la población más pobre recibía sólo 90. Además, 41% de los niños entre 6 y 14 años no tenía acceso a educación; la carne era inalcanzable para diez millones de personas, la leche para 18.4 millones, y el huevo, para 11.2 millones de habitantes. Por otra parte, 69% de las casas tenía sólo dos cuartos y 59% carecía de drenaje. Sólo 24% de la población estaba cubierta por el sistema de seguridad social.

Los conflictos sociales a finales de la década de 1950, así como los diversos movimientos estudiantiles que se presentaron a lo largo de la década de 1960 en varios estados de la república —que tuvieron su momento climático con la violencia del 2 de octubre de 1968 en la ciudad de México—, fueron un indicador de que el modelo de sustitución de importaciones, bajo las condiciones en que se encontraba el país, presentaba serios problemas. En los años siguientes, durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, se buscó implantar el llamado “desarrollo compartido” y, posteriormente, con José López Portillo, una marcada petrolización de la economía. Cabe apuntar que algunos economistas indican que es hasta 1982 cuando el modelo de sustitución de importaciones llegó a su fin; para otros, su agotamiento fue en 1970. Bajo cualquier ángulo, las contradicciones sociales generadas provocaron que en Baja California se registrara una alta inmigración de mexicanos de otras entidades de la república.

EL CRECIMIENTO POBLACIONAL EN BAJA CALIFORNIA

Uno de los temas centrales en este periodo es el constante crecimiento poblacional, pues se pasó de 78 097 habitantes en 1940 a 2 487 700 para el año 2000. Entre 1940 y 1960 la población de Baja California aumentó en 559% a un ritmo anual de 10%. En la década de 1960 a 1970 el incremento real se mantuvo, pero la tasa decreció a 5.3% anual, misma que tiende a mantenerse en el rango de 3.1% y 4.1% en las décadas subsecuentes. Esto, bajo cualquier perspectiva, es un incremento acelerado de la población para nuestra entidad.

Cabe señalar que en términos generales, todas las entidades federativas del norte de México han crecido a ritmos que guardan cierta semejanza con Baja California. Los municipios fronterizos de Tijuana y Mexicali han sido los que más crecimiento han registrado, pero en cuanto a las tasas de crecimiento, son Tecate y Playas de Rosarito los que se destacan de manera notable con una tasa de 5.2% y 7.7%, respectivamente.

LAS RAZONES ECONÓMICAS DEL INCREMENTO

Varios son los elementos que se combinaron para este proceso de incremento poblacional. En el capítulo anterior se mencionaron algunas de las obras hidráulicas que se construyeron en el Río Colorado. De igual forma, se indicó que con la firma del Tratado de Aguas Internacionales con Estados Unidos, en el que se garantizaron 1 850 millones de metros cúbicos para México, significó que nuestro país tuviera asegurada la apertura de 200 000 hectáreas al cultivo, en concordancia con las fórmulas de uso del agua para la irrigación en esos años. Uno de los cambios de importancia —tanto por las obras en Estados Unidos como por el tratado— fue el control del caudal, mismo que había resultado muy problemático y no había permitido la construcción de una vía férrea que uniera a Baja California con Sonora. Con la construcción de la presa Boulder en los límites entre California y Arizona, y de varias obras de ingeniería llevadas a cabo en México, fue posible planear y ejecutar una vía de ferrocarril: Lázaro Cárdenas inició su realización. En 1948, bajo la presidencia de Miguel Alemán Valdés, se inauguró el ferrocarril Sonora-Baja California, mismo que facilitó las comunicaciones terrestres.

Sin duda, el ferrocarril fue un factor importante, aunque se debe matizar que desde años atrás la llegada de mexicanos a Baja California se realizó por barco y por el ferrocarril Sur Pacífico en Estados Unidos; sólo así es posible explicar el crecimiento poblacional en décadas anteriores y que en 1940 hubiera ya 78 907 habitantes.

Por otro lado, una parte significativa de los ejidatarios beneficiados por el reparto agrario llegaron de Estados Unidos. En la década de 1940, varios agentes mexicanos enviados por el gobierno federal continuaron haciendo propaganda para la formación de colonias y grupos ejidales. Asimismo, esta década fue muy intensa en cuanto a la movilidad de mano de obra hacia ambos lados de la frontera: por una parte, el Programa Bracero, firmado en 1942 y renegociado en 1943 y 1946, atrajo a numerosos interesados a las poblaciones fronterizas con la idea de enlistarse; y por otra, la formación de colonias agrícolas y ejidos a lo largo de la década generaba la tensión de quedarse en Baja California o irse a Estados Unidos. En diversos expedientes de ejidos, tanto del valle de Mexicali como de Ensenada, es frecuente encontrar que los integrantes originales se habían retirado para trabajar en Estados Unidos y era necesario buscar nuevos miembros para los ejidos o colonias agrícolas. En buena medida, la solución fue traer a campesinos de otras partes del país. El apoyo del gobierno federal fue significativo para ello, El interés de poblar fue un proyecto que se mantuvo vigente durante buena parte de la década de 1940.

De igual forma, el comercio cobró auge debido a varios factores; uno de ellos fue la creación de la zona libre[2] en 1939. Esta medida —que guarda semejanzas con los perímetros libres pero también diferencias— permitió la importación de productos europeos para ofrecerlos tanto a compradores estadounidenses como a los mexicanos.

La activación del comercio, profundamente ligado con California, Estados Unidos, y con productos llegados de Europa (como los perfumes), resultaron un atractivo para compradores estadounidenses y para mexicanos que se abastecían en Baja California e introducían los productos como contrabando a otras entidades de la república. Se empezó a hacer famoso el “fayuquero”, personaje que, conocedor del terreno y de las dificultades y riesgos que implicaba, transportaba las mercancías hacia otras entidades del país. En ocasiones, éstos eran favorecidos por los propios empleados aduanales. En general, el comercio activo fue resultado de un incremento acelerado de la población, mismo que crecía a un ritmo de 11% anual.

Otras ramas de la actividad económica —como las empresas pesqueras— crecieron a partir de la segunda guerra mundial. De igual forma, las actividades turísticas cobraron auge, sobre todo con tropas estadounidenses apostadas en San Diego que visitaban Tijuana.

La agricultura en el valle de Mexicali creció en las décadas de 1940 y 1950. El algodón se mantuvo como el producto de mayor relevancia. En 1943, por ejemplo, se cultivaron 80 450 hectáreas. De 1950 a 1955, el cultivo de la fibra se incrementó hasta llegar prácticamente a 200 000 hectáreas. Además, se logró aumentar sustancialmente el aprovechamiento de 1.5 pacas a 4.1 pacas por hectárea. Fue, sin lugar a dudas, una etapa de bonanza agrícola que permitió la consolidación del sistema ejidal y de las colonias bajo el régimen de pequeña propiedad.

En abril de 1948 se iniciaron las obras para la construcción de la presa Morelos, misma que estaba contemplada en el artículo 12 del Tratado de Aguas Internacionales de 1944 y cuyo objetivo era la derivación de las aguas que le corresponden a México por derecho internacional. Debido a que el sistema de Estados Unidos había reducido el caudal, la presa permitiría conducir el agua a través de diversos sistemas de canales. Aun así fue necesario reconstruir parte de los bordos de protección que existían desde la primera y segunda década del siglo XX, como el Ockerson. La presa se terminó de construir en septiembre de 1950, lo que dio garantía y seguridad a los agricultores e inversionistas del valle de Mexicali.

A partir de 1956 empezó a declinar la producción de algodón. Una de las razones fue la aplicación en Estados Unidos del llamado dumping, que consistió en liberar sus reservas de fibra y con ello saturar el mercado internacional, por lo que el precio del algodón bajó drásticamente. Además, la producción de fibras sintéticas utilizadas en la industria textil revolucionó la elaboración de ropa, afectando la siembra del algodón.

En la década de 1950 aparecieron las primeras señales de alarma ante la creciente salinidad de las tierras cultivables en el valle de Mexicali. Desde la década de 1930, con base en estudios realizados por ingenieros mexicanos, se sabía que la contaminación de las tierras se presentaría dada la enorme cantidad de material alcalino que se produce en el río. En 1957, México obtuvo un crédito para iniciar un programa que eliminara parcialmente la salinidad; aun así, para 1960 el índice promedio era entre 850 y 900 partes por millón, que si bien era considerable, no era un riesgo para la producción agrícola.

También en esa década de 1950, en el valle de Wellton-Mohawk, en Arizona, se inició un programa de extracción de aguas de drenaje con un alto grado de salinidad. A dicho lugar iba a dar una gran cantidad de aguas de retorno del río Gila. Para desalojar el material salino, el Bureau of Reclamation construyó un dren de 80 kilómetros de longitud para verter el agua al Río Colorado, lo que elevó el grado de salinidad a 3 000 partes por millón. A pesar de las advertencias que se hicieron en Estados Unidos, el Bureau of Reclamation tomó tal decisión, considerando, además, dicha agua como parte de la entrega a México.

Los efectos en la agricultura del valle de Mexicali y San Luis Río Colorado no fueron inmediatos, pero ya en 1964 la disminución de las tierras cultivadas era evidente. Con ello, el agua salitrosa del río Gila, afluente que los negociadores mexicanos nunca pensaron que se sumaría al Colorado, generó un conflicto de suma importancia. En el Pacto de Santa Fe de 1922, entre los representantes de los estados de la cuenca en Estados Unidos se acordó que el Gila le pertenecía a Arizona, aunque en años subsecuentes eso fue discutido ampliamente, sobre todo por el estado de California, que deseaba obtener más agua del río a costa de Arizona.

La protesta de México tuvo alcances internacionales, aunque se reconoció que el problema de la salinidad no era únicamente por la construcción del dren mencionado. Las negociaciones entre los dos países se realizaron durante la década de 1960 y los primeros años de la de 1970. La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), formada por la sección mexicana y la estadounidense, se reunió en 1965 y acordaron en el acta 218 la construcción de un dren que condujera las aguas de Wellton-Mohawk hacia varios puntos cercanos a la presa Morelos. Sin embargo, el problema se solucionó en parte, ya que siguió llegando agua con altos contenidos de salinidad. Además, Estados Unidos mantuvo el concepto de que esa agua salitrosa podía ser entregada a México ya que en el tratado no se aclaraba nada al respecto. Por ello, se volvió a reunir la CILA en 1972, luego de varias protestas mexicanas, y se acordó en el acta 241 que el agua del dren de Wellton-Mohawk no fuera contabilizada en la correspondiente a México. De esta forma, los 1 850 millones de metros cúbicos que pertenecen a nuestro país por derecho internacional, debían recibirse de la corriente del Colorado, no del Gila. Aún así persistieron problemas de salinidad, por ello, en el acta 242 del 30 de agosto de 1973 se acordó la construcción de un dren que condujera las aguas salitrosas hasta el golfo de Santa Clara, con lo cual los riesgos de la salinidad excesiva quedaron atrás.

A mediados de la década de 1960 el tema de la salinidad se alternó con el fin del Programa Bracero. La continuidad de este programa en los años subsecuentes a la segunda guerra mundial había generado conflictos a lo largo de la frontera, dado que aquellos que no eran contratados se convertían en factores sociales que incluso llegaron a manifestaciones violentas. En enero de 1954, el gobierno de Estados Unidos había decidido de manera unilateral no tomar en cuenta al gobierno de México en la contratación de los braceros. En nuestro país se tomaron medidas como la creación de empleos en obras de pavimentación, alumbrado o jardines en las ciudades fronterizas. Sin embargo, muchos de los que habían emprendido el viaje desde su lugar de origen, se sintieron frustrados. En febrero de 1954, “siete mil aspirantes a braceros se alzaron hoy, como un solo hombre, sobre la entrada a los Estados Unidos en Mexicali, donde la policía no tuvo un momento de reposo para disolver a los amotinados que a golpes y empellones trataban de acercarse a las garitas”. En Tijuana,

[...] más de mil braceros que llevaban tres días sin probar bocado se amotinaron tratando de cruzar la frontera. Tuvieron que intervenir los bomberos para repeler el ataque de los campesinos. Al cabo de media hora de lucha, los braceros fueron concentrados en la aduana vieja. Decenas de heridos y un muerto fue el saldo de la refriega.

Estas acciones obligaron a los dos países a reabrir las negociaciones para el cruce de trabajadores, acuerdo que se firmó en 1954.

Debido a acciones como las mencionadas, para los dos gobiernos quedaba claro que al momento de cancelarse al Programa Bracero debían tomarse medidas de fondo para que se presentaran dificultades serias. Por un lado, de manera paulatina, hubo un proceso de reconversión de cultivos en el valle de Mexicali; por otro, el gobierno de México implementó el llamado Programa de Industrialización Fronteriza (PIF). Este programa marcó la pauta para lo que se ha denominado la industria maquiladora. De manera resumida, el programa aprovechó los artículos 806.30 y 807.0 del código aduanero de Estados Unidos, que permite a compañías que procesan, ensamblan o transforman componentes que ingresan a México libres de impuestos, ser reexportados a Estados Unidos. De acuerdo con los artículos mencionados, los bienes que entran a Estados Unidos pagan únicamente el impuesto al valor agregado en México. Para el caso de nuestro país, el esquema en términos generales funciona bajo la premisa de que los componentes que ingresan libres de impuestos a nuestro país no pueden ser vendidos en el mercado mexicano, sino que tienen que ser enviados a mercados extranjeros.

Además, el gobierno de México legisló de diversas formas para flexibilizar aún más el esquena. Así, en 1973 otorgó un permiso especial para que las maquiladoras fueran cien por ciento de capital extranjero. Esto, por un lado, fue un atractivo para los empresarios que tienen el control total de su planta; por otro, promovió la creación de esquemas de participación de empresas mexicanas Así, la subcontratación de empresas mexicanas siempre estuvo integrada de alguna manera al funcionamiento de la maquila. Por lo general, las empresas extranjeras aportaban el equipo, maquinaria, partes y componentes, así como el capital, mientras que las empresas mexicanas, los servicios públicos, la tierra y la administración de cierta parte de la operación en México.

Cabe señalar que si bien el final de Programa Bracero coincide con el inicio del PIF, esto no significó que los trabajadores mexicanos que no lograron ir legalmente a Estados Unidos fueran quienes se emplearon en las primeras plantas maquiladoras; de hecho, se abrió una oferta laboral, sobre todo al sector femenino. En sus primeros años, la maquiladora se centró en dar empleo a mujeres jóvenes, aspecto que se ha transformado con el tiempo, más que nada por la cada vez más alta tecnificación. Sin embargo, la mano de obra femenina fue uno de los elementos más importantes en sus primeras etapas. La migración de trabajadores mexicanos, con Programa Bracero o sin él, ha sido una constante en la historia del norte de México en estas últimas décadas.

LA ECONOMÍA INTERNACIONAL Y LA APERTURA DE LA ECONOMÍA MEXICANA

A finales de la década de 1960 y a principios de la de 1970, la economía internacional vivió profundas transformaciones. Una de las razones fue que desde el fin de la guerra de Corea hasta la crisis del petróleo de 1973, la economía mundial disfrutó un auge. El marco institucional sirvió para un tipo de liberalismo económico más intervencionista que resultó eficaz para mantener las economía de muchos países en condiciones de prosperidad. El Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés [General Agreement on Tariffs and Trade]) y la competencia surgida por el mundo bipolar, redujeron barreras entre los países industrializados en lo referente a las manufacturas. Lo anterior llevó a los gobiernos involucrados en dicho proceso a mantener un nivel alto de demanda agregada, y a las empresas, a realizar inversiones y enormes gastos en investigación y tecnología. Con ello se abrió la puerta a numerosos inventos e innovaciones tecnológicas que fomentaron el crecimiento económico internacional.

Estados Unidos jugó un papel clave, pues fue el país que más innovaciones tecnológicas realizó en la década de 1960, y 60% de las más importantes fue en empresas de dicha nación. Si bien otros países como Inglaterra, Francia y Alemania occidental también generaron avances tecnológicos y en la década de 1970 se agregaron Japón y los Países Bajos, fue Estados Unidos el que encabezó dicho rubro. Las áreas involucradas fueron la producción de material eléctrico y electrónico, productos químicos e implementos para la fabricación de proyectiles. Varios de ellos tuvieron repercusión directa en Baja California, ya que un buen número de las maquilas instaladas cubren estos renglones. En la década de 1970, la “revolución microelectrónica” —que ha modificado profundamente la comunicación y la vida cotidiana en todo el mundo— encontró en nuestra entidad —como en general en la frontera norte y algunos otros estados del país— un sitio tanto para el ensamblaje como para la producción de algunas manufacturas.

En la década de 1970 México trató de generar un modelo diferente al de sustitución de importaciones, aunque no fue sino hasta 1982 cuando se abandonó esta visión del desarrollo. La pretensión fue basar el crecimiento en la extracción y exportación de petróleo crudo. Si bien con Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) se dieron los primeros pasos, fue en el sexenio de José López Portillo (1976-1982) cuando la economía se petrolizó. Debido a las crisis internacional de 1973, los precios del petróleo se incrementaron sustancialmente, lo que hizo pensar que la economía podía dirigirse con el gasto público vía ingresos petroleros. Sin embargo, el gasto público excesivo, aunado a un déficit fiscal significativo, generó la necesidad de pedir préstamos a la banca extranjera. El resultado fue un aumento de la deuda externa, mismo que se vio incrementado cuando en 1981 los precios del petróleo empezaron a bajar sustancialmente, lo que aunado a un gran déficit en la cuenta corriente, obligó a tomar medidas extremas para solucionar la crisis, por lo que la devaluación del peso fue inminente.

De esta forma, en medio de una de las crisis financieras más importantes de nuestro país, se inició el largo proceso de abrir la economía mexicana a la economía internacional. Para sustentar el crecimiento económico se decidió transferir los procesos económicos del Estado al mercado, promover la competitividad de las exportaciones mexicanas y hacer atractivo a México para las inversiones extranjeras. Para ello se inició con la privatización de numerosas empresas manejadas por el Estado y eficientar la planta productiva para hacerla cada vez más competitiva. Así, de 1 155 empresas que eran propiedad del Estado en 1982, diez años después se habían vendido 1 008. Hasta la fecha, el Estado ha seguido con el control de los sectores considerados claves, como son la producción y distribución de energía eléctrica o la extracción y exportación del petróleo.

Existen numerosas consideraciones de importancia sobre el periodo de 1982 a 2005. Sin embargo, para el tema de la economía de Baja California se debe enfatizar que el proceso de apertura tenía muchos años para las zonas fronterizas.

LA MAQUILA DE EXPORTACIÓN. UN PUNTAL EN LA ECONOMÍA DE BAJA CALIFORNIA

A partir de 1982, la industria maquiladora dejó de ser vista como un tipo de industria exclusiva de las zonas fronterizas, incluso de corto plazo y un tanto marginal. De hecho, pasó a ser uno de los ramos de la producción de mayor crecimiento, no sólo para las zonas fronterizas con Estados Unidos, sino como una alternativa para el desarrollo económico de entidades federativas del centro y sur del país.

Los vínculos con la economía internacional se fortalecieron y se ha incrementado con el paso de los años. Para el caso de Baja California, los factores que le han dado un papel relevante en la instalación de plantas maquiladoras son varios. Entre ellos se pueden mencionar:

1. La reducción significativa de costos, sobre todo en lo referente a la mano de obra.

2. El hecho de que las firmas extranjeras puedan ser propietarias de cien por ciento de la planta.

3. La proximidad con Estados Unidos, en particular con California y Arizona, reduce los gastos de comunicación y transporte, y propicia que los administradores y personal técnico tengan la oportunidad de vivir en Estados Unidos, y con ello, menor pérdida de tiempo para efectuar reparaciones, así como un mayor control sobre las actividades diarias.

Si bien la industria maquiladora ha sido blanco de críticas, sobre todo por la alta participación de empresarios extranjeros y la duda sobre la transferencia tecnológica, es una de las áreas de la producción que genera mayor actividad en la región. Así, por ejemplo, con programas establecidos por el gobierno mexicano, como el Programa de Importación Temporal para la Exportación (Pitex), empresarios mexicanos lograron beneficiarse con el mecanismo empleado por las maquiladoras extranjeras al permitirse la introducción al país de materias primas sin gravamen. Con ello fue posible participar en el mercado de la subcontratación internacional sin carga arancelaria y con los beneficios de las fracciones 806.30 y 807.00 ya mencionadas.

Aunque las primeras empresas que empezaron subcontratar fueron estadounidenses, pronto se sumaron los inversionistas japoneses, que han generado el crecimiento de empresas mexicanas. Adicionalmente, si bien varios estados de nuestro país compiten en la actualidad por atraer inversiones de maquila, sigue siendo el norte de México y en particular Baja California, la entidad federativa que resulta más atractiva para los inversionistas extranjeros.

En todo ello, sobre todo en la década de 1980, uno de los factores de atracción fue el deslizamiento del peso mexicano. La crisis iniciada en 1982, sumada a la enorme carga de la deuda externa, generó la baja de salarios en términos comparativos con otras regiones del mundo. El atractivo de una mano de obra barata y relativamente abundante en nuestro país provocó la movilidad de empresas que buscaron dicho atractivo para su subsistencia o la mejoría sustancial de sus ganancias. De igual forma, la reconversión industrial ha resultado un factor que ha impactado en el desarrollo de plantas maquiladoras en áreas como la automotriz, la eléctrica y la electrónica, que han generado cada vez más el empleo de trabajadores del sexo masculino, tanto por la especialización como por el manejo de implementos de mayor peso.

La vocación por el sector servicios explica el comportamiento de las economías de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito. En función de ello, a partir de 1970 se instrumentó el Programa de Comercialización Fronteriza. El objetivo fue retener al consumidor en el comercio local para que no se fuera de compras “al otro lado”. Por tal motivo, se permitió la importación de algunos productos básicos —considerados como “gancho”— que estimularan la educación social hacia el consumo de bienes complementarios de origen nacional. Sin embargo, el verdadero mecanismo que permitió en parte dicho objetivo fueron las devaluaciones, tanto la de 1976 como la de 1982, por mencionar las más dramáticas en la vida fronteriza.

La tradicional economía estatal orientada al comercio y los servicios empezó a perder competitividad y presencia con las devaluaciones que en los hechos fueron un mecanismo regulador. De un ritmo anual de crecimiento de 9.4% entre 1970 y 1980, se pasó a 1.5% entre 1980 y 1990, como resultado de un fuerte cambio del patrón económico del Estado hacia las actividades industriales, que se convirtieron en las ganadoras de los intensos procesos devaluatorios. Así, el proceso de internacionalización de la economía de Baja California se dio entre propuestas de desarrollo del libre comercio y de proteccionismo vía sustitución de importaciones en el país. Desde mediados de la década de 1980 se pasó a ajustes cambiarios del peso mexicano que invariablemente afectaban la estabilidad económica de la entidad, pero que permitieron el auge de las exportaciones industriales y agroindustriales. Mientras que en 1980 del empleo generado 71% era por el sector comercio y de servicios y 20% por el sector industrial, para 1990 los indicadores habían cambiado sustancialmente a 58% y 32%, respectivamente.

La afluencia de capital extranjero debido a lo reducido de los costos locales en comparación con otros países, tanto por las devaluaciones como por la existencia de fuertes lazos de cooperación económica, dieron lugar a un intenso proceso de urbanización que conformó amplias zonas de mercado que estimularon un nuevo estilo en las actividades comerciales y de servicio, con amplia flexibilidad para comerciar en ambos lados de la frontera, de acuerdo con la coyuntura del mercado.

En función de lo anterior, el sector informal de la economía también ha crecido de manera notoria y ha generado nuevas relaciones de trabajo, las cuales son socialmente aceptadas y coexisten con las actividades modernas que se desarrollan en las plantas maquiladoras de reconocido prestigio internacional.

La información sobre el empleo sectorial publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirma la creciente importancia del empleo industrial y agroindustrial sobre el resto de las actividades, pues en la medida en que el crecimiento de la población durante la década de 1980 fue similar al de la población económicamente activa (3.5%), en la década de 1990 fue de alrededor de 4%.

En este marco, es posible entender que el sector comercial y de servicios fue el más dinámico generador de empleos entre 1960 y 1980, al pasar de 42% a 70%, y que para 1990 la industria maquiladora y el fuerte crecimiento de la actividad empresarial a través de la micro y pequeña empresa diera lugar para que el sector industrial se convirtiera en el más dinámico empleador con un ritmo anual de 8.2 en el periodo 1980-1990, y un crecimiento en la participación de 20% a 32%. Sin embargo, en el periodo 1990-2000, el sector industrial arrojó una tasa anual de crecimiento de 6.3%, cuyo incremento en la participación del empleo pasó de 32% a 37%.

ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA Y SUBCONTRATACIÓN

Baja California es uno de los estados fronterizos más beneficiados con las prácticas de industrialización orientadas a la exportación bajo diversas modalidades de subcontratación, aunque es claro que éstas se han desarrollado de la manera más tradicional sin redes de proveedores consolidadas. El predominio de las actividades de maquila dentro de las actividades manufactureras en Baja California ha significado que cerca de 80% de los empleos industriales en los últimos años se haya generado, precisamente, en las actividades de maquila. El cuadro 5 ilustra este punto.

El incremento de personal masculino en la maquila se asocia a la presencia de empresas cada vez más especializadas en aspectos tecnológicos y al uso de máquinas y herramientas más pesadas, sobre todo en las áreas de productos metálicos, maquinaria y equipo. En los censos económicos (INEGI, 1999, 2004) se ha registrado que el sector metal-mecánico ha tenido una tasa de crecimiento en el número de establecimientos y empleo de 1.1% y 1.8% anual, respectivamente, con un peso de 44.9% en materia de personal ocupado, en el año 2004.

La importancia de Baja California como sitio de localización de empresas maquiladoras estadounidenses y asiáticas de alto nivel tecnológico es tal, que para 2005 se ubicaba en esta entidad 32.1% de las 2 811 plantas, generando 240 391 empleos y 18.7% de los 17.6 millones de pesos de valor agregado resultado de la actividad maquiladora en México. Tan sólo en Tijuana se localizaban 574 plantas que generaban en promedio 282 empleos cada una, mientras que en Mexicali había 135 plantas con una oferta de 54 628 empleos en total. Entre las dos ciudades absorbían 25.2% de las plantas ubicadas en el país, y 18.6% de los empleos.

La reconversión industrial, las nuevas técnicas de producción y la alta tecnología han hecho crecer la productividad. Esto se debe a la transformación de los programas de capacitación de los trabajadores, técnicos e ingenieros, quienes han sido sometidos a constante revisión y readaptación. Conforme aumenta la sofistificación en el proceso productivo se incrementa la participación integral en la solución de los problemas que se presenta, aumentan sus oportunidades de entrenamiento en plantas de otros países, desarrollan sus habilidades técnicas y promueven el desempeño. Su presencia ha contribuido a mejorar las perspectivas de bienestar social de amplios sectores de la población. También identifica al estado como una región próspera que atrae flujos migratorios desde el centro y el sur del país en busca de un mejor nivel de vida.

La fuerte presencia de la industria maquiladora en la economía de Baja California, vinculada con el dinamismo industrial de California, Estados Unidos, genera un círculo de crecimiento virtuoso en la región. Al ofertar empleos que disminuyen el incentivo a emigrar al país vecino, promueven el desarrollo de infraestructura, incentivan el desarrollo de proveedores, orientan el desempeño de centros de educación e investigación, amplían las oportunidades para los comercios locales, y contribuyen a que el estado sea identificado como una región próspera que atrae flujos migratorios del centro y sur del país, y que por ello sea un fuerte atractivo para nuevas inversiones provenientes de Estados Unidos y Asia, principalmente Japón y Corea.

Si bien los indicadores sobre Baja California en industrialización, urbanización y empleo son representativos de los anhelados a nivel nacional, también se debe señalar que existen diversos problemas surgidos por el rompimiento de los equilibrios entre lo industrial, el medio ambiente y lo urbano; entre un progreso empresarial concentrado en las actividades de exportación o vinculadas a ellas y la marginación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

También es importante señalar que la política de apertura comercial que se oficializó en Baja California desde la tercera década del siglo XX se convirtió en la única posibilidad de fomentar una industrialización que no podía provenir desde el centro del país, pues el ambiente proteccionista de la época orientó la asignación de recursos hacia el mercado interno. En consecuencia, la clave del crecimiento económico de Baja California se encuentra en el crecimiento de la economía de California y su interdependencia con ella, que de esta forma se constituye en el factor determinante de la estructura regional.

EL DESARROLLO AGRÍCOLA

Los valles de Mexicali, San Quintín, La Trinidad y Guadalupe son los más importantes en términos de desarrollo agrícola. De ellos, el valle de Mexicali concentra 88% de la producción, por lo que 12% corresponde a los otros sitios mencionados. La superficie total de Baja California es de 7 011 300 hectáreas, de las cuales sólo 431 565 son susceptibles de aprovecharse en la agricultura. Por tal motivo, a Baja California se le caracteriza como una zona árida, no obstante 65% de esas 431 565 hectáreas tiene la particularidad de aprovechar un sistema de irrigación, por lo que son muy productivas.

Durante las décadas de 1940 a 1970 el desarrollo de la agricultura marcó de diversas maneras el derrotero de Mexicali y su valle, y en gran medida, junto con el comercio, fue puntal en la economía en Baja California. Si bien hubo varios cultivos en el valle de Mexicali, el algodón fue el que destacó hasta la década de 1960. La enorme dependencia con respecto al sector externo y los problemas de la salinidad de las aguas del río Gila provocaron una severa crisis. Una de las respuestas a ello fue la reconversión de los cultivos. En los años siguientes se sembraron y cosecharon productos como trigo, cebada, alfalfa, centeno, cártamo, sorgo, espárrago, ajonjolí y maíz. El algodón se mantuvo como uno de los productos de mayor importancia, pero desde entonces está lejos de ser él único producto de la región. De igual forma, a partir de la década de 1960 las hortalizas han ocupado un espacio cada vez mayor; entre los principales cultivos encontramos: papa, chile, tomate, cebolla, col, lechuga, repollo, berenjena y cilantro. En gran medida, su desarrollo se debe a la exportación tanto a Asia como a Estados Unidos. Además se trata de cultivos de alta rentabilidad económica cuyo valor es proporcionalmente mucho mayor que los de tipo extensivo. Dicho de otra manera, se produce más por hectárea y se gana más.

Fue precisamente por el crecimiento de la demanda externa de hortalizas que el valle de San Quintín, en el municipio de Ensenada, empezó a desarrollarse. Dicho valle, que había tenido un crecimiento agrícola desde muchos años atrás, despuntó en la década de 1970 basado en el cultivo de hortalizas. En menos de una década se abrieron poco más de 26 000 hectáreas, en las cuales el tomate ha sido uno de los cultivos fundamentales. El agua se extrae por bombeo de pozos profundos, aunque algunos agricultores utilizan aún el sistema de riego de gravedad, mientras que los más tecnificados lo hacen con el riego por goteo, sistema que por el control que implica, permite una mayor producción. Sin embargo, esto ha provocado una sobreexplotación de los mantos freáticos, que con el paso de los años no se ha subsanado. La producción hortícola se ha realizado básicamente con mano de obra que llega del estado de Oaxaca, particularmente de la región de La Mixteca. En las labores de siembra y cosecha participan todos los miembros de la familia, por lo que el trabajo infantil ha sido señalado en numerosas ocasiones. Las denuncias públicas al respecto, sobre todo por el uso de pesticidas que pueden provocar daño, es, sin duda, uno de los focos de atención desde cualquier prespectiva social. Cabe mencionar que en las décadas de 1980 y 1990 se incrementó el área de cultivo a poco más de 40 000 hectáreas.

El Valle de Guadalupe se ha destacado como una zona agrícola desde principios de siglo XX. Aunque en las primeras décadas el trigo fue el producto principal, empezó a ser sustituido paulatinamente desde los años treinta por la vid. Los agricultores de origen molokano, identificados generalmente como rusos, fueron apoyados por Abelardo L. Rodríguez para el cultivo de la vid, que si bien se había sembrado desde tiempo atrás, en estos años se hizo con el claro propósito de su comercialización.

Con el arribo de expertos en la producción de vino, como Esteban Ferro, el valle se comenzó a especializar en el cultivo de la vid, pues el microclima del lugar resultó sumamente favorable para este producto. Además, desde la década de 1950 se empezaron a establecer las empresas en la región, ya no sólo para el cultivo de la vid, sino para realizar todo el proceso de la vitivinicultura.

Como puede observarse, a partir de la década de 1970 aumentaron las empresas en la zona, en buena medida como respuesta al incremento de la cultura del vino tanto en Estados Unidos como en México. Es importante señalar que los vinos que se producen en el Valle de Guadalupe se exportan a diversos países y tienen reconocimiento internacional.

La industrialización del olivo en Ensenada se desarrolló de manera significativa en la década de 1940. En 1939, Abelardo L. Rodríguez estableció un vivero de olivos en El Sauzal, con variedades procedentes de España. Para ello se contactó previamente con Vicente Ferreira, quien tenía vastos conocimientos en arboricultura. El vivero contó en un primer momento con 60 000 estacas cortadas de los árboles elegidos. Para 1941 se dieron los primeros frutos, y en el mismo Sauzal se instaló una planta para extraer el aceite. La idea de Rodríguez era que se establecieran plantas semejantes en las zonas donde hubiera cuando menos 5 000 olivos.

Mientras en Ensenada se desarrollaba esta industria, el mapa agrícola regional del cultivo del olivo se ampliaba. Los empresarios se percataron de que si se contaba con una producción importante y mano de obra suficiente, se podría solventar esta industria regional.

En esa misma década de 1940 se estableció la empresa Olivares Mexicanos, colindando justamente con el ejido El Porvenir. Quienes laboraron en su construcción y en la plantación de los primeros olivos fueron ejidatarios e indígenas de las comunidades de San José de la Zorra y San Antonio Necua. La derrama económica de la primera industria fue superior a la fuerza de trabajo de que se disponía, lo que fomentó el traslado de jornaleros al Valle de Guadalupe. La llegada de trabajadores a Olivares Mexicanos repercutió en el incremento de la población, principalmente en el ejido El Porvenir, pues los trabajadores encontraron una alternativa de vivienda al incorporarse como ejidatarios.

EL DESARROLLO PESQUERO

La localización geográfica de Baja California le da enormes posibilidades de desarrollo a la actividad pesquera, pues la entidad cuenta con un litoral de 771 kilómetros en el océano Pacífico y 472 kilómetros en el golfo de California. A lo largo del siglo XX, la pesca ha jugado un papel importante en la economía y en la dieta de un buen número de residentes de Baja California. Con el establecimiento de industrias empacadoras en las décadas de 1920 y 1930, hubo una oferta laboral que permitió que las mujeres estuvieran profundamente involucradas en las labores de empaque. Es necesario apuntar que los datos acerca de las cantidades de productos marinos extraídos durante varias décadas han sido poco confiables, sobre todo porque hubo una intensa participación de pescadores que desde embarcaciones de origen japonés no documentaron su participación.

La industria pesquera en nuestro país ha tenido limitantes en su crecimiento y desarrollo. Por un lado, ha existido una gran oferta de materias primas, mientras que el número de consumidores no ha sido muy alto debido a que en la dieta del mexicano, con notables excepciones, los productos del mar no son necesariamente una parte integral. Por otro lado, a nivel internacional —donde se inserta la producción bajacaliforniana— se ha propiciado una competencia muy especializada y de muy alta calidad. Por ello, si bien ha sido una industria en crecimiento, se han tenido que salvar diversos obstáculos para lograr que el sector se mantenga como parte importante de la economía.

Durante las décadas de 1940 a 1970 la actividad pesquera fue desarrollada por empresarios basados en gran medida en tecnología importada de Estados Unidos. La sardina, el atún, la langosta y el abulón fueron los productos más explotados en esos años. Cabe señalar que cada uno de ellos requiere de un cuidado especial para su captura, mantenimiento y venta, dirigida principalmente a los mercados internacionales.

En 1961, bajo la administración de Adolfo López Mateos, se creó la Comisión Nacional Consultiva de Pesca, y en 1962, el Instituto Nacional de Investigaciones Biológico Pesqueras, posteriormente Instituto Nacional de Pesca. En concordia con ello, hubo una campaña nacional en la que se promovió el consumo de productos del mar. En la entidad, como parte de esta estrategia nacional, se creó la Escuela Superior de Ciencias Marinas en 1960, y un año después, el Instituto de Investigaciones Oceanológicas, ambos pertenecientes a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que tenía apenas unos años de haber iniciado sus actividades en el estado.

En Baja California se impulsó sobre todo el atún y la sardina. En esa década, la explotación de anchoveta ligada a la producción de harina de pescado se inició a niveles significativos de comercialización, agregándose a los otros productos ya mencionados. Se estima que en 1966 se logró una producción conjunta de 88 000 toneladas en todas las especies comerciales, lo que generaba alrededor de 3 360 empleos directos.

Debido a la complejidad del sector, sobre todo por los vínculos con el mercado internacional, en la década de 1970 se inició la participación del gobierno federal con inversiones directas tanto en la pesca como en el proceso de enlatado. La flota atunera se incrementó y comenzó la especialización de las embarcaciones anchoveteras. Para 1970 se extrajeron 15 000 toneladas de atún y 78 000 toneladas de anchoveta, en buena medida con base en la inversión gubernamental e incluso de capital estadounidense. En los años siguientes el impulso tuvo resultados evidentes al generar 518 000 toneladas de productos del mar en 1980, lo que significó 41% del total nacional del país. La mayor parte de esta actividad se concentró en Ensenada y en El Sauzal, y en menor medida, en San Felipe. En 1984 se capturaron 81 000 toneladas de camarón, lenguado, tiburón, ostión, totoaba, caracol, abulón, langosta, anchoveta, sardina y numerosas especies con escamas.

Para 1989, en El Sauzal había una capacidad instalada de 4 280 toneladas diarias para almacenamiento de producto congelado, 45 toneladas de procesamiento de atún enlatado por cada ocho horas, y para la reducción de harina de pescado existía una capacidad de 2 880 toneladas por cada 34 horas. En Ensenada se tenía la capacidad de 3 660 toneladas de producto congelado por cada 34 horas. Si bien se requiere de trabajos especializados por producto, se puede advertir que, con la intervención gubernamental en las décadas de 1970 y 1980, el desarrollo de la industria pesquera fue notable para la entidad.

PERSPECTIVAS

El dinamismo poblacional ha disminuido su ritmo, sin embargo, igual que antes, el principal destino de las ciudades de Baja California sigue siendo Tijuana, misma que concentra 48.7% de la población total, seguida por Mexicali, que asienta a 30.8%.

Si bien es cierto que el dinamismo de la especialización ha cambiado del comercio y los servicios a la industrialización maquiladora sin relaciones locales de subcontratación significativas desde la perspectiva de cadenas de oferta, también lo es que la diversificación de la especialización sigue los ritmos y se complementa con las actividades comerciales e industriales del vecino estado de California. Esto es relevante porque tanto en las condiciones de estabilidad cambiaria previas a 1976, como en las de permanente ajuste cambiario posterior a ello, la interdependencia con la economía californiana se ha mantenido y, en cierto sentido, incrementado. En esta última etapa, tanto en condiciones de estilo de desarrollo divergente hasta 1990, como convergente en condiciones de apertura económica posterior a 1994, las condiciones de bienestar construidas por la vinculación con las corrientes de exportación no han evitado que surjan condiciones de marginación social y empresarial, que serán los retos a resolver por quienes deciden la política económica durante la década siguiente.

En este sentido, parece claro que una provechosa integración de los sectores empresariales bajacalifornianos —incluidos los micro y pequeños empresarios— al mercado mundial, requiere de una política industrial que favorezca el aprendizaje empresarial para fortalecer la competitividad local, abandonando, de esta forma, el difícil círculo que se ha formado entre este tipo de empresas, que además de ver descender su peso en la generación de valor agregado —debido a la presión de las empresas internacionales que operan en la entidad—, ha visto disminuir su importancia en la generación de empleo.

Todo parece indicar que la dinámica de crecimiento económico de Baja California durante la segunda mitad del siglo XX se ha visto beneficiada por la conformación de una importante región económica con el vecino estado de California. La implementación industrial desarrollada al amparo de las intensas relaciones de subcontratación ha empezado a generar impactos económicos que superan en dinamismo a las tradicionales especializaciones regionales de Tijuana (en comercio y servicios), Mexicali (en la agricultura) o Tecate (en la producción de cerveza).

Los próximos años requerirán la atención de las autoridades económicas para que esta importante especialización regional, binacionalmente compartida, se traduzca en desarrollo empresarial local, en remuneraciones crecientes para los trabajadores y en una infraestructura de satisfactores que contribuyan a mejorar de manera creciente los niveles de bienestar de la población en general.

DE UN PARTIDO DE ESTADO A UN ESQUEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En 1929, con la formación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) se inició una época marcada por un partido que surge desde el poder con el fin de terminar con las pugnas exigentes entre los diferentes generales que habían participado en la revolución y que deseaban mayores espacios para incrementar su injerencia en la vida política y económica de México.

En 1939, desde la presidencia de la república, Lázaro Cárdenas transformó al PNR en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), con una diferencia sustancial: se torna en un partido en que se incluyen los sectores obrero, campesino y militar. Si bien el partido buscaba integrar la vida política a los diferentes estratos sociales, pronto se volvió un partido corporativo en el que, dado su surgimiento desde el poder, buscó de manera obligatoria que la militancia se ciñera a los intereses de las cúpulas empresariales y sindicales.

La Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) y la Confederación Nacional Campesina (CNC) fueron puntales en esta organización y buscaron articular las demandas de los diversos actores sociales. Algunas de ellas eran incompatibles, lo que provocó contradicciones muy claras hacia el interior del partido de Estado.

Manuel Ávila Camacho, como presidente de la república, buscó su base de apoyo en lo que denominó el sector popular y formó la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), misma que incluyó a actores sociales de diverso tipo: desde empresarios hasta pequeños propietarios, vendedores ambulantes o maestros. En 1946 se excluyó al sector militar, y con los sectores obrero, campesino y popular se integró el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mismo que estuvo en el poder en Baja California hasta 1989, y en el país, hasta el año 2000.

Aún falta mucho por investigar acerca de cómo el PNR-PRM-PRI actuó en los diferentes niveles en Baja California. Resulta claro que uno de los caminos fueron las organizaciones de trabajadores ligadas a la CTM, principalmente y a través del reparto ejidal y la CNC. Sin embargo, debido a la intensa movilidad que hubo en los años aquí tratados, tanto hacia la propia entidad como hacia Estados Unidos, es posible indicar que el PRI no logró tener un control absoluto de la participación ciudadana y en varios momentos estuvo amenazado por otras fuerzas políticas, sobre todo por el Partido Acción Nacional. (PAN).

El PAN surgió en 1939 bajo las instancias de Manuel Gómez Morín y se convirtió en uno de los principales grupos de presión al partido de Estado. Una de las críticas de esta organización fue, precisamente, que con el corporativismo se eliminaba la voluntad de los ciudadanos, al tratarse de un voto en masa por candidatos que no se elegían por la voluntad popular, sino desde el interior del partido.

Por su parte, los dirigentes del PRM plantearon ante la sociedad que era en y desde el PRM donde se efectuaba la democracia, y que fuera del partido, que a su vez encarnaba la revolución mexicana, no podían surgir propuestas para el país, ya que eran, por antonomasia, contrarrevolucionarias. En todo ello, el nacionalismo impulsado por Lázaro Cárdenas desempeñó un papel de trascendencia, ya que, se decía, el PRM era el defensor del Estado nacional, y las demás organizaciones eran contrarias a los intereses de la nación.

Los gobernadores en Baja California eran nombrados desde el gobierno central debido a la categoría de territorio. Los ayuntamientos desaparecieron en 1928 durante el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, a instancias de éste. Sin embargo, esto no eliminó los deseos de participación política. En las siguientes dos décadas, además de varios intentos por organizaciones de trabajadores de ser ellos quienes designaran al gobernador, se formaron varios comités con el fin de lograr la creación del llamado “estado 29 de la federación”, dado que en ese momento había 28 entidades federativas. La mayoría de estos grupos —formados por empresarios, periodistas, profesores y dirigentes de organizaciones de trabajadores y de campesinos— pugnaron por la formación del estado como una vía para volver a tener participación directa en las decisiones de la localidad. Para algunos, el hecho de que se dependiera de un gobernador, que a su vez nombraba delegados para Tijuana y Ensenada, no satisfacía sus aspiraciones, e incluso se llegaron a presentar brotes de descontento. Si bien los delegados fueron personas de la localidad, todos ellos estaban ligados al PRM y a las organizaciones sociales que integraban el partido.

El incremento poblacional en el periodo 1940-1950 fue notable: de 79 000 habitantes se pasó a 227 000, cifra mucho mayor que la establecida por la Constitución de 1917 para ser estado, que era de 80 000 pobladores.

Por otra parte, los comités pro estado que se habían formado en diversas ocasiones, habían demostrado la vialidad financiera del territorio, por lo que era posible sostener la administración de la entidad propuesta. El asunto se presentó ante Miguel Alemán Valdés como candidato del naciente PRI, quien indicó que de llegar a la presidencia, se promovería la formación del estado de Baja California.

Alemán ocupó el cargo a partir de diciembre de 1946, siendo el primer presidente de carácter civil en los años posteriores a la revolución. Sin embargo, no hubo respuesta inmediata a la petición de los comités pro estado, y fue hasta su quinto informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1951, cuando anunció que el Territorio Norte de la Baja California cumplía con los requisitos para ser un estado de la federación. Señaló que

El Territorio Norte de la Baja California, por razón de su población y de su capacidad económica para subsistir, satisface las condiciones exigidas por la fracción II del artículo 73 de la Constitución General de la República y por ello el ejecutivo promoverá ante Vuestra Soberanía la erección del estado Libre y Soberano, de dicha porción territorial integrante de la federación.

La iniciativa fue aprobada de manera unánime por las cámaras de diputados y senadores el 31 de diciembre de 1951, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 1952, fecha que ha sido considerada como fundacional del entonces llamado “estado 29”.

Los dirigentes de los comités pro estado, como Francisco Dueñas Montes o Guillermo Caballero Sosa, resultaron favorecidos en cargos públicos de representación, sobre todo en las diputaciones.

Cabe señalar que a la par de la formación del estado se integraron los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada. El doctor Gustavo Aubanel Vallejo, quien había presidido uno de los comités pro estado, fue presidente municipal de Tijuana.

Por otra parte, el licenciado Salvador Rosas Magallón, fundador del PAN en Baja California, señalaba que no era con la formación del estado como se tomaría el camino de la democracia, sino con el municipio, al que consideraba como la base de la participación democrática. En esa medida, los que formaban parte del PRI fueron quienes adjudicaron para dicho partido la creación de la nueva entidad federativa. Sin embargo, pronto el PAN cobró presencia.

La sucesión presidencial de 1952 generó algunas diferencias internas en el seno del PRI. El general Miguel Henríquez Guzmán, apoyado inicialmente por el ex presidente Lázaro Cárdenas, se manifestó en contra del candidato Adolfo Ruiz Cortines. Del descontento que hubo en el PRI surgió el Partido Auténtico de la Revolución Mexciana (PARM), organización que durante algunos años representó cierta oposición al partido de Estado, para ser posteriormente una corriente política formal de éste, sobre todo en lo referente a la candidatura presidencial a cambio de algunos asientos en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, debido a la estructura del partido de Estado y a la forma en que éste designaba a sus gobernantes, el licenciado Braulio Maldonado Sández fue nombrado directamente por el presidente de la república como candidato a la gubernatura. Esto, por supuesto, no resultó del agrado de muchos sectores que habían participado en la propuesta de estado libre y soberano, pero de acuerdo con la forma en que se escogía candidatos en todo el país, la designación fue aceptada, aunque no necesariamente apoyada por amplios sectores de bajacalifornianos. Si se había luchado por el estado libre y soberano, era con el fin de obtener una mayor participación en los asuntos públicos, no para seguir igual. A pesar de ello, y en contra de la opinión del gobernador en funciones, Alfonso García González, Braulio Maldonado fue el candidato del PRI al cargo de gobernador. En su obra Comentarios políticos, Braulio Maldonado señala:

Fui seleccionado y designado previamente por el señor presidente de la República, en aquel entonces, mi distinguido amigo don Adolfo Ruiz Cortines. Y todos los funcionarios grandes o pequeños, que ocupen puestos de elección popular, así han sido designados en nuestro país desde 1928 a la fecha. Esta es una verdad axiomática.

De esta forma, el estado 29 reiniciaba las prácticas de la “elección” teniendo como contexto el hecho de que los candidatos ya habían sido seleccionados por el ejecutivo de la nación. Bajo este marco, ratificado por otros gobernadores y presidentes municipales de los años siguientes, el ejercicio de la soberanía quedaba sustentado en el presidencialismo y en la hegemonía de una estructura política nacida desde el poder. Así se “elegirían” personas ya seleccionadas por el ejecutivo de la nación.

La estructura del PRI, con su base en los sectores obrero, campesino y popular, funcionó. El PAN y su candidato, Francisco Cañedo, apenas si lograron más de 4 000 votos, contra los más de 61 000 de Braulio Maldonado. Buena parte del trabajo legislativo que se realizó en los meses siguientes fue con el fin de estructurar la organización administrativa del nuevo estado. El congreso aprobó numerosas iniciativas con la intención de establecer el marco jurídico legal que permitiera el funcionamiento de la entidad bajo su nueva categoría política. Poco después, en las elecciones para presidentes municipales, Rodolfo Escamilla Soto fue electo para Mexicali, Eufrasio Santana para Tecate, Gustavo Aubanel Vallejo para Tijuana, y David Ojeda Ochoa en Ensenada; todos ellos eran miembros del PRI, algunos con resentimiento, como Aubanel, que fue hecho a un lado en la gubernatura, y otros muy cercanos, como Ojeda Ochoa, quien era compadre del gobernador.

A nivel nacional, Adolfo Ruiz Cortines encabezaba un gobierno caracterizado por la sobriedad. A diferencia de su antecesor, Miguel Alemán, Ruiz Cortines trató de establecer una diferencia clara al no participar en negocios personales o en beneficio de sus familiares directos. Por otro lado, los efectos del Programa Bracero y de la política de sustitución de importaciones estaban en marcha.

En 1950 Baja California tenía una población de 225 000 habitantes, y en 1960 sobrepasaban los 400 000, por ello el rezago en servicios de todo tipo era más que evidente. Una de las áreas más sensibles era la tenencia de la tierra, tanto en las ciudades como en las zonas agrícolas. Numerosas familias se instalaron de manera irregular en diversas partes del estado. Además, se instauró un programa de reparto a colonias agrícolas con el fin de que llegaran de otras entidades del país a establecerse en Baja California. Si bien se otorgaron facilidades para su arribo y hubo promesas de apoyo, familias completas que se trasladaron a diversos puntos al sur de Ensenada debieron enfrentar conflictos con los propietarios legales —muchas de ellas familias antiguas de la entidad—, pero sobre todo, se encontraron con el problema de que no se implementó un programa de irrigación, mismo que era indispensable para el aprovechamiento de los mantos freáticos, por lo que el fracaso del proyecto fue inminente.

Por otra parte, los asentamientos en áreas como el cauce del río Tijuana, generaron conflictos de índole social. Al terminarse la presa Abelardo L. Rodríguez se contuvo la corriente del río Tijuana; pronto, numerosas familias de escasos recursos se empezaron a instalar en lo que fue el lecho. En pocos años el lugar cobró fama con el nombre de “cartolandia”, en alusión al material con que estaban hechas una parte considerable de las “casas” allí establecidas. Desde cualquier ángulo, esto era una anomalía, ya que el río Tijuana no sólo se alimenta de la corriente principal, sino también del arroyo Alamar, que no derrama sus aguas en la presa, por lo que el riesgo de una inundación era real.

Braulio Maldonado ofreció a los residentes salir del lugar a cambio de otro lote y de un 10% del valor del terreno al momento de su urbanización. Sin embargo, debido a la desconfianza que ya se había ganado el gobernante, pocos aceptaron la propuesta y una buena parte encontraron en Salvador Rosas Magallón a un abogado defensor que pronto cobró una gran popularidad, misma que se vio reflejada en las elecciones de 1959. A pesar de ello, los actos de violencia en contra de los colonos y de Rosas Magallón tomaron carácter internacional al realizarse diversos ataques en su contra, entre los que destaca que en diciembre de 1958, alrededor de 300 elementos de seguridad —entre policías y agentes judiciales— atacaron a los residentes de la zona. Hubo disparos de armas de fuego y las casas de algunos de los dirigentes fueron incendiadas; más de 30 colonos terminaron en la cárcel. Salvador Rosas Magallón acudió a su defensa y logró un amparo federal con el que los liberó, pero también consiguió, con el mismo amparo, que los policías se retiraran del lugar y el ejército llegara para salvaguardar la seguridad de los habitantes. Con ello, Rosas Magallón y el PAN cobraron suma importancia en Baja California.

Por otro lado, “cartolandia” no sólo se mantuvo, sino que se establecieron muchas otras colonias a todo lo largo del lecho, prácticamente hasta las cercanías de la presa Abelardo L. Rodríguez, por lo que el tema volvió a la palestra política en los años siguientes.

Braulio Maldonado para entonces ya se había vuelto foco de varios escándalos de carácter político. Por un lado, era señalado como un funcionario populachero, término que debía a sus estrechos vínculos con las clases marginadas; por otro, se le criticaba tener a su servicio a un grupo de pistoleros apodado “los chemitas”, a quienes se les atribuyó el asesinato de varias periodistas, siendo el caso más conocido el de Manuel Acosta Meza, quien dirigía el seminario El Imparcial. De igual forma, Fernando Márquez Sánchez fue asesinado por José Trinidad Rodríguez, uno de los “chemitas”, quien luego de confesar, escapó meses después de la cárcel de Mexicali.

Eventos de carácter popular fueron muy criticados por ciertos sectores sociales y alabados por otros, como el caso de la formación del poblado Francisco Zarco en el Valle de Guadalupe. El 10 de junio de 1958, varios cientos de personas, miembros de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) colocaron banderas mexicanas en los terrenos que eran propiedad de descendientes de familias rusas molokanas asentadas a principios del siglo XX. La argumentación que se utilizó fue la recuperación de tierras que se encontraban en manos de extranjeros con la intención de hacer un símil a lo sucedido en el valle de Mexicali en 1937. Sin embargo, la mayoría de las familias descendientes de rusos molokanos ya eran mexicanos por nacimiento o por naturalización. De igual forma, ya existían propietarios mexicanos en el Valle de Guadalupe, entre ellos el propio gobernador del estado. Para algunos este fue un signo de “socialismo” por parte del gobernador, para otros, una señal de inseguridad en la tenencia de la tierra.

Bajo cualquier ángulo, la crítica a Braulio Maldonado, paradójicamente, llegó tanto del PAN como del PRI. Salvador Rosas Magallón realizó una campaña muy exitosa con la finalidad de ocupar la gubernatura de la entidad. Por su parte, el sucesor de Maldonado, el ingeniero Eligio Esquivel, claramente quiso diferenciarse de su antecesor al modificar buena parte de la estructura heredada y al perseguir de diversas formas a Braulio Maldonado. En buena medida se trataba de culparlo por el ascenso tan fuerte del PAN, ya que si bien no existen datos fidedignos, se presume que Salvador Rosas Magallón ganó la gubernatura en 1959, aunque no se le reconoció.

Desde las campañas hasta la misma elección, el ascenso del PAN fue evidente. Salvador Rosas Magallón logró mucho apoyo, sobre todo en las áreas urbanas, mientras que Eligio Esquivel lo tuvo en zonas rurales, donde el reparto ejidal, condicionado a su pertenencia a organizaciones como la CNC, permitía sostener un voto cautivo.

El día de la elección, domingo 2 de agosto de 1959, se registraron todo tipo de irregularidades. En diversas publicaciones de la época se asienta que muchas de las casillas no fueron contabilizadas y que hubo robo de urnas. El resultado oficial favoreció a Eligio Esquivel y las protestas de los panistas fueron acalladas con las amenazas de encarcelamiento. Salvador Rosas Magallón fue acusado del delito de disolución social, rebelión en grado de tentativa y asociación delictuosa; el juez ordenó su detención. Algunas de las acusaciones señalaban que Rosas Magallón introdujo armas a México, que tenía grupos armados en La Rumorosa y un submarino con armamento sofisticado en las cosas de Ensenada. Para entonces, Rosas Magallón ya había abandonado la entidad. Algunos otros panistas sí fueron encarcelados. Hermenegildo Cuenca Díaz, general de ejército, indicaba que la participación de las tropas sólo era para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos.

Así, en diciembre de 1959, el ingeniero Eligio Esquivel ocupó la gubernatura del estado. Si bien buena parte de las medidas que tomó fueron en sentido contrario a lo realizado por su antecesor, la violencia a otras fuerzas políticas se mantuvo. De igual forma, la prensa se enfrentó con el gobernador y se registró el asesinato del periodista Carlos Estrada Sastré, quien colaboró con Esquivel en su campaña y poco después se convirtió en uno de sus principales críticos. De igual forma que el caso de Acosta Meza, el asesino confeso escapó de la cárcel al poco tiempo.

En estos años se iniciaron los conflictos con Estados Unidos debido a la salinidad de las aguas del río Gila que se consideraban en las aportaciones del Colorado. El tema fue tratado tanto por el presidente Adolfo López Mateos como Gustavo Díaz Ordaz. De igual forma, durante el gobierno del ingeniero Eligio Esquivel se realizaron los proyectos para el Programa de Industrialización Fronterizo.

Eligio Esquivel murió el 17 de diciembre de 1964. En medio de diversas especulaciones acerca de su muerte, Gustavo Díaz Ordaz, que tenía menos de un mes en la presidencia de la república, nombró al doctor Gustavo Aubanel Vallejo para sucederlo. Aubanel, primer presidente municipal de Tijuana y uno de los dirigentes del comité pro estado libre y soberano, aceptó el cargo para los siguientes diez meses. Con ello, Aubanel quedaba fuera de la posibilidad de contender para el siguiente periodo constitucional.

El candidato por el PRI fue el también ingeniero Raúl Sánchez Díaz, quien tenía experiencia en la administración de ferrocarriles; sin embargo, en términos políticos, su presencia era limitada. De nuevo, la fórmula de la relación personal con el presidente de la república fue particularmente importante para su designación y posterior “elección”. El único contendiente lo presentó el PAN, siendo el candidato Norberto Corella Gil Samaniego. A diferencia de la elección de 1959, no hubo conflictos de consideración. El PAN realizó algunas denuncias por la forma en que se realizó la contienda. En las presidencias municipales y en el Congreso del Estado la situación fue semejante y el PRI logró todas las posiciones en disputa.

Sin lugar a dudas, la década de 1960 fue de especial relevancia por la aparición de grupos de izquierda que tenían como sustento el materialismo histórico. El triunfo de la revolución cubana en 1959 y su posterior paso al socialismo, con apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), representó para muchos sectores inconformes una motivación para buscar la transformación de la sociedad hacia un gobierno del proletariado. En aquellos años, lejos estaban de conocerse los conflictos que había hacia el interior de los países socialistas, información que se tiene en la actualidad a partir de la desintegración de la Unión Soviética y de la mítica caída del muro de Berlín en 1989.

A finales de la década de 1950, tanto el movimiento ferrocarrilero como el de los médicos, y desde entonces el de estudiantes, marcó la pauta a un descontento social que tomó diversos caminos. En varias regiones del país el estudiantado demandó mejoras en las condiciones de vida y una transformación de la sociedad. Para algunos, la propuesta estaba en el socialismo; para otros, en la apertura de las autoridades del diálogo; y otros más, en la búsqueda de reformas de carácter democrático. La diversidad en ese sentido es vasta y mucho se ha de estudiar con respecto a estos años. Lo cierto para el caso bajacaliforniano es que representó la aparición de grupos estudiantiles que presionaron con el fin de mejorar las condiciones de la educación superior, en específico las de la Universidad Autónoma de Baja California, así como la intensa relación de algunos grupos con movimientos guerrilleros, sobre todo vinculados con la Liga Comunista 23 de Septiembre, la cual hizo su aparición pública por primera vez, precisamente, el 23 de septiembre de 1965, en Madera, Chihuahua.

Por otro lado, las elecciones de 1968 marcaron el regreso del PAN a la contienda electoral, con lo que fueron posibles triunfos en las alcaldías de Mexicali y Tijuana, mismos que no fueron reconocidos. Sin embargo, para diversos sectores sociales, el triunfo de Norberto Corella Gil Samaniego en Mexicali y Luis Ernesto Enciso Clark en Tijuana, resultó evidente. En ambas poblaciones fueron nombrados consejos municipales dirigidos por miembros del PRI. Las protestas en contra de la imposición y el fraude electoral llevaron a varias movilizaciones sin que hubiera violencia, como en 1959.

Por su parte, el movimiento estudiantil, más agresivo y al mismo tiempo más disperso en sus objetivos, tomó entre uno de sus caminos presionar para mejorar las condiciones de la educación pública superior. En Ensenada, Tijuana y Mexicali, la toma de terrenos y el reclamo al gobernador para contar con las instalaciones adecuadas repercutieron de manera directa en la mejora de las condiciones de la universidad pública. En cada ciudad la fórmula fue diferente; en el caso de Tijuana, debido a la pretensión de los terrenos del Club Deportivo Campestre, el tema fue más complejo. Para principios de la década de 1970, la educación pública superior había crecido en buena medida por las presiones de los estudiantes. De igual forma, el entonces rector de la UABC planteó ante las autoridades de la Secretaría de Educación que si bien el decreto de formación de ésta se había expedido el 27 de febrero de 1957, no se le habían dado los recursos ni la manera de obtenerlos para su funcionamiento. Por tal motivo, en enero de 1969 el gobernador Sánchez Díaz publicó en el Periódico Oficial la creación de un impuesto adicional para la educación superior, lo que permitió mejorar la administración y el pago de salarios a los catedráticos.

Es indispensable indicar que los incidentes de octubre de 1968 marcaron una pauta en la educación superior en México. Las demandas estudiantiles generaron la idea de no concentrar a los jóvenes universitarios en la ciudad de México y la necesidad de fortalecer las universidades en las entidades federativas.

Sin lugar a dudas, el crecimiento de la educación superior en todo el país tuvo como trasfondo ese motivo, aunque es claro que también fue una necesidad en función de la demanda de estudios por parte de los jóvenes mexicanos que carecían de medios para trasladarse a otras entidades o a la ciudad de México.

El 2 de octubre de 1968 ha quedado como un momento clave para la historia mexicana, independientemente de los efectos inmediatos que tuvo en la realidad política. Por ello, la década de 1970 se mantuvo con una intensa participación de diversos grupos de estudiantes en la vida política del estado. Como otros, es un tema de suma relevancia que requiere de mucha investigación para darle toda la dimensión que le corresponde.

Las elecciones presidenciales de 1970 favorecieron a Luis Echeverría Álvarez. El candidato a la gubernatura por el PRI fue Milton Castellanos Everardo; por el PAN, el varias veces mencionado Salvador Rosas Magallón, quien luego de varios años de ausencia pudo regresar a suelo bajacaliforniano. Castellanos, quien había sido en los años cincuenta delegado del PRI en Baja California, a diferencia de sus antecedentes, ya tenía arraigo dentro de la política y, por tanto, una trayectoria relevante. De igual forma, no fue visto hacia el interior del partido como una imposición.

Rosas Magallón organizó la denominada “Marcha de la democracia panista”, que consistió en un recorrido a pie de Ensenada a Mexicali con la demanda de que las elecciones fueran limpias. Para ello solicitaban que no fuera el gobierno el que controlara el nombramiento de todos los funcionarios electorales, pues se prestaba a favorecer al PRI. Sin embargo, la elección fue ganada por Milton Castellanos. El PAN no impugnó los comicios en términos formales. Era claro que si bien en años anteriores el PAN había tenido buenos resultados, con la maquinaria del PRI unida y el apoyo del Estado en su conjunto, Rosas Magallón no había logrado lo mismo que 11 años antes; de hecho, en la década de 1970, el PAN estuvo lejos de los resultados de años anteriores, por diversas razones.

Con Luis Echeverría, el gasto público fue uno de los rubros que más crecieron. Para el caso de Baja California, el gobierno de Milton Castellanos se caracterizó, entre otras cosas, por realizar una inversión en infraestructura de alto impacto; algunas de ellas se explican precisamente por las inversiones realizadas por el gobierno federal bajo un proyecto de crecimiento basado en el sector público. El Centro Cívico de Mexicali es una clara muestra, lo mismo que el apoyo para la infraestructura universitaria en todo el estado o el inicio de la transformación de “cartolandia” en el río Tijuana; de hecho, por la intervención directa del gobierno federal se creó la Unidad 70-76, sitio al que fueron enviadas familias que se encontraban en la zona más cercana a la línea internacional.

La sucesión presidencial de 1976 fue sumamente convulsionada, no por motivos políticos, sino por los económicos. El peso mexicano, que durante 22 años se había mantenido a un precio de 12.50 por dólar, se devaluó drásticamente. Ello afectó de sobremanera la vida cotidiana de los bajacalifornianos, acostumbrados al dólar como moneda de uso corriente. El candidato a la presidencia, José López Portillo, no tuvo contrincantes, dado que el PAN no presentó candidato y las organizaciones de izquierda carecían de registro. Por otra parte, contrario a la costumbre de que el candidato a la gubernatura de Baja California fuera nombrado por el presidente entrante, Echeverría trató de imponer un candidato con mucha anticipación. El general Hermenegildo Cuenca Díaz, antiguo protector de Echeverría, fue el señalado. Si en ocasiones anteriores este tipo de designaciones habían resultado avaladas por los miembros del PRI en la entidad, en esta ocasión significó una ruptura real y efectiva. Un número significativo de integrantes del PRI conformaron el Partido Independiente Estatal (PIE) y presentaron a Guilebaldo Silva Cota como su candidato. El licenciado Héctor Terán Terán fue el candidato del PAN, aunque este partido estuvo lejos de poder capitalizar la profunda división del PRI. En poco tiempo fue posible advertir que el general Cuenca Díaz, quien tenía el antecedente de haber dirigido varias acciones en contra de los residentes de las colonias asentadas en el lecho del río Tijuana, no podría ganar la elección. A sus casi 80 años no logró despertar la simpatía ni de los integrantes del PRI.

José López Portillo asumió la presidencia en medio de una crisis económica. Ante ello, la candidatura de Cuenca Díaz resultaba cada vez más incómoda e insostenible. Con el paso de los meses, el PIE se proyectaba como el posible ganador de los comicios; sin embargo, el 17 de mayo de 1977 murió el general Cuenca Díaz. De inmediato se nombró como candidato a Roberto de Lamadrid Romandía, quien estaba ligado por una estrecha amistad con el presidente López Portillo desde finales de la década de 1950, cuando uno encabezaba la junta federal de mejoras materiales, y el otro, la junta estatal. Con ello, el naciente Partido Independiente Estatal desapareció.

Roberto de Lamadrid Romandía ocupó la gubernatura del estado de 1977 a 1983. A escala nacional, López Portillo anunció que México tendría que aprender a administrar la abundancia debido al incremento de las exportaciones petroleras y el alto precio de éste en el mercado internacional. El resultado fue el aumento de la inversión del gobierno federal en diferentes ámbitos de la producción. Se hablaba de una economía mixta, dada la alta participación del Estado en diversas empresas.

Las intensas lluvias de 1977 y 1978 provocaron que las colonias que se encontraban en el cauce del río Tijuana se inundaran. La naturaleza, más allá de cualquier propuesta política, obligó a que gran parte de los residentes fueran reubicados en diferentes partes de la ciudad. Algunos fueron trasladados a la Mesa de Otay en precarias condiciones. Esto dio lugar al surgimiento de varias organizaciones sociales que desempeñaron un papel relevante en la formación de agrupaciones de izquierda. La más destacada fue el Comité de Unión de Colonos Urbanos de Tijuana, Asociación Civil (CUCUTAC). Sin embargo, la inundación de 1980, a la que se sumó el hecho de que se abrieran las compuertas de la presa Abelardo L. Rodríguez, conllevó al desalojo de las familias que habían tratado de quedarse. Como efecto de ello se empezó a consolidar el plan para desarrollar la llamada “zona río Tijuana” como un área comercial de primer orden. Varias construcciones de importancia se realizaron en los años siguientes, como el Centro Cultural Tijuana (Cecut), el centro de gobierno y proyectos para la práctica de la medicina pública y privada.

Una de las tendencias claras de los gobiernos del PRI fue el control de la prensa. En el caso de Roberto de Lamadrid Romandía, el periódico ABC se caracterizó por las críticas a la actuación del gobernador. Su director, Jesús Blancornelas, así como el columnista Héctor Félix Miranda, mejor conocido como “El Gato Félix”, fueron insistentes en señalar varios aspectos que consideraban inadecuados de la actuación de Roberto de Lamadrid. Sin embargo, otros actores sociales encabezaron el movimiento en contra de los periodistas, como la CTM, algunos dirigentes del magisterio y estudiantes que formaban parte del PRI. En ese contexto, luego de demandas en contra de Blancornelas por parte de accionistas del diario, debió dejar la publicación y autoexiliarse en California. Desde allí fundó el semanario Zeta, mismo que mantuvo una línea crítica al gobierno del PRI, y que en años posteriores fue importante para la creación de la imagen de Ernesto Ruffo Appel, quien fuera, en 1989, el primer gobernador del PAN en todo el país.

Por otra parte, Roberto de Lamadrid, junto con las autoridades universitarias, debió enfrentar el intento de formación de un sindicato nacional de maestros dentro de la universidad pública, que tomó características de lucha por el poder de tales instituciones. En 1978, por presiones de diversos grupos se creó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, con la cual se logró la apertura a diversas corrientes políticas, particularmente de izquierda y ajenas a las corrientes tradicionales como el PAN, el Partido Popular Socialista (PPS) y el PARM.

En el caso de Baja California, muchos de sus integrantes laboraban en la UABC y desde ahí realizaron campañas políticas con la intención de que esta institución fuera un punto de partida para la lucha social. Tanto el sindicato de trabajadores administrativos como el de académicos trataron de vincularse con organismos nacionales que tenían la intención de formar un solo sindicato que agrupara a los trabajadores y profesores de las universidades de todo el país. Los enfrentamientos provocaron un paro que afectó por breve tiempo las actividades escolares. Uno de los efectos fue el compromiso del gobierno federal y estatal en mejorar la infraestructura de la universidad pública.

En 1982, luego de una caída estrepitosa del precio del petróleo, la crisis económica que vivía el país llevó a tomar medidas drásticas, como la nacionalización de la banca y el establecimiento de un control de cambios que nunca terminó de funcionar.

En ese contexto, Miguel de la Madrid Hurtado resultó el candidato del PRI para la presidencia de la república; por el PAN se presentó Pablo Emilio Madero, y por el naciente Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Arnoldo Martínez Verdugo. El triunfo fue de Miguel de la Madrid, entre otras razones, debido a que la división en el PAN persistía a nivel nacional, y a que el PSUM carecía de estructura formal. Obviamente, el factor más importante era que todos los órganos del Estado estaban a favor del candidato del PRI.

Con motivo de la sucesión a la gubernatura de 1983, el candidato del PRI fue fue Xicoténcatl Leyva Mortera. Si bien el mencionado había sido presidente municipal de Tijuana de 1977 a 1980, de nuevo la línea presidencial fue importante para su designación. Su contendiente más importante fue Héctor Terán Terán, por el PAN.

Leyva Mortera, con el lema de “Un lote para cada familia humilde”, le dio un marcado populismo a su campaña. Sin embargo, para la presidencia municipal de Ensenada se presentó David Ojeda por el Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Ojeda, quien fuera el primer presidente en la segunda etapa de la vida de los ayuntamientos en Baja California por el PRI, había sido retirado del cargo por Braulio Maldonado meses antes de finalizar. Dicho tema había quedado en la memoria colectiva como un acto de injusticia. Así, Ojeda ganó la elección y se convirtió en el primer presidente municipal en Baja California que, en términos formales, no era del PRI. A nivel estatal, Leyva Mortera se levantó con el triunfo, aunque los panistas lo cuestionaron repetidamente.

El gobierno de Leyva Mortera enfrentó el severo problema que generaba la inflación constante y la devaluación del peso mexicano. Paradójicamente, en la década de 1980 se vivió un fuerte crecimiento del sector maquilador, por lo que el rezago social en términos de servicios públicos se incrementó frente a la capacidad de la administración estatal para proporcionarlos. Aunado a ello, para muchos sectores la inseguridad y la corrupción alcanzaron niveles muy elevados, lo que generó profunda insatisfacción con su administración. De igual forma, algunas medidas de represión en contra de indígenas oaxaqueños en el valle de San Quintín fueron dadas a conocer a través del semanario Zeta, por lo que el gobierno tuvo diversos elementos en contra. En mucho colaboró que en medio de la crisis económica Miguel de la Madrid fuera visto como un presidente que actuaba de manera poco efectiva de acuerdo con el patrón tradicional en que los presidentes se desempeñaban. Adicional a esto, el terremoto en la ciudad de México en 1985, donde la reacción gubernamental fue ineficiente, creó un descontento social que pronto se manifestó en la vida política nacional.

En Ensenada, en las elecciones de 1986 a la presidencia municipal triunfó el candidato panista Ernesto Ruffo Appel. Si bien fue importante para el municipio, pronto la figura de Ruffo creció en todo el estado debido, sobre todo, a las presiones económicas que el gobernador le impuso. La fotografía de Ruffo Appel recogiendo los botes de basura porque el gobierno del estado no entregaba los recursos que correspondían al ayuntamiento, se volvió un referente en el ámbito estatal, y la popularidad del presidente municipal de Ensenada creció aceleradamente. Desde mucho tiempo antes de las elecciones para la gubernatura resultó claro que el PAN tenía un serio candidato. El posible triunfo de la oposición no fue visto por muchos como una posibilidad remota.

En 1987, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y Porfirio Muñoz Ledo, miembros del PRI, empezaron a cuestionar severamente las medidas tomadas por Miguel de la Madrid. La sucesión presidencial del año siguiente fue el punto de discusión. El asunto llevó a la ruptura con el PRI por parte de Cárdenas y Muñoz Ledo, quienes renunciaron al partido con la intención de presentar una candidatura distinta a la establecida en las filas del ese organismo. Formalmente se integró el Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, mismo que tuvo pronta presencia en varios estados del país, entre ellos Baja California.

Por su parte, el candidato designado por el PRI, Carlos Salinas de Gortari, tuvo serios problemas para mantener la cohesión interna del partido y pronto hubo numerosas disidencias que alimentaron a la corriente encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas. Entre quienes no respaldaron la candidatura de Salinas de Gortari se encontraba Xicoténcatl Leyva Mortera. Esta falta de apoyo fue evidente por la escasa propaganda que hubo en el estado. Sin embargo, las causas de la derrota de Salinas de Gortari en Baja California se deben atribuir, más que a asuntos coyunturales, a que la sociedad se tornó más participativa y la estructura corporativa del PRI, caracterizada por la falta de democracia a su interior, estaba lejos de representar una alternativa real de gobierno. El resultado conocido de las elecciones para la entidad fue que Cuauhtémoc Cárdenas, por el Frente Democrático Nacional, obtuvo 36.8% de los votos, Salinas de Gortari 34.9%, y Manuel J. Clouthier, del PAN, 22.5%. Sin embargo, en el entorno nacional el ganador fue Carlos Salinas de Gortari. Si bien las manifestaciones a favor de Cárdenas fueron significativas en todo el país, el resultado oficial no se modificó y Salinas de Gortari ocupó la presencia para el periodo de diciembre de 1988 a diciembre de 1994.

Entre las primeras medidas del Salinas de Gortari fue la destitución del gobernador de Baja California de su cargo. Leyva Mortera señaló a la prensa que era enviado al extranjero a tratar asuntos financieros. En realidad, era un intento por corregir el rumbo de las elecciones para gobernador en 1989; sin embargo, Ernesto Ruffo ya tenía muchas simpatías. Se nombró como gobernador interino al ingeniero Óscar Baylón Chacón, quien había sido presidente municipal de Tecate. Baylón ocupó el cargo durante diez meses, con el claro propósito de intentar revertir las tendencias que parecían beneficiar al PAN.

La candidata a la gubernatura fue la senadora por el PRI (ganó la elección en 1988) Margarita Ortega Villa. Si bien el apoyo del gobierno federal y estatal se hizo presente, la simpatía que despertó Ernesto Ruffo Appel entre diversos sectores de la sociedad, sobre todo en Tijuana, fue clara; incluso, en eventos organizados por el PRI surgía apoyo para el candidato del PAN.

Por su parte, Martha Maldonado, hija de Braulio Maldonado, fue la candidata por el naciente PRD. De igual forma hubo otros candidatos por otros partidos, pero la atención se centró en Margarita Ortega y Ernesto Ruffo.

El PAN organizó a sus miembros y simpatizantes para el cuidado de las casillas el día de la elección. El domingo 2 de julio de 1989, numerosas cámaras de video grabaron todo el proceso, por lo que las posibilidades de orquestar un fraude electoral fueron pocas. Ernesto Ruffo Appel obtuvo 204 120 votos, y Margarita Ortega, 162 941. Por primera vez se reconocía el triunfo de un candidato de un partido ajeno al PRI. Sin duda, este evento marcó una coyuntura de significación en la historia de Baja California y de México. Para algunos analistas se trató de una mera apariencia ante Estados Unidos y la prensa internacional. Incluso se habló de democracia selectiva, en el sentido de que no se reconoció el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988. Sin embargo, la popularidad de Ernesto Ruffo y el apoyo que mantuvo durante su gobierno por varios sectores de la sociedad, fueron resultado de una tendencia en contra del PRI manifestada en 1988 a favor de Cárdenas, y de Ernesto Ruffo en 1989. De igual forma, la presidencia municipal de Tijuana fue ganada por Carlos Montejo Favela, quien fue candidato del PAN; en Ensenada el mismo partido mantuvo la presidencia municipal. Tecate y Mexicali fueron retenidas por el PRI. Asimismo, nueve diputados panistas fueron parte de la XIII legislatura local. De esta manera se inició una nueva etapa en la historia de México y, obviamente, en la de Baja California. La designación presidencial y el posterior proceso de ratificación por una elección en la que ya se sabía el ganador, quedaron atrás.

Definitivamente, este triunfo esto implicó numerosos retos para el nuevo partido en el gobierno estatal, tanto por el hecho de que el PRI se mantenía a nivel nacional, como por la inexperiencia en el ejercicio del poder. A pesar de las críticas políticas e intelectuales, el PAN ha permanecido en la gubernatura hasta la actualidad. Para el caso de Tijuana, que había mantenido la presidencia municipal desde 1989, se perdió en 2004 y volvió al PRI. Mexicali y Ensenada han variado un poco más en los últimos años y ha sido el desempeño en el gobierno el que ha sido, en gran medida, el factor decisivo. Se puede decir que ha sido la voluntad de la sociedad que participa en las elecciones la que da rumbo y no el sistema de partido de Estado. Obviamente, son muchos los factores a considerar para un proceso electoral, pero el avance en el sentido democrático es evidente.

Por otra parte, la apertura a los mercados internacionales fue favorecida por las medidas adoptadas por Carlos Salinas de Gortari, entre ellas destaca el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. A lo largo de su sexenio, la promesa de adelantos económicos fue recibida por diversos sectores sociales como promisoria. De hecho, a pesar de lo sucedido en 1988, en los años siguientes, en algunas partes del país el PRI logró mantener gubernaturas o comenzó a negociar algunas de ellas, como el caso de Guanajuato, donde no se le reconoció el triunfo a Vicente Fox, pero el panista Carlos Medina ocupó el cargo de manera interina.

En este periodo se realizaron las llamadas “concertacesiones”. Sin embargo, el escenario político se enturbió a finales de 1993, y sobre todo en 1994. Salinas de Gortari, en medio de alusiones a que pretendía reelegirse, impulsó como candidato para la sucesión a Luis Donaldo Colosio Murrieta. Otro de los aspirantes, Manuel Camacho Solís, mostró su inconformidad por considerar que a él le correspondía el derecho sucesorio. A pesar de ello, Colosio Murrieta inició su campaña dentro de los marcos establecidos por el PRI.

En enero de 1994, un grupo de indígenas tomó algunos poblados de Chiapas por la vía de las armas. Pronto, su líder, el denominado “subcomandante Marcos”, inició una campaña mediática para lograr simpatizantes y se dirigió como uno de los críticos más intensos de Salinas de Gortari. La pobreza, el hambre, la marginación y el atraso de las comunidades indígenas chiapanecas pronto lograron la simpatía de muchos en las diversas ciudades del país. Sin embargo, como movimiento armado, los avances fueron pocos. La presión de los medios nacionales e internacionales, sobre todo, se convirtieron pronto en el escudo de seguridad del grupo, más que sus logros militares. Obviamente, la justeza de sus demandas le dio sustento a un movimiento que, luego de una década, se ha mantenido hasta la actualidad como una crítica constante a una modernidad que está lejos de ser incluyente y margina a sectores sociales como los indígenas.

Esto le restó presencia a la campaña presidencial de Colosio Murrieta, lo mismo el hecho de que el negociador para la paz, sin goce de sueldo por petición propia, fuera Manuel Camacho Solís.

El 23 de marzo de 1994, Colosio realizó un mitin en Tijuana en la colonia Lomas Taurinas, un asentamiento irregular habitado por trabajadores de escasos recursos. Al finalizar el evento, un empleado de maquiladora avecindado en otra parte de Tijuana, Mario Aburto Martínez, asesinó a Colosio Murrieta. Las tesis acerca de si éste actuó o se trató de algo organizado por algún grupo ha llenado miles de páginas a lo largo de una década. Lo evidente es que se modificó el escenario político y durante un tiempo volvió a Camacho Solís el blanco de los ataques.

El candidato seleccionado para suceder a Colosio Murrieta fue Ernesto Zedillo Ponce de León, mismo que había residido en su infancia en la ciudad de Mexicali, pero a la que había dejado desde hacía muchos años. Los otros candidatos a la presidencia fueron Cuauhtémoc Cárdenas, por el PRD, y Diego Fernández de Cevallos, por el PAN.

En una campaña con mayor apertura por parte de los medios de comunicación hacia todos los candidatos, el triunfo correspondió a Ernesto Zedillo Ponce de León. Para muchos analistas era claro que el camino para cualquier cambio político en México era el de la democracia y no la posibilidad de las armas, como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En Baja California, el candidato por el PAN para suceder a Ernesto Ruffo fue Héctor Terán Terán, que en ese momento era el único senador no priista en el Senado de la república. Por el PRI fue el mexicalense Francisco Pérez Tejada, y por el PRD, Rodolfo Armenta Scott.

Terán Terán fue el triunfador, sin embargo, a los tres años de gestión falleció a los 63 años de edad. La sucesión, luego de una negociación en la Cámara de Diputados local, favoreció al licenciado Alejandro González Alcocer. Éste, poco conocido en el ámbito político, debió enfrentar la construcción de un gobierno propio en medio de críticas tanto de panistas como de miembros del PRI y el PRD.

En el contexto nacional, el gobernador de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, inició una campaña muy anticipada con el fin de obtener la presidencia de la república. Bajo el esquema de “Los amigos de Fox”, y a pesar de varios conflictos con los panistas de mayor arraigo y tradición, para los últimos años del sexenio de Zedillo había logrado presencia nacional.

La campaña presidencial para el año 2000 presentó a Francisco Labastida por el PRI —luego de una contienda interna muy áspera—, Vicente Fox por el PAN, y a Cuauhtémoc Cárdenas, nuevamente, por el PRD.

En las elecciones del 2 de julio de 2000, Fox Quesada resultó triunfador por una clara diferencia con respecto a Labastida Ochoa. Con ello, el régimen de partido de Estado, iniciado en 1929, llegó a su fin. Independientemente de lo que sucediera, el PRI ya no tendría el mismo papel que en las siete últimas décadas del siglo XX.

Para el caso de Baja California, el candidato del PAN en el año 2001 fue Eugenio Elorduy Walther, quien se impuso a Daniel Quintero Peña, candidato del PRI.

EL FUTURO INMEDIATO

Muchos son los retos de nuestra sociedad. Por un lado, la exigencia de la competencia internacional nos obliga a buscar siempre alternativas a los problemas que nos plantea un mundo globalizado cada vez más comunicado y estrechamente vinculado en los procesos productivos. De igual forma, por el carácter fronterizo de la entidad, la siempre compleja relación con Estados Unidos nos debe mantener atentos a los diversos procesos tanto a lo largo de la extensa zona fronteriza como a los conflictos o acuerdos que se establecen en los niveles diplomáticos. Esta condición fronteriza, si bien implica algunas ventajas para ciertas áreas de la producción, también nos enfrenta a temas como el de la migración, el narcotráfico y la inseguridad. Son tópicos que generan puntos de vista de diversa índole. El primero de ellos es una constante que requiere de una solución integral en todo el país, ya que se trata de una manifestación de desajustes permanentes en la oferta de empleo. Los otros dos, que se desprenden en gran medida de la condición fronteriza, son, por mucho, asuntos que nos importan a todos en razón de que se han convertido en un problema social que debe ser atendido desde diferentes ángulos y por las autoridades de todos los niveles; son temas que siempre cobran importancia al tratarse la relación entre México y Estados Unidos.

De igual forma, aspectos como la conservación del medio ambiente, la distribución de las aguas de los ríos internacionales, así como el intenso comercio con el vecino del norte, nos obligan a buscar caminos que mejoren en todo sentido una relación que debe estar marcada por el respeto mutuo.

Por último, los avances en el terreno democrático deben ser debidamente entendidos para buscar la mejoría en el ejercicio de la opinión pública y el voto ciudadano. La posibilidad de la discusión de los temas que nos involucran a todos permitirá la mejor comprensión de los problemas, así como la búsqueda de soluciones.

[2] La zona libre es un régimen de exención fiscal que permite el ingreso de mercancías sin el pago de los derechos aduanales.

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ACERCA DE LOS AUTORES

LUCILA DEL CARMEN LEÓN VELAZCO. Licenciada en historia por la Universidad Autónoma de Guadalajara; maestra en historia por El Colegio de Michoacán, y también maestra en historia por la Universidad de California en San Diego, y doctora en historia por la Universidad Autónoma de Baja California. Es coautora del libro de Historia y geografía de Baja California para tercer año de primaria. Ha publicado artículos sobre la historia de las misiones en Baja California en libros como Ensenada. Nuevas aportaciones para su historia, Baja California. Un presente con pasado y El patrimonio cultural en las misiones de Baja California. Coordinó el libro Territorio, sociedad y frontera. Estudios históricos sobre Baja California. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, de la Universidad Autónoma de Baja California. Es nativa de Ensenada, Baja California.

MARIO ALBERTO MAGAÑA MANCILLAS. Historiador por la Universidad de Guadalajara, maestro en estudios de población por El Colegio de la Frontera Norte, y doctor en ciencias sociales por El Colegio de Michoacán. Sus campos de estudio son la historia social, cultural y demográfica de los grupos humanos en el área central de las Californias durante los siglos XVIII y XIX. Es investigador de tiempo completo titular nivel C definitivo en el Instituto de Investigaciones Culturales-Museo de la UABC. Líder del cuerpo académico “Estudios Culturales” (en formación). Cuenta con Perfil Promep vigente, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel 1, desde 2010. Entre sus publicaciones se encuentran los libros: Historia, memoria y sus lugares; Epidemias y rutas de propagación en la Nueva España y México (siglos XVIII-XIX); Indios, soldados y rancheros. Poblamiento, memoria e identidades en el área central de las Californias, 1769-1870; El impacto demográfico de la viruela en México desde la época colonial hasta el siglo XX. La viruela después de la introducción de la vacuna; y los artículos arbitrados “Matrimonios, familia y mestizaje en la población adscrita a la misión de Santo Domingo de la Frontera (1775-1834)” (Revista de Demografía Histórica, 2010); “Joyas o indios vestidos de mujer en la Alta California colonial: reflexiones sobre la identidad de género” (en coautoría con Raúl Balbuena Bello [Cuicuilco, 2010]); “De pueblo de misión a rancho frontereño: historia de la tenencia de la tierra en el norte de la Baja California, 1769-1861” (Estudios fronterizos, 2009), y “Neófitos y soldados misionales: identidades históricas en la región de La Frontera de la Baja California, 1769-1834” (Culturales, 2009).

ANTONIO PADILLA CORONA. Es arquitecto por la Universidad Autónoma de Guadalajara, licenciado en historia por la UABC, y maestro en estudios latinoamericanos por la San Diego State University. Es coautor del libro Historia y geografía de Baja California para tercer año de primaria y del guión museográfico para el Museo de las Californias. Es autor del libro Inicios urbanos del norte de Baja California. Influencias e ideas, 1821-1906. Sus artículos sobre urbanismo se han publicado en revistas nacionales e internacionales. Es autor de varios capítulos de libros como: Historia de Tijuana; Mexicali. Una historia; Ensenada. Nuevas aportaciones para su historia y Baja California. Un presente con pasado. Es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Es nativo de Tijuana, Baja California.

DAVID PIÑERA RAMÍREZ. Doctor en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Fue nombrado investigador emérito de la Universidad Autónoma de Baja California en 1977. Fundador del Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC, actualmente Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1986. Entre sus obras se encuentran: Ocupación y uso del suelo en Baja California; Los orígenes de Ensenada y la política de colonización; Documentos para la historia de Tijuana e Historia de Tijuana, 1789-1910. Ha coordinado obras como Panorama histórico de Baja California; Visión histórica de la frontera norte de México e Historia de la Universidad Autónoma de Baja California, 1957-1997. Ha coordinado eventos académicos de índole internacional como los simposios sobre fronteras en Iberoamérica y el tema de la educación superior en México. Ha participado en numerosos eventos sobre la historia de Baja California y ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas y miembro de la H. Junta de Gobierno de la UABC. Es nativo de Guadalajara, Jalisco.

ALEJANDRO MUNGARAY LAGARDA. Doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió el posdoctorado en historia económica y globalización en la Universidad de California en Los Ángeles. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1989. Ha dirigido 21 tesis de licenciatura, 22 de maestría y 10 de doctorado. Es autor de 32 libros y 190 artículos sobre economía publicados en revistas nacionales e internacionales. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autor de obras como Amor de lejos; La soberanía del consumidor; Santos Silva y el inicio de la UABC; Lecciones de macroeconomía y Por una buena educación, entre otros; y ha coordinado obras como Mexico and the World, Proceedings of the IX Promex-ANUIES Conference; Industrial Development and Labor Marketing in the United States-Mexico Border Economy y Lecciones de microeconomía para microempresas. Es nativo de Guaymas, Sonora.

MARCO ANTONIO SAMANIEGO LÓPEZ. Doctor en historia por El Colegio de México. Su tesis doctoral, Los ríos internacionales entre México y Estados Unidos. Los tratados de 1906 y 1944, fue premiada como la mejor tesis doctoral en el año 2004 por la Academia Mexicana de Ciencias. Recibió el premio Anastasio G. Sarabia (1977) como mejor trabajo de investigación por su obra Nacionalismo y revolución. Los acontecimientos de 1911 en Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha coordinado obras como Ensenada. Nuevas aportaciones para su historia; Ensenada. Desde la memoria de su gente, así como el libro de Historia y geografía de Baja California para tercer año de primaria. De igual forma, coordinó el guión museográfico del Museo de las Californias del Centro Cultural Tijuana. Es autor de los libros: El gremio de choferes y la línea internacional, 1920-1933; Los gobiernos civiles en Baja California. Un estudio sobre la relación entre los poderes local y federal, 1920-1923, y Los ríos internacionales entre México y Estados Unidos. Los tratados de 1906 y 1944. Ha organizado eventos académicos sobre el norte de México. Es nativo de Tijuana, Baja California.

LEGALES

Breve historia de Baja California [recurso electrónico]

/ Marco Antonio Samaniego López. -- Mexicali, Baja

California : Universidad Autónoma de Baja California,

2017.

1 recurso en línea.

ISBN: 978-607-607-381-0

1. Baja California (México) – Historia -- Fondos documentales.

I. Universidad Autónoma de Baja California. II. Samaniego López,

Marco Antonio. III.t.

F1246.2 B74 2017

©D.R. 2017 Marco Antonio Samaniego López

Las características de esta publicación son propiedad de la

Universidad Autónoma de Baja California.

Departamento de Editorial. Av. Reforma 1375.

Col. Nueva. Mexicali, Baja California, México. C.P. 21100.

Teléfono: (686) 552-1056.

Correo electrónico: editorial@uabc.edu.mx

www.uabc.mx

ISBN 978-607-607-381-0

Coordinación editorial: Laura Figueroa Lizárraga.

Edición: Luis Enrique Medina Gómez.

Formación electrónica: Lilian Guadalupe Beckham Lara.

Diseño de portada: José Guadalupe Martínez Alvarado.

Ilustración de portada: “Campamento indígena”.

Tomado de: Pourade, R.F. (1963). The Silver Dons (p. 179).

San Diego, California: The Union Tribune Publishing Company.

Universidad Autónoma de Baja California

Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández

Rector

Dr. Alfonso Vega López

Secretario general

Dra. Mónica Lacavex Berumen

Vicerrectora Campus Ensenada

Dr. Miguel Ángel Martínez Romero

Vicerrector Campus Mexicali

Dra. María Eugenia Pérez Morales

Vicerrectora Campus Tijuana

Dr. Hugo Edgardo Méndez Fierros

Secretario de Rectoría e Imagen Institucional

Table of Contents

Prólogo

Capítulo I. La prehistoria y las exploraciones

Capítulo II. El periodo misional, 1697-1849

Capítulo III. Semblanza política del Partido Norte de la Baja California, 1848-1882

CapÍtulo IV. Las compañías colonizadoras y los orígenes de las poblaciones, 1885-1906

Capítulo V. La formación de una economía vinculada con Estados unidos. Relaciones de poder entre los gobiernos federales y los locales, 1910-1945

Capítulo VI. De 1945 a nuestros días. Internacionalización económica y democracia política en Baja California

Bibliografía

Acerca de los autores

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