Índice

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

Capítulo I. Desarrollo Metodológico para el estudio de la relación entre espacio público y ciudadanía

Capítulo II. Espacio público y participación ciudadana de Baja California

Capítulo III. Espacio público y ciudadanía en Baja California (1989-2007)

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

LEGALES

Universidad Autónoma de Baja California

Ángel Manuel Ortiz Marín

Espacio público y ciudadanía en Baja California (1989-2007)

Selección Anual para el Libro Universitario

A mis padres, en especial a mi madre, sin cuya paciencia en mi formación inicial no hubiera podido concluir ningún proyecto educativo.

A mi esposa, por su tolerancia y entusiasmo para comprenderme en los distintos momentos de duda.

A mis hijos, por su comprensión silenciosa y respaldo para entender los tiempos que no les dediqué a sus preocupaciones.

A mis amigos, por su apoyo a mis constantes preguntas y consultas, pues gracias a todos ellos esta obra fue terminada.

AGRADECIMIENTOS

En la vida, agradecer a otros implica reconocer que hay un deber enorme para con los demás. Ese es mi caso, pues esta obra difícilmente se hubiera podido concretar sin la ayuda de mis amigos y colegas, quienes contribuyeron al opinar, criticar y auxiliar en el desarrollo de este texto, producto del acercamiento a una realidad compleja como la actividad política.

Dar los nombres de quienes se agradece su ayuda implica dejar constancia de su presencia, pero, a su vez, se corre el riesgo de omitir a aquellos que la memoria pudiera dejar olvidados; aun así, reconozco la ayuda de mis colegas y amigos de la UABC, como Victoria Santillán Briceño, Hugo Méndez Fierros, Luis Enrique Concepción Montiel y Cuauhtémoc López Guzmán, quienes contribuyeron con sus opiniones y críticas a mejorar este trabajo.

A mis profesores del posdoctorado, Gilberto Dupas y Francisco Delich, así como a mis compañeros del programa, quienes me orientaron con sus recomendaciones y sugerencias para dar cuerpo al trabajo de investigación, en especial a Amalia Eguía, quien me proporcionó valiosos materiales sobre el tema. A Marcelo Casarín, coordinador del programa posdoctoral, la primera persona que conoció el trabajo y aprobó la temática para cursar dicho posgrado. A María Cristina Mata —Marita, como afectuosamente me permitió llamarla— por sus consejos acerca de la pertinencia de la materia y a Raúl Rodríguez, cuyas valiosas observaciones y recomendaciones me permitieron profundizar en los aspectos teóricos del problema de investigación. A todos ellos, académicos e investigadores del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, les estoy agradecido por haber admitido a un maestro “mejicano” (como suelen escribir esta condición) en su espacio académico.

A César, mi hijo, quien me ayudó en la transcripción de algunas de las entrevistas iniciales, y a Ignacio Rodríguez, encargado de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas, así como a Martín González Correa, responsable de la hemeroteca de la Biblioteca Central de Mexicali, quienes me dieron todo tipo de facilidades para la consulta de los diarios.

Finalmente a dos personas que me acompañaron en todo el trayecto de la investigación: Cristal Palencia Santana, estudiante y valiosa asistente quien me ayudó en la laboriosa tarea de recopilar y analizar la información documental, hemerográfica y de transcripción de las entrevistas, porque sin cuya ayuda la tarea se hubiera vuelto titánica. A Adolfo Soto, mi colega y amigo, cuya labor de dejar constancia visual de las entrevistas constituye un documento inédito que podrá servir de ayuda a otros colegas e investigadores interesados en ahondar en la problemática del comportamiento ciudadano.

A todos ellos sólo puedo expresarles mi profundo agradecimiento por su apoyo y orientación. Ojalá la vida me permita devolverles la amistad que me han dispensado, pues gracias a ella logré su colaboración para culminar esta obra.

INTRODUCCIÓN

En noviembre de 1989, Ernesto Ruffo Appel, postulado por el Partido Acción Nacional (PAN), asumió la gubernatura del estado de Baja California. Su triunfo fue reconocido por la dirigencia priista nacional y por las instituciones electorales estatales. A partir de ese momento surgieron nuevas formas de gobernar gracias a una alternativa política con una propuesta ideológica diferente y, con el tiempo, esto permitiría la ampliación y fortalecimiento de los espacios de expresión social y política en la sociedad bajacaliforniana.

Durante 18 años (1989-2007), Baja California ha sido gobernada por líderes políticos del PAN.[1] Este es un hecho inédito en la política mexicana, ya que ninguna entidad federativa ha sido gobernada durante tanto tiempo por un partido diferente al PRI.[2] En ese periodo, cuatro gobernantes bajacalifornianos panistas,[3] durante tres sexenios, han dirigido los destinos de la entidad de acuerdo con las condiciones histórico-políticas, los postulados políticos, así como los principios ideológicos del PAN.

En este periodo, se han transformado las instituciones y las leyes que le rigen al estado, así como los espacios públicos donde se manifiestan los distintos segmentos de la sociedad.

Este proceso de cambio sociopolítico trajo varias alteraciones en el escenario bajacaliforniano. Las más importantes son la posibilidad de la transformación de los espacios públicos de debate, así como la resolución de los principales problemas de la sociedad bajacaliforniana, que representan ámbitos para la consolidación de una democracia más allá de la alternancia política. Tanto aquellos espacios que se han institucionalizado como los que la sociedad civil y política han creado y legitimado, deberían sufrir mutaciones periódicas debido al propio devenir sociohistórico como por la agenda social de los diferentes actores que participan de la arena política.

Una transformación más fue la redefinición de las estructuras de gobierno, con la participación de múltiples actores e instancias institucionales o institucionalizadas (poder legislativo y judicial, partidos, empresarios, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales de diferente índole) que replantearon sus nexos con el poder instituido, pero también con la sociedad, que demandó nuevas relaciones entre gobernantes y gobernados. Así pues, la estructura gubernamental debería mutar no sólo en la ejecución de sus funciones, sino también en el replanteamiento de la razón de su existencia como instancia legitimada al interior de la administración de un gobierno con propuestas políticas diferentes.

Los procesos electorales tienen un efecto fundamental en la ampliación de los cauces de la democracia. La cultura política también se transformó, antes existía una concepción social de las elecciones que no correspondía con su contenido formal. Antes de 1989, en Baja California la práctica política implicaba que desde la estructura gubernamental, como desde importantes sectores de la población, se actuaba con base en los supuestos de la negociación corporativa. La ausencia de una tradición democrática fue clave para entender la relación entre los partidos de oposición y la sociedad (Guillén, 1992). Cuando el primer gobierno del PAN asumió la gubernatura, se replantearon formas y discursos que intentaron recuperar un espacio democrático para el ciudadano.

La trascendencia de la presente investigación radica en comprobar si efectivamente la propuesta ideológica y el accionar de las estrategias políticas de los gobiernos panistas en Baja California han ampliado los cauces para la participación de la ciudadanía al interior de los espacios públicos en beneficio de la democracia. Es decir, en palabras de Dahl (2002), si los gobiernos de Acción Nacional impulsaron la ampliación de los espacios públicos para favorecer la poliarquía.

En la construcción de la poliarquía, la relación de los ciudadanos con los medios de comunicación masivos, así como los vínculos entre las prácticas políticas y las mediáticas son un objeto relevante de reflexión para la comprensión de las condiciones y posibilidades de ejercicio, además, conocer estas relaciones implica profundizar en la democracia a través de la participación ciudadana. De esta manera, la interdependencia entre estos elementos plantea vías para la conformación de lo social, cultural y político, elementos que requieren de estudio y análisis, pues los medios se constituyen en un referente visible para la diversidad de expresiones entre el poder instituido y la ciudadanía, conformando el “imaginario colectivo”.

Ahora bien, ¿qué ha sucedido con la sociedad bajacaliforniana durante este periodo?, ¿cuál ha sido su aportación al ensanchamiento de los espacios de expresión y negociación de sus requerimientos sociales, políticos, económicos y culturales? Esa misma sociedad que a través de su voto en las urnas propuso un cambio político en la la gubernatura del estado, ¿ha permanecido indiferente a las nuevas formas de gobierno? o ¿en realidad ha privilegiado su capacidad de gestión para mejorar las condiciones de la democracia, la justicia social y la equidad política?

El primer capítulo contiene un apartado metodológico que da cuenta de los procedimientos y las técnicas de la presente investigación. Se parte de un enfoque que proviene de la teoría política para el desarrollo metodológico, con un fuerte componente desde la perspectiva cualitativa.

En el segundo capítulo se precisan los conceptos determinantes que ayudan a la configuración de categorías de análisis para su desarrollo empírico. En un segundo apartado, se utiliza dicha conceptualización para examinar brevemente su operatividad mediante una revisión crítica del escenario político nacional y, con mayor profundidad, el bajacaliforniano. Para tal efecto, se desarrolla una descripción de la trama político-social de la entidad desde la referencialidad política nacional y estatal en el periodo 1950-2007. Posteriormente, se aborda el contexto de los medios de comunicación masiva de la entidad para reconocer su figura como instituciones públicas y su papel en la mediación social.

El tercer capítulo analiza los elementos empíricos utilizados para abordar la configuración del espacio público y la participación ciudadana, además se analiza cómo se teje la trama entre la episteme y la doxa que da cuenta del actuar de la ciudadanía en la construcción de la democracia.

Finalmente, en las conclusiones, se describe una realidad opaca y en constante sinergia entre los diferentes actores que componen la sociedad bajacaliforniana.

En los anexos se incluye, como sustento de rasgos particulares de la investigación, copias de notas periodísticas que sustentan algunos de los referentes investigados acerca de los diarios bajacalifornianos en el periodo 1989-2007.

[1] Baja California seguirá gobernada por un miembro de Acción Nacional, ya que José Guadalupe Osuna Millán tomó posesión como gobernador del estado el primero de noviembre de 2007, su periodo culmina en 2013.

[2] Ciertos estados han experimentado la alternancia, entre ellos Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Baja California Sur, México, D. F., Nuevo León, pero no de manera consecutiva por gobernantes de un mismo partido y por ese lapso de tiempo, salvo el Distrito Federal, que ha mantenido un gobierno perredista desde 1997.

[3] En el segundo sexenio, el gobernador falleció a la mitad de su mandato y se nombró un gobernador sustituto.

CAPÍTULO I. DESARROLLO METODOLÓGICO PARA EL ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE ESPACIO PÚBLICO Y CIUDADANÍA

PROPUESTA TEÓRICO-METODOLÓGICA

Antes de abordar las consideraciones metodológicas, conviene establecer algunos referentes del objeto de estudio respecto a su ponderación socio-histórica que permitieron dimensionar la complejidad del análisis de esta realidad.

El estudio de los fenómenos políticos en México conlleva la desmitificación del Estado-nación, integrado y homogéneo durante las décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como partido dominante, de ello se desprende la necesidad de estudiar las individualidades y peculiaridades de los modelos regionales políticos.

Dada la heterogeneidad de los actores sociales que participan del todo social, una de las dimensiones que se propone analizar es el estudio de las relaciones de poder en sus manifestaciones al interior del espacio de la política y en asociación con las categorías de espacio público, Estado, democracia, ciudadanía y medios de comunicación, en particular la prensa escrita.

Arrazola (1996: 94) propone que un modelo metodológico que aborde la política regional debe “considerar los procesos políticos o las relaciones de poder regionales, en cuanto relaciones diferenciadas del espacio nacional y expresadas en distintos ámbitos institucionales y de relaciones sociales de un espacio concreto. Por tanto, la estructura histórica y la consiguiente transformación de las relaciones de poder son la base de la cual se debe partir para la conformación de un concepto propio de región”.

Para estudiar los fenómenos de la política regional, el poder y sus conexiones con el orden institucionalizado, Arrazola (ibid.) define dos enfoques. El primero parte del concepto de “relaciones de interpoder”, vínculo en el que delimita ciertas líneas de investigación, siendo la más significativa para el caso de estudio la correspondencia entre el Estado y la sociedad civil. Al otro enfoque le denomina “relaciones de contrapoder”. Estos dos enfoques segmentan, por una parte, las relaciones del poder normado o institucionalizado, es decir, aquellas que ejercen los órganos legitimados para el ejercicio del poder. El segundo plantea las relaciones no legalizadas del poder institucionalizado.

Metodológicamente se establecen tres delimitaciones para precisar el objeto de estudio:

1. El espacial, que se ocupa del estudio por zonas.

2. El temporal, que abarca periodos de la estructura política vigente.

3. El temático, que aborda una problemática política o acontecimiento histórico regional.

En la presente investigación se trabajó sobre las dos últimas dimensiones, que se establecen como circunscripciones para facilitar la tarea empírica. En el primer ámbito, lo temporal estuvo determinado por la vigencia de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional, es decir, los últimos 18 años de gobierno en Baja California (1989-2007).

En el segundo momento se intentó revelar si efectivamente, durante el periodo señalado, la propuesta ideológica y el accionar de las estrategias políticas de los gobiernos de Baja California identificados por su filiación al PAN se ampliaron y si aún lo hacen los cauces de la participación de la ciudadanía al interior de los espacios públicos en favor de la democracia.

A partir de ello, se estudió la actuación de los gobernantes en los periodos indicados (1989-1995, 1995-2001 y 2001-2007) y se entrevistó a ciertos actores sociales y políticos, informantes claves por su papel en la conformación de las agendas públicas. Como elemento mediador, se estudiaron periodos específicos de la prensa bajacaliforniana, en los cuales se reflejó la condición de la expresión pública de la agenda temática referida al espacio público y las estrategias políticas de gobierno en términos de planes de desarrollo e informes de gobierno.

En este último ámbito, el gobierno panista y la prensa —desde 1989 y en diferentes momentos del periodo estudiado— iniciaron una relación en principio de antagonismo y beligerancia para paulatinamente atemperar y lograr mediar sus actuaciones a lo largo de estos años; sin embargo, aún existen diferendos importantes en relación con temas relevantes para la sociedad bajacaliforniana y que la prensa, en particular, ha puesto en su agenda mediática.

En síntesis, se proponen cuatro ámbitos de estudio y análisis como justificación del proyecto:

• Reconocer la participación de las estructuras de gobierno que han servido a la construcción de políticas públicas y que influyeron en la ampliación de los espacios públicos de democratización de la vida ciudadana.

• Reconocer el papel de las organizaciones ciudadanas y políticas surgidas durante los gobiernos de filiación panista en Baja California, así como su posible influencia en la ampliación de los espacios públicos de democratización de la vida ciudadana.

• Identificar la emergencia de los nuevos actores sociales y políticos, así como su actuar ciudadano en la conformación del espacio público, en sus dimensiones sociales, políticas y culturales y en los procesos de interdependencia entre estos elementos.

• Identificar las dimensiones políticas de la comunicación, tanto en sus vertientes que dan cuenta de las prácticas comunicativas desarrolladas por los actores sociales y políticos, como las referidas a las prácticas institucionalizadas —estrategias de intervención desde el campo comunicacional— que buscaron el desarrollo de conductas ciudadanas.

Por ende, el objeto de estudio representó una oportunidad para reflexionar sobre sus manifestaciones y evolución en la sociedad contemporánea mexicana. Más interesante aun fue abordar un contexto fronterizo, pues contiene escenarios más particulares para el análisis desde distintos referentes.

Espacio público, ciudadanía, Estado/gobierno, democracia y medios de comunicación son conceptos —y a su vez categorías— inmersos en una relación de interdependencia, por lo que la existencia y desarrollo de cada uno de estos implica afectaciones que en ocasiones se manifiestan simultáneamente y, en otras, en diferentes momentos históricos. Es decir que la transformación de uno impacta a los otros y viceversa, sin embargo, todos estos conceptos demandan autonomía para su manifestación social, y por consiguiente, su estudio y análisis.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y PREMISAS DETERMINADAS

Con base en las consideraciones anteriores, el problema de investigación se expresó en los siguientes términos: ¿cuál es la percepción que tienen los ciudadanos bajacalifornianos de la ampliación o el surgimiento de espacios públicos para la participación ciudadana a partir de la instauración de gobiernos panistas de 1989 a 2007?

Las premisas desarrolladas fueron las siguientes:

• La ciudadanía bajacaliforniana participó de la ampliación o el surgimiento de los espacios públicos en la búsqueda de la resolución de los principales problemas sociales y políticos de la entidad.

• Los gobiernos de Baja California, identificados por su afiliación al Partido Acción Nacional, han impulsado acciones y estrategias para ampliar los espacios públicos que favorezcan la participación ciudadana.

• Los gobiernos de Baja California se mostraron en un principio abiertos a la transformación de aquellas instituciones sociales y políticas en las cuales tuviera cabida la participación ciudadana, para posteriormente transformar su actuar en búsqueda de un mayor control de las mismas mediante los instrumentos de poder que poseen.

• La prensa bajacaliforniana contribuyó, mediante la asunción de su rol social, a ampliar los espacios públicos que favorecieran la participación ciudadana.

Objetivos de la investigación

Los objetivos generales propuestos fueron:

• Estudiar las características de la participación de la ciudadanía bajacaliforniana y, en particular, el papel de ciertos actores sociales y políticos importantes para la ampliación del espacio público.

• Caracterizar la actuación de las instituciones sociales y políticas producto de los gobiernos de filiación panista en Baja California en torno a la ampliación de los espacios públicos que favorecieron la participación ciudadana.

• Identificar el papel de los medios de comunicación masiva bajacalifornianos, en particular la prensa escrita, en la construcción de la agenda pública y a favor de la participación ciudadana en el debate de los principales problemas sociales, políticos y culturales de la entidad.

Los objetivos particulares fueron:

• Describir cómo se conformó el espacio público durante los gobiernos panistas en Baja California de 1989 a 2007.

• Aportar a la comprensión del concepto de espacio público la experiencia del fenómeno sociopolítico bajacaliforniano.

• Proponer políticas públicas que se orienten hacia el reconocimiento y la ampliación de los espacios públicos como cauces de una mayor de participación ciudadana en Baja California.

• Determinar las transformaciones de los espacios públicos más significativos que coadyuvaron a la participación ciudadana en Baja California.

PARADIGMAS TEÓRICOS Y METODOLOGÍA UTILIZADA

El estudio se plantea desde la teoría crítica para el avistamiento del constructo social denominado espacio público, y su relación con los conceptos Estado, ciudadanía y democracia. Para ello, es significativo el aporte de autores como Habermas (1986, 2000 y 2005), Bourdieu (2005), Luhmann (2002), Dahl (2002) entre otros que desde el enfoque crítico permiten comprender la constitución del espacio público a partir de la cotidianeidad de los actores sociales. En atención al concepto poder, se favorece el análisis de Bourdieu (2000) y de Foucault (1984 y 1992) para esclarecer el término y su interdependencia con las categorías de análisis.

Para la mirada comunicológica, se acude a teóricos como Jesús Martín Barbero (1992) y Manuel Martín Serrano (1986). El primero plantea la función de la mediación que asumen los medios de comunicación masiva (MCM) en su interpretación de los acontecimientos. Martín Serrano, por su parte, propone, para la relación entre el Estado y los MCM, los procesos de interdependencia entre los sistemas sociales (SS) y los sistemas de comunicación (SC). Para una reflexión más profunda sobre esta mediación, también se consulta a Luhmann (2000), cuyo aporte desde el enfoque sistémico es significativo para explicar el papel de los MCM en los procesos de comunicación social que ejerce el poder político como componente de los sistemas sociales.

Para penetrar en la complejidad y expresividad de los conceptos espacio público, Estado, ciudadanía y democracia, se recurre a la noción de campo y de habitus desarrolladas por Bourdieu y Wacquant (2005), con la finalidad de facilitar el análisis hermenéutico de la intersubjetividad de los sujetos que se interrogan.

El concepto de campo lo definen Bourdieu y Wacquant (2005: 151) como “una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. Estas posiciones están objetivamente definidas en su existencia y en las determinaciones que imponen sobre sus ocupantes, agentes o instituciones, por su situación presente y potencial (situs) en la estructura de distribución de especies del poder (capital) cuya posesión ordena el acceso a ventajas específicas que están en juego en el campo, así como por su relación objetiva con otras posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.)”.

Por su parte, el habitus, si bien se puede entender como “la voluntad de empezar a repetirse a sí mismo” (Bachelard, 2002: 71), Bourdieu y Wacquant (ibid.: 186) la consideran más bien un proceso mecanicista, además, plantean al habitus como un sistema creativo, la capacidad generativa inscrita en un sistema de disposiciones como un “arte”, para referirse a él como “hablar de habitus es aseverar que lo individual, e incluso lo personal, lo subjetivo, es social, es colectivo. El habitus es una subjetividad socializada”.

De tal mabera que entre campo y habitus hay una relación dialéctica, ya que Bourdieu y Wacquant (2005: 188) afirman que

el habitus contribuye a constituir el campo como un mundo significativo, dotado de sentido y valor, donde vale la pena invertir la propia energía [...] Siendo el habitus lo social encarnado, se encuentra “en casa” en el campo que le habita, lo percibe dotado de significado e interés inmediatos.

En resumen, la propuesta de la teoría crítica permite reconocer los postulados de las relaciones histórico-sociales entre espacio público, Estado, ciudadanía y democracia (SS) y los medios de comunicación masiva (SC). De esta manera se crea un basamento para la realidad social que se aborda y, de manera específica, para el fenómeno del quehacer de la política gubernamental y la ciudadanía bajacaliforniana de 1989 a 2007.

En relación con los objetivos principales de la investigación, la propuesta metodológica consistió en:

1. Reconocer los fundamentos teórico-metodológicos de la teoría crítica y, a partir de sus postulados, desarrollar una explicación racional acerca de la interdependencia estructural entre espacio público, Estado, democracia y ciudadanía. Se aborda el papel de los medios de comunicación masiva, en particular la prensa escrita, como elemento de expresividad pública del referente sociopolítico.

2. Describir las principales características de la participación de la ciudadanía bajacaliforniana y el papel de algunos actores sociales y políticos en la gestión de una mayor apertura y desarrollo del espacio público como forma de impulso a la participación ciudadana.

3. Describir procesos de comunicación social institucionalizada en las relaciones entre los distintos gobiernos de 1989 a 2007 y la prensa escrita, en el contexto del quehacer sociopolítico del estado de Baja California.

El abordaje teórico parte de los paradigmas hermenéutico y del interaccionismo simbólico (Blumer, 1982), dado que se pretende interpretar y buscar la interconexión sociocultural de los elementos teórico-empíricos presentes en el objeto de estudio, con la finalidad de reconocer la manera en que los individuos interactúan socialmente y vinculan las experiencias vividas con las representaciones culturales de las mismas en un contexto histórico-social específico.

El estado de la interpretación, a su vez, se propone como una estrategia hermenéutica que posibilitó el acercamiento a la condición objetivante de la subjetividad, sin por ello dejar de reconocer que la capacidad de interpretación del investigador estuvo condicionada por su propia condición interpretante. En este sentido, Grunner refiere la advertencia de Foucault (1969: 41): “para la hermenéutica moderna, según la cual cuanto más lejos se va en la interpretación, tanto más se avecina, al mismo tiempo, a una región absolutamente peligrosa, en donde no sólo la interpretación va a alcanzar su punto de retroceso, sino que va a desaparecer como interpretación, causando tal vez la desaparición del mismo intérprete. La existencia siempre cercana del punto absoluto de la interpretación sería al mismo tiempo la de un punto de ruptura”. De ahí que al llegar en el trabajo de campo a la etapa más elevada o profunda de la interpretación, surja la posibilidad de dejar de interpretar, y tal vez entonces emane la voz del propio investigador, e incluso desaparezca la voz del sujeto que se interpreta.

De ahí que Heller (1998: 76) comente que “el leer testimonios es la tarea más compleja de la ciencia social [...] La mejor relación con un testimonio tal es la conversación y no el interrogatorio; dicho de otro modo, el modelo hermenéutico de actividad interpretativa” .

Por tal motivo, la investigación se propone utilizar la metodología y las técnicas cualitativas para la selección y análisis de los datos empíricos, propias de la Teoría fundamentada o grounded theory, cuyo planteamiento es que la teoría se elabora y surge de los datos obtenidos en la investigación (Pandit, 1996). De tal manera, el investigador que se apropia de la teoría fundamentada asume la responsabilidad de interpretar todo lo que observa, ve, lee y registra a partir de los datos de que dispone para la generación de una teoría (Rodríguez Gómez et al., 1999).

En su conjunto, se desplegaron las siguientes estrategias para el desarrollo de la fase teórico-metodológica y la recopilación de la información:

1. Investigación de carácter bibliográfico y documental de textos sobre sociología, política, derecho y metodología pertinentes al proyecto de investigación.

2. Desarrollo del marco teórico-metodológico con base en el paradigma y los enfoques teóricos propuestos.

3. Entrevistas cualitativas semiestructuradas (Álvarez-Gayou, 2003) a un periodista de uno de los principales diarios de Baja California, un intelectual, un académico, un dirigente de una organización ciudadana, un diputado local y un concejal estatal electoral. Todos, en su conjunto, se pueden identificar como actores privilegiados por su papel preponderante en la conformación y el análisis de la realidad social y política de la entidad. En total, seis entrevistas, sin embargo, siempre estuvo presente la posibilidad de entrevistar a otros informantes a partir del análisis de los testimonios obtenidos.

4. Análisis de contenido de carácter cuantitativo (Krippendorff, 2000) de 748 informaciones periodísticas (notas informativas, artículos de opinión, entrevistas, reportajes y editoriales) relacionadas con los informes de gobierno de los cuatro gobernadores panistas durante el periodo establecido. Se revisaron principalmente las publicaciones de los diarios La Voz de la Frontera (372 notas), Novedades de Baja California-La Crónica de Baja California (188) y El Mexicano (188)[4] en el periodo 1989-2007 con el propósito de observar el análisis de los principales temas que divulgaban los diarios con base en el Informe de Gobierno anual (1 de octubre), además de revisar la agenda que los propios gobernantes, diputados y otros actores sociales privilegiaban en su mensaje ante la Cámara de Diputados de Baja California.[5]

5. Análisis de contenido de los tres planes de gobierno de los cuatro gobernantes[6] para reconocer, en la agenda gubernamental de tipo político y social, su propuesta de participación ciudadana en las distintas acciones que la administración impulsaba.

6. Elaboración del reporte final de investigación y difusión de los resultados. En la fase metodológica se potenció el modelo cualitativo, cuya peculiaridad fundamental parte de la interpretación para dar cuenta de significados, actividades e interacciones de la vida cotidiana de los sujetos en un contexto socio-histórico específico.

La perspectiva metodológica que se presenta no tiene la intención de medir o contar, sino de preguntar, interpretar, relacionar y resignificar lo observado (Reynaga, 2002). Sus características son la búsqueda de la profundidad de la comprensión del fenómeno estudiado, el estudio de los significados y percepciones, el proceso de descubrimiento continuo en cada fase del análisis de los datos, la alta atención al contexto en que se expresa el objeto de estudio y el uso de un enfoque multidisciplinar (Alonso y Saladrigas, 2000). En conjunto, el análisis cualitativo fue el método pertinente para esta investigación.

En cuanto a las técnicas utilizadas para la recolección de información, estas se sustentan en los principios de la teoría fundamentada (Siegel, 1995), desarrollada por Glaser y Strauss (1967). Dicha teoría es un campo de estudio que aplica sistemáticamente pasos procesales para desarrollar una exploración sobre un fenómeno particular. Como Strauss y Corbin (1990) explican, la Teoría fundamentada se deriva del estudio inductivo del fenómeno que representa. Es decir, se descubre, se desarrolla y se verifica provisionalmente con la colección de datos y el análisis sistemáticos de los datos que pertenecen a ese fenómeno. El objetivo de la teoría fundamentada es el descubrimiento de explicaciones teóricamente comprensivas sobre un fenómeno particular, surge como una estrategia metodológica alternativa de carácter científico para probar hipótesis o premisas, verificar técnicas y formas cualitativas de análisis. Sus componentes centrales son la constante comparación, el muestreo teórico y los procedimientos de codificación de elementos como las entrevistas, las observaciones de campo y el análisis de documentos de todo tipo. Su cualidad principal es la generación de teoría (Babchuk, 2007; Haig, 2007).

Una de las formas utilizadas en la presente investigación para la recolección de datos proviene de fuentes testimoniales (vivas). Con esta intención se acudió a la técnica de la entrevista cualitativa, entendida como “una conversación con un alto grado de institucionalización y artificiosidad, debido a que su fin o intencionalidad planeada determina el curso de la interacción en términos de un objetivo externamente prefijado” (Sierra, 1998: 297). En esencia, es una conversación cotidiana en cuya práctica se construyen las identidades y sentidos de lo social, según el contexto.

CATEGORÍAS ANALÍTICAS[7]

Pandit (1996) indica tres elementos básicos de la teoría fundamentada: los conceptos, las categorías y las proposiciones. Los conceptos son la unidad base para la conceptualización de los datos. Las categorías, el nivel más alto de abstracción, son las piedras angulares del desarrollo de la teoría y proporcionan las condiciones para integrarla. Las proposiciones indican la relación entre categorías y conceptos. Las categorías analíticas más significativas y de mayor desarrollo metodológico para la investigación fueron las siguientes:

a) Estado/gobierno. Se refiere a la identificación de las dimensiones de análisis relacionadas con las:

• Principales acciones de gobierno desarrolladas por las administraciones de Ernesto Ruffo Appel, (ERA), Héctor Terán Terán (HTT), Alejandro González Alcocer (AGA) y Ernesto Elorduy Walter (EEW), durante el periodo 1989-2007 en Baja California, en materia de participación ciudadana, sistema político, sistema electoral, régimen jurídico y estado de derecho, libertad de expresión, desarrollo humano y libertades sociales.

b) Ciudadanía/sociedad civil. Se refiere a la identificación de las dimensiones de análisis relacionadas con:

• El papel de la participación de la ciudadanía bajacaliforniana durante el periodo 1989-2007 en cuanto al debate de los temas públicos, derechos ciudadanos, respeto a las preferencias políticas, reclamos de atención a las demandas ciudadanas y respeto a los derechos humanos y libertades sociales.

• Los principales temas o problemas sociales, políticos o económicos en los cuales la ciudadanía participó de su discusión, resolución o rechazo durante los gobiernos de ERA, HTT, AGA y EEW en el periodo 1989-2007.

c) Medios de comunicación/opinión pública. Se refiere a la identificación de las dimensiones de análisis relacionadas con:

• El papel que tuvieron los medios de comunicación masiva de Baja California, en particular la prensa escrita, entorno a favorecer la participación ciudadana en temas de debate público, derechos humanos y derecho a la información.

Cada una de las categorías referidas —que se utilizaron en las entrevistas— se corresponden con los siguientes apartados de la codificación de las notas periodísticas, según consta en la siguiente relación:

TRATAMIENTO DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS

Los sujetos entrevistados se seleccionaron con base “en un muestreo dirigido o por criterios” (Hernández et al., 2003: 330), por lo tanto se trata de un muestreo cuantitativo dentro de una técnica cualitativa. Para tal fin, se entrevistaron a seis informantes cuyas características fueron indicadas en párrafos anteriores con base en una Guía temática para la entrevista (ver anexo 1). Estos sujetos-tipo se seleccionaron “según su perfil de atributos esenciales que cumple el sujeto a elegir [...] la definición de esos atributos tiene un carácter claramente selectivo y diferenciador en la persona seleccionada” (Rodríguez Gómez et al., 1999: 137).

Otra unidad de análisis fue la selección de los diarios más representativos de la entidad en el periodo estudiado (La Voz de la Frontera, El Novedades de Baja California de Mexicali (1989-1990), La Crónica de Baja California y de Tijuana, El Mexicano). Se seleccionaron las informaciones más representativas de los géneros informativo, interpretativo y de opinión (Baena, 1990), así como aquellos desplegados relacionadas con el problema objeto de estudio.

Para tal efecto, se elaboró una hoja de codificación y un manual de codificación (anexos 2 y 3). El primero registró los datos necesarios para su procesamiento estadístico y el segundo permitió unificar criterios de tipificación de las notas periodísticas, identificar los principales rasgos de las mismas y asignarles un código específico. De esta manera, se llegó a un total de 748 notas en el periodo 1990-2007, mismas que fueron codificadas, proceso que presentó algunas dificultades derivadas de la accesibilidad de los diarios, en especial de El Mexicano. Posteriormente, fue capturada dicha información en el programa SPSS versión 12, depurados los datos y representadas algunas de las principales características de la información mediante gráficas del propio programa o de Excel.

[4] Del diario El Mexicano no fue posible codificar los informes de gobierno de 1994, 1997, 1998 y 1999, pues no se localizaron los ejemplares en las bibliotecas públicas ni el propio diario tenía en sus archivos los ejemplares de estos años.

[5] Se codificó una semana de noticias de dichos diarios del 2 al 9 de octubre de 1990 a 2007.

[6] El gobernador González Alcocer (1998-2001) continuó con el mismo plan de gobierno del licenciado Terán Terán, a quien le correspondió sustituir debido a su fallecimiento.

[7] En una primera instancia, estas categorías se establecieron de manera apriorística, debido al conocimiento del contexto en que se expresa el objeto de estudio. Algunas fueron reconstruidas y refinadas, y otras surgieron como nuevas categorías a partir del análisis de los datos recabados por las entrevistas, así como por el análisis de contenido de las notas periodísticas.

CAPÍTULO II. ESPACIO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE BAJA CALIFORNIA

CONSTRUYENDO LAS NOCIONES DE ESPACIO PÚBLICO, ESTADO, CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA

En el proceso de determinar conceptos que puedan ser ejes de un proceso de investigación en las ciencias sociales no hay que perder de vista que generalmente dichos términos, aunque se busque su precisión lingüística, deberán ser tomados en consideración como aproximaciones a una realidad que difícilmente puede ser abarcable por una definición. En este sentido, Heller (1998: 60) apunta que “en las ciencias sociales uno puede utilizar sólo raramente ‘definiciones reales’ de una forma razonable, ya que cuando más crucial y central es el concepto social, menos puede ser definido ese concepto” . De igual forma se refiere Kant en su obra Crítica de la razón pura (1998) a la conveniencia de preguntarse si los conceptos corresponden a los objetos.

A partir de estas deducciones, se aspira a lograr precisiones conceptuales de las nociones de espacio público, Estado, ciudadanía y democracia con la finalidad de explicar la importancia de dichas denominaciones al interior del pensamiento social crítico y su relación, en un segundo momento, con la problemática socio-política de América Latina.

En el interés de esclarecer el porqué de la elección de ciertos autores para revelar las nociones ya indicadas, y de cómo estos disertan sobre las particularidades de las mismas, se parte de las posturas asumidas por ellos, pues permiten abordar dichos conceptos desde una perspectiva crítica. Tal es el caso de Habermas, que en su obra Historia y crítica de la opinión pública (1986) confecciona el desarrollo teórico del término esfera pública y su interrelación con la esfera de lo privado, pero no como elementos alejados, sino complementarios. Posteriormente, en textos sucesivos se reelabora dicho concepto para replantearlo como espacio público que da luz a las nuevas conformaciones del plexo social, a cuya complejidad contribuye el mundo de vida mediante la dimensión de la intersubjetividad de los sujetos actuando en el todo social.

Otro autor que se cita para precisar la noción de Estado es Antonio Gramsci, cuya trayectoria como pensador crítico está ampliamente expuesta en sus textos Cuadernos de la cárcel. Para explicar este término, se trabajó sobre su libro Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno (1998), cuyo contenido es fundamental para el desarrollo teórico de dicho concepto. Gramsci fue un pensador italiano profundamente interesado en los problemas de la construcción del Estado, del rol de los intelectuales entorno a una nueva concepción de dicha institución y, a su vez, de la nueva sociedad que debía configurarse, sin apartarse de la realidad en la cual se disputa el poder político como elemento articulador del andamiaje social que se evidencia en la institucionalidad de dicho aparato político-administrador de los asuntos públicos.

En referencia a la noción de ciudadanía se consultó la obra Habermas Entre naturalismo y religión (2006), cuyo primer capítulo aborda la interrelación entre la noción de espacio público[8] y ciudadanía, en particular desde el ámbito de lo político. Habermas plantea que, a partir de la constitución del Estado democrático, la ciudadanía tiene asegurada su plena expresividad, al asumir el reconocimiento a la libertad y a la igualdad en el actuar dentro de su comunidad política, lo que permite al ciudadano manifestar sus diferencias de pensamiento en espacios como los debates públicos.

Finalmente, la noción de democracia fue enriquecida con los postulados expresados por Robert A. Dahl en La poliarquía (2002), donde se refiere que la democracia es un concepto teórico que difícilmente se logra expresar en las condiciones en que se comportan los sistemas políticos actuales. Dahl propone el concepto de poliarquía, que en griego significa “el gobierno de muchos” (Diccionario de la lengua española, 2006: 1171), para ello define las condiciones en que se puede lograr y, sustancialmente, se refiere a dos tipos de regímenes, aquellos que se pronuncian por una mayor representatividad mediante la apertura a la participación ciudadana (hegemonías representativas), pero con escaso debate público, y aquellas que se manifiestan por una mayor liberación hacia el debate público, pero con escasa representatividad de los ciudadanos (oligarquías competitivas).

En estricto sentido, el interés de incorporar a estos autores y otros más que se referencian en cada apartado, es contribuir, mediante sus axiomas teóricos en ocasiones diametralmente opuestos, a ampliar la discusión y la crítica de dichos términos y ofrecer distintas perspectivas de pensamiento, así como la posibilidad de esclarecer las nociones de espacio público, Estado, ciudadanía y democracia. Una vez expuesto el interés académico, se emprende el despliegue teórico de las nociones ya señaladas.

Cuando se hace referencia a la evolución de las sociedades modernas, es evidente el análisis de aquellos ámbitos en los cuales lo social y lo político adquieren una identidad y manifestación propia. Uno de estos se denomina espacio público[9], que surge como un constructo fundamental para entender la expresividad de la ciudadanía y, a su vez, la transformación de aquellos elementos que se manifiestan en la dimensión de las estructuras de la sociedad, cuya enunciación se remonta desde la etapa premoderna hasta la denominada modernidad tardía. Para cumplir con el propósito de este trabajo, se le estudia en su interrelación con el Estado, la ciudadanía y la democracia, sin dejar de reconocer que en el espacio público hay una imbricación no sólo de estos tres elementos, sino que se conjugan con otros más que permiten la animación más profunda y extensa del constructo.

Precisamente Habermas (1986: 68) postula el espacio público como aquel “en el que las personas privadas se reúnen en calidad de público”. Por tal motivo, habrá que considerarlo como el lugar en que se desencadenan las intersubjetividades de lo privado y es a partir de las sencillas y cotidianas relaciones de los individuos mediante las cuales se expresa la intersubjetividad para congregar cosas diferentes, sin asimilarse entre sí. “En los espacios públicos pueden leerse las estructuras de la integración social” (Habermas, 2006: 28).

Los sujetos que participan del todo social y que conforman la llamada ciudadanía se manifiestan en ese espacio según su campo de actuación, es decir, los ciudadanos ocupan posiciones acordes con su capital social y cultural, ejerciendo prácticas sociales en concordancia con su habitus, ya sea de clase o de poder, de ahí que en el pensamiento de Bourdieu (2000: 14), el espacio público se expresa “como el conjunto de relaciones o un sistema de posiciones sociales que se definen las unas en relación a las otras”.

Pero, ¿quiénes se sirven del espacio público y cuál es su utilidad? Al respecto, Habermas (2006) plantea que la actual sociedad mediática como espacio de autorrepresentación sirve a aquellos que adquieren notoriedad y, en este sentido, su utilidad se expresa como un ejercicio de visibilidad. En ciertos casos, se suele tener una exposición de lo privado que, de manera constante, se hace público, de ahí que haya una confusión entre lo público y lo privado. A propósito de esta sobre-exposición de lo público, común en políticos y en ciertos intelectuales, Arendt refiere que “una vida que transcurre en público, en presencia de otros, se hace superficial” (Habermas, 2005:76).

Diferente condición ocurre en los debates y controversias políticas, pues lo público lo conforman los hablantes y receptores cuando se refutan unos a otros. Se trata de un intercambio de razones y lo privado no se aborda; en estos casos, el espacio público y el privado no se mezclan, ya que tienen una relación de complementariedad.

El espacio público participa de un proceso de inserción en la discusión de los problemas públicos, debido a dos factores: el surgimiento de una sociedad cada vez más ilustrada e interesada en los asuntos públicos y, por otra parte, los procesos de mercantilización de la información y las reglas del juego del control estatal, parlamentario y de la sociedad burguesa que influye en la opinión pública. Si bien son posibles estas ocurrencias, no se puede dejar de reconocer que la cada vez mayor ausencia, lejanía e indiferencia del ciudadano hacia los asuntos públicos es creciente en igual proporción a las demandas e incluso exigencia de parte de los gobiernos de su participación en los asuntos públicos, más como mecanismo de legitimación de su actuar que de una auténtica contribución a la toma de decisiones político-administrativas.

Por otra parte, en la permanente transformación de lo público y lo privado y su creciente fusión, surge un espacio repolitizado que mezcla los ámbitos estatalizados de la sociedad y los socializados del Estado y, de esta manera, lo público es relevado por la tarea de las instituciones como las asociaciones —personas privadas organizadas colectivamente y que intentan configurarse políticamente de modo directo— o por partidos convertidos en órganos del poder público que se sitúan por encima de la vida pública (Habermas, 1986). En dicha integración de los ámbitos privados y públicos, antaño mediada por el espacio público entre el Estado y la sociedad, la función mediadora se reubica en las instituciones, que desde lo privado (organizaciones) o desde la vida pública (partidos) practican una compensación de poder en relación directa con el Estado.

Pero el espacio público no se forma espontáneamente, más bien surge y se dilata gracias a la dialéctica de las condiciones histórico-sociales de la sociedad, se construye y amplía conforme lo privado se vuelve cada vez más público y como emergencia de las tensiones en el mundo de vida de los ciudadanos. Una de las características del crecimiento de lo público radica en que es uno de los campos en que habían sido encasillados los ciudadanos que no tenían derechos electorales o las minorías que no eran representadas por los intereses dominantes, donde surge la ampliación para dar cabida a las luchas por afirmar el carácter público de estos nuevos espacios de relaciones e instituciones que antes se localizaban en lo privado. De ahí que la progresiva estatización de la sociedad, paralela a una socialización del Estado, afecta de manera lenta, pero continúa, la base de la vida o espacio público burgués: la separación entre Estado y sociedad (Rancière, 2006).

Dentro de un modelo de normalidad racional, sociedades complejas como las posmodernas suelen mantenerse unidas a partir de una solidaridad abstracta y mediada jurídicamente entre los ciudadanos. Dadas las condiciones actuales, donde la expresividad política del ciudadano tiene cabida, la democracia sólo puede percibirse en el espacio público político, y de manera señalada en los “tiempos de la política” (Alasia, 2003), como sucede en los procesos electorales. Suelen ser estos últimos momentos los que reflejan con mayor agudeza la condición de democracia de una sociedad, así como de posible confianza en las instituciones y leyes que le gobiernan desde el Estado.

Para avanzar en las nociones eje del trabajo, es fundamental elucidar ¿qué cosa es el Estado?, y mejor aún, ¿qué papel le corresponde ante la formación del espacio público?

La definición clásica de Estado refiere que es “el máximo ordenamiento normativo de una sociedad, y de aparato legislativo, judicial y militar que elabora e impone coactivamente a la población dicho ordenamiento, aunque con base en un mínimo de consenso, y defiende si es necesario con el uso de la fuerza” (Gallino, 1995: 389). Pero el Estado no es únicamente una organización de la violencia. Si el Estado fuese tan sólo un aparato represivo, como se asegura, este no podría evitar que surgieran —y de facto así sucede al actuar con sentido represor— otros órganos con carácter de sustitutos del Estado. Córdova (1986) lo refiere como un conjunto de instituciones sociales a través de las cuales se garantiza la organización de la sociedad para el desarrollo de sus actividades en todos los órdenes de la vida.

Desde una perspectiva crítica, Antonio Gramsci (1998: 108), fundador del Partido Comunista Italiano, lo delimita como “el complejo de actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no sólo se justifica y mantiene su dominio, sino también logra obtener el consenso activo de los gobernados”. Consenso que indudablemente requiere el poder de quien gobierna, para ser constituido en toda la organicidad de su legitimidad, dado que requiere operar con la voluntad de los gobernados y no contra ella, o a pesar de ella.

Como consecuencia de la naturaleza del Estado, la institucionalidad, la legitimidad y el consenso exigen de un orden jurídico, un marco en el cual normar su actuación dentro de una sociedad. Estado y derecho constituyen una relación interdependiente, pues ambos se demandan en su existencia para normar el comportamiento de los individuos dentro de un orden.

Por tal razón, Kelsen (1968: 188) señala:

Para que el Estado pueda ser legitimado por el Derecho, es preciso que aparezca como una persona distinta del Derecho, y que a su vez este sea en sí mismo un orden esencialmente diferente del Estado. Este deja así de ser una simple manifestación de la fuerza, para convertirse en un Estado de Derecho que se legitima creando el Derecho.

Así pues, el orden jurídico permite al Estado regular y normar sus relaciones sociales con el objetivo de legalizar, desde la noción jurídica, la toma de decisiones, ya sea de carácter político, económico o social.

Si se admite que en el espacio público privan desigualdades, injusticias y conflictos diversos, entonces el derecho actúa manteniendo el orden institucionalizado. Así, la noción del Estado regido por las leyes atiende a una vinculación de toda actividad estatal a un sistema regido, lo más posible, por normas legitimadas por la opinión pública, y con ello se obliga jurídicamente a un Estado definido como instrumento de dominación.

Como lo refiere Hegel citado por Acanda (2002: 183): “El Estado es quien tiene que preservar la vida del órgano social, entendido este último como un sistema”, ya que el Estado no solamente es un gobierno entendido como la administración de los asuntos, sino también es ejercicio de la fuerza como una institución simbólica, apoyado en otras instituciones que hasta ahora se presentan a los hombres como instituciones de equilibrio social y de servicio público.

El poder legalizado se ejerce mediante el derecho como una herramienta normativa y reguladora de la actuación del individuo al interactuar en el espacio público. Para ello, el derecho asume dos posiciones: la primera desde la funcionalidad de las leyes para procurar la soberanía y la obediencia a estas. “El hecho de poseer los instrumentos del poder no basta, es necesario haberlos adquirido observando ciertas reglas y principios que confieren el derecho, universalmente reconocido de gobernar” (Bobbio, 2001: 21); este reconocimiento de la legitimidad legal transforma una relación de fuerza y dominación en una relación de derecho. En la segunda el derecho procura la dominación y el sometimiento de los individuos al poder soberano legitimado mediante las leyes. Es la cotidianeidad, ese mundo de vida producto de la existencia en sociedad, el objeto de la regulación del poder legal. Para ello, este poder crea instituciones diversas que norman esa vida cotidiana según los niveles de interacción social de los ciudadanos, pero también ese quehacer diario es complejizado y reconformado en gran parte por los medios de comunicación masiva a través de los cuales transita el devenir social, en particular de los electrónicos, como perfecto mecanismo de reconstrucción simbólica de la realidad globalizada alentadora de pautas de consumo de todo tipo.

Esto último implica que la cotidianeidad puede ser influida por las pautas artificiales del imaginario colectivo de los medios, interesados en manipular y persuadir al ciudadano hacia conductas que en nada corresponden a su contexto inmediato y que provienen de un pensamiento hegemónico que centra su atención en el consumo y no en la conciencia ciudadana.

Estas contradicciones que surgen de la propia naturaleza social de los ciudadanos conforma la función principal del Estado, al constituirse en factor de cohesión de cualquier formación social. Sin embargo, el problema en estos tiempos es, por una parte, las relaciones sociales entre un hombre pleno de contradicciones y tensiones y, desde otro ángulo, un Estado regulador de los desequilibrios que paulatinamente debilita su capacidad armonizadora de la vida democrática, debido al imperio de la fuerza del mercado y su hegemonía totalizadora.

Desde la perspectiva del Estado protector o vigilante nocturno (Hegel, 2004), la función del poder público es aquella que permite al ciudadano tener seguridad en su espacio privado y público, así como en sus bienes, tener trabajo y percibir seguridad pública. Es notorio que este escenario se aleja de la realidad de casi cualquier sociedad contemporánea, aun más de la realidad de muchos de los países de América Latina.

A esto debemos sumar la crisis que atraviesa el Estado-nación, pues ante el embate del mercado y la fuerte impronta neoliberal que impacta a la sociedad, es evidente la ineficacia en la gestión de ciertos gobiernos ante las condiciones de la globalidad del modelo de economía neoliberal. Esto refuerza el discurso de los defensores del Estado-mínimo, la reducción de sus dimensiones se presenta como fundamental para resolver los problemas de un sector público tensionado por su incapacidad para enfrentar sus propias debilidades.

Dupas (2006: 151) afirma que “a medida que el capitalismo global prospera y las ideologías nacionalistas avanzan en todo el mundo, el Estado-nación pierde parcelas considerables de poder”. Esta condición, en la perspectiva latinoamericana, plantea nuevos escenarios para el Estado, pues los espacios públicos para la gestión política están tensionados por la insolvencia del Estado, minimizado por la vertiente neoliberal con el fin de responder a las demandas sociales que antaño el espacio político afrontaba, y con ello aumentar la exclusión social de numerosos sectores marginales de América Latina. Por otro lado, surgen Estados fuertes que exaltan el nacionalismo como guardabarreras ante las fortalezas de la globalización con un marcado signo neoliberal, como es el caso en países como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba.

Entonces, ¿cómo actúa la ciudadanía ante el espacio público?, ¿cómo participa del todo social, pero también para sí mismo, desde su espacio privado? y ¿de qué forma expresa su opinión acerca de las nuevas realidades que le demanda su condición política?

Al respecto, Habermas (2005: 446) señala que “los canales de comunicación del espacio de la opinión pública están conectados con los ámbitos de la vida privada, con las densas redes de comunicación en la familia y en el grupo de amigos, así como contactos no tan estrechos con vecinos, los colegas del trabajo [...] de suerte que las estructuras espaciales de las interacciones simples se amplían y abstraen, pero no quedan destruidas”.

Con base en lo anterior, es claro que hay una fuerte imbricación entre el espacio público y la fina pero dinámica red de relaciones interpersonales y el entendimiento intersubjetivo que se forma cotidianamente en la esfera privada. De ahí que “el espacio de la opinión pública toma sus impulsos de la elaboración privada de problemas sociales que tienen resonancia en la vida individual [...] Consideradas las cosas históricamente, la conexión entre el espacio de la opinión pública y la esfera de la vida privada se manifiestan en la trama asociativa y en las formas de organización de un público” (Habermas, ibid.).

Este espacio de discursos asociativos que provienen de los ciudadanos (cuya visibilización pretende asumir los MCM) germina en lo privado, busca interpretaciones públicas para sus intereses y ejerce influencia sobre la institucionalización de la opinión y voluntad políticas. Un ejemplo de ello sería cuando el ciudadano, como integrante de la sociedad civil y, por ende, receptor de servicios públicos, demanda y exige del Estado una asistencia o la obligada seguridad a sus intereses particulares, pero no necesariamente se compromete mediante su participación ciudadana en la política.

Otra muestra de esto sucede cuando ciertos actores de la sociedad civil desempeñan un papel sorprendentemente activo y exitoso en los casos de percepción de una situación de crisis. Esos actores —en otros momentos con escasa complejidad organizativa y débil capacidad de acción y con desventajas estructurales— cobran oportunidad de invertir circuitos de comunicación consolidados en el espacio de la opinión pública y en el sistema político, con lo cual cambia el modo de solucionar problemas en todo el sistema (Habermas, 2006).

Así se explica que determinados actores de la sociedad civil se asocien en torno a un tema y lo trasciendan al espacio público, logrando que sus iniciativas tengan una buena aceptación a partir de reconocer que la movilización endógena del espacio público cobra eficacia debido a la influencia que ejercen estos actores, mismo que proviene del asentimiento del ciudadano al cual se corresponden y obligan a representar.

Para que esta representatividad ciudadana ocurra, debe haber condiciones favorables que permitan esta animación, que emana del mundo de vida de lo privado y tiene su más clara manifestación en lo público. El pleno actuar de la ciudadanía posee su expresión más acabada en una condición de democracia. Pero, ¿cómo concebir la noción de democracia y de qué forma se manifiesta en la posmodernidad? En la actualidad, las interrogantes surgen porque se supone que determinados problemas sociales surgen por un exceso de democracia o, incluso, que la misma está en crisis como ideología y como modelo social y político (Rancière, 2006).

Se reconoce que la democracia es el proceso de institucionalización política que permite o facilita cambios en los órdenes socioeconómicos, políticos y culturales e, incluso, religiosos, sin fuertes variaciones en el espacio político, a la par que influye en otros sectores del orden social, independientemente del liderazgo político que se ejerza (Linz, 1990). De ahí que la democracia es consustancial al quehacer político, y de su propia madurez como ideología y modelo devenga la posibilidad de un gobierno para todos y de todos.

Sin embargo, hay voces que desafían esta última aseveración, pues es notoria la numerosa presencia de regímenes de todo tipo de ideologías cuyo poder se concentra en unos cuantos y, en ocasiones excepcionales, se gobierna atendiendo a la voluntad popular o reconociendo a las voces de oposición.

En este sentido, Luhmann (2002: 163) asevera que “la democracia ni es dominio del pueblo sobre el pueblo, ni un principio según el cual todas las decisiones deben tomarse de modo participativo”, por ello propone concebir a la democracia como “la escisión de la cima [...] del sistema político mediante la distinción entre gobierno y oposición”. A esto le denomina el código de la política. El argumento de la concepción de escisión en la cima radica en que la oposición no tiene ningún poder de gobierno, pero puede hacer valer el poder de los no poderosos. Esto representa, en un sentido político, la capacidad de un partido o candidato de oposición de poder corresponderse a las expectativas de los marginados y hacer suyas las demandas de democracia.

Esta capacidad de representación política, ya sea de un partido o de candidatos al poder, suelen ser ejercicios que en la política actual se convierten en manifestaciones mediáticas que, lejos de contribuir al mejoramiento de la calidad de la democracia, hacen de esta una política de espectáculo que se mide por indicadores (raiting) que poco favorecen el genuino debate de las ideas políticas.

En oposición a esta condición, pero reconociendo la importancia de que un régimen admita el debate y las genuinas expresiones públicas, Dahl (2002: 18) aporta el concepto de poliarquía y lo expresa como “sistemas sustancialmente liberalizados y popularizados, es decir, muy representativos, a la vez que francamente abiertos al debate público”, lo cual implica la concepción de regímenes relativamente democráticos. Además, plantea que hay dos rutas para acceder a estados de poliarquía, vía las hegemonías representativas, en las cuales los regímenes tienen una alta participación (representatividad), o bien por el camino de la constitución de oligarquías competitivas, es decir, regímenes abiertos al debate público. En su conjunto, ambas vías son las deseables para la conformación de poliarquías, sin embargo, hay regímenes que tienen tendencias más hacia una de las partes.

Pero, ¿puede haber cualidades o condiciones esenciales para la existencia de un régimen democrático?, ¿es pertinente que las haya y, sobre todo, son alcanzables? Desde la perspectiva teórica, Rancière (2006), Lipset (1992), Bovero (1995), Luhmann (2000) y Dahl (2002) plantean condiciones para la instauración de gobiernos democráticos, las cuales, si bien parten desde la referencialidad de lo teórico, también indican aquellos componentes indispensables en los regímenes democráticos.

Rancière (2006: 104) define ciertas reglas para determinar un mínimo mediante el que un sistema puede ser democrático: “mandatos electorales cortos y no acumulables y no renovables; monopolio de los representantes del pueblo en la elaboración de leyes; prohibición a los funcionarios del Estado de ser representantes del pueblo; reducción al mínimo de las campañas y de los gastos de estas, y control de la injerencia de potencias económicas en los procesos electorales”.

Por su parte, Luhmann (2002) sugiere reconocer tres condiciones esenciales para la democracia: 1) el código que prevé que todo lo que puede hacerse relevante políticamente sirve al gobierno o a la oposición, de tal manera que dichos sistemas tienen apertura a la innovación o a la espontaneidad de los acontecimientos. Este proceso de apertura también plantea condiciones de clausura, pues una vez pasada la innovación del suceso social, el sistema vuelve a la normalidad y se da la autoeliminación de la espontaneidad; 2) asegurar la fluidez del código a través de una firme estructura de partido que permita a las organizaciones políticas sobrevivir el cambio de gobierno a la oposición y de la oposición al gobierno en la forma de partidos políticos, y 3) surge así la impresión pública de que las posiciones sobre cuestiones prácticas se adoptan a partir de una confrontación moral. En este aspecto, los políticos acuden a la moralidad para descalificar a los demás y así asumirse con una conducta recta.

Como se puede observar, en las propuestas de Rancière y Luhmann entorno a las circunstancias para instalar gobiernos democráticos las experiencias de ciertos periodos históricos de algunos gobiernos latinoamericanos como México, Argentina, Paraguay, Venezuela, Cuba, Chile, Panamá, Haití, entre otros, demuestran que, llegado al poder, casi ningún partido o candidato intenta favorecer la alternancia, por el contrario, generalmente su postura es que su partido o su sucesor sigan las directrices personales o institucionales que ya se imprimieron, de tal manera que se obstaculiza el cambio de gobierno a otro partido o candidato diferente. Aun cuando muchos de estos gobiernos se denominan democráticos y representantes de la voluntad popular, lo cierto es que promueven la continuidad y hegemonía de la opción política a la cual pertenecen y están lejos de favorecer la transición y alternancia en el poder.

Lipset (1992: 115) aporta sus consideraciones acerca de cómo los gobiernos democráticos pueden instalar dicha forma de gobierno, misma que define como: “un sistema político que, de forma regular y constitucional, proporciona oportunidades para cambiar gobernantes”, y señala tres condiciones para que pueda expresarse: “a) una fórmula política, un sistema de creencias, que legitime el sistema democrático y que especifique las instituciones (partidos, una prensa libre, etc.) que están legitimadas, es decir, que todos consideran adecuadas; b) un grupo de dirigentes políticos en el poder, y c) un grupo o más de dirigentes, que no están en el poder y que actúan como oposición legítima intentando conseguir el poder”.

El autor prevé ciertos requisitos para la consolidación de gobiernos democráticos que implican el reconocimiento, por parte de aquellos que están en el poder, de los derechos de quienes aspiran a poseerlo, dentro de un sistema de valores que tienda a un juego pacífico del poder; aunado a lo anterior, una estabilidad que permita que ese juego político otorgue el reconocimiento de legalidad al grupo en el poder y condiciones que faciliten que la oposición pueda ser permanente para evitar regímenes dictatoriales y perpetuarse en el poder (Lipset, 1992).

Por su parte, Bovero (1995) refiere determinadas condiciones para el desarrollo de gobiernos democráticos, como: 1) la libertad personal, que representa el tener derecho a desplazarse sin obstáculo alguno; 2) la libertad de opinión y prensa, que refiere indudablemente la libertad de expresión y difusión del pensamiento; y 3) la libertad de reunión, que implica el derecho a protestar públicamente; y 4) la libertad de asociación, que corresponde al derecho a constituir organizaciones como sindicatos, partidos y todo tipo de asociaciones de ciudadanos sin ningún distingo.

Si bien muchas de estas garantías están inscritas en las constituciones políticas de casi la mayoría de los países latinoamericanos, también es cierto que las violaciones a las mismas son ejemplos de la vocación “democrática” de varios regímenes autoritarios y dictatoriales que impiden el desarrollo de estas libertades universales, y aquellos que se atreven a demandarlas y ejercerlas suelen arriesgar su integridad física, la de sus familiares y de sus propiedades.

Sin embargo, no por ello se deja de reconocer que hay determinados elementos indispensables para generar condiciones de instauración de gobiernos democráticos que son, además, esenciales para promover su avance y perdurabilidad. En este sentido, Dahl (2002) propone tres condiciones para la existencia de la democracia: a) formular preferencia; b) manifestar públicamente dichas preferencias entre partidarios y ante el gobierno; y c) recibir de parte del gobierno igualdad de trato, de tal forma que no se sufra discriminación por la manifestación de las preferencias. La referencia que alude el autor es fundamental en un sistema político que se considere plural en las tendencias políticas e ideológicas, pues puede aceptar tal vez la primera, pero puede descalificar las segundas o ambas posiciones.

A pesar de que se hay cierto consenso sobre algunas de las condiciones para definir a un sistema como democrático, la realidad suele mostrar lo contrario: gobiernos que hacen sus propias leyes, representantes del pueblo surgidos de las escuelas de administración, empresarios que invierten altas sumas de dinero para obtener una representación popular, dueños de medios privados que se apoderan de los medios públicos de comunicación, etc. Estas circunstancias y otras más sutiles se ven como comportamientos naturales dentro de un sistema político de corte neoliberal, donde el capital y sus hombres incursionan en la política, la cual ha trastocado sus formas clásicas por una contienda feroz y sin cuartel entre adversarios políticos. Casos evidentes son las recientes elecciones en Italia (2006), México (2006), Francia (2007) y, en el caso de Argentina tanto en las campañas para cargos provinciales en Córdoba como en las elecciones presidenciales (2007).

Lo cierto es que para la mayoría de los países occidentales, la democracia en sus diferentes formas y expresiones es el modelo de gobierno al que aspiran la mayoría de los pueblos. Al respecto, Luhmann (2002: 169) afirma que la democracia “es un logro cargado de presupuestos, evolutivamente improbable, pero una auténtica conquista política”. Por ello, ante las actuales amenazas a la democracia, no deberíamos ampliar las críticas a las situaciones en que opera, sino más bien asombrarnos de que funcione y preguntarse por cuánto tiempo más lo hará.

EL ESPACIO PÚBLICO DESDE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este apartado propone desarrollar teóricamente el abordaje de las tensiones que suceden en la configuración contemporánea del espacio público que emerge de una sociedad, en la cual la lógica del mercado plantea un nuevo referente de lo público y del reconocimiento de la participación ciudadana que, como producto de la cotidianeidad de los individuos, contribuye en la creación y ampliación de la expresión del mundo de vida.

Habrá que reconocer, en primer término, que hay diferencias notables entre lo público, como se expresó en el siglo XVIII y XIX, y lo que a partir de mediados del siglo XX se configura como espacio público. Desde la teoría política, Dupas (2005) señala que el espacio público se caracterizaba por ser el ámbito de las libertades de los ciudadanos, quienes ejercían su participación crítica en la gestión de los asuntos comunes sobre el principio de deliberación. Por lo tanto, era un espacio que se oponía al espacio privado.

La diferencia entre espacio privado y público provenía de la distinción entre familia y política. La aparición del espacio social es reciente como fenómeno, su origen proviene de la edad moderna y su forma política la encontró en la noción del Estado-nación.

Cabe la precisión de que lo privado, entendido como el espacio de la intimidad, no se opone a lo público, comprendido como el dominio de lo político más lo social. Sin embargo, como la sociedad considera verdadero el dominio público, surge la tensión que define al hombre moderno a partir de los conflictos internos y las subjetividades de su vida emotiva, mismas que manifiestan su incapacidad de vivir en sociedad, así como la de vivir sin ella.

El espacio público demandaba, en la época del Iluminismo, libertades civiles (derecho de asociación y de expresión), ello provocó la constitución de órganos de información y debate que, a partir de la visibilidad de las demandas, permitieron que los individuos transitaran de lo privado a lo público. A partir de ese momento, los individuos formaron opinión pública, dando expresión directa a sus necesidades e intereses y, por ende, influyeron la práctica política.

Desde mediados del siglo XX, el ciudadano ha sido forzado a tomar posición más como espectador o consumidor pasivo, y el espacio público pasó a ser dominado por la manipulación mediática de las elites. Esto, sumado a los efectos de la disminución del Estado de bienestar y el debilitamiento del sistema político como operadores del espacio público, producto de las políticas de desregulación, provocaron un empobrecimiento del espacio para la discusión pública y participación política de la ciudadanía.

Este efecto se manifiesta, entre otros casos, en el abandono de los espacios de discusión de los temas de significancia para la sociedad y en la acentuada abstención electoral. Sin embargo, cada vez de manera más radical, se expresa en determinados segmentos de la ciudadanía como un reclamo airado para la atención a las demandas sociales más apremiantes.

Es importante señalar que cuando se vive bajo el esquema del Estado de bienestar, este es el encargado de atender las demandas ciudadanas, mismas que provienen desde el espacio privado, entendido este último como aquel en el cual los intereses de los ciudadanos se ven tensionados por la referencia socioeconómica o de seguridad para sus bienes. Sin embargo, al retiro o disminución de la presencia de ese modelo de Estado, el mundo de vida de los individuos se reconforma para asumir nuevos roles que le permiten ajustar su intersubjetividad a las condiciones actuales.

Este entorno puede ser concebido como aquello que representa el contexto ineludible donde se conoce y se actúa. Por ser algo que rodea al todo social, no es visible y se encuentra en constante movimiento y configuración en sus componentes intersubjetivos. Sitton (2006) refiere que para Habermas el mundo de vida se muestra como una reserva de patrones interpretativos que se transmiten culturalmente, preservan la identidad cultural y manifiestan lingüísticamente su definición. Asimismo, la colectividad mantiene su identidad mediante el consenso que logra con las ideas de unos y otros, y que son lo suficientemente sólidas para convertirse en convicciones.

Cuando surgen situaciones de conflicto, normalmente las interpretaciones del mundo de vida que conducirían a acciones pierden su certeza, se vuelven contingentes y están abiertas a otras interpretaciones. Esta disquisición teórica explica situaciones de cambio sociopolítico que permiten, para el caso de esta investigación sobre el cambio político bajacaliforniano, traducirse en nuevas interpretaciones del mundo de vida de la práctica ciudadana.

A su vez, estos procesos en América Latina han conducido a confusiones entre los espacios donde se desenvuelve lo público y la forma en que se expresa la democracia cuando esta interpreta las demandas ciudadanas que provienen de la intersubjetividad de lo privado. Lo público, que se suele representar a través del Estado y su función armonizadora y legitimadora del poder, ya no se corresponde con las condiciones en que la ciudadanía espera que sean resueltas sus demandas, por esta razón, en Latinoamérica surgen manifestaciones explosivas, protestas y huelgas de distintos grupos (maestros, obreros, campesinos, indígenas y estudiantes), ya que en esta región las personas generalmente carecen del bienestar común y exigen recuperar los niveles mínimos de subsistencia y equidad social.

En este sentido, para conocer si en un país hay democracia, no se debe sólo conocer si aumentaron o no las libertades para participar en las decisiones que a todos competen, como en el caso del voto, sino que se deben reconocer los espacios en que se puede ejercer este derecho, como las empresas, los centros educativos o el aparato administrativo (Bobbio, 2001).

Por otra parte, la tensión del mercado y su modelo de consumo obliga a que la ciudadanía se interese más por sus satisfactores individuales que por participar colectivamente en la resolución, por distintas vías, de los problemas socioeconómicos que enfrenta. Por ello, el ciudadano se encuentra ante la incertidumbre de si el Estado resuelve y satisface sus necesidades de seguridad, consumo y bienestar común, o si será el mercado, representado por sus organizaciones, las que se harán cargo de su demandas.

En este escenario, no se puede dejar de reconocer que la creciente ausencia, lejanía e indiferencia del ciudadano hacia los asuntos públicos es proporcional a la demanda de la participación ciudadana por parte del Estado.

La indiferencia o el rechazo del ciudadano por la política, o tal vez mejor aún, por los políticos y sus partidos, se debe en buena medida a los frecuentes casos de corrupción, nepotismo e impunidad que sucend en diversos gobiernos de América Latina, y más específicamente en México, lo que, aunado a la enorme desigualdad social y económica, los lleva a convertirse en factores que inciden en la voluntad política del ciudadano. Estas circunstancias están lejos de favorecer la promoción de una mayor participación ciudadana, toda vez que en 2000 se produjo en México un viraje hacia la alternancia política que ha demostrado que ese solo hecho no trae aparejado ni la democratización de las instituciones y mucho menos la mejoría en las condiciones socieconómicas de la población, como los posteriores ofrecimientos de campaña de Felipe Calderón Hinojosa, quien prometió el incremento de empleo para los mexicanos.

Un ejemplo de la diferencia entre las promesas de campaña de un candidato en la búsqueda de la presidencia de la república y la dura realidad de gobernar es el dato de que el desempleo abierto en 2007 afectó a 3.72% de la población económicamente activa del país durante el primer año de gobierno de esa administración, la tasa más elevada desde 2004 según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), lo cual representa aproximadamente 1.6 millones de desempleados en 2007 (Zuñiga, 2008). Si a ello le sumamos que hay más de 40 millones de mexicanos que viven en extrema pobreza, lo anterior, en parte, revela las condiciones que prevalecen para la mayoría de los mexicanos, particularmente los que habitan en zonas rurales, donde la marginalidad es más acentuada (Cortés y Banegas, 2007).

Ante la nueva condición de prevalencia del mercado, el Estado reconoce la prioridad de las leyes del mercado sobre las leyes de la polis, y con ello el ciudadano deja de serlo para convertirse en consumidor y demandar protección y seguridad, pero al mismo tiempo se niega a participar del funcionamiento del Estado. El resultado es una situación de anomia generalizada y rechazo, o bien una actitud de combate a todo tipo de reglas que provengan del Estado (Baumann, 2006).

Este proceso se manifiesta en las continuas tensiones entre diferentes grupos y organizaciones ciudadanas que apelan a la expresión de lo “no satisfecho por lo público”, y acuden a la institución denominada gobierno en espera de que este resuelva lo que desde hace tiempo le fue retirado: el bienestar de la sociedad.

Así, el ciudadano se encuentra en la encrucijada de que el espacio público ya no le representa; por otra parte, su vida privada está invadida por la mirada del nuevo Estado tecnócrata y requiere identificarse con un grupo de pertenencia, por ello surgen comunidades fanáticas religiosas, nacionalistas y fundamentalistas.

¿Qué camino le queda a la ciudadanía en la búsqueda de ese espacio público, en el cual puedan ser resueltas sus demandas?, ¿cómo conducirse socialmente ante la tensión del modelo de economía de mercado, que lejos de considerar al individuo como ciudadano, lo percibe como cliente? Preguntas como estas suelen ser motivo de diferentes posturas tanto teóricas como empíricas.

Desde la perspectiva que se propone en este documento, la respuesta se da a partir de la promoción de un espacio público mediante el cual se logren impulsar, consolidar y respetar las libertades ciudadanas de expresión, asociación y de reunión, así como la de opinión pública; además de la posibilidad de elegir libremente a sus gobernantes, la libertad para la conformación de los grupos políticos que se requieran, la constitución de elecciones en las que se respete el voto del ciudadano, así como el respeto a las diferencias ideológicas. En su conjunto, la constitución de un espacio público de esta naturaleza podría ser, en teoría, garante de las condiciones que permitan crear entornos para el desarrollo de regímenes que promuevan la democracia y la equidad para los ciudadanos. De esta manera, se puede coincidir con la noción de espacio público propuesto por Arendt (1997: 21) para que sea: “un espacio de visibilidad, en que los hombres y las mujeres puedan ser vistos y oídos y revelar, mediante la palabra y la acción, quiénes son”. Por tanto, ese espacio puede evidenciar la propia naturaleza de la intersubjetividad que yace en la conciencia ciudadana y, así, provocar la acción social.

De cualquier manera, es probable que no todas las demandas de la ciudadanía sean satisfechas, sin embargo, ni duda cabe que la ampliación y consolidación del espacio público en el que este pueda verse representado y participar con su acción, en gran medida coadyuve al crecimiento de instituciones políticas y sociales ciudadanizadas y, por ende, en una mayor democratización de la res publica, pues como afirma Sitton (2006: 290), “la participación política es lo único que puede crear una colectividad”. Sitton también refiere que Habermas propone que “la fuerza del Estado democrático constitucional yace precisamente en su habilidad para cerrar brechas de la integración social mediante la participación política de sus ciudadanos” (ibid.).

ESCENARIOS DE LA DEMOCRACIA EN AMÉRICA LATINA Y MÉXICO

La palabra democracia en América Latina (AL) ha tenido diferentes posicionamientos, algunos de ellos son producto de concepciones ideológicas y otros están dados por los ordenamientos de la económica, algunos más son producto de las constantes luchas políticas por reconocerle como el modelo de gobierno para la región.

Tanto la izquierda como los representantes de las posiciones neoconservadoras se aglutinaron entorno a la concepción que sostiene que la democracia es un proyecto que se agota en la normalización de las instituciones políticas:

Para quienes son tributarios de esta perspectiva, la gigantesca empresa de instaurar la democracia se reduce a la creación e institucionalización de un puro orden político, es decir, un sistema de reglas del juego que hace abstracción de sus contenidos éticos y de la naturaleza profunda de los antagonismos sociales y que sólo plantea problemas de gobernabilidad y eficacia administrativa (Boron, 2003: 228).

En las dos últimas décadas, la democracia se ha visibilizado con mayor nitidez en la mayoría de los países de la región, sin embargo, la marginalidad a la misma sigue manifiesta en lo físico cuando se trata de elecciones, pero también en lo simbólico por el desencanto que la propia democracia ha generado en la ciudadanía, cada vez más lejana de esta condición y que se presenta como una sociedad invisible (Delich, 2007).

Para entender el contexto regional en el que se desenvuelve México se deben revisar brevemente las condiciones de AL en los escenarios político y económico. A partir del año 2002 se asumía que la región iba nuevamente rumbo a una oleada de regímenes de izquierda. “El peligro del comunismo” parecía cernirse con la llegada a la presidencia de líderes de izquierda en países como Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Nicaragua y, posiblemente, México (de haber ganado la presidencia Andrés Manuel López Obrador en 2006). Sin embargo, parece que los gobiernos etiquetados como de izquierda se pronunciaron por mejoras económicas al estilo neoliberal, mientras que los regímenes de derecha de pronto encontraron una versión neopopulista, con la posibilidad de corresponderse en sus propuestas a los grandes sectores marginados de la población, de esta manera su discurso se “izquierdizó” para atender las manifiestas desigualdades e inequidades sociales de los ciudadanos.

Por otra parte, la región latinoamericana, rezagada en mejorar las condiciones socioeconómicas de manera ancestral, de pronto empezó a crecer lentamente hasta alcanzar un 5% en el aumento del producto interno bruto, lo que representó una mejoría histórica para millones de habitantes (Latinobarómetro, 2007), aunque las expectativas para 2008, por la recesión de la economía estadounidense, indican que serán menores los porcentajes de crecimiento, con lo que se verán afectados casi todos los países que tienen una fuerte dependencia en sus relaciones de intercambio comercial con Estados Unidos.

En torno a los escenarios sociales, se puede señalar que ante la creciente disminución del empleo, viene aparejada una nueva enfermedad: la inseguridad, caracterizada en un principio como delincuencia y, en los últimos años, debido al aumento de las redes del narcotráfico transformada en crimen organizado capaz de desestabilizar a los gobiernos y hacer endeble tanto a la democracia como a la gobernabilidad. Según el Informe Latinobarómetro de 2007, la región de AL manifiesta que el desempleo y la delincuencia son problemas graves, especialmente en México, pues ambos indicadores son reportados como de igual importancia con “13% para el desempleo y 14% para la delincuencia” (Latinobarómetro, 2007: 22).

¿Y la democracia en AL? Entre 2005 y 2007 en la región hubo procesos electorales en 14 países, todos celebrados de acuerdo con los cauces de la democracia occidental, es decir, campañas, votos y resultados validados por instancias jurídicas. Entre todos estos existen varias relaciones: polarización electoral, territorial y política. En el caso de México se manifiestaron estas tres condiciones: resultados electorales ajustados, distribución territorial para cada candidato y proyectos políticos divergentes. A ello se suma que hubo un replanteamiento de las fórmulas políticas prevalecientes por décadas en la región, como la emergencia de nuevos movimientos políticos latinoamericanos y la continuidad de algunos que recién arribaron al poder, como sería el caso del Partido Acción Nacional en México.

En cuanto a la condición de preferencia de gobiernos democráticos, AL se manifiesta todavía suspicaz o incrédula de la democracia, y existen rasgos pronunciados que demuestran que todavía esta vía no se ha consolidado como se esperaría después de años de lucha política por mejorar sus condiciones. En México es significativo que apenas un 66% considere que la democracia es el mejor sistema de gobierno, muy por debajo de la media latinoamericana (72%) y sólo arriba de países como Honduras, El Salvador, Perú, Paraguay y Guatemala; además, los mexicanos demostraron con un 37% su confianza en la democracia (Latinobarómetro, 2007).

¿Son estos los escenarios en los cuales la ciudadanía mexicana encuentra condiciones para participar de la democracia?

A partir de la alternancia política en México, desde 1989 que se ha mantenido el gobierno en Baja California y desde 2000 para el caso del gobierno federal,[10] dirigentes y clase política identificada con el PAN han transitado de una opción política caracterizada por su apertura al cambio y a la transformación de las instituciones sociales, económicas y políticas, producto de la voluntad de la sociedad mexicana, a un gobierno que ha reconstituido el poder político a favor de sus intereses, pero con un discurso soportado sobre la democratización de la vida social.

Esta podría ser una de las características de los gobiernos mexicanos, consecuentes con la representatividad por razones de legitimación del modelo político y, por ende, del régimen jurídico republicano, pero paulatinamente menos proclives al debate público de los principales problemas de la ciudadanía y, en menor proporción, propensos a impulsar la participación ciudadana que permita a esta participar de las decisiones políticas, más allá de lo que representan las elecciones.

Para ello, los gobiernos mexicanos han utilizado los aparatos legitimados del Estado en concordancia con sus ideologías políticas y su pragmatismo administrativo-gubernamental, denominada nueva gestión pública (NGP). Lo anterior no tendría nada de extraordinario a cualquier poder político que después de décadas de pertenecer a la oposición, de pronto asume el control de la esfera política y del poder gubernamental. Sin embargo, es notoria la diferencia entre el discurso de los gobiernos promotores de una relación más democrática entre gobernantes y gobernados, y la percepción de la ciudadanía acerca de la noción de democracia que las administraciones federal y estatales practican.

Sin embargo, como todo proceso político, las condiciones emergen desde los basamentos de la historia de los fenómenos sociales, y son consecuentes con los entornos que median para crear las condiciones que permitan a la realidad encontrar su expresividad en los sujetos sociales. América Latina, y en especial México y sus circunstancias políticas, corresponden a una condición que se trama con el tejido de la historia de la política mexicana y con el propio relato de su trayectoria como entidad. Nada es espontáneo en las ciencias sociales, pero sí producto de su devenir histórico, como apuntara Marx.

GOBIERNO, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA EN BAJA CALIFORNIA (1989-2007)

ALGUNOS RASGOS DE LA POLÍTICA EN EL MÉXICO CONTEMPORÁNEO

Antes de emprender la descripción del escenario político en Baja California, es pertinente esbozar algunos de los rasgos políticos que han caracterizado al México contemporáneo, lo que permitirá fundamentar las explicaciones sociopolíticas de los procesos que identifican la trayectoria del ejercicio político en la entidad.

¿Cómo caracterizar la política en México, por lo menos en los últimos 25 años? Es decir, a partir de “la década perdida de los ochenta”. Desde aquella época hasta nuestros días han sucedido cinco presidentes: Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas de Gortari (1988-1994); Ernesto Zedillo (1994-2000); Vicente Fox (2000-2006) y el actual mandatario Felipe Calderón (2006-2012). En este lapso han ocurrido sucesos importantes para la política mexicana, desde el surgimiento de importantes configuraciones partidarias identificadas como de izquierda moderada (Partido de la Revolución Democrática), elecciones presidenciales con una fuerte carga de duda de fraude (1988 y 2006), el asesinato de un candidato presidencial (Luis Donaldo Colosio), la alternancia en el poder, primero en el nivel estatal (Baja California fue el primer estado) y posteriormente en el nivel federal con el arribo de Vicente Fox (PAN) a la presidencia de México en 2000; la composición de una mayor representatividad y pluralidad partidaria en los cuerpos legislativos tanto en el nivel estatal como federal, la creciente autonomía del poder judicial y, finalmente, procesos electorales más competidos como los de 2000 y 2006, así como cada una vez mayor transparencia en los resultados de las elecciones en los diferentes niveles.

No pueden dejarse de lado innegables circunstancias sociales en el escenario político contemporáneo en México durante el periodo citado. De las más importantes se pueden referir las siguientes: a) la fuerte presencia de la mujer en los espacios electorales y en cargos de la administración pública; b) la aparición en el escenario político-electoral de la clase empresarial al participar de las contiendas políticas (tal vez el primer caso significativo fue Manuel J. Cloutier, candidato por el PAN a la presidencia de la República en la contienda de 1988); c) la composición demográfica que muestra a una mayor cohorte de población juvenil en edad de votar; d) la presencia cada vez más visible de la iglesia católica al participar con su opinión pública en los temas políticos; e) medios de comunicación más independientes y críticos del poder público, pero también más soberbios, al tener conciencia de su fuerza mediática; f) una mayor población educada en el nivel básico; g) un mayor número de jóvenes provenientes de diferentes estratos sociales que acceden a los estudios universitarios; h) una fuerte migración de mexicanos a Estados Unidos, lo que ha repercutido favorablemente en el envío de divisas y, finalmente, con todo los avatares en este lapso de 25 años; i) una mayor estabilidad económica y un crecimiento de la industria nacional, lo cual permitió condiciones de desarrollo económico.

En este escenario, las transformaciones políticas han configurado una sociedad mexicana con matices propios y condiciones de participación política cada vez más demandantes de cambios, particularmente de las estructuras políticas que antaño se caracterizaban por su ortodoxia política y continuidad del modelo PRI-gobierno. Durante el periodo referido, lejos se veía la posibilidad de arribar a las condiciones de un México democrático y con equidad social.

Ahora bien, dentro de las condiciones peculiares del sistema mexicano que vale la pena destacar se encuentra el sistema presidencial. Este había exacerbado las facultades extraconstitucionales otorgadas al Ejecutivo, de tal manera que tenía facultades no atribuidas en la constitución que lo convertían en un poder legitimador dentro de un poder legitimado. El proceso de alternancia suponía el rompimiento de este sistema para disminuir los poderes del presidencialismo, pero en realidad se le reemplazó por cacicazgos regionales, como la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago).

A pesar de los avances registrados, todavía hay claroscuros en la política mexicana que dificultan el arribo a una democracia consensual y ciudadana como lo propone Concepción Montiel (2007), en la cual no sólo se espera lograr la consolidación de la democracia, sino que esta vaya aparejada de una “distribución justa y equitativa de la riqueza generada”.

De ahí que Meyer (2005: 32) proponga que, para aspirar a una vida democrática, se requiere de una verdadera “división de poderes, medios de información plurales, y de la organización y movilización independiente de la sociedad”. Estos elementos son parte de un conjunto de condiciones para crear plataformas que permitan la existencia de espacios públicos con mayor representación de la sociedad civil y de menor tensión con las instancias gubernamentales. Esta podría ser una de las respuestas del actual presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), a los retos que enfrenta su gobierno ante una sociedad civil escéptica de la política y de los políticos como agentes de representación de sus cada vez más airadas demandas de mayor democracia y ciudadanización de las instituciones públicas, pero también de mejorías en los indicadores económicos, pues se espera que estos reflejen mayores índices de bienestar, así como la creciente exigencia de seguridad para sus personas y bienes.

Uno de los rasgos de la sociedad civil mexicana es el reclamo de un marco de respeto a la legalidad, poco común en nuestra tradición política. Esto es producto de años de continua desconfianza y rechazo al autoritarismo que caracterizaron al modelo político mexicano PRI-gobierno, lo que trajo como consecuencia el alejamiento y desinterés de la población al momento de las votaciones. Sin embargo, vale la pena subrayar que este aspecto parece revertirse según el candidato, y no tanto por el partido que lo postula.

Aún así, el ciudadano mexicano está comprometido con la acción de votar, como lo refieren los indicadores del Latinobarometro (2007) en cuanto a las responsabilidades que un ciudadano no puede dejar de realizar. México se ubica en el sexto puesto de 18 países latinoamericanos, haciendo constar que en algunas de estas naciones el voto es obligatorio y se sanciona a quien no acuda a las urnas, aspecto que no sucede en el país. Sin embargo, esto no es suficiente, pues sigue sin actuar políticamente en otros espacios públicos, como lo refiere Meyer (2005: 32) al avizorar que “el futuro de México depende del resultado por consolidar a una sociedad civil eficaz, pues sin ella la democracia no estará segura”.

Sin dejar de reconocer los avances en materia electoral y la apertura a las opciones políticas diversas, lo que sucede en México parece producto de la tensión entre un proceso de cambio de un sistema político caduco, deslegitimado e inviable políticamente, y, por otra parte, el surgimiento de un nuevo sistema producto de factores como las reiteradas demandas de la sociedad mexicana por la apertura de mayores espacios de pluralidad política.

Curzio (2007) afirma que, a pesar de que México ha logrado conformar un sistema electoral confiable,[11] lo cierto es que no ha sido acompañado de nuevas prácticas políticas y en muchos sentidos el quehacer político de los partidos no trasciende de ejercicios “electoreros” con su respectivo y discutido recurso público para financiar las campañas políticas y hacer visible a los candidatos y a los partidos en los llamados “tiempos políticos” (Alasia, 2003).

Este momento de cambio entre dos modelos de sistemas políticos genera fuertes tensiones al interior de la sociedad mexicana, dado que la centralidad del poder se ha desplazado a nuevos polos. La consolidación ocurrirá como parte de los procesos de institucionalidad, pues conforme avance el consenso político, aumentará la predectibilidad y la estabilidad de la vida política.

Habrá que referir algunas de las causas que modificaron la conformación del escenario político mexicano en el nivel nacional y que paulatinamente han impactado los espacios políticos estatales, y viceversa, para entender los contextos en los cuales han ocurrido dichas transformaciones políticas. Estas se iniciaron, según Lujambio, con la reforma política de 1977, misma que resultó fundamental en la historia de la construcción del sistema de partidos y que, a la postre, inició la transición democrática. Dicha reforma modificó el artículo 115 constitucional, agregando que “de acuerdo con la legislación expedida en cada una de las entidades federativas se introducirá el sistema de diputados de minoría en la elección de las legislaturas locales” (Lujambio, 2000: 46). Esto representó la inclusión de diputados de oposición por la vía de la representación nominal.

La transformación de los congresos locales mediante la incorporación de los diputados de oposición por la vía de la representación proporcional implicó, para efectos de la transición democrática, la gradual profundización de una verdadera convivencia pluripartidista en un diseño constitucional plural. El incremento de diputados de oposición en los congresos locales involucró el aumento de su experiencia política a partir de su participación en las decisiones públicas, las cuales antaño estaban monopolizadas por las fracciones camerales del PRI.

A partir de 1995 se presentaron escenarios que permitían a los partidos de oposición derrotar al PRI en los comicios locales, sobre todo gracias a la creciente limpieza en las elecciones locales, lo que además llevó a ganar una mayor dosis de pluralismo legislativo y de gobierno.

Lujambio (ibid.) afirma que de 1988 a 1994 se llevó a cabo la transición democrática. Con ello, el partido que mayor presencia logró fue el PAN, que concentró 75% de las victorias distritales en el periodo 1988-1998. Por su parte, el PRD también avanzó con 23%, sobre todo en la Ciudad de México.

Uno de los postulados que plantea dicho autor es que este escenario de creciente diversificación partidaria, cuya expresión más puntual fue la composición cameral (en primera instancia en los congresos estatales y que paulatinamente arribó al Congreso de la Unión), configuró un concepto que define como “gobiernos divididos”. Fue a partir de la reforma política de 1997 y el pluripartidismo en las cámaras legislativas, que el cambio trascendió a espacios cada vez más institucionalizados de gobierno, desapareciendo las mayorías calificadas o absolutas, dando paso al fenómeno de los gobiernos divididos, por lo que los gobiernos locales comenzaron a practicar las coaliciones para negociar aspectos de la administración y el gobierno. Lujambio (ibid.: 67) afirma que el fenómeno de gobiernos divididos “ha resultado educativo para partidos políticos y ciudadanos [...] pues se viene gestando una cultura de debate y negociación [...] y la práctica de la tolerancia en el pluralismo”. Este escenario de mayor competitividad legislativa provocó a su vez que la política sea una fuerte disputa por la voluntad del ciudadano y se manifieste en las contiendas electorales con clara nitidez.

¿Cuál fue el resultado político de esta composición política? Que la configuración de la democracia tuviera condiciones perfectamente perfiladas (cfr. Rancière, 2006; Bovero, 1995; Dahl, 2002; y Luhmann, 2002) que se deben cumplir para poder acceder a ella. Así, cada opción política y candidato a cargo popular busca un estandarte o promesa que llevará a cabo una vez que esté en el poder, y con ello espera corresponder a las aspiraciones de la ciudadanía mexicana en sus diferentes demandas. Una de ellas, por ejemplo, es el logro de la democracia como forma de coexistencia en sociedad y con mayor participación ciudadana.

Meyer (2005: 36) cita a Larry Diamond, quien recomienda que en las democracias de reciente creación, “la esencia de la consolidación democrática consiste en lograr que a pesar del natural e inevitable conflicto de intereses entre los actores políticos, finalmente se logre establecer entre ellos un compromiso tan rutinario como profundo y sin reservas frente a los métodos y valores de la democracia”.

En el México de hoy, a partir de la alternancia en el gobierno que llevó a Vicente Fox a la presidencia de la República, fue manifiesta la condición —antes inviable— de hacer respetar la decisión de la ciudadanía cuando optó por un cambio de dirección política. Esto no debe pasar inadvertido para cualquier analista político, pues implica profundas repercusiones socio-económicas, la alternancia en el poder en el año 2000 en México no sólo significó “una variante del salinismo. En efecto, al esquema económico neoliberal se le añadió la democratización: elecciones competidas, una real división de poderes, federalismo, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción” (Meyer, 2005: 43).

El avance de la sociedad mexicana hacia la consolidación de la democracia no sólo pasó por lo económico, sino por el grado de confianza que se le otorga a las instituciones y los pares, y ello se manifiesta con el cumplimiento de los acuerdos o de las normas y leyes, pero también en la consideración de que cualquier modelo de sistema político debe suponer, como factor dinamizador, la creciente participación de la ciudadanía en el debate para la toma de decisiones.

En ese mismo sentido, el proceso de transición debe ser superado por un ejercicio de democracia más eficaz, que resuelva problemas y desigualdades. Al respecto, Lujambio (2000: 126) afirma que “resulta difícil impulsar eficazmente la justicia social, sin gobiernos sometidos periódicamente al control ciudadano en las urnas y gobernadores electos por la vía del derecho”. La transición democrática debe trascender a procesos más democráticos de elecciones y transparencia en la actuación de las autoridades electorales locales, además de un gobierno más sensible a la participación de partidos de oposición que coadyuven a la gobernabilidad.

Como señala Rodríguez Prieto (2007) al referir en su análisis las condiciones políticas de México, en el país se ha desarrollado una “alternancia turnista”, a diferencia de una alternancia alternativa. Las características principales de la primera son: a) continúan las políticas hegemónicas, prácticamente sin cambios y dentro del estilo de la estabilidad “trilaterialista”; b) desarrollo de estrategias clientelares similares a las etapas anteriores y que reproducen lo que antes se criticaba (condición en la cual coincide Cansino, 2007) para el México posterior a la alternancia de 2000), y c) existe una consolidación estática de la democracia, pues en las instituciones no se aprecia una representatividad de la ciudadanía, y además no tiene una participación destacada en la elección de las políticas, lo que la coloca en el riesgo de una involución autoritaria.

Sin corregir estas anomalías en los procesos políticos, difícilmente se podrá hablar de una democracia de calidad, participativa y de manera particular, en la cual el ciudadano tenga una efectiva presencia en la toma de las decisiones sobre la problemática social que le aqueja.

Sin embargo, habrá que tomar en cuenta ciertas condiciones que pueden facilitar dicho proceso de transición, como sugiere Curzio (2007), la reducción de los ofensivos presupuestos dedicados a las campañas políticas,[12] que en mucho se destinan a la saturación mediática de los mensajes, pocas veces políticos, y que en su mayoría resultan ofensivos y denigrantes hacia el candidato opositor. Como consecuencia de esto, fue necesario reglamentar la publicidad gubernamental, pues se busca evitar lo que sucedió en el gobierno de Fox y con los gobiernos estatales, que distrajeron recursos del erario público para anunciarse de manera unipersonal, exaltando las obras realizadas en sus respectivas gestiones.

Sin embargo, lo más importante de todo es ciudadanizar el debate público, es decir, fomentar una cultura política que conciba al mexicano no sólo como sujeto de voto, sino como un ciudadano que debe ser incluido en la discusión de los problemas más importantes que aquejan a la sociedad.

Si esto ocurre y hay coincidencia con estas posturas, se puede plantear que México estará en el tránsito entre una democracia política formal para dar paso a una democracia constituida por el respeto cabal del orden jurídico, la gobernabilidad, la eliminación de las enormes desigualdades sociales y con la participación activa y responsable de la ciudadanía. Con ello, se debe desterrar la desconfianza hacia las instituciones y los gobernantes. Ese es un reto que corresponderá no sólo a las autoridades gubernamentales, sino también a los partidos políticos, y más aun a la ciudadanía.

López (2007) refiere que si el Estado es incapaz de poner orden en el sistema social y económico, y si transmiten señales de desacato y reglas discrecionales que favorezcan a la corrupción, el mercado se distorsiona y el Estado de derecho entra en una situación de anomia, pues no es capaz de garantizar el orden, la estabilidad y la seguridad suficiente. Así, el Estado envía señales de deslegitimación y pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Por su parte, Curzio (2007) advierte que si bien los avances de la democracia mexicana son enormes, su calidad sigue siendo baja, dado que está acompañada de una notoria debilidad en el debate político, el cual en ocasiones es confundido con el mercado mediático de candidatos y partidos por el mercado de las frases, lemas y agresiones de todo tipo.

Desde otro referente, y para plantear ciertas condiciones que puedan disminuir la desconfianza popular en el actuar de las instituciones, un ejemplo de ello, y no menor, lo representó el hecho político de reconocer la voluntad ciudadana con el triunfo de Ernesto Ruffo Appel (ERA) como gobernador de Baja California en 1989. Así terminó la idea de que un gobernador estatal que no perteneciera al PRI ponía en riesgo la estabilidad de la nación. Sin embargo, y entre muchas de las hipótesis que se manejaron, no faltaron voces que consideraron que dicho triunfo había sido una concertacesión, más que el arribo a un cargo de gobierno por la vía del voto.

Este histórico suceso no sólo puso en evidencia la factibilidad de reconocer la voluntad ciudadana expresada en su voto y democratizar el sistema político, sino también que esa historia se ha repetido ininterrumpidamente en Baja California por 18 años, y continuará por otros seis más. Al respecto, la historia política de la entidad muestra que la oposición al entonces partido oficial, el PRI, provenía de tiempo atrás.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN BAJA CALIFORNIA (1950-1989)

En su memoria administrativa de 1924 a 1927, el general Abelardo L. Rodríguez (1993), conocido como jefe del Territorio Norte de la Baja California, relata que las elecciones tanto federales como municipales se desarrollaron con tranquilidad y en respeto a las decisiones del electorado. Este podría ser uno de los antecedentes electorales de los procesos de este tipo en Baja California. En esa época, había en el territorio poco más de 30 mil habitantes.[13]

El primero de septiembre de 1951, en su informe de gobierno ante el Congreso de la Unión, el entonces presidente Miguel Alemán Valdés solicitó a este poder que iniciara las gestiones para que el Territorio Norte de la Baja California se convirtiera en un estado de la Federación (Walter, 1991). El 16 de enero de 1952 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que creó el estado de Baja California. Después de integrarse el congreso estatal, este convocó a elecciones, resultando ganador Braulio Maldonado Sández, quien tomó posesión el primero de diciembre de 1953 como primer gobernador constitucional del estado de Baja California.

Trujillo (1993) comenta que la contienda electoral fue ganada, tanto para la elección de gobernador como de presidentes municipales, por los candidatos del PRI. En dichas elecciones, la candidatura de la Federación de Partidos del Pueblo (FPP) se unió al PRI, mientras que el PAN lanzó a su propio candidato, el doctor Cañedo, quien perdió las elecciones. En el caso de las elecciones municipales, también ganaron los candidatos del PRI y quedaron para el municipio de Mexicali, Rodolfo Escamilla; por Tijuana, Gustavo Aubanel Vallejo; en Ensenada, David Ojeda, y en Tecate, Eufrasio Santana. Estos fueron los primeros gobernantes del recién nacido estado 29.

Una de las características de las contiendas políticas bajacalifornianas era, y aún lo es en buena medida, su tradición de historia política bipartidista. Desde 1943 que se fundó en el nivel estatal, el PAN ha visto crecer su membresía; parte de las razones se pueden explicar por las condiciones socioeconómicas prevalecientes como: 1) alta concentración urbana; 2) importante desarrollo industrial, sobre todo a partir del crecimiento de la industria maquiladora, 3) altas tasas educativas, y 4) el fenómeno de la migración constante a la entidad, motivado por la colindancia con el estado de California, EUA. Los elementos anteriores son parte de las condiciones de una sociedad demandante del respeto a los resultados electorales, anticentralista y fuerte opositora al corporativismo de ciertos sectores priistas de la política nacional.

Un antecedente de la participación del PAN en las contiendas electorales lo protagonizó el candidato a la gubernatura Rosas Magallón en 1971, obteniendo 32% de la votación, uno de los registros más altos hasta ese entonces. Habrá que recordar que Rosas también contendió contra el ingeniero Esquivel Méndez por el mismo puesto en 1959.

Esquivel Méndez gobernó de 1959 a 1964, pero su mandato fue interrumpido por su fallecimiento. En diciembre de 1964 fue sucedido por Gustavo Aubanel y en noviembre de 1965 tomó posesión como gobernador Raúl Sánchez Díaz (1965-1971). La oposición, representada fundamentalmente por el PAN, mantuvo su presencia política en tiempos de elección, pero su membresía disminuyó notablemente durante la década de los años sesenta.

Uno de los argumentos que puede explicar la transformación política de Baja California se refiere a las condiciones socioeconómicas registradas entre los años cincuenta y setenta, pues sobrevino un cambio en las formas de producción y empleabilidad. Se transitó, aunque lentamente en un principio, de un modelo agrícola predominante desde los años treinta hasta mediados de los cincuenta, a un modelo de industrialización gracias a la industria maquiladora que poco a poco se aceleró. Ante esta situación, la sociedad bajacaliforniana cambió de una economía de sector primario a una fuerte impronta de carácter industrial y de servicios. Lo anterior provocó una transformación en la composición de los principales actores políticos y de las organizaciones tradicionales del quehacer político, como lo expresa Martínez (1998), y por consiguiente este mismo proceso impulsó cambios paulatinos en los mecanismos de control político y, por ende, necesarias consecuencias en las elecciones.

En el periodo de Sánchez Díaz surgieron conflictos electorales importantes en Mexicali y Tijuana, al grado de anularse las elecciones para presidentes municipales en 1968. La razón de estos conflictos fue la designación de los candidatos desde el centro del país. En ese año, el PRI ganó las elecciones en Ensenada y Tecate, mientras que el PAN lo hizo en Tijuana y Mexicali. Sin embargo, las victorias de la oposición no fueron reconocidas y los comicios se anularon. Ante estos hechos, hubo marchas de protesta en ambos municipios, pues los diputados priistas estatales, en lugar de convocar a nuevas elecciones, reformaron la constitución bajacaliforniana para establecer los consejos municipales.

El nombramiento de los consejos municipales representó un tácito reconocimiento del fraude y, desde otra perspectiva, que el régimen ya no podía cambiar con impunidad los resultados de las elecciones. Las votaciones de 1968 “pueden considerarse como el final de un ciclo de fraudes electorales abiertos y directos, y el comienzo del debilitamiento de la cultura política de imposición” (Negrete, 2002a: 65). Sin embargo, paradójicamente el PAN entró en una crisis de participación y definición de rumbo político, ya que en las elecciones de 1970 no presentó candidato. En las elecciones para gobernador en 1971, Milton Castellanos Everardo (1972-1977) ganó sin objeciones y el propio candidato panista, Salvador Rosas Magallón, reconoció públicamente su derrota.

Por su parte, los partidos de izquierda en Baja California tuvieron poca presencia electoral en el periodo 1953-1989. En 1956 surgió el Partido Popular Socialista (PPS) y la ciudadanía bajacaliforniana tuvo una tercera opción con tendencias socialistas. Sin embargo, este partido y otras organizaciones menores tuvieron escasa participación en contiendas electorales, ya que su interés era más bien la lucha social en las organizaciones de trabajadores. La lucha de este partido de oposición era solicitar la anulación de las votaciones por su ilegalidad manifiesta.

En 1977 la entidad cobró nuevamente efervescencia política, al presentarse la candidatura del general Hermenegildo Cuenca Díaz para gobernador. Al interior de las filas priistas hubo una oposición abierta a la designación, por considerarse −de nueva cuenta− una imposición del centro y sin mediar ninguna consulta a las figuras políticas locales. Incluso, el propio gobernador Castellanos manifestó no estar de acuerdo con dicha candidatura. La muerte repentina de Cuenca y el nombramiento como candidato por el PRI de Roberto de la Madrid, con fuertes raíces en Tijuana, aminoraron la inconformidad de los priistas locales, pero los demás partidos seguían sin dar signos de oposición.

La crisis económica de 1982 y el declive político del gobernador de la Madrid por los proyectos de inversión económica frustrados (como la vigencia de la zona libre de importación), así como el incumplimiento de otras demandas sociales, conformaron un cuadro político complejo para los comicios de 1983. Los reclamos populares por las altas tarifas eléctricas en Mexicali, la carencia de agua y servicios en Tijuana, así como la incompleta urbanización en Mexicali y Tijuana fueron evidentes temas de discusión y disenso entre los partidos durante la contienda electoral. Después de unas elecciones sin ningún conflicto, el candidato priista Xicoténcatl Leyva Mortera tomó posesión el primero de noviembre de 1983 como gobernador y en sus primeros discursos se comprometió a la solución de estos problemas de índole socioeconómica y popular.

La administración de “Xico” no fue de lo más aseada. Hubo serias deficiencias en servicios públicos, administración de la justicia, seguridad pública, además de una creciente sospecha de malos manejos del dinero público, así como enriquecimiento ilícito de los principales funcionarios de su gobierno. Este escenario se agravó ya que en los comicios para elección de diputados y presidentes municipales, el gobernador Leyva ejerció una autoridad que rebasó incluso al propio presidente de su partido, el PRI. Las consecuencias fueron que, tanto en 1983 como en 1986 en Ensenada, la oposición ganó las elecciones para presidente municipal, primero por el Partido Socialista del Trabajo (PST) y después por el PAN.

Si bien en los años anteriores a 1989 eran contadas las victorias locales electorales de la oposición, es de resaltar que en 1983 un viejo político de extracción priista llamado David Ojeda renunció a ese partido por no ser propuesto para candidato a la alcaldía de Ensenada, reapareciendo como candidato del PST y triunfando en los comicios municipales. Esta etapa política implicó fuertes disputas por los resultados electorales. Hubo sobradas muestras en las elecciones para diputados locales o federales de triunfos no reconocidos para candidatos del PAN, como es el caso también de Eugenio Elorduy Whalter[14] en 1983 para la alcaldía de Mexicali.

Estos acontecimientos electorales de principios de los años ochenta estuvieron acompañados de otros procesos relacionados con la integración de los grupos políticos y con la recomposición de escenarios, lo que permitió que se configurara un emergente y diferente sistema político bajacaliforniano. En este sentido, es importante hacer notar el cambio de actores en el papel que jugaron las entonces organizaciones y sindicatos adscritos al PRI, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Central Campesina Independiente (CCI) y la Unión Agrícola Regional (UAR), así como las obreras Confederación de Trabajadores de México (CTM), Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM), que fueron opacadas por nuevos actores como el SNTE o el Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Estado de Baja California (SUTEBC), así como por la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FTSE). Incluso, a partir del año 2000 fueron sustituidas o compartieron la representatividad social otros actores emergentes, como los colegios de profesionistas, organizaciones no gubernamentales, cúpulas empresariales y organizaciones de carácter religioso e, incluso, los mismos ministros de la iglesia católica. Esta transformación sucedió, en parte, por la evolución de la misma sociedad, pero también por el agotamiento de ciertas organizaciones que ya no representaban a una ciudadanía que buscaba nuevos interlocutores para canalizar sus demandas sociales y reclamos, así como por el actuar incompetente y en ocasiones corrupto de las autoridades.

En 1986, Ernesto Ruffo Appel (ERA) apareció por primera vez en el escenario político bajacaliforniano. El triunfo de Ruffo en la elección para alcalde de Ensenada puede considerarse como el detonador de la transformación de Acción Nacional como partido político, al incorporar nuevos actores al trabajo partidario. Sin embargo, las cosas no fueron fáciles, pues los tres años de su administración municipal fueron severamente cuestionados por el gobierno estatal de Leyva. Esta situación provocó que el panismo local se cohesionara en torno a Ruffo y se manifestara públicamente en su favor. Con ello, tanto los viejos como los nuevos panistas se unieron en defensa de la gestión de ERA (Hernández, 2001).

En el plano electoral, la conducta de los votantes fue significativamente favorable para el PRI durante los años anteriores a 1989. Espinoza (1998) revela los comportamientos del PRI y del PAN como oposición, mediante los resultados para elecciones para gobernador de 1971 a 1995, expresados en porcentajes: 1971: PAN, 32% y PRI, 57.7%; 1977: PAN, 28.6% y PRI, 58.1%; 1983: PAN, 34.2% y PRI, 54.4%; 1989: PAN, 48.8% y PRI, 39.0%; 1995: PAN, 37.5% y PRI, 41.2%.[15]

El comportamiento del abstencionismo para la misma pauta de elecciones fue: 1971, 46.6%; 1977, 43%; 1983, 34.2%; 1989, 52.6%; 1995, 37%.

Estos datos electorales muestran que hasta antes de 1989, el comportamiento del electorado con referencia al PAN apenas rebasó el 34%, y es notorio que en ese año subió más de 14 puntos en las preferencias ciudadanas. También llama la atención el abstencionismo, con cifras que poco a poco decrecieron, salvo las referentes a 1989, mientras que la cifra para las elecciones de 1995 muestran el creciente interés del votante en la toma de decisiones en materia electoral.

Martínez (1998) refiere que la ciudadanía bajacaliforniana acusó un cambio en su identidad política, acostumbrada a la homogeneidad priista y al corporativismo político para dar muestra sucesiva en las elecciones de 1980, 1983 y 1989 de “una inestabilidad y desplazamiento imprevisto del elector [...] un desconocimiento de las plataformas electorales de los candidatos y el fracaso de propuestas de carácter ideológico por partidos electorales como el PRI y el PAN” (Martínez, 1998: 119). Esta transformación de la conducta política de la ciudadanía bajacaliforniana también manifiesta condiciones de irregularidad en cuanto a los índices de votación, pues al no haber consistencia en mantener una alta participación ciudadana se inicia un elevado abstencionismo a partir de los años noventa y con mayor énfasis desde el año 2000 a la fecha.

Baja California fue objeto de especial atención por la opinión pública, tanto nacional como internacional, en virtud de que en 1988 los electores bajacalifornianos favorecieron en las urnas a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato a la Presidencia de México, junto con las entidades de Michoacán y el Distrito Federal. Guillén (1993) señala que los resultados estatales en las elecciones presidenciales de ese año eran un aviso de las derrotas que le esperaban al PRI en los siguientes procesos electorales estatales de 1989, 1991 y 1995, perdiendo de nuevo en esta última la gubernatura y la mayoría de las presidencias municipales. Lo cierto es que los resultados electorales federales de 1988 pusieron en duda la continuidad del modelo priista, con todas las connotaciones que esto sugiere.

A pocos meses de que iniciara la gestión como presidente de la república de Carlos Salinas de Gortari, la administración de Leyva Mortera finalizó abruptamente el 3 de enero de 1989, fecha en la que solicitó licencia al congreso estatal para abandonar su cargo. En su lugar fue nombrado gobernador interino el ingeniero Oscar Baylón Chacón, priista de viejo cuño, a quien se le encargó cumplir con el resto del periodo, algo más de diez meses, y de conducir las elecciones estatales de julio de 1989 para el futuro gobernador de Baja California para el periodo 1989-1995.

LA ALTERNANCIA POLÍTICA EN BAJA CALIFORNIA DE 1989 A 2007

Espinoza (1998) plantea que para entender el histórico proceso del triunfo de ERA en 1989 habría que remitirse a la exigencia ciudadana de respeto a los resultados electorales que por décadas movilizó a los bajacalifornianos, así como a la crisis del PRI estatal. En este escenario, es importante reconocer la participación ciudadana no sólo de los simpatizantes panistas, sino de la ciudadanía en general, por validar su decisión en las urnas y no sólo ser objeto de la mercadotecnia política de uno u otro candidato.

Asimismo, se debe reflexionar acerca de la política nacional practicada por el salinismo a través de la negociación con el PAN para reconocer los triunfos de Baja California, Chihuahua y Guanajuato, así como la represión que ejerció al cardenismo durante su sexenio (1988-1994). Esta visión emerge del propio modelo ideológico de coincidencia entre el salinismo y el PAN queprovocó serias grietas en el priismo nacional al reconocer estas victorias en dichas entidades federativas, en detrimento del hasta ese entonces partido oficial. Una de las posibles razones de dichas estrategias es que el salinismo ascendió a la presidencia con una fuerte impronta de ilegitimidad, producto de las dudosas elecciones de 1988.

Por otra parte, el proceso en Baja California confirma la tesis de que la alternancia política, si bien modificó la estructura de gobierno, lo que sucedió fue el desplazamiento de los líderes tradicionales, sustituidos por nuevas prácticas de liderazgo, en muchos casos proveniente de los sectores empresariales. Es decir, alternancia sin cambio institucional, lo cual condujo a nuevos problemas de gobernabilidad. Pero en cuanto a la transición política, la costumbre de la discrecionalidad en el uso de los recursos, las relaciones corporativas y la influencia del gobernador en los liderazgos políticos continuó existiendo. De tal manera que en la nueva cultura política que inauguró el panismo bajacaliforniano siguió faltando la participación ciudadana y la representación de nuevos actores sociales.

Espinoza (1998) propone que en lugar de referirse al proceso de alternancia política, se utilice el concepto de liberalización, antes que el de transición, pues el primero alude cierta incertidumbre, producto del propio proceso sociopolítico.

Se deben reconocer los avances en la democratización del modelo político mexicano a través del cambio político que sucedió en primer lugar en las entidades federativas. Estas experiencias, desde lo referencial de los procesos de cambio en los estados, debieron conducir a una mayor experiencia política en el nivel del cambio en la presidencia de México; sin embargo, aunque las historias son diferentes, lo cierto es que el modelo presidencial no estaba a discusión a pesar de los discursos del cambio político por parte del panismo.

De los aspectos que sobresalen de la gestión panista de ERA entre 1989 y 1995, destaca la minimización del proyecto social desde el gobierno a pesar de que en su Plan Estatal de Desarrollo 1990-1995 (Gobierno del Estado de Baja California, 1990) hay un apartado denominado “la restauración del tejido social”, lo cierto es que esta actividad se orientó hacia las organizaciones intermedias de la sociedad, que sustituyeron la tarea gubernamental de la integración social y la atención a las demandas populares. Habrá que reconocer que el desmantelamiento de la estructura corporativista ya ocurría desde mediados de los años ochenta, aspecto que se acrecentó con el régimen salinista y su perspectiva de Estado mínimo.

Conocer la opinión de los bajacalifornianos acerca de la actuación del gobierno de ERA resultaba interesante para saber las posibles tendencias al momento de las votaciones en las siguientes elecciones para gobernador. Con ese motivo, en junio de 1995 el Colegio de la Frontera Norte[16] (COLEF) aplicó una encuesta denominada “Cultura política y actitudes electores de los residentes de Baja California”, la cual resaltó los siguientes aspectos:

En la jerarquización de problemas que reportó dicho instrumento se destacó el problema de la inseguridad con 48.8%; en segundo lugar, la falta de oportunidad de empleo con 19.8% y en tercer sitio, con 12.9%, los problemas de servicios públicos (Espinoza, 1998). Es notorio cómo desde entonces la inseguridad era una de las dificultades más sentidas de la ciudadanía, lo cual demuestra que este factor ha sido persistente en el mundo de vida de los bajacalifornianos y, después de tres gobiernos, es la problemática con mayor acentuación y la que no se ha podido resolver, pese a los esfuerzos de los tres niveles de gobierno.

De dicha encuesta, la valoración del ciudadano en cuanto a la percepción de la atención a diferentes rubros por la administración de ERA la calificó de buena en educación, obras públicas y problemas ambientales, pero no así en materia de seguridad pública, narcotráfico e impartición de la justicia, aspectos que fueron considerados como de mala la gestión.

En este rubro es importante considerar lo que propone Cansino (2004), al indicar que la ocurrencia del proceso de destitución del régimen autoritario y el inicio de la derogación de las antiguas estructuras se suceden en tres dimensiones: 1) de carácter simbólico mediante la deslegitimación del antiguo régimen; 2) de orden normativo, mediante la derogación de aquellas normas jurídicas que proceden del régimen autoritario y que no corresponden al nuevo régimen democrático, y 3) el compromiso de los actores favorables al nuevo régimen de no crear alianzas con los actores del viejo régimen autoritario.

Para el escenario de la destitución del viejo régimen autoritario, las premisas no se correspondieron por el gobierno de ERA, salvo la primera, pues fue notoria la deslegitimación del gobierno priista de Leyva Mortera mediante la exhibición de la corrupción manifiesta en su administración. Pero las otras dos no ocurrieron de manera completa, en particular la tercera, pues quedaron actores políticos que trataron de acomodarse a la nueva propuesta de régimen político, como algunos empresarios y políticos ex priistas, ciertos medios de comunicación, grupos sociales y organizaciones civiles y políticas, e incluso ciertos intelectuales que orgánicamente se integraron al “gobierno del cambio” en la búsqueda de canonjías para sus obras y puestos en las áreas de cultura y artes.

Otro aspecto importante para entender el proceso de alternancia política son los resultados electorales de estos tres sexenios de gobierno (1989-2007), los cuales pueden ser un ejemplo del éxito de los gobiernos panistas entorno al cumplimiento de objetivos y metas políticas, así como de la consolidación como partido de su propuesta ideológica y del convencimiento hacia la ciudadanía y para electorado de su vialidad como alternancia.

En este aspecto, durante el periodo de gobierno de ERA se sucedieron tres procesos electorales intermedios, dos federales y uno de carácter local. En el proceso de 1991, se decidieron seis diputaciones y una senaduría federal. Por primera ocasión en la historia del PAN en el nivel nacional consiguieron un escaño en el Senado de la República a través del licenciado Héctor Terán Terán, que representó a Baja California; además, este partido en la entidad ganó tres diputaciones federales y el PRI otras tres representaciones ante el Congreso de la Unión. Lo sobresaliente de estas elecciones federales fue que se acentuó el bipartidismo PRI-PAN, pues entre ambos obtuvieron poco más de 86% de los votos (Negrete, 2002b).

Estas contiendas fueron importantes, pues ponían a prueba la simpatía de la ciudadanía bajacaliforniana hacia el gobierno de ERA, y con ello también se evaluaba si el gobierno sexenal de este político era sólo un hecho aislado, o el PRI lograba de nueva cuenta hacerse del favor del electorado y retornar al poder estatal.

Las elecciones para diputaciones federales de 1991 parecían mostrar que el PRI no estaba en crisis política, pues había sorteado el problema de la pérdida de la gubernatura y mantuvo un fuerte apoyo en sus núcleos duros de votantes, ya que incluso, como señala Negrete (2002b: 102), “al comparar la suma de los votos para diputados (43.5%), era mayor que la que obtuvo el PAN (42.5%)”. En las elecciones de 1992, se compitió arduamente por las diputaciones locales y presidencias municipales que además se caracterizaron por ser unas votaciones copiosas. Nuevamente se observó que la votación fue para PRI-PAN con 89.8% entre ambos partidos. El PAN obtuvo los municipios de Ensenada, Tijuana y Tecate. El PRI se conformó con Mexicali. En cuanto a las diputaciones, seis fueron para el PAN y siete para el PRI. Otro rasgo sobresaliente fue que se inauguró la credencial estatal con fotografía, uno de los retos que ERA se había propuesto para estas elecciones locales, aspecto del cual fue precursor en el nivel nacional el estado de Baja California, mucho antes que la federación.

En 1994 tuvieron lugar las elecciones federales para presidente de la república y las diputaciones federales. En esta ocasión, el PRI obtuvo una alta votación, con 48.9 por 36.2% del PAN para la presidencia, pero también arrasó en todas las candidaturas y en algunos distritos. Lo anterior sorprendió e hizo que ERA se previniera para las elecciones para gobernador, que serían al año siguiente. En este sentido, el gobierno panista impulsó fuertemente sus programas sociales en aquellas áreas marginales que no habían sido atendidas y redobló su campaña publicitaria sobre la obra gubernamental desarrollada.

Según los antecedentes de las elecciones intermedias (1991, 1992, y 1994), se esperaba que las elecciones para gobernador de 1995 serían, además de reñidas, una prueba de fuego para el PAN, pero sobre todo para su continuidad. Para ello, el PAN se preparó con su mejor candidato: el hasta ese entonces senador por Baja California, Héctor Terán Terán (HTT). Un panista de viejo cuño, con un sólido prestigio y una conocida actitud de conciliación política.

Por su parte, el gobernador ERA intensificó su campaña de logros gubernamentales en los medios de comunicación. Con ello, el PAN demostró que cuando se trata de conservar el poder, no importan las formas, dado que este tipo de acciones de promoción gubernamental en plena campaña habían sido muchas veces criticados por los candidatos panistas, pues era una práctica usual de los ex gobernadores del PRI realizar acciones de promoción de las obras desarrolladas.

Los resultados de las elecciones dieron un triunfo importante para el PAN. Ganó la gubernatura, dos municipios y once diputaciones. El PRI ganó dos municipios y cuatro diputaciones. Por otra parte, la votación para el PAN fue de 49.59 por 41.22% del PRI, es decir, poco más de ocho puntos de diferencia. Si sumamos dichos porcentajes, se observa que entre ambos partidos se acentuó el bipartidismo, con un 90.81%. Con los resultados anteriores, los demás partidos fueron perdiendo paulatinamente electores y, por ende, representación en la cámara de diputados estatal. Negrete (2002b:v111) refiere que las elecciones de 1995 mostraron una intensa contienda política en la cual “el PAN avanzó mucho desde su ascenso a partido gobernante y ratificó su fuerza al mantener la gubernatura y conquistar más diputaciones de mayoría, pero desde ese año se observó que empezaba a pagar los costos de gobernar”.

Las elecciones de 1995 demostraron que la ciudadanía participa cuando se disputa el poder local, pues es su referente más inmediato para la solución de sus demandas. Estos comicios manifestaron que el PAN emprendía un proceso de consolidación como una fuerza gobernante, para ello tuvo que traducir su plan doctrinario partidista en programas de gobierno, así como aprender a administrar con eficiencia y transparencia. En ello fue notorio su pragmatismo hacia los servicios a la comunidad y para todas aquellas obras que tenían un sentido social, sustituidas por tareas donde se demostrara cumplir con eficiencia. Dichas acciones de administración gubernamental provocaron enormes rezagos en los servicios públicos, siendo el más notorio el incremento de la inseguridad pública y el narcotráfico, que cada día hacía más patente su reto hacia el poder estatal y federal en la región.

El análisis que se puede hacer del primer proceso en México de alternancia política en Baja California es que el cambio de gobierno por sí mismo no es garantía de la democratización de las instituciones. Como señala Espinoza (1998: 52), “no basta con el cambio de partido en el gobierno para garantizar una transformación sustantiva en el terreno de la democracia social. Con ser importantes los cambios que ha traído [estos] se localizan preferentemente en el terreno electoral. Ello es sano para la democracia política; falta, sin embargo, su correlato en las formas de gobierno y en la democratización social”.

Por su parte, el gobierno de Terán Terán[17] (1995-1998) se caracterizó por el diálogo con los oponentes políticos y la concertación con la federación y los diputados de oposición en el congreso estatal. Asimismo, se avanzó en el fortalecimiento de los municipios, al retribuirles mayores recursos y auspiciando una creciente descentralización de las funciones estatales hacia los mismos, así como en el área de desarrollo económico para impulsar fuertes inversiones en la entidad. Sin embargo, quedaron pendientes mayores acciones en el desarrollo social, la mejoría de los servicios públicos y un mayor combate a la creciente inseguridad.

Nuevamente, el calendario electoral se inició con las elecciones de 1998 para diputaciones estatales y presidencias municipales. El PAN ganó tres municipios y 11 diputaciones y el PRI obtuvo dos municipios y cinco diputaciones de mayoría. En esta ocasión no había mayoría para ningún partido en el congreso estatal, pues además había seis diputados del PRI de representación proporcional y tres del PRD por la misma fórmula. Por ende, se tuvieron que crear acuerdos de consenso para aprobar cualquier iniciativa. Otra característica de estas elecciones es que el abstencionismo se incrementó, con un 53.43%, lo cual representó un desencanto de la ciudadanía, mismo que pudo atribuirse a razones demográficas, descontento con el gobierno y rechazo a la forma en que se dirigieron las campañas políticas.

En octubre de 1998 tomó posesión como gobernador sustituto Alejandro González Alcocer (AGA), debido al fallecimiento repentino del Terán Terán. AGA tenía poco tiempo de haber competido en la elección interna del PAN para ser candidato a la presidencia municipal de Tijuana y había perdido; pocos días más tarde, y previo al deceso de HTT, fue nombrado presidente del PAN en el nivel estatal. Su llegada al gobierno fue inesperada, como también lo fue su trayectoria como gobernante.

El gobierno de González Alcocer se caracterizó por el distanciamiento de la ciudadanía, fenómeno que no se había dado con los anteriores gobiernos panistas. Nunca existió un proyecto social, algo que no es extraño en los anteriores gobiernos de esta filiación, pero además mantuvo una relación áspera con los empresarios; entró en conflicto con los campesinos debido al precio del trigo, pues ellos pedían al gobernador que interviniera ante el gobierno federal para elevar el subsidio al precio de este producto, lo cual no hizo, además, también despreció los movimientos urbanos por la tenencia de la tierra, a los cuales respondió con desalojos a los invasores de terrenos. Asimismo, tuvo diferencias con los empleados estatales del sector salud para reconocer un sindicato alterno al oficial, mientras que en un tema añejo, como las tarifas eléctricas, nunca fueron atendidas las solicitudes de los líderes de distintos partidos que pretendían que existiera un subsidio que bajara los altos cobros de energía eléctrica (Espinoza, 2003).

En el gobierno de AGA fue notoria la ausencia de una política para interactuar con los diversos sectores de la sociedad bajacaliforniana y además fue evidente el distanciamiento de ciertas organizaciones que tradicionalmente habían apoyado al panismo, como los empresarios y el magisterio local.

Las elecciones de 2001 para elegir gobernador nuevamente fueron disputadas entre el PRI-PAN, sin embargo, aparecieron otros partidos con diferente membresía, como el Partido Alianza Ciudadana, el Partido del Trabajo, el Partido de Baja California y, por supuesto, el PRD. Los resultados favorecieron nuevamente al PAN, que había postulado a Eugenio Elorduy Walter, quien ganó con el 48.69% de los votos, mientras que el PRI sólo obtuvo 36.65%, sin embargo, el abstencionismo se recrudeció, con un 63.6%, lo cual representó la cifra más alta hasta entonces. En cuanto a las presidencias municipales, el PAN logró tres y el PRI dos; en diputaciones estatales, el PAN alcanzó 14 de mayoría y el PRI sólo dos por esta vía. Asimismo, se reconfirmó el bipartidismo, aunque con una cifra menor, ahora de 85.31%.

Durante el periodo 1989-2001, que correspondió a los dos primeros sexenios de gobierno panista, el PRI debió replantearse como partido de oposición, pues transitó de una fuerte confrontación a presentar más propuestas, lo cual lo comprometió a definir nuevas estrategias políticas y una elección más cuidadosa de sus candidatos. Además, articuló mejor sus propuestas políticas para conservar “el voto duro” y simpatizar con los núcleos intermedios de la sociedad bajacaliforniana.

Esto último no lo ha conseguido del todo, pues sigue alejado de los electores jóvenes y de las mujeres. De ahí que una de las características de la contienda electoral bajacaliforniana es la patente disminución del votante a partir de los sufragios de 1997, con un 49% de abstencionismo (anteriormente no rebasaba el 40%, recordemos que en 1995 fue de 38%) y la acentuación en el bipartidismo a partir de las elecciones de 1995, la cual se ha manifestado sucesivamente en las elecciones de 2001 y 2007.

En el periodo 1989-2007, el PAN demostró de una ausencia de política social en su actuar como gobierno, aunque no en el discurso ni en la intención expresada en los sucesivos planes de gobierno. Se ha acomodado más a un estilo personal de gobernar que a la atención de proyectos de gobierno que le permitan plantearse políticas públicas de mediano y largo plazo. Por otra parte, en su relación con la sociedad privilegió, sólo en el discurso, una doctrina de favorecer y respetar la libertad ciudadana, muy coherente con su sentido de humanismo político como filosofía orientadora.

En este sentido, los gobiernos del PAN estimularon una participación ciudadana pasiva que reacciona cuando el gobierno falla o deja de actuar en detrimento de los intereses ciudadanos. Esto no debe ser extraño, ya que al interior de PAN la participación de sus propios afiliados en el debate sobre los proyectos de gobierno, las estrategias de partido o la simple discusión sobre los problemas a los cuales se enfrentan como gobierno, no son del interés de parte de los líderes de dicho partido.

Lo anterior se explica a partir de los resultados de las entrevistas aplicadas por el COLEF a los líderes del PAN en Baja California por Hernández (2002), cuyos resultados muestran que sólo algunos líderes de ese partido consideran que la ampliación o transformación de los espacios institucionales para la discusión y conformación al interior del mismo debe ocupar importancia en las acciones del partido (con un 5% y es el último rubro), a diferencia del porcentaje otorgado a la tarea que consideran de capital importancia: la formación de cuadros, con un 43%. Este registro permite suponer que si al interior del partido se impulsa poco la discusión, la comunicación o la confrontación de las acciones, es de presumirse que en menor medida sea una de las tareas que puedan ser impulsadas por el PAN como gobierno en su diálogo con la ciudadanía.

Hernández (2002) también muestra que la principal prioridad es “impulsar el cambio desde el gobierno” con un 45% de la opinión de los entrevistados y, en segundo lugar, “servir a la sociedad” con un 22%. Esto último puede confirmar la tesis de que el PAN, al arribar al poder, se constituyó en un grupo que no está dispuesto a dejar el gobierno, y ve esta alternativa como la forma de consolidar su modelo político y de mantener la hegemonía de su ideología neoconservadora.

De vuelta al tema de la participación ciudadana, se manifiesta que la relación con la sociedad civil fue propuesta de manera indirecta a través de las organizaciones no gubernamentales (ONG). Uno de los mecanismos de diálogo del gobierno de Baja California con la sociedad civil ha sido impulsar la creación de las ONG: “En Baja California, desde el año de 1996, el gobierno estatal ha otorgado financiamiento a organizaciones civiles, ha impulsado el diálogo y ha difundido información sobre desarrollo con el objetivo de alentar la participación de las asociaciones en el área del desarrollo humano y social” (Concepción Montiel, 2006: 23).

El objetivo del gobierno de Baja California al impulsar estas organizaciones es el de “incidir sobre procesos de desarrollo haciéndolos más incluyentes y equitativos” (Concepción Montiel, ibid.: 24). Si bien esto es cierto, también de esta manera el Estado se desentiende de su responsabilidad de atender demandas sociales de la población más marginal y carente de acceso a los servicios como salud o educación, transfiriendo dicha acción a la propia sociedad civil y, en algunos casos, a grupos específicos que privatizan dichas prestaciones, que en otras circunstancias tendrían carácter público y gratuito.

Esta política pública de promoción de las ONG tiene su sustento en el informe de la Comisión Trilateral elaborado por Huntington, Watanuki y Crozier “La crisis de la democracia en 1975”. De este documento emanaron las bases del Consenso de Wáshington, que en específico favorecen una postura elitista de la democracia y que los gobiernos garanticen una estabilidad, beneficiando la subsistencia de las corporaciones capitalistas con la menor amenaza posible. De ahí que los gobiernos deban respetar las leyes del mercado y ofrecer a la sociedad civil, organizada en ONG, la prestación de los servicios que el Estado ha desatendido, convirtiéndolos en clientes, más que en ciudadanos (Rodríguez, 2007).

Ley de participación ciudadana en Baja California

Una de las características de las campañas electorales de los partidos políticos y sus respectivos candidatos en Baja California ha sido la inclusión de la opinión ciudadana en la discusión de los problemas sociales, pero en la realidad poco se ha logrado en cuanto a su efectiva participación en las estrategias para ampliar la democracia. En particular, los gobiernos de la alternancia han postulado dicha participación ciudadana como una fórmula para ganar el voto de amplios sectores de la población, en particular de los votantes indecisos; incluso, han logrado su normalización mediante leyes creadas ex profeso para definir dicha participación.

En las entidades federativas en las cuales ha sido expedida una Ley de Participación Ciudadana, esta ha redituado votos, pero ha resultado inoperante para favorecer la instauración de una democracia participativa. No se han creado los instrumentos y mecanismos básicos para favorecer y orientar la participación ciudadana, y su aplicación ha quedado en la expedición de las leyes respectivas, pues en las entidades federativas donde se han promulgado sus autoridades gubernamentales sienten el temor de verse rebasados por las demandas de la ciudadanía.

Espinoza (2003: 159) comenta que para Baja California “La Ley de participación ciudadana fue promulgada el 16 de febrero de 2001 y publicada en el Periódico Oficial, sin embargo, contrario a lo que serían las expectativas, la nueva normatividad ha pasado prácticamente desapercibida, incluso su aprobación en el Congreso sólo mereció páginas interiores en algunos medios de comunicación”. Esta ley establece tres mecanismos básicos para la participación ciudadana: plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana.

En su artículo Tercero define a quién le corresponde la aplicación y la ejecución de su normatividad, otorgando dichas facultades a las siguientes instancias: poder legislativo, poder ejecutivo, ayuntamientos del Estado, Instituto Estatal Electoral y Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado.

El plebiscito se precisa en el Capítulo Primero, Artículo 13, el que se refiere a consultar a los ciudadanos para que expresen su aprobación o rechazo a actos del poder ejecutivo, de los ayuntamientos y del congreso del estado, en cuanto sean considerados asuntos de trascendencia en la vida pública de la entidad.

Para ejecutar un acto de referéndum, como se considera en el Capítulo Segundo, es necesario solicitar de los ciudadanos su aprobación o rechazo a modificaciones, reformas, derogaciones o adiciones a la Constitución, a las leyes que expida el congreso del estado y reglamentos promovidos por los ayuntamientos que se consideren trascendentes para la vida pública del estado.

Finalmente, en el Capítulo Cuarto en lo relativo a la iniciativa ciudadana, expresa que es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos puedan presentar al congreso del estado iniciativas, modificaciones, reformas, adiciones, derogaciones o abrogaciones de leyes o decretos.

Una de las condiciones de las tres figuras de participación ciudadana es que sólo lo podrán realizar o participar aquellas personas que comprueben su residencia, estén en las listadas nominales de electores e inscritos en el padrón y tengan credencial de elector, además de algunos requisitos y condiciones específicas para cada caso.

La realidad es que esta Ley de Participación Ciudadana ha sido letra muerta, pues su aplicación no ha tenido consecuencias, ya que no se han convocado a ninguno de los tres ejercicios de participación ciudadana en los últimos siete años,[18] a pesar de existir temas de relevancia y, en especial, problemas sociales y políticos que demandaban la implantación de cualquiera de los tres mecanismos que configura dicha ley.

EL ESPACIO PÚBLICO MEDIATIZADO: LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA EN BAJA CALIFORNIA

Los inicios del periodismo bajacaliforniano están registrados en el siglo XIX, con la publicación del primer periódico El Fronterizo, editado en marzo de 1873 por Eliseo Schieroni en Real del Castillo, en ese entonces capital del Territorio Norte de la Baja California (Lelevier, 1943). En Mexicali, el primer periódico fue “El Noticioso, editado por Gustavo Becerra en 1915 y en Tijuana, La Voz de Tijuana en 1925 por Alberto Bernal como director” (Lelevier, 1943: 24). Sin embargo, algunos consideran a El Heraldo de Baja California, fundado el 16 de julio de 1941, en Tijuana, por Rubén Darío Luna, como el primer y más antiguo diario de Baja California (Diccionario Enciclopédico de Baja California, 1989). Sin embargo, no se debe perder de vista que la gran mayoría de estos periódicos eran en realidad semanarios con escasa circulación, dados los problemas de las comunicaciones terrestres y la escasa población lectora en esos tiempos.

En el periodo específico de la investigación, en los años previos a la década de los ochenta, los medios de comunicación masiva de Baja California participaban de dos procesos. En primer lugar, el temprano inicio de la radio y la televisión (entre los años veinte y treinta) casi en paralelo con su desarrollo en el centro del país, pero con una cobertura y potencia en ocasiones superior a algunos de los medios electrónicos de la Ciudad de México y, en segundo lugar, en la década de los cincuenta aparecieron los dos diarios más importantes: El Mexicano, de Tijuana, y La Voz de Frontera, en Mexicali.

Otro de los referentes periodísticos de la entidad, el Semanario Zeta, surgió en 1980 en la ciudad de Tijuana, bajo la codirección de Jesús Blancornelas y Héctor Félix. Este semanario pronto alcanzaría una circulación estatal y un número cada vez más elevado de lectores interesados en los relatos acerca de las tropelías de la clase política y empresarial bajacaliforniana, acciones que otros periódicos callaban por su obligada relación con el poder. En la década de los ochenta era una publicación imprescindible para conocer de cerca las corruptelas y excentricidades del gobernador Roberto “Bob” de la Madrid y, posteriormente, el amiguismo y la prepotencia del mandatario Xicoténcatl “Xico” Leyva Mortera y sus colaboradores (Blancornelas, 2005).

Por estos años surgieron dos diarios en la capital del estado, el AM y el Novedades de Baja California. El primero nació el 10 de enero de 1982 bajo la dirección de Miguel Suárez Orozco y la presidencia de Ernesto Gómez Hernández. Su objetivo fue servir a la comunidad mexicalense, ejercer la libertad de expresión con respeto a las leyes y contribuir a mejorar el sistema democrático mediante información veraz y oportuna. Este diario duró en circulación tan sólo 13 meses, alcanzando un tiraje de poco más de 7 mil ejemplares, sin embargo, el tiraje se consideró dudoso. Su cierre obedeció a problemas de origen sindical y a carencias financieras para solventar los salarios de los periodistas (Márquez, 1991).

El Novedades de Baja California publicó su primer ejemplar el 2 de marzo de 1982, siendo su propietario el ex gobernador Milton Castellanos y otros socios capitalistas. El director fue Rafael Martínez Retes, un experimentado periodista proveniente de La Voz de la Frontera. El editorial de apertura refirió que su objetivo era informar y encabezar la opinión pública con un alto sentido de responsabilidad (Jiménez, 2006).

Ambos periódicos, el AM y el Novedades de Baja California, junto con otros de mayor tiempo de circulación, enfrentaron problemas financieros a finales de 1982. Este año el presidente López Portillo anunció la devaluación del peso y la nacionalización de la banca, provocando dificultades económicas a los diarios que tenían deudas con bancos y con empresas como PIPSA por los créditos en la compra del papel. Por otra parte, en repetidas ocasiones el Novedades de Baja California estuvo envuelto en conflictos con el gobierno de Leyva Mortera por su crítica a la actuación de los funcionarios estatales, pero también por el origen político de su dueño. En mayo de 1985, se le acusó de publicar calumnias, daños y perjuicios a varios comerciantes, quienes fueron señalados por el diario por supuestas relaciones con narcotraficantes. En esta acción se unieron en su contra otros diarios estatales como El Mexicano de Tijuana (Trujillo, 2000).

De esta manera, el panorama periodístico bajacaliforniano presentaba rasgos muy diversos, Toussaint (1990) indica que en 1988, en Tijuana, el diario con más lectores era El Mexicano, con 33.9%, mientras que en segundo lugar se ubicó Zeta, con 18.8%; también había lectores para los diarios estadounidenses como San Diego Union, con 9.8% y San Diego Tribune, con 9%. En Mexicali, La Voz de la Frontera era el periódico más leído, con 57.6% y Novedades de Baja California tenía un 23.2% de preferencia en los lectores.

Sin embargo, el trabajo del reportero no era tan plácido y mucho menos sosegado. La vida del periodista era amenazada por distintas razones, entre ellas la inseguridad, los atentados a su vida por denunciar la cara oculta de los grupos de poder, tanto políticos como empresariales, pero a veces ni siquiera se conocía el verdadero motivo.

Uno de varios ejemplos sobre agresiones a periodistas sucedió el 20 de abril de 1988, cuando el coeditor del semanario Zeta, Héctor “Gato” Félix, fue asesinado de varios tiros de escopeta mientras conducía su automóvil. Este hecho generó una serie de interrogantes acerca de la identidad de los autores materiales e intelectuales, ya que en sus escritos eran frecuentes los señalamientos de corrupción de los poderosos empresarios y políticos locales.

La prensa bajacaliforniana, bien dotada en términos tecnológicos, aún tenía limitantes en cuanto a la profesionalización de sus cuadros básicos de reporteros y conservaba un fuerte nexo con grupos empresariales o políticos, que eran los verdaderos dueños de los diarios estatales. En entrevistas por separado, tanto Jesús Blancornelas, codirector de Zeta, como Sergio García, subdirector editorial de La Crónica de Baja California, coincidieron en esta apreciación. El último señaló que “Baja California y Mexicali merecen una mejor prensa, [es] muy conservadora, muy renuente al cambio, a la capacitación, al mejoramiento, como que da miedo, [hay] resistencia a la innovación, temor a la mayor inversión en recursos humanos y tecnológicos” (García, 2003).

Por su parte, Blancornelas (2005) manifiestó que “la tecnología estuvo siempre por encima del periodismo, y actualmente tenemos mucha tecnología, y poco o buen periodismo”. Es decir, que el avance tecnológico que experimentaron los diarios bajacalifornianos no siempre estuvo acompañado de esfuerzos más consistentes por capacitar y actualizar a los reporteros, mejorar las prácticas periodísticas, así como incursionar en la diversidad de géneros periodísticos.

Destaca del periodo sexenal 1995-2001, regido por dos gobernadores,[19] la notoria conformación de una prensa de carácter coyuntural. Interesada en acentuar las circunstancias políticas favorables del accionar público de todo gobernante, pero sin profundizar en el crecimiento repentino de las grandes empresas, cuyo capital tenía por origen la relación entre políticos y empresarios. De lado quedaban los fuertes problemas que aquejaban a Baja California en inseguridad pública, narcotráfico o los graves rezagos de los servicios públicos, así como las vejaciones a los migrantes, que contrastan con el pronunciado desarrollo económico en el terreno de la industria maquiladora. Sin embargo, las relaciones entre gobernantes y prensa estatal no estaban ajenas a estas realidades, por la misma condición estructural y carácter histórico social que vive la prensa en México.

En este tiempo surgieron varios periódicos, entre ellos el más sobresaliente fue el diario Frontera, que inició actividades el 25 de julio de 1999 en la ciudad de Tijuana, con el objetivo de ampliar la oferta informativa de los lectores de esa región. Este matutino pertenece al grupo Editorial Healy, al igual que el diario mexicalense La Crónica de Baja California (Frontera, 1999).

Durante la administración de Terán Terán (1995-1998) fue notoria la apertura del gobernador a la prensa, las relaciones mejoraron en lo general, sin dejar de reconocer que se fincaron reglas muy particulares, como la disposición del gobernador Terán para no otorgar entrevistas de “banqueta”. Esta acción, por irrelevante que parezca, generó entre los reporteros diversos comentarios, críticas y oposición. La razón fue “que la información que genere el gobierno del estado sea dada a conocer con mejor orden y mayor sustento” (La Crónica, 1996: 1).

En cuanto a agresiones a periodistas, en noviembre de 1997 Jesús Blancornelas sufrió un atentado en Tijuana, del que afortunadamente salió ileso, no así sus acompañantes. Esta situación generó entre las diversas asociaciones gremiales un fuerte reclamo a las autoridades estatales y federales para disminuir la ola de violencia, en particular las agresiones que sufrían los trabajadores de los medios.

En el periodo de González Alcocer (1998-2001) se promovieron una serie de foros de consulta por parte del Congreso del Estado de Baja California, convocados por una comisión de diputados de las diferentes fracciones para dar cuerpo a la Ley de Comunicación Social de Orden Estatal. Dicha ley pretendió normar las relaciones entre los medios de comunicación masiva y las entidades gubernamentales. Sin embargo, ninguno de los foros pudo concretar o conciliar los intereses de los partidos, que veían reflejada en dicha ley sus naturales inclinaciones partidistas, a pesar de la copiosa participación de diversos sectores de la sociedad y de la academia. Por otra parte, las agresiones a los trabajadores de los medios continuaban. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en 1999 informó de un par de atentados contra periodistas bajacalifornianos, quienes recibieron amenazas de muerte supuestamente por la publicación de información sobre el narcotráfico en la región (La Crónica, 1999: 1).

Una de las condiciones fundamentales de todo medio, en especial de los impresos, lo representa el impacto o circulación que tienen en la potencial población que atienden, de ello se desprenden valores como su cobertura, importancia noticiosa e incluso sus tarifas publicitarias. En una mirada crítica a la realidad de la prensa escrita bajacaliforniana, es pertinente referir la condición que representan para los lectores y cuáles son los diarios de mayor circulación en la actualidad.

Difícilmente este dato se obtiene o es publicado por los propios periódicos. Por lo tanto, y en el ánimo de aportar información para valorar su verdadero impacto noticioso, la Subsecretaría de Normatividad de Medios, a través de la Dirección General de Certificación de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, informa de aquellos diarios que han certificado su edición. Según los datos publicados en 2005, los diarios que certifican su ediión son por Ensenada, El Vigía. De Mexicali, El Centinela; La Crónica de Baja California y La Voz de la Frontera. Por Tijuana, El Mexicano; El Mexicano, segunda edición; Esto de las Californias (diario deportivo); Frontera y El Sol de Tijuana. De ellos, indicó que los cinco periódicos que mayor tiraje diario tuvieron en ese año fueron El Mexicano, con 40 454 ejemplares; le sigue con 21 741 La Voz de la Frontera; en tercer lugar, el diario Frontera de Tijuana con 17 406 tiros; posteriormente La Crónica de Baja California con 10 925 ejemplares y, en quinto lugar, El Mexicano, segunda edición, con 9 766 ejemplares (Resumen Ejecutivo del Padrón de Medios Impresos Certificados, 2005).

Finalmente, ¿cuál es el escenario actual del periodismo bajacaliforniano? Por una parte, existe un conjunto de empresas periodísticas con alta tecnología para la producción de noticias, con salas de redacción cada vez mejor equipadas que cuentan con sistemas de cómputo para elaborar la nota informativa con la mayor rapidez y calidad de impresión. Otro ángulo muestra todavía a determinados dueños de diarios ligados a las redes del poder, ya sea empresarial o político y ciertos diarios, semanarios y revistas de pequeñas empresas periodísticas con escasa circulación que son fruto del esfuerzo de periodistas profesionales.

Desde otra perspectiva, hacia finales de década de los noventa un alto porcentaje de los cuerpos de reporteros, columnistas y articulistas mostraban un fuerte sello de “oficialistas” debido a sus ligas con núcleos de poder reconocidos, sobre todo a través de las distintas esferas de la administración gubernamental, que operaba mediante las tradicionales oficinas de prensa —llamadas actualmente de Comunicación Social— del gobierno, ya fuera estatal o municipal, o de los partidos políticos. Eran escasos los periodistas independientes y mucho menos las plumas que se atrevían a criticar al sistema partidista o al gobernador en turno (Ortiz, 2007).

Actualmente, ese panorama ha mejorado. Primero de manera silenciosa y otras veces más abierta, empezó a surgir y hacerse notar nuevas concepciones del periodismo. Actualmente confluyen tres generaciones de periodistas. Los empíricos, que han escrito la historia de Baja California y gracias a su labor consolidaron la prensa local. Un segundo grupo que surgió de la etapa de la lucha en las salas de redacción de los diarios por obtener mayores espacios de apertura a la crítica y a la pluralidad ideológica en sus páginas y, finalmente, la generación de jóvenes periodistas provenientes de las aulas universitarias que, desde 1988, han querido demostrar su capacidad de crítica, así como un discernimiento más amplio para el análisis social y una mayor cultura general (Méndez, 2004).

Baja California, durante la década de los años noventa, tenía 12 periódicos, entre diarios, semanarios y vespertinos; 54 estaciones de radio (tres de tipo cultural) en AM y FM, y 12 estaciones de televisión. Ahora la entidad cuenta con 20 periódicos, entre diarios, semanarios y vespertinos; 67 estaciones de radio, en sus distintas frecuencias y tipos de régimen y 27 estaciones de televisión (CIRT, 2007).

El crecimiento en poco más de diez años del conjunto de los medios de comunicación masiva, en especial de la televisión, ha sido clave para influir en la preferencia de los televidentes, y la competencia por las audiencias es cada día más fuerte entre los medios. Esta es la oferta mediática del estado, siendo Baja California la séptima de las entidades con mayor número de medios de comunicación masiva electrónicos, según la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (2007), lo que, por la densidad de su población y sus características históricas, lo convierte en una entidad federativa con una favorable cobertura mediática.

Ahora bien, la historia del periodismo bajacaliforniano, como bien dice Trujillo (2000: 8), “es la historia del poder y su manera de influir en la opinión pública, de establecer un control social y político sobre sus habitantes”. A lo largo del siglo XX, y en estos primeros años del presente, la prensa escrita ha vivido hechos relevantes en la historia política, social y económica para la entidad. Hasta mediados de los años noventa, los medios de comunicación masiva en Baja California, como en casi todo el país, trascendían en el tiempo y en el gusto de sus lectores por una clara identificación con los gobernantes, provenientes todos ellos del PRI. Sus relatos y crónicas de los hechos eran complacientes con la actuación de las autoridades municipales y estatales provenientes de dicho partido. La alternancia en el poder supuso la posibilidad de transformar la constitución de los medios, ampliar los espacios de discusión y crítica, transparentar la actuación pública, a la par que profesionalizar el ejercicio del periodismo. Sin embargo, el poder es el poder, no importa de dónde provenga ni de qué partido político proceda, nuevamente, en los últimos años de los gobiernos panistas surgen signos de relaciones poco profesionales y más ligadas a los intereses partidistas de ciertos periodistas y comunicadores, que hacen reconocer etapas de un periodismo nuevamente parcializado y entrelazado con los grupos de poder político o económico, que parecía en proceso de extinción.

[8] En esta obra el autor ya explicita el término espacio público, que no por ello deja de tener la dimensión teórica expresada en la obra seminal de Habermas, Historia y crítica de la opinión pública (1986) .

[9] Antes de avanzar en el desarrollo de las ideas, conviene explicitar que se usa el término espacio público y no el de esfera pública referido por Habermas, pues dicho concepto se ha familiarizado más en las ciencias sociales por distintos intelectuales, incluyendo al propio autor, sobre todo en obras posteriores como las que se citan en este texto, sin embargo, se preserva la noción habermasiana atribuida a su tratamiento teórico.

[10] El primer gobierno estatal de filiación panista fue Baja California en 1989.

[11] Por lo menos si lo fue hasta antes de las elecciones de 2006; pero como producto de su cuestionada actuación y de las fuertes críticas del PRD al Instituto Federal Electoral por la actuación de su presidente y ciertos consejeros electorales en esos comicios, en 2008 el Congreso de la Unión acordó el cambio de su presidente, Luis Carlos Ugalde, y de varios de los consejeros.

[12] En septiembre de 2007 se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma legislativa que disminuye los presupuestos de los partidos para la propaganda política en las campañas electorales y también redujo su tiempo. Esta reforma fue ratificada en la mayoría de los congresos estatales.

[13] Desafortunadamente el texto no indica cuál era la población votante o potencial para ejercer su voto.

[14] Posteriormente sería gobernador de Baja California por el PAN para el periodo 2000-2006.

[15] Las fuentes utilizadas son la Comisión Estatal Electoral y el propio Colegio de la Frontera Norte. Para 1989 y 1995, el Instituto Estatal Electoral.

[16] Institución de investigación científica y docencia especializada en el estudio de la problemática de la región mexicana colindante con Estados Unidos y situada en distintas ubicaciones de la frontera norte. Su sede principal se ubica en Tijuana, Baja California.

[17] Conviene recordar que este gobernador falleció intempestivamente al cumplir su tercer año de gobierno, días después de entregar su tercer informe de gobierno al congreso local.

[18] Salvo un intento fallido en 2007 para consultar a la ciudadanía entorno a la posible conformación como municipio en San Quintín, el cual no se pudo realizar, pues la ley impide que se lleven a cabo consultas ciudadanas durante la celebración de comicios electorales, y en ese año hubo elecciones para gobernador y presidentes municipales en Baja California (informante núm. 5).

[19] La razón fue la repentina muerte del gobernador Héctor Terán Terán en 1998, quien fue sustituido por Alejandro González Alcocer, nombrado por el Congreso del estado.

CAPÍTULO III. ESPACIO PÚBLICO Y CIUDADANÍA EN BAJA CALIFORNIA (1989-2007)

Espacio público, Estado, ciudadanía y democracia son conceptos que están inmersos en una condición de interdependencia; entre ellos se requieren para su expresión, y la existencia y desarrollo de cada uno sufre afectaciones que en ocasiones impactan de manera simultánea y, en otras, en diferentes momentos. Es decir que la transformación de uno afecta al otro, y viceversa, sin embargo, demandan autonomía para su manifestación social y por consiguiente, su estudio.

Desde la perspectiva que se propone, el enfoque de espacio público, aportado por autores como Habermas (1986), Bourdieu (2000; 2005), Rabotnikof (2000), representa una posibilidad para el análisis del problema de investigación. En este sentido, espacio público, desde lo social, es considerado “como el conjunto de relaciones o un sistema de posiciones sociales que se definen las unas en relación a las otras” (Bourdieu, 2000: 14).

Así pues, los sujetos que participan del todo social y que conforman la llamada ciudadanía se manifiestan al interior de ese espacio según su campo de actuación, es decir, los ciudadanos ocupan posiciones de acuerdo con su capital social, económico o simbólico, y ejercen prácticas sociales en concordancia con su habitus, ya sea de clase o de poder.

En este proceso de interacción entre los sujetos sociales —sistema de relaciones— participan factores como la estructura de la sociedad en la que se desenvuelven, pero también de las instituciones sociales y políticas a las que se adscriben. De tal manera que su interacción es dialéctica y en permanente evolución, y por supuesto, en mayor medida cuando suceden cambios que transforman el todo social.

El espacio público se puede estudiar desde la perspectiva de los autores referidos, al reconocerse como un conjunto sistemático de relaciones sociales que permiten el desarrollo de un análisis socio-histórico, desde las prácticas de los ciudadanos, considerando el capital que cada uno posee a partir de su interrelación cotidiana con el alter ego.

Al trasladar este enfoque al contexto del objeto de estudio, se utilizan las categorías de Bourdieu de campo y habitus para estudiar la ampliación o el surgimiento de espacios públicos de participación ciudadana a partir de la ocurrencia del fenómeno de cambio político en Baja California en 1989, y el ejercicio de los gobiernos identificados con el PAN durante los últimos 18 años, dentro de los entornos jurídico-normativos en los cuales encuentra su expresión como Estado legítimamente constituido por la voluntad de sus ciudadanos.

Para continuar nuestro análisis, es conveniente retraer sucintamente los conceptos de campo y habitus, expresados en el capítulo I, en particular cómo opera el primero de manera condicionante en la interrelación con los sujetos sociales. Bourdieu (2005: 158) afirma que “el campo es el locus de relaciones de fuerza —no sólo de significado— y de luchas que apuntan a transformarlo”. De tal forma que la coherencia del campo y su capacidad de cumplir una función nacen del conflicto y de la competencia entre los agentes que se disputan las producciones de dicho campo de fuerza.

Así, el campo se entiende como un espacio de lucha tendiente a mantener o transformar la configuración de las fuerzas potenciales y activas. En el campo se expresan las estrategias mediante las cuales los ocupantes de este buscan, ya sea individual o colectivamente, salvaguardar o mejorar su posición e imponer su jerarquía más favorable a sus intereses. En el terreno de lo político, el campo representa esos microespacios donde se definen las posiciones políticas o se transforman las mismas, en relaciones de fuerza según el capital que posean y, a su vez, estimula la recomposición de las posiciones en los campos.

La forma de operar metodológicamente al campo implica reconocer tres momentos. Primero se debe analizar la posición del campo frente al campo del poder. Segundo, es necesario trazar un mapa de las estructuras objetivas de las relaciones entre las posiciones ocupadas por los agentes o las instituciones que compiten por la autoridad legítima. Tercero, hay que analizar los habitus de los agentes, las disposiciones que han adquirido al internalizar sus capitales sociales y económicos, mismos que son favorables para su expresión dentro del campo referido (Bourdieu, 2005).

Por su parte, la relación entre el habitus y el campo se propone de la siguiente manera: “el habitus contribuye a constituir el campo como un mundo significativo, dotado de sentido y valor, donde vale la pena invertir la propia energía [...] Siendo el habitus lo social encarnado, se encuentra ‘en casa’ en el campo que le habita, lo percibe dotado de significado e interés inmediatos” (Bourdieu, ibid.: 188).

Para la operatividad de los campos (categorías) espacio público, Estado, ciudadanía y democracia, por una parte, estos fueron trabajados a partir de la referencialidad discursiva de los sujetos entrevistados y, por la otra, mediante la codificación de las notas de los diarios seleccionados (La Voz de la Frontera, El Novedades de Baja California-La Crónica de Baja California[20] y El Mexicano), así como el análisis textual de los planes de gobierno de los periodos 1989-1995, 1996-2001 y 2002-2007.

Dichos referentes de análisis (discurso, noticia periodística y texto) se asumieron como instrumentos empíricos para trabajarlos dentro de los campos antes indicados. En el primer caso, el discurso de los entrevistados, así como la expresión pública de la noticias, participaron de relaciones de fuerza que se expresaron a través de los capitales de cada entrevistado que les permitió acercarse a la realidad a partir de su propia intersubjetividad. De igual manera, la prensa bajacaliforniana representó ese campo de fuerza en el cual se dota de sentido a las noticias a partir de la reinterpretación de la realidad y se le conduce a través de la mediación cotidiana en los diarios (Martín Barbero, 1987).

Finalmente, el mensaje político expresado en los documentos de los gobiernos panistas destacó la voluntad de cada mandatario estatal por establecer políticas públicas congruentes con el ideario de su partido político, con las circunstancias sociales y político-económicas en las que gobernó, pero también consecuente con las demandas ciudadanas recogidas durante su proceso de campaña electoral.

En cuanto al habitus, Bourdieu (2006: 186) refiere que “hablar de habitus es aseverar que lo individual, e incluso lo personal, lo subjetivo, es social, es colectivo. El habitus es una subjetividad socializada”. Luego entonces, esa interpretación de la realidad parte desde la subjetividad objetivada del entrevistado que le permitió reinterpretar el entorno en el cual estuvo inserto como sujeto social, y que además le facilitó su adscripción o adhesión a determinados comportamientos legitimados por lo social.

Un proceso similar se manifiesta en la prensa escrita: el reportero participa de su propio capital social, pero también del colectivo para elaborar una reinterpretación del acontecer en concordancia con los códigos periodísticos que le demanda su oficio, mismo que le permite transformar un hecho en un relato ad hoc a la posible interpretación deseada por el lector —codificación y decodificación—, pero también por los cánones que la empresa periodística le demanda (Martín Serrano, 1989).

Retornando al análisis de las categorías y subcategorías indicadas con mayor precisión en el capítulo I, es pertinente indicar que algunas de ellas fueron previamente diseñadas para la fase del análisis periodístico y otras surgieron del análisis de la discursividad de los entrevistados; en este aspecto, la teoría fundamentada aporta la condición de que las categorías y los ítems pueden o deben surgir o reconformarse a partir de la propia subjetividad de los entrevistados y de la interpretación que el investigador haga del habla de los sujetos o del entorno que se analiza.

De tal manera que, en consideración a lo anterior, se utilizaron las siguientes categorías y subcategorías para el análisis de las entrevistas y de las notas periodísticas (ver anexo 1: Guía de la entrevista y anexo 3: Manual de codificación) según su condición:

a) Estado/gobierno

• Modelo de democracia y sistema político

• Modelo de sistema político

• Desarrollo humano

• Sistema electoral

• Sociedad y Estado de derecho

• Justicia y régimen jurídico

b) Ciudadanía/sociedad civil

• Sociedad y Estado de derecho

• Equidad y derechos humanos

• Libertades sociales

c) Medios de comunicación/opinión pública

• Sociedad informada y medios de comunicación

• Libertad de expresión

• Libertad de prensa y derecho a la información

• Comunicación social institucionalizada

En el interés de esclarecer el contexto del análisis de contenido realizado, se ofrece una breve síntesis de las principales características de los diarios que fueron consultados para la codificación de las notas periodísticas.

La Voz de la Frontera. Inició su tiraje el 20 de septiembre de 1964, dirigido por Cristóbal Garcilazo, siendo sus primeros dueños empresarios mexicalenses. En 1990, lo adquirió la Organización Editorial Mexicana, (OEM) y su director local a partir de ese entonces y a la fecha es Felipe de Jesús López Rodríguez (Márquez, 1991).

La Crónica de Baja California. Es una publicación de la editorial de Baja California, S.A. de C.V. y pertenece al grupo periodístico Healy. Inició sus actividades el 7 de noviembre de 1990 en la ciudad de Mexicali, su primer director ejecutivo fue Adolfo Sánchez Rodríguez y su director editorial el periodista Sergio García Domínguez. Esta empresa es la primera en la entidad en incorporar los sistemas computacionales a sus procesos de redacción periodística (La Crónica, 1990).

El Mexicano. Uno de los más importantes periódicos del estado, con sede en la ciudad de Tijuana. Su primer ejemplar se publicó el 21 de septiembre de 1958. La administración está ligada a una central obrera afiliada al PRI y tiene carácter de cooperativa, su director durante el periodo estudiado y hasta la fecha es Eligio Valencia Roque (Trujillo, 2000).

Asimismo, se aportan breves datos generales de los entrevistados, salvo su nombre, que se omitió por razones de privacidad y para mayor confiabilidad del informante.

Informante 1: Escritor, mexicalense, profesor universitario y con 50 años de residencia en Baja California.

Informante 2: Periodista, con carrera universitaria, nativo de Chihuahua y con más de 25 años de residencia en Baja California.

Informante 3: Dirigente de una organización no gubernamental, originario de Nayarit, con carrera universitaria y más de 40 años de residencia en Baja California.

Informante 4: Académico e investigador universitario, con estudios doctorales, nacido en Tabasco y con diez años de residencia en Baja California.

Informante 5: Diputado local, con carrera universitaria, mexicalense y con más de 60 años de residencia en Mexicali.

Informante 6: Concejal estatal electoral, con carrera universitaria, sonorense y con más de 30 años de residencia en Mexicali.

El desarrollo del texto siguiente se encuadra en cinco premisas. La primera aborda la información obtenida agrupándola en las tres categorías indicadas en párrafos anteriores. La segunda analiza la discursividad de los seis entrevistados para extraer de ella la complejidad referida a la intersubjetividad que desarrollan, según el campo en el cual se sitúa cada sujeto y la apropiación que hace del conocimiento del entorno de dominio.[21] Tercera, se intercalan los datos obtenidos del análisis periodístico para efecto de fundamentar o deliberar los referentes aportados por los entrevistados, con lo que se buscó una mejor ejemplificación de la realidad expresada por la prensa escrita bajacaliforniana en el periodo ya indicado. Cuarta, se integran al texto elementos normativos provenientes de dos fuentes: los planes de desarrollo de cada sexenio y, de manera particular, la Ley de Participación Ciudadana, expedida por el Congreso del estado de Baja California. La quinta, en la que sustancialmente las tres categorías que se refieren a continuación se asumen como componentes fundamentales del constructo de espacio público en la conceptualización expuesta en el primer capítulo y que tributa el aporte de Habermas al concepto que se trabaja. A su vez, dichas categorías son expresiones de la noción de campo desde la perspectiva bourdiana; así se les reconoce como una mediación que no opera directamente sobre los agentes que participan del campo, sino que sólo los afecta a través de la mediación específica de las fuerzas que operan en el campo (Bourdieu, 2005).

ESTADO/GOBIERNO

En esta categoría se presupone la relación entre espacio público y Estado, pues el primero se muestra en las distintas acciones que el segundo realiza para atender las expresiones de la ciudadanía o satisfacer las demandas de la misma. A su vez, el Estado requiere de la conformación y ampliación del espacio público para dar cabida a las más diversas manifestaciones ciudadanas, mediadas por la opinión pública.

Para ello, Bourdieu (2005: 169) plantea cómo opera el Estado desde la perspectiva del campo:

El Estado [...] sería el conjunto de los campos en los que tienen lugar las luchas en las cuales lo que está en juego es el monopolio de la violencia simbólica legítima; es decir, el poder de constituir y de imponer como universal y universalmente aplicable dentro de una determinada nación, mejor dicho dentro de las fronteras de un territorio dado, un conjunto de normas coercitivas.

De esta manera, se aborda la noción de Estado como el espacio en el cual se expresan las relaciones objetivas entre posiciones de poder, bajo la forma de redes relativamente estables, ya sean de alianza, cooperación o clientelismo, y que se manifiestan en interacciones diversas que toman características desde conflicto abierto o de convivencia relativamente encubierta. Para la referencialidad que trata esta investigación, desde la perspectiva del accionar del gobierno entorno a la ampliación del espacio público para favorecer la participación ciudadana y, por ende, apoyar los procesos democráticos, el informante núm. 2 planteó lo siguiente:

Considero que el proceso de cambio político en el ejecutivo en Baja California sienta un precedente en forma embrionaria, y va a sentar las bases de un sistema político con características democráticas […] que se materializa con la alternancia, aunque no podemos decir que ya hay una democracia consolidada. Este factor permite al PAN arribar al poder y se produce una apertura, que es la posibilidad de abrir el espacio público a la participación de los ciudadanos, pero ese espacio público está restringido.

En este sentido, Habermas (2006: 21) plantea que “los seres humanos, aprendemos unos de los otros. Y eso sólo es posible en el espacio público de un medio cultural estimulante”. Este concepto trasladado al contexto de la naciente alternancia bajacaliforniana en 1989, implicaría que si el espacio público fue o es lo suficientemente democrático, sería posible que los nuevos ciudadanos o las generaciones jóvenes se formaran en un comportamiento típico de democracias consolidadas. Por tanto, un espacio público que se restringe o acota, difícilmente podrá impulsar tanto prácticas ciudadanas democráticas como actuaciones de gobernantes que favorezcan la participación de la ciudadanía.

Del impulso a cambios democráticos da cuenta el interés temático de los distintos informes de gobierno de ERA, al destacar los diversos aspectos que se muestran en la figura 1.

Uno de los temas de mayor envergadura para la administración de Ruffo Appel fue el cambio político y sus profundas transformaciones, ya que estos se proponía como medida para responder a las demandas de la ciudadanía a través de un modelo político capaz de modificar las relaciones de poder y establecer amplios cauces para la posible transición política con el objetivo de fortalecer los incipientes avances democráticos que se vislumbraban.

Así lo demuestra el hecho de que en el análisis de los diarios, referente a las notas publicadas entorno a los seis informes de gobierno del periodo 1990-1996 de ERA, hubo un total de 267 notas. En estas se registraron 106 menciones referidas al tema de Modelo de sistema político, por 74 relativas a los derechos humanos y, en un tercer sitio, con 27 notas al tema de comunicación social institucionalizada (ver anexo 4, cuadro 1. Sexenio de Ernesto Ruffo Appel). Sobresale este último rubro, pues los procesos de comunicación social, desde la institucionalidad del gobierno, fueron aspectos sustanciales a los que ERA le dedicó particular atención en los últimos años de su administración, pues los consideraba como un mecanismo para divulgar el cumplimiento de las tareas gubernamentales en beneficio de la sociedad bajacaliforniana (Ortiz, 2007).

Para la realidad bajacaliforniana, la alternancia en el poder impulsó una nueva postura acerca de la sociedad que se deseaba construir y, mejor aún, de la democracia que podía ser posible gracias al voto ciudadano.

En este aspecto, el espacio público político refleja el estado de la democracia de una sociedad, así como la confianza en las instituciones y leyes que le gobiernan. De ahí que en el caso de Baja California, si bien en el espacio público se manifestaba la confianza del ciudadano en las instituciones, en los primeros años del incipiente régimen la incertidumbre por la buena administración estuvo presente ante las potenciales deficiencias de su gobierno, de la misma manera el arribo al poder de Ruffo Appel trajo aparejadas fuertes expectativas de un cambio democrático en las instituciones públicas.

Para el informante 1, esa realidad fue cierta al inicio del gobierno de ERA (2007), pero paulatinamente se transformó con el ejercicio del poder para servir a los intereses personales de las facciones panistas.

Yo creo que fue una llegada bien recibida, la de cambio de régimen, por parte de la ciudadanía y, pensando esto, diría que fue como una liberación psicológica: la sociedad bajacaliforniana del 89, o del 90, tal vez hasta del 91, no creo que más allá, sentía que había llegado un nuevo mundo, que se podían decir las cosas como tal, que se podían expresar muchísimas cuestiones. Y luego, la lógica del poder, el pragmatismo del poder, llevó a que el status quo de nuevo regresara al centro; es decir, todas esas ideas románticas del panismo, de una sociedad decente y generosa, acabaron rompiéndose frente a la realidad, que tenían que ser igual que el PRI.

Correlativo a esa óptica de análisis, Dahl (2002) plantea que una de las condiciones de la gobernabilidad es la confianza de los miembros de los partidos opositores, pues infunde a todos la tranquilidad de que el grupo gobernante no se aprovechará del hecho de que no haya restricciones constitucionales sobre los poderes gubernamentales. Si así lo hicieran no estarían violando la ley, pero la confianza y los partidos políticos valoran su reputación por el crédito que inspiran.

Tan consciente se estaba de la necesidad de actuar más allá de las posturas partidistas, que incluso en el tercer informe de gobierno de ERA, el periódico La Voz de la Frontera recogía sus palabras y titulaba su ejemplar del 2 de octubre de la siguiente manera: “Es preciso concluir la etapa partidista: Ruffo” (La Voz de la Frontera, 1992: 1) (ver anexo 5: La Voz de la Frontera).

En el caso de Baja California, la confianza de la ciudadanía se diluyó rápidamente, ya que la actuación del gobierno y del partido que habían ganado las contiendas electorales para gobernador en los últimos cuatro periodos asumieron de manera hegemónica el control y el poder político, tratando de restar por todos los medios posibles las condiciones de competitividad de los otros contendientes políticos, acudiendo incluso a medios de dudosa honradez política como la “publicidad negativa” desarrollada en el último proceso electoral para elegir gobernador del estado para el sexenio 2007-2012.

Sin embargo, la propuesta inicial del primer gobierno panista era consecuente con la ideología de buscar consensos y gobernar para todos, sin importar las filiaciones partidistas. El Plan Estatal de Desarrollo 1990-1995 de Ernesto Ruffo Appel (1990: 3), en su apartado inicial denominado “Postulados del humanismo político que nos inspira”, en su inciso 1.5. El cambio democrático de las estructuras, indicaba que:

Contribuiremos decididamente al cambio democrático de las estructuras del Estado, y de manera respetuosa y digna, por encima de intereses parciales [...] concurriremos a la soberanía del pueblo, a favorecer su organización en los tantos motivos y necesidades de vida [...] Impulsaremos la cultura de la participación como gobierno promotor, que por medio del diálogo anime la presencia constante de los ciudadanos en la definición y en la realización del bien común.

Luego entonces, ¿cómo conciliar gobierno y sociedad civil?, más aun cuando los primeros años de la gestión de ERA, las condiciones sociopolíticas eran inciertas y además la gobernabilidad de la entidad era fuertemente cuestionada por los partidos opositores, dada la inexperiencia de los principales cuadros de mando del PAN en la administración gubernamental. Concepción Montiel (2006: 22) propone que para establecer los principales elementos de gobernanza-gobernabilidad en Baja California “el gobierno debe definir los problemas públicos y construir la agenda de gobierno con la participación de la sociedad civil y los demás organismos, grupos y movimientos sociales”. Sin embargo, el gobierno de Ruffo se encontraba ante la decisión de consolidar y darle continuidad a un proyecto de gobierno o ampliar los espacios de la democracia y favorecer la participación ciudadana. Al respecto, el informante núm. 3 refiere que:

El gobierno de Ruffo entiende que había que recuperar liderazgos que se habían perdido y voltea a ver a aquellos líderes antaño priistas, para volver a incorporarlos mediante el corporativismo y utiliza prebendas para comprar líderes ex priistas, fundamentalmente, y como estaban acostumbrados a ese trato, fue fácil; pero también empezó a negociar con líderes de izquierda y que no eran priistas, y a negociar con ellos, e incluso [alguno] llegó a ser diputado, [lo cual] le permitió tener márgenes de negociación en el congreso local [...] Ellos [los panistas] tuvieron que aprender rápidamente el juego de negociación, pero cometiendo muchos de los vicios que antaño combatían.

Este pragmatismo político del gobierno de Ruffo confirma la tesis de que la sola transición no cambia la cultura política de los gobernantes. Tal como lo indica López (2007: 58), al señalar que “la transición en México ha provocado una reasignación de los factores de poder y riqueza que tensionan las relaciones entre actores sociales activos”. Lo anterior se podría explicar a partir de considerar que los actores se conducen dentro de la racionalidad dominante, como producto de un juego definido de acción y el cálculo de estrategias políticas pertinentes a las circunstancias en la cuales opera la política.

Sin embargo, dicho proceso suele traer aparejado la reproducción de las añejas formas y mecanismos de pacto entre las cúpulas de los partidos, los funcionarios y gobernantes en turno y los legisladores, que en poco contribuyen a la consolidación de regímenes democráticos y mucho menos en lograr que se emplacen instituciones sociales sustentadas por una conducta racional y no fincadas en el autoritarismo y la corrupción política.

Ante este escenario, ¿de qué forma la sociedad civil podía vincularse con las instituciones sociales, políticas y económicas en el interés de disminuir las desigualdades sociales y mejorar la distribución de la riqueza?, ¿había interés del gobierno en promover esta vía de diálogo?

Uno de los mecanismos de interrelación del gobierno de Baja California con la sociedad civil fue impulsar la creación de las organizaciones no gubernamentales, pues “en Baja California, desde el año de 1996, el gobierno estatal ha otorgado financiamiento a organizaciones civiles, ha impulsado el diálogo y ha difundido información sobre desarrollo con el objetivo de alentar la participación de las asociaciones en el área del desarrollo humano y social” (Concepción Montiel, 2006: 23).

Para el informante núm. 3, el gobierno bajacaliforniano de HTT entendió que debía ampliar los espacios de diálogo y concertación con grupos de la sociedad civil, y refiere al respecto que:

Con Terán (1996-1998) hubo un acercamiento muy importante con los grupos e invitó a participar con propuestas a las ONG como políticas públicas, y en el caso específico en la red que participó, nos invita a ser partícipes de la problemática y le tomamos la palabra y planteamos desarrollar políticas públicas conjuntas; de hecho, la red en la cual participo le hicimos un planteamiento de que el sector gubernamental y las organizaciones civiles pudiéramos participar con recursos del Estado, y se pudo participar de una manera importante en Mexicali y Tijuana, y respondió el gobierno y tuvo una actitud distinta de la que tuvo Ruffo, el gobierno de Terán trató de dialogar con algunos de los líderes sociales.

Esta estrategia del Estado pone a discusión la antinomia entre clientelismo y participación, además replantea un escenario de relaciones del Estado integrales con la sociedad civil, para ello acude a interlocutores menos beligerantes como antaño sucedía con el primer gobierno panista de ERA y los líderes demandantes de tierras. La táctica fue retomar la acción de las ONG y legitimar la gestión gubernamental mediante la intermediación de aquellas para la atención de las demandas más significativas de la sociedad, pero a su vez el gobierno podía regular el actuar de dichas organizaciones mediante los recursos financieros otorgados e identificados para determinado tipo de actividades, de esta manera se redujo el clientelismo antaño impulsado por el PRI y se estimuló la participación de una ciudadanía más organizada para la resolución de los graves problemas sociales que aquejaban a los bajacalifornianos.

De ahí que las discusiones para aprobar la Ley de Fomento a las actividades de Bienestar y Desarrollo Social del estado de Baja California, que regula y promueve el quehacer de las ONG, fue motivo de divergencias entre partidos políticos, diputados y el ejecutivo, pues este último deseaba mantener un control más estrecho sobre la actuación de dichas organizaciones, así como fiscalizar mejor los recursos que les aportaba. Después de diversas modificaciones, rechazos y del veto del gobernador Terán, la ley finalmente fue aprobada por el congreso estatal a finales de 2000 y publicada en marzo de 2001 (Moreno y Arballo, 2003).

Al respecto, es pertinente considerar la perspectiva crítica que aporta Guimenez (2007: 15) acerca de la función de las ONG, bajo la hipótesis de considerar que mediante estas organizaciones se puede sustituir o eliminar el clientelismo:

El supuesto de descentralización de recursos/delegación de poder/mecanismos de participación/control de gestión y, por ende, mayor democratización, puede fallar si se deshistorizan las relaciones sociales y, por ello, se supone que con la voluntad de construir participación se evita la proliferación de relaciones clientelares [...] ¿Qué intentamos traer como debate? Que la descentralización hacia las ONG por sí sola no alcanza para cambiar prácticas de cultura política, porque las distintas organizaciones de la sociedad civil no están exentas de reproducir viejas prácticas políticas contaminadas de una cultura de intercambio que caracterizan a toda la sociedad en general [...] De nuevo, no estamos calificando la práctica de las organizaciones, estamos pensando que toda práctica puede albergar contradicciones y aun cuando hubiera mecanismos de intermediación clientelar, esto no invalida el componente participativo, porque forma parte de la historia de conformación de ese sistema de relaciones. Pero también alertamos sobre desenamorarse con respecto a que con la sola voluntad de promover participación alcanza para modificar las relaciones sociales (hace falta mucho más que eso).

La tendencia a la participación de grupos organizados de la sociedad civil para la atención de determinados problemas sociales se manifiesta en Baja California con el crecimiento desmedido —justificable en algunos de los casos y en otros no tanto— de las ONG; así lo muestra el cuadro que cita Concepción Montiel (2006) con datos aportados por José Moreno Mena, en el cual se clasifican los ámbitos de atención de dichas organizaciones en 2002 y con los tres porcentajes más altos: 1) 101 grupos de rehabilitación contra la drogadicción y el alcoholismo con 15.6%; 2) 95 grupos de atención a discapacitados, niños, adultos y grupos que trabajan por la salud en general con 14.7%, y 3) 89 grupos de atención a orfanatos, asilos de ancianos, misiones y comedores para indigentes con 13.8%.

El objetivo del gobierno de Baja California al impulsar estas organizaciones era “incidir sobre procesos de desarrollo haciéndolos más incluyentes y equitativos” (Concepción Montiel, 2006: 23). Si bien esto es cierto, también de esta manera el Estado se desentiende de su responsabilidad de comprometerse con las demandas sociales de los grupos marginales sobre aspectos como salud o educación, transfiriendo dicha acción a la propia sociedad civil, y en algunos casos a grupos específicos que privatizan los servicios que, en otras circunstancias, tendrían que ser públicos y gratuitos. Coincidente con esta perspectiva y crítico de la naturaleza de las ONG, el informante núm. 1 opina que:

Los que han participado más son ciertos grupos de la ciudadanía que están afines al gobierno; yo llamaría “para-sociedad civil”, es decir, los grupos integristas, los grupos yunquistas, los grupos de Pro Vida, los grupos religiosos del panismo. Son los grupos que pueden presentarse como organizaciones no gubernamentales y recibir los recursos; si quieres darte cuenta ve ideológicamente qué organizaciones reciben el beneficio del Estado para este tipo de agrupaciones, y te vas a dar cuenta que son aquellas que son filiales, o que tienen intereses afines al partido gobernante; si estuviera aquí el PRI le estaría dando a Sindicatos y Ligas Agrarias, como lo hacían antes, pero ahora se lo dan a grupos afines a sus intereses pro familia, pro iglesia católica.

En el periodo 1989-2001, el PAN se esforzó por impulsar un cambio en la noción de gobierno, promoviendo acciones de transparencia en el uso de los recursos y también de mayor eficacia administrativa. Sin embargo, careció de una propuesta que involucrara a la ciudadanía en los temas de mayor importancia, si bien se dirigió a los grupos intermedios de la sociedad como los empresarios, las ONG, los colegios de profesionistas y a determinados grupos feministas de tipo conservador, sin que se pueda considerar a estas acciones como una política, ya no digamos popular, sino simplemente social.

Desde una perspectiva diferente, Concepción Montiel (2006) indica que el conjunto de grupos organizados de la sociedad civil agrupados en ONG serán capaces de contribuir a una mejor gobernanza en Baja California, en la medida en que impulsen mecanismos de diálogo y consenso entre sus requerimientos y el gobierno y, por otra parte, no se identifiquen con partido político alguno.

En correspondencia con la noción de sociedad civil, Habermas (2005) plantea que se compone de aquellas organizaciones, grupos y movimientos surgidos espontáneamente que recogen la multiplicidad de los problemas de la sociedad provenientes del espacio de lo privado, los condensan y elevando el volumen o voz, los transmiten al espacio de la opinión pública política. El núcleo de la sociedad civil lo constituye una trama que institucionaliza los discursos solucionadores de problemas referidos a temas generales y de interés de la comunidad en el marco de los espacios públicos organizados.

De tal manera que las acciones del gobierno estatal por impulsar a grupos alternos para responder a determinadas problemáticas fueron congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo 1996-2001, promulgado durante la administración de Héctor Terán Terán (1996: 5), que refiere en su capítulo 1. Principios rectores, 1.1. Compromiso con la democracia, relativo a la persona humana que:

La vida social se orienta necesariamente al bien común; conlleva al “solidarismo” para el auténtico desarrollo de los seres humanos. La realización del bien común debe ser una responsabilidad compartida por el Estado y la sociedad. Uno de los objetivos centrales es avanzar en la participación libre, autónoma y plural de la sociedad, dado que es una de las fuentes más duraderas de la vida democrática. La sociedad es el actor fundamental del desarrollo y subsidiariamente, el Estado debe cumplir sus funciones como promotor. La subsidiariedad no consiste en la ausencia del Estado, sino en la presencia justa del poder político que respete la libertad e iniciativa de los gobernados [...] Mediante la organización autónoma de la comunidad, el Estado se orienta al cumplimiento de los propósitos superiores de la sociedad: perfeccionamiento de la vida democrática, crecimiento económico y bienestar integral [...] Sobre esta base, y hasta donde sus recursos lo permitan, el Estado orientará su acción a mitigar la desigualdad social y a crear condiciones de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los más necesitados, en un esfuerzo solidario con los municipios y los particulares.

Justamente esta última palabra (los particulares), refiere la tarea que podrán desarrollar estos para complementar la acción del Estado, en atención a los problemas que la sociedad le demande.

Al respecto, resulta conveniente asumir la deconstrucción del papel de las ONG, pues considerarlas como panacea de la participación ciudadana resulta pertinente para el discurso político y, mejor aun, para las estadísticas gubernamentales, sin embargo, no es claro si el Estado se compromete a la solución, a largo plazo, de los verdaderos problemas que confronta la sociedad, tales como la migración, la indigencia, los niños de la calle, la drogadicción o el alcoholismo, la atención a las personas de la tercera edad, o un problema de reciente evolución, como los jubilados y pensionados. Para ello se recurre nuevamente a Guimenez (2007: 17), quien precisa que “el sentido y resultados que toman las políticas tienen que ver con relaciones sociales, no con problemas de implementación deficiente, por lo que abogar por la participación sin modificar el nudo de reproducción de las relaciones sociales puede resultar fútil”.

Desde la perspectiva mediática, es notoria la escasa presencia del tema de equidad y derechos humanos o desarrollo humano en la prensa escrita en los 18 años de estudio, lo que obedece al hecho de que en el discurso de los gobernantes estos temas no representan una condición de congruencia con los pronunciamientos en sus planes de gobierno. El cuadro 1 ejemplifica esta aseveración, ya que apenas seis notas refirieron el tema como producto de la información derivada de los informes de gobierno y de las declaraciones de las diversas fuentes relacionadas con el evento, y en sí, representa apenas 2.7% del total de las 748 notas publicadas en el periodo de análisis (ver anexo 6. Equidad y derechos humanos).

Sin embargo, para el informante núm. 6, la percepción al respecto difiere tanto de la atención mediática como de la política al tema, pues afirma que:

Se han hecho esfuerzos muy serios, consistentes en política social para la creación de organismos e instancias para la mujer, para enfermos mentales, para la tercera edad, se han creado centros para la rehabilitación de drogadictos e invertido mucho en el sistema penitenciario, pero vemos que la problemática es muy fuerte en la entidad federativa, sobre todo las fronterizas, producto de la migración [...] sí hay políticas fuertes y consistentes de apoyo a la población existente, pero en el caso de las entidades fronterizas a nosotros se nos incrementa la población.

Desde otra perspectiva, el informante núm. 5, en su condición de diputado por Baja California, refiere que si bien hay avances, también son notorios los retrocesos:

Hay ejemplos, como los de la niña Paulina que no le permitieron abortar, lo cual constituye un atropello enorme y no pasa nada, a nadie se sanciona. Pero, por otra parte, también es innegable que en el caso de los minusválidos hay ciertas acciones para facilitar su tránsito; pero en el caso de los homosexuales, aquí en Baja California querían a golpes quitarle lo homosexual, pues estos gobiernos son fundamentalistas, imponiendo su moral y su criterio. Pese a todo, hemos avanzado.

Es probable que la conformación de la opinión pública entorno a estas percepciones no comprenda del todo la complejidad que conlleva la atención de dichas problemáticas. En innumerables ocasiones, tiene que provenir del espacio de lo privado para que se reconozcan las acciones de políticas públicas orientadas a disminuir las desigualdades. Por consiguiente, esta condición trae el reconocer de la importancia que para el Estado tiene la opinión pública y las expresiones de la ciudadanía en el espacio público.

De ahí que Habermas (2005: 45) alerte acerca de la manifestación de los problemas en el espacio de la opinión pública, “como reflejo que son de una presión social generadora de sufrimiento, sólo resultan visibles en los reflejos que a su vez tienen en las experiencias de la vida personal”. En la medida en que los problemas se expresan en las numerosas situaciones de conflicto mediante el lenguaje, estos pasan de la articulación lingüística a entrelazarse con el espacio público político.

Uno de los elementos fundamentales para articular lo social desde lo político son los partidos políticos. Ellos son los vehículos privilegiados para responder y enarbolar las demandas sociales y, a su vez, estimuladores de la participación ciudadana que se pronuncia en el espacio público.

Meyer (2005) apunta la importancia todavía vigente de los partidos políticos, pues deben ser considerados como la conexión fundamental entre la sociedad y el entramado de las estructuras de autoridad gubernamental. Estas instituciones deben reflejar los intereses de los grandes sectores de la sociedad y de su vitalidad social depende su capacidad para legitimarse ante sus simpatizantes.

Para el caso de Baja California, en el periodo anterior al arribo del PAN al gobierno las décadas de hegemonía política se habían caracterizado por la atonía y lo monocorde del acento político de los dirigentes del PRI. Un análisis importante que hace Guillén (1992: 150) refleja que los virajes políticos que ocurrieron en 1988 y 1989 se deben, según explica, a la “incapacidad de los partidos de establecer conexiones de carácter orgánico con los votantes”, que se manifestaron más por la relación ciudadano-gobierno —entendido este último como PRI— que ciudadano-partido, y esto hace que el electorado no perciba las plataformas ideológicas de cada partido y asuma su posición según el desempeño del gobierno en turno.

El autor afirma que este proceso representó un avance en la construcción de la democracia y la participación ciudadana, referida a un tránsito de las reglas del clientelismo a un juego más liberal. En este mismo sentido, afirma que Baja California había avanzado más que ningún estado en este proceso, reconociendo que todavía no eran ni son una práctica consolidada, “ni ajena a las nuevas formas de operar el poder por parte del PAN” (Guillen, 1992: 140).

Justamente desde las organizaciones civiles, el informante núm. 3 tiene la misma apreciación que comparte con el informante núm. 5, pero este desde el ámbito legislativo. El primero señala que:

En la primera etapa, los panistas llegaron con el ímpetu “democratizante”, abrir los espacios políticos, la alternancia sí contribuyó a romper ese control absoluto que tenía el PRI, hasta Terán tal vez; pero después ellos comienzan a tener esa pretensión de mantener el poder para ellos mismos. Durante el gobierno de AGA y de EEW, creo que se vuelve a esas formas tradicionales de mantener el poder a toda costa, de utilizar el poder del gobierno para el control de los funcionarios públicos, de chantajear a los trabajadores para que se conviertan en militantes panistas.

Por su parte, el informante núm. 5 asume que:

El PAN logró romper la hegemonía, pero una vez en el gobierno, trata de que no haya más partidos y salen otros partidos políticos muy a su pesar [...] El PAN se muestra como autoritario y los avances que se han tenido son a pesar de estos gobiernos [...] Salvo los tres años de HTT, que fueron un intento de un PAN honrado y decente; pero fuera de ahí, hubo una visión fundamentalista.

La visión de suma cero en política se aleja del modelo que propuso Balandier (2004: 8), al decir que “habrá que concebir la política como fundamental en la noción de sociedad. La política es una intención (telos) y tiene por finalidad la naturaleza del comportamiento humano en sociedad”.

La creciente integración del Estado en una sociedad que ya no es política plantea nuevos mecanismos de negociación, es en este sentido que las organizaciones y los partidos se comportan como asociaciones privadas que en ocasiones ni personalidad jurídica asumen; sin embargo, exigen su participación como entidades públicas. Este referente coincide con el espectro de partidos minoritarios y familiares que en México y en Baja California adoptan denominaciones circunstanciales para un proceso electoral y después desaparecen al no conseguir las condiciones de registro.

Luego entonces, ¿cómo participa el ciudadano de la política en el México contemporáneo? Una de las formas que antaño ejercía era expresarse preferentemente en las plazas públicas, en mítines y a través de manifestaciones y marchas con contingentes heterogéneos de población que, en protestas multitudinarias, demandaban solución a problemas no atendidos por las instancias gubernamentales, o como sucede en las últimas décadas, ante los resolutivos del aparato judicial o legislativo, e incluso ante los atropellos a los derechos laborales por parte de los empresarios. Aspecto que todavía ocurre con bastante frecuencia en las diferentes ocasiones en que los mexicanos llegan a los límites de la tolerancia y expresan su desagrado y desacuerdo con determinadas políticas gubernamentales, llegando a la violencia física y a la toma de instalaciones públicas, ayuntamientos, casas de gobierno, e incluso, a secuestrar a funcionarios públicos manteniéndolos como rehenes para negociar determinadas decisiones, como ocurrió en la ceremonia del último informe de gobierno de Eugenio Elorduy, a quien se le impidió ingresar al congreso del estado para hacer la lectura del mismo. Varios manifestantes, principalmente priistas, bloquearon las puertas de acceso a dicho recinto, protestando por diferentes motivos, algunos relacionados con su actuar en las últimas elecciones (ver anexo 7: La Crónica de Baja California, Impiden a Elorduy dar su VI informe).

La actividad política, según el contexto, se puede expresar en los barrios, comercios, calles, en todos aquellos espacios que se consideran públicos, como las plazas. Incluso algunos suelen ser identificados con una determinada facción o partido político. Para el caso de Baja California, hasta hace algún tiempo el valle de Mexicali se podía considerar como un espacio público ganado por el PRI, al igual que ciertos sectores del sindicalismo. Hoy, esos espacios públicos están en disputa, y seguramente en tensión cuando ocurren los tiempos de la política.

El “tiempo de la política” (Alasia, 2003) es ese periodo específico en el cual los políticos y la política se hacen presentes en las comunidades, interfiriendo en la cotidianeidad de las mismas. Estas presencias generan situaciones de tensión, pues la política suele dividir a las personas en sus círculos inmediatos, tanto sociales como personales. Este lapso se expresa de diferentes maneras, ya sea mediante la saturación mediática o en la intervención personal de la comunicación cara a cara. Ese tiempo de la política también implica una percepción social de esta actividad que, a su vez, suele legitimar la presencia de los políticos en el espacio público y en ese periodo, “los políticos aparecen”.

No obstante, la democracia requiere de condiciones plurales, participativas y legítimas, donde los ciudadanos sean conscientes que asumen decisiones sobre política. Una de las acciones que puede considerarse con mayor grado de participación ciudadana son las elecciones, que por su misma naturaleza demandan un espacio público con fuertes componentes de democracia. Para los bajacalifornianos, desde hace casi 30 años, parece que los resultados de las votaciones han sido la mejor manera de expresar su decisión hacia un partido u otro.

Acudir a votar implica un acto de participación. Si se entiende por participar la acción de ejercer un derecho; pero también cumplir con una responsabilidad ciudadana; luego entonces, acudir a las urnas se convierte en una forma directa de influir en la toma de decisiones para elegir a un representante que el ciudadano considere más adecuado a sus intereses personales, además de los sociales, económicos, políticos e ideológicos, esto último referido a lo político.

Baja California tiene una tradición de alternancia en la elección de los candidatos de los partidos, misma que surge en los años ochenta, cuando por primera ocasión se prefirió como presidente municipal a un representante de un partido diferente al hegemónico del PRI. De ese momento en adelante hubo otros procesos electorales en los que se eligió a candidatos de partidos políticos opositores al entonces partido oficial para diferentes cargos populares.

Pero, ¿qué ha pasado en los últimos 18 años? Realmente la alternancia política representó, para el caso de Baja California, mejores elecciones, respeto al voto, la libertad para expresar las preferencias políticas y organismos electorales imparciales? o ¿fue más de lo mismo, pero con diferentes estilos y caras?

Para el informante núm. 2, desde la perspectiva del ejercicio periodístico y como un observador privilegiado de los aconteceres[22] sociopolíticos, la composición de los consejos electorales es una clara muestra de cómo han transitado los gobiernos panistas por distintas etapas en la búsqueda de asegurarse el poder:

Durante la administración de ERA con el nuevo gobierno, que no un nuevo régimen, se dan esfuerzos iniciales de nuevas formas de organización ciudadana y pasos importantes para la ciudadanización de los órganos electorales, entre otras cosas la creación de la credencial estatal electoral, que fue la primera en un estado y la única en el nivel federal; esos son los primeros instrumentos de democratización [...] Hubo un momento que el gobierno de Ruffo seguía interviniendo a través del secretario de Gobierno —¿te recuerdas de “Rodolfax”?—[23] como una forma de participación directa del ejecutivo en el consejo electoral. Después ocurre la aparición de organismos electorales con más credibilidad y presencia no política, pues ingresan representantes del ala empresarial que son personajes de alta credibilidad social y autoridades académicas como los rectores del Cetys y de la UABC. No se veía intención política o de favorecer algún partido, y empieza un proceso de mayor transparencia y apertura y a desligarse de los controles del ejecutivo o de los partidos [...] Pero luego viene un periodo de descomposición de los organismos electorales que se da a partir de que los partidos de oposición al PAN, y este mismo lo permite, empiezan a generar la idea de que ya no hay que tener consejeros ciudadanos, sino sólo consejeros como el IFE, y principia la descomposición del órgano electoral y los partidos se ponen a negociar quién pone a quién y se “partidiza” el órgano electoral y empiezan los desacuerdos, las traiciones, y llegamos al actual consejo, que es un retroceso a lo que ocurría hace 18 años, pues los partidos buscan prevalecer, y a un reestablecimiento de los mecanismo de control partidista y no sólo en los órganos electorales, sino también en el poder judicial con los magistrados, es decir, se pervirtió y se dejó de tener consejeros auténticamente ciudadanos.

Desde una perspectiva teórica, producto de su experiencia y trayectoria académica, el informante núm. 4 aporta un análisis crítico de la realidad política en Baja California en los últimos años:

Hay que tomar en cuenta la transformación política en el nivel nacional para entender lo que ocurre en el nivel local [...] Es importante el triunfo del PAN en Baja California, sobre todo relacionarlo con el plano nacional, probablemente sí es un triunfo de democracia en las urnas, pero hay que considerar el alto índice de abstencionismo, pues es una de las constantes del déficit democrático en cuestiones electorales [...] Al darse la democracia electoral con el antecedente de la credencial electoral, que fue muy innovador y significó un gran avance y eso significó el abrir el espacio público [...] Por otra parte, ha sucedido que en la alternancia, el PAN ha reproducido una serie de vicios en la forma de ejercer el poder y acceder a él y se imita lo que se combatió; no se entiende que alternancia es competencia y que ha quedado muy evidenciado sobre todo en las elecciones pasadas. Siempre se denunció la intromisión del gobierno federal en la elecciones y aquí se reprodujo en el nivel local y lo peor fueron los resultados electorales, pues cuando una entidad se pinta de un solo color, no es sano, lo más sano para la democracia es la pluralidad; pero con ello se nota el trabajo sucio que se hizo, tal cual antes lo hacía el PRI.

En esencia, parece que el quehacer político en Baja California ha retornado, después de 18 años, al primitivismo político que le caracterizó. Si bien la alternancia en el gobierno introdujo nuevas formas de hacer la política y la aparición momentánea de la ciudadanía en determinadas instituciones y organismos, poco a poco este espacio público ciudadanizado fue secuestrado por los mecanismos del poder del PAN. La lucha por la continuidad en el ejercicio del dominio ha conducido a este PAN-gobierno a alejarse de su propio ideario, expresado en la propuesta del “humanismo político” cuya moralidad, según el plan de gobierno de Ruffo era:

Impulsaremos la cultura de la participación como gobierno promotor, que por medio del diálogo anime la presencia constante de los ciudadanos en la definición y en la realización del bien común de los bajacalifornianos, que no puede ser ajeno, ni mucho menos contrario, al bien común de todos los mexicanos. En nuestro Estado, intentaremos métodos nuevos, formas distintas, procedimientos diversos, nuevos caminos para construir ese bien común, orgullosos de nuestra cultura, en nuestra historia, en nuestra mexicaneidad, comprometidos en la defensa de la integridad y soberanía nacional. Este compromiso implica la reformulación de la acción pública, el redimensionamiento de la actuación de la sociedad, venciendo inercias para crear nuevos sistemas de participación de relación política para devolver a la ciudadanía su papel de protagonista corresponsable de la función pública y de gestora de su propio destino. Este compromiso se inscribe con honradez y razonable esperanza en la participación ciudadana, único motor real y verdadero de nuestra sociedad [24] y del cual depende la profundidad con que los cambios y evaluación nacional se llevan a cabo (Gobierno de Baja California, 1990: 3).

En torno a la moralidad en la política, el PAN ha llegado a los extremos en la relación gobierno/oposición, pues pretende que sólo ellos son buenos y la otra parte es maléfica y debe ser repudiada. Como plantea Luhmann (2002), en una democracia no se debe tratar al oponente político como inelegible.

Pese a todo, se deben reconocer también los avances como algunos de los informantes pertinentemente señalaron. Uno de ellos es la presencia y el crecimiento de las ONG, con todo y su cuestionada validez en el caso de algunas de estas, sin embargo, algunas de estas organizaciones sí han contribuido a mejorar la calidad de vida de los bajacalifornianos, y estas provienen desde mucho antes que el panismo asumiera el poder estatal. Su tarea ha sido atender a los grupos marginados de la sociedad que han padecido de la indiferencia de los gobiernos en turno, tanto priistas como panistas; lo que las rescata es su legitimidad en la tarea de contribuir a servir a los demás, como lo señala la ONU (2007), mediante la prestación de servicios específicos. Son mayoritariamente organizaciones de afiliados que comparten los mismos intereses y procuran el bienestar de otros sin ninguna afiliación a partido alguno.

Otro rubro sobresaliente es que actualmente se puede hablar de elecciones transparentes y de respeto al voto ciudadano; si bien este cada vez se aleja en mayor medida de las urnas, aspecto que debe ser intensamente promovido, pues es uno de los pocos espacios públicos en los que la decisión ciudadana tiene profundas repercusiones en la vida política de la sociedad a la cual pertenece. En este aspecto se pudo avanzar más y privilegiar la ciudadanización del Consejo Estatal Electoral, pues como indica el informante núm. 6, “se privilegiaron los intereses personales y hay una limitada cultura política”.

Se debe estar atento al actuar del gobierno panista acerca de estimular la participación ciudadana en aras de construir una verdadera democracia. Es cierto que esta condición está en crisis en la mayoría de los países debido a un incremento en las demandas ciudadanas que presionan a los gobiernos, que a su vez debilitan su autoridad y convierten reacios a los ciudadanos en torno a la disciplina y a los sacrificios por el bien común. Estos rasgos de la crisis de la democracia se presentan indistintamente en cualquier tipo de regímenes, ya sean de corte capitalista o socialista, o mixto. A su vez, estas demandas tienen que ver con un modelo, en el caso de los países “democráticos”, de retraimiento del Estado del bienestar.

Con ello, los fenómenos de la crisis de la democracia plantean una paradoja: “o la vida democrática significaba una amplia participación popular en la discusión de los asuntos públicos, lo cual era cosa mala, o significaba una forma de vida social que orientaba las energías hacia las satisfacciones individuales, lo cual también era una cosa mala” (Rancière, 2006: 19). Este dilema plantea que, para quienes gobiernan, y sobre todo para aquellos que se denominan gobiernos democráticos, se deben tomar decisiones prontas sobre las acciones estratégicas a asumir. Pareciera que han tomado el segundo camino, como una forma inmediata de resolver y evitar conflictos sociales, pero aplazan sólo el descontento del ciudadano y aumentan su desencanto por participar en la res publica.

Una de las maneras en que se domina la vitalidad democrática es dirigir estas energías hacia la búsqueda de la prosperidad material, de las felicidades privadas y de mejorar las relaciones sociales, pero esto implica favorecer el vigor de la vida privada y de la interacción social, y con ello pueden aumentar las demandas y pretensiones democráticas. Para el caso de la ciudadanía de Baja California, esta fórmula se ha propuesto para encauzar o redireccionar las demandas de democracia. Por lo pronto, da la impresión que las satisfacciones materiales de la mayoría y las condiciones de vida privada han tenido éxito en la desmovilización de los ciudadanos bajacalifornianos.

CIUDADANÍA/SOCIEDAD CIVIL

¿Qué se entiende por ciudadanía y cómo esta se desenvuelve en el espacio público? Estos aspectos se abordaron en el capítulo II de la presente investigación y se refieren, en primer término, a los individuos que participan y hacen uso del espacio público mediante sus opiniones y decisiones y, por otra parte, a la fuerte imbricación entre el espacio público y la fina, pero dinámica red de las relaciones interpersonales y el entendimiento intersubjetivo que se forma cotidianamente en el mundo de vida desde lo privado.

En este sentido, se coincide con la noción de ciudadanía que aporta Mata (2002: 66):

la aparición de los individuos en el espacio público, caracterizado por su capacidad de constituirse como sujetos de demanda y proposición en diversos ámbitos vinculados con su experiencia: desde la nacionalidad y el género hasta las categorías laborales, y las afinidades culturales.

Aun así, es pertinente puntualizar cómo se expresa la participación ciudadana, tanto en lo colectivo como desde lo individual, pues ambos campos de actuación dotan al espacio público de un vigoroso sentido social. Al respecto, Adúriz y Ava (2006: 18) proponen definir a la participación ciudadana, desde lo colectivo, como “el estar presente activamente en los procesos que nos preocupan e interesan, lo que implica la intervención de las personas y los colectivos en actividades que influyan en la construcción de la agenda pública, en la defensa y promoción de sus intereses personales y sociales”.

La acción individual es definida por los mismos autores como “la actividad de los individuos, en tanto ciudadanos en la denominada agenda pública, que no se identifica solamente con los asuntos del Estado, sino además y de un modo cada vez más creciente, con todos aquellos asuntos de interés público, de donde surge con gran fuerza el fenómeno de las ‘organizaciones no gubernamentales’ y una nueva dimensión de la sociedad civil” (Adúriz y Ava, ibid.: 19).

De tal forma que se debe asumir la participación como un acto social que no se puede ejercer sólo de manera privada para sí mismo, sino que siempre se realiza junto a otros, un grupo más amplio de personas que desde lo colectivo involucra la asunción de lo social. Lo anterior implica considerar actividades como la organización, dirección, ejecución y toma de decisiones compartidas o aceptadas por las personas que forman el grupo incluido en la acción.

Ahora bien, ¿en qué medida la ciudadanía bajacaliforniana ha participado de los distintos espacios públicos, en los cuales su acción es determinante en la toma de decisiones, y cuáles serían las razones por las cuales participa o no del espacio público? En este sentido, el informante núm. 6, refiere que:

Hay que tomar muy en cuenta que a partir del 1994 se inicia la ciudadanización de las instituciones, en primer lugar de los órganos electorales, y se da en el contexto de una reforma político en el nivel nacional [...] Sin embargo, no se da la participación necesaria, no hay compromiso de la ciudadanía, la sociedad está muy preocupada por resolver su sustento, por su empleo, por su familia. La responsabilidad política implica un compromiso, un riesgo. El ciudadano dice: “si hablo, ¿qué me pasa?”. No desea comprometerse abiertamente, si está con uno o con otro partido. En términos de prioridades, no se ve la posibilidad de un compromiso más allá de tipo político, esto también tiene relación directa con una cultura política,[25] pues en la medida que al interior de las instituciones los esquemas de participación no lo permitan, pues hay represión o sanción a la posibilidad de expresarse, pues hay posibilidades de perder el empleo. En cuanto a la libertad de acceder a decir la verdad, mientras no tenga esa libertad, el ciudadano va a tener temor de perder lo poco que pueda tener. Esto no es sólo problema del ciudadano, es un problema de las instituciones, de la sociedad en su conjunto, de los esquemas de participación.

Desde la perspectiva del informante, habría que reconstruir el imaginario de la participación de la ciudadanía bajacaliforniana, pues se pasa de una denominación de indolente o de indiferencia hacia su responsabilidad ciudadana, para entender que dicha conducta proviene más bien de una perspectiva socioeconómica, ligada a la seguridad individual en la protección de sus intereses y propiedades, antes que asumir comportamientos de mayor compromiso con la defensa de sus libertades sociales.

Esta perspectiva permite reconocer que la participación ciudadana para actos como las votaciones, la manifestación de sus preferencias políticas y la demanda de justicia entorno a sus derechos y libertades sociales, son justamente un campo de lucha al cual Bourdieu (2005: 149) alerta a “pensar en términos de campo, es pensar relacionalmente”. Esto se explica mediante la recomendación del autor a no pensar sólo en lo visible. Ello presupone una ruptura con la representación realista que significa reducir el efecto del ambiente al efecto de la acción directa producto de una interacción.

Para aportar datos relevantes, producto del análisis de contenido de la prensa durante los últimos 18 años, los temas de la agenda pública, expresados en los informes de gobierno, han transitado del escenario de la política al tema de la inseguridad pública, aspecto que se evidencia en la figura 2.

En este aspecto, es evidente que el tema de la inseguridad, que para los efectos del análisis fue referido como “combate a la corrupción, delincuencia y crimen organizado”, paulatinamente tomó tales dimensiones que traspasaron la privacidad y fueron expuestos tanto por la prensa escrita bajacaliforniana como por el propio discurso político manifiesto en los informes de gobierno a lo largo de los cuatro gobiernos de la entidad (anexo 8: Combate a la corrupción, delincuencia y crimen organizado).

Nuevamente, es el espacio de lo privado lo que trasciende hacia lo público. Es ese mundo de vida que se alimenta de la conducta individual lo que lleva al sujeto a manifestar su comportamiento en lo social. Lo anterior obliga a reconocer que la política y la participación ciudadana están atravesadas por ese delgado hilo que proviene del espacio privado; de esa intersubjetividad que se nutre de la cotidianeidad, formada por las interacciones con el entorno social que le rodea. Sitton (2006) pone énfasis en el mundo de vida, y señala que permite la construcción simbólica de la cultura, la sociedad y la personalidad, al reproducir este modo de asociación, representando el núcleo de la propia determinación de la especie humana. El mundo de vida, al estar constituido por la cotidianeidad “fundante” de la propia experiencia, tanto individual como social, permite expresar las diversas manifestaciones simbólicas de los sujetos sociales.

La inseguridad, el temor a la expresión, la pérdida de la seguridad y del empleo —pero desde la condición de la individualidad— son algunos de los factores que inhiben la participación ciudadana, lo cual señala que la lógica del mercado ha impuesto su impronta en una sociedad atrapada por las redes de la globalización neoliberal.

El tema de la inseguridad no es menor, pues todos los gobernadores (Ruffo, Terán, González y Elorduy) refirieron en sus informes de gobierno o declaraciones públicas que, como una de las prioridades de su administración, combatirían la inseguridad pública (ver anexo 9. La Crónica de Baja California, BC no será un botín: Ruffo (1993); La Voz de la Frontera, Seguridad pública, la máxima prioridad; Terán (1998); La Voz de la Frontera, Seguridad y Desarrollo, las prioridades de AGA (2000); El Mexicano, Seguridad, un tema pendiente: Elorduy (2006)).

Lo anterior también concuerda con el ejercicio que realizó en 1995 el COLEF entorno a la encuesta denominada “Cultura política y actitudes electorales de los residentes de Baja California”. Entre la jerarquización de problemas que reportó dicho instrumento, se destacó el problema de la inseguridad con el valor más alto (48.8%) (Espinoza, 1998).

La promoción de la individualidad, cimiento del modelo neoliberal, afecta a una de las bases más antiguas de la sociedad: la familia. Los impulsores de este modelo se aseguran que todos los sectores sociales (familia, trabajo, amistad, escuela) se transformen a semejanza del mercado, de tal forma que la “marketización” o privatización impulsa que se imite al icono del mercado.

Bauman (2006) plantea que los administradores del espacio público sólo pueden ofrecer comunidades construidas a partir del miedo, la sospecha y el odio, ya que la amistad y la solidaridad, antaño formadoras de redes sociales, hoy son frágiles, ruinosas y débiles.

Las condiciones actuales provocan que se combata a las instituciones destinadas a limitar el grado de incertidumbre y, por otro lado, a frustrar los intentos de idear nuevas medidas colectivas para mantener limitada la incertidumbre. Por ello, ciertas instituciones sociopolíticas y sus intelectuales orgánicos continúan impulsando el modelo neoliberal y las fuerzas del mercado, con lo que se genera la incertidumbre y un discurso neoliberal intenso orientado a impulsar la desregulación del Estado. Así, se desgasta —aún más— el poder de las instituciones políticas, lo que podría dificultar el libre juego del capital.

En este sentido, aparentemente el comportamiento ciudadano se conforma o acepta la realidad de la inseguridad como algo que forma parte de su cotidianeidad. El informante núm. 1 refiere que:

la sociedad está cada vez más violenta entre sí, más acepta el castigo físico, el desmán, el abuso como una parte normal de su vida. Por más que te digan “ve y denúncialo”, la gente sabe que denunciar no te va a servir más que para que salgas de ahí y el tipo te mate, o sea, el denunciar no funciona en una sociedad donde todo tiene que pasar por trámites.

A pesar de que el tema de la inseguridad se ha incorporado en la agenda pública gubernamental, es parte de su responsabilidad jurídica y materia de diseño de políticas públicas ex profeso (González, 2003). El gobierno no ha contribuido al proceso de ofrecer condiciones más estables y seguras de convivencia y seguridad al ciudadano, y como muestra de lo anterior se mencionan dos aspectos sustanciales: las condiciones de calidad de vida del ciudadano y los procesos electorales. Para el informante núm. 3, en ambos casos los comportamientos ciudadanos señalan lo siguiente:

Los estudios censales indican que estamos en un nivel económico alto, y se dice que no hay pobreza y que la calidad de vida es superior en Baja California, con más acceso a satisfactores; sin embargo, hay sectores que si bien es cierto que no están en la pobreza absoluta, comparados con otras entidades, pero su calidad de vida es muy baja, observamos que se han creado fraccionamientos en la periferia de la ciudad que si bien resuelven el tema de la vivienda, la población vive hacinada, pues se han dado prioridad al aspecto comercial que al desarrollo humano, y no se han creado los espacios suficientes para que los hijos de estos habitantes tengan áreas necesarias para el esparcimiento; la gente vive en una situación precaria que provoca problemas de seguridad, somos una entidad muy insegura en términos policíacos, hay constantes robos domiciliarios, hay una inseguridad que se vive en esos barrios que no tienen vigilancia, entonces la calidad de vida no es buena, ni siquiera en los sectores medios y los sectores más marginados viven en las mismas condiciones de pobreza que en otros estados.

Como lo indica López (2007: 74), en México el Estado tiene una actuación contradictoria, “por una parte se proclama el ente capaz de modificar la estructura desigual de oportunidades y corregir los desequilibrios del mercado; pero por otra parte, el acceso limitado y desigual en el diseño de políticas públicas reproduce la estructura desigual”.

Otro escenario de análisis son las elecciones de gobernador en Baja California para el periodo 2007-2013. Nuevamente, el informante núm. 3 aporta su percepción al respecto:

En los años ochenta hubo una efervescencia por la observación electoral, pero a partir de la ciudadanización de los órganos electorales, en específico en el Instituto Estatal Electoral en su primera etapa, los grupos que habían participado se alejaron porque vieron que no había posibilidades de fraude [...] Esto no exceptúa que haya otros mecanismos para hacer fraude [...] Ahora el mecanismo es de coacción o compra de votos, lo utilizó el Estado de una manera importante en la última elección, todos lo vieron, el reclamo de los priistas es bien válido, de que el Estado utilizó recursos públicos para orientar el voto, pues utilizó recursos de la instituciones públicas; en las dependencias estatales a los trabajadores se le coaccionó para que votaran por el partido en el poder, a muchos se les invitó a votar con la promesa de la plaza [...] y el ciudadano no lo denuncia, no está acostumbrado a denunciar, y muy pocos lo hacen, y por otra parte si lo haces, te vas a enfrentar a todo el poder estatal [...] En el cuarto distrito de Mexicali, que es el bastión del panismo, algunos trabajadores de dependencias estatales del sector de desarrollo social visitaron casa por casa para invitar a votar a los ciudadanos por el partido en el poder, con la promesa de que se pavimentarían las calles [...] un despliegue que sólo se había visto en los regímenes priistas, con el afán de mantenerse en el poder utilizaron todas las artimañas [...] hay una cierta conformidad de la ciudadanía porque tiene empleo, por ello la ciudadanía no se ha movilizado ante casos como los anteriores, que podrían crear fuertes problemas al Estado.

Sin embargo, el titular de ocho columnas de El Mexicano del 2 de octubre de 2005 refirió las palabras del gobernador en turno Eugenio Elorduy, en su IV informe de gobierno: “Estaré al margen de las elecciones”; tratando con ello de ofrecer garantías de que su administración actuaría de manera imparcial y sin influir en la decisión de los votantes bajacalifornianos (ver anexo 10).

En el ánimo de comprender la forma de concebir los valores éticos de libertad y política del gobierno de EEW, en el documento Plan estatal de desarrollo 2002-2007, en el capítulo 2, el reto de transformar a Baja California en un gran estado, en específico el punto 2.4 “Gobierno con principios y valores”, refiere que, en cuanto a los valores para el rubro de libertad, esta es “inherente a la naturaleza de la persona humana y como tal debe ser no sólo respetada, sino promovida y protegida en todas sus modalidades: pensamiento, credo, expresión, reunión, asociación, elección, tránsito, ocupación, y demás reconocidas universalmente como derechos humanos” (Gobierno del Estado de Baja California, 2002: 21).

En cuanto al concepto política, el mismo documento precisa que:

La política es el instrumento fundamental en la promoción del bien común; es la institucionalización del servicio a los demás; es el conducto para dirimir las naturales discrepancias y conflictos sociales; es el campo ideal para el desarrollo pleno de la sociedad humana. Es responsabilidad de gobernantes y de gobernados, la dignificación de la política como actividad sublime, la promoción de la sana participación de la sociedad y la erradicación de prácticas innobles, vicios y distorsiones que desvirtúan la naturaleza de las instituciones públicas y sociales[26] (Gobierno del Estado de Baja California, ibid.: 21-22).

Como es notorio, hay una amplia discordancia entre los postulados del documento rector de la política gubernamental del gobierno panista de EEW (2001-2007), las propias declaraciones del mandatario al informar a la sociedad de Baja California sobre su postura política previa a las procesos electorales de 2006 y 2007, y los mecanismos de operación de los estrategas electorales de dicho partido en el poder en Baja California en los últimos 18 años.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los principales temas abordados por la prensa al referir los informes de gobierno de los cuatro gobernadores panistas? Para dar respuesta a este cuestionamiento se presenta dicha información dividida por diario con el objetivo de poder contrastar la forma en que cada periódico atendió la agenda de los aconteceres, ya fuera porque se esforzaba en informar según correspondía a los acontecimientos sucedidos o por la propia agenda que como medio construía en su relación con los gobiernos.

La agenda de los medios no es un tema menor dentro de las estrategias mediáticas. Los MCM establecen determinadas posturas según sus intereses o los de aquellos que tienen el poder económico o político. Abordar la condición mediática posibilita su explicación a partir de varias teorías, una de las más representativas es la Agenda Setting, desarrollada desde hace varias décadas por McCombs y Shaw (1972).

El postulado central de la Agenda Setting es que “los medios de comunicación establecieron la agenda para cada campaña política, influenciando las actitudes hacia los temas políticos” (McCombs y Shaw, 1972: 177), de ahí que es notorio que los medios, ya fueran electrónicos o impresos, a partir de las temáticas propagandísticas y de los propios personajes que visibilizan la política, asumen sus posiciones de acuerdo con las perspectivas de los temas que promueven.

El énfasis de los estudios relacionados con la Agenda Setting demuestran la preferencia de los medios por destacar los grandes asuntos públicos. La evidencia de tal acentuación está dada en la medida en que dichos temas son lo suficientemente notorios mediáticamente, pues existe la posibilidad de que los mismos sean priorizados por las audiencias (McCombs y Bell, 1996; McCombs y Reynolds, 2002). Esta situación se repite con los propios candidatos políticos, ya que los valores que representan suelen ser sobredimensionados con la finalidad de destacar sus virtudes o defectos, según sea el caso.

En virtud de lo anterior, es pertinente abordar algunas de las propiedades de los medios de comunicación masiva para entender cómo operan ante aconteceres de alta significancia sociopolítica, como los informes anuales de gobierno.

Los medios funcionan bajo ciertas premisas al momento de publicar una noticia. Un referente es la confiabilidad del informante y una de las fuentes confiables de información son las empresas comerciales, los grupos industriales y las burocracias gubernamentales. Estas fuentes tienen la ventaja de ser proveedores abundantes de información reconocida y veraz, con un estatus de prestigio, lo cual constituye un factor importante para los MCM y para los anunciantes.

Otro de los rasgos adicionales es la supuesta objetividad de la información que proporcionan. Para conservar esa imagen de imparcialidad, así como para resguardarse de las posibles críticas de subjetividad, necesitan material de fuentes presumiblemente veraces y presentarlas de manera adecuada para que las audiencias confíen en la información proporcionada y en la fuente como certera y evidente.

A partir de lo anterior, se puede deducir que existe una relación de interdependencia entre el gobierno del estado de Baja California, que opera como un sistema social (SS) y la prensa escrita bajacaliforniana, representada como un sistema de comunicación (SC), reconociéndole sus propias características según la empresa de que se trate. El concepto de interdependencia es expuesto por Martín Serrano (1989: 11), al referir que se “manifiesta en que cada uno de esos sistemas a veces afecta al otro o se ve afectado por lo que en otro sucede”.

En ambos casos suceden dos posibilidades, que los cambios en el SS se reflejen en la transformación de los SC o que la transformación de los SC afecte a los SS, reconociendo que esta propiedad es histórica y, por ende, dialéctica, además de que ambos sistemas son equifinados, es decir, que existen para el mismo fin.

Entonces, ¿cuáles fueron los temas abordados por los diarios bajacalifornianos y los actores que se refirieron como fuentes de la información? En cuanto a temas, los más importantes durante los 18 años del gobierno panista se muestran en el cuadro 3.

Estos datos permiten interpretar las temáticas que fueron privilegiadas por los diarios. El tema democracia y sistema político fue preferido tanto por los diarios y su agenda mediática como por los gobiernos bajacalifornianos, pues para los cuatro gobiernos panistas era capital la instauración de un modelo de política conveniente al pensamiento ideológico que anima al Partido Acción Nacional. A ello habría que añadirle que, tanto para el primer gobierno (Ernesto Ruffo Appel) como para el último (Eugenio Elorduy Walter), era de suma importancia la continuidad en el poder de dicho partido político, aspecto que se constata con la prolongación en los 18 años de gobierno panista y el triunfo de Osuna Millán (PAN) para el periodo de 2007-2012.

Por otra parte, es pertinente tomar nota de que los actores citados son los personajes a los cuales la tarea periodística les otorga la condición de informante o fuente para sustentar las palabras recogidas por la entrevista común. En este sentido, es evidente que quienes mayor citación tuvieron fueron los gobernantes en turno (de las 748 notas, 240 fueron para ERA; 115 para HTT; 109 para AGA y 184 para EEW), en mucha menor proporción los diputados de cada partido y los secretarios de estado del gobierno federal que acudían al informe como representantes del presidente de la República. Esto se entiende dado que el informe anual de gobierno se presentó o entregó por el ejecutivo estatal ante la Cámara de Diputados del estado, y son los diputados quienes tienen la opinión al respecto del documento que entrega el mandatario en turno. Así se observa en el cuadro 4 (ver también el anexo 11. Personajes).

Desde una perspectiva diferente, existe un tema sustancial que cobró enorme vigencia a partir de las condiciones sociales y económicas en que se desenvuelve la sociedad contemporánea: los derechos humanos. Ante este campo de lucha, para usar la expresión de Bourdieu, tanto los sujetos como el propio Estado tienen atribuciones y obligaciones que cumplir. Los derechos humanos están consagrados por la ONU en su declaración de 1948, que en su artículo Primero establece: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (ONU, 2007).

Pero la realidad, como suele suceder en estos casos, se comporta de manera diferente al pronunciamiento oficial. Al respecto, el informante núm. 3, con su experiencia de varios años de trabajo al interior de las ONG, opina que:

El Estado se ha desatendido de los problemas sociales, como salud, vivienda, educación, adicciones, problemas de conducta, y deja esto a la sociedad civil, pero sin recursos, y abandona a los grupos a una condición muy vulnerable. Un ejemplo es el “Oasis del Amor”, organización que atiende a los migrantes y que tuvo que cerrar sus instalaciones por falta de recursos. Ante estas situaciones, el Estado no ha tenido una política de derechos humanos capaz de atender los problemas sociales, y prueba de ello es que ni siquiera la instancia local para atender estos asuntos cuenta con las condiciones necesarias (la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California). De acuerdo con recientes declaraciones de su titular, señaló que la partida que el congreso local le destinó no le alcanza ni para pagar los sueldos de los empleados de esa dependencia.

Coincidente con esta apreciación, y desde la perspectiva del académico y analista de la realidad social, el informante núm. 4 reconoce la incapacidad de avanzar más allá de soluciones a corto plazo y de alcance sexenal:

Los derechos humanos es un tema pendiente en el estado, es un asunto de sobrevivencia, pero creo que no se hace lo suficiente; por ejemplo, los migrantes, los mecanismos que se tiene para defender a los que deportan como hombres, niños y mujeres, que es algo en lo que se hace muy poco, a los que han herido y asesinado o torturado, no es tan efectiva la respuesta de la Procuraduría [de Derechos Humanos], sólo son extrañamientos o una recomendación, pero no se da el paso para solucionar. En el valle de Mexicali se violan los derechos de los niños jornaleros, y sólo han colocando guarderías o escuelas como alternativa de solución; otro caso son los niños de la calle y creo que se hace muy poco por organismos como el DIF. No hay un plan a largo plazo que pueda proteger las libertades y los derechos de niños y mujeres. En este tenor está el tema de la prostitución o la violencia intrafamiliar.

Entorno al tema, pero crítico con el actuar de dichas organizaciones, el informante nú,. 5 plantea que la atención de las ONG a los derechos humanos son una muestra de la importancia de este tema:

Hemos avanzado en ese sentido porque ahí están, es un espacio al que se puede acudir; no son lo que debieran ser como en otros países; y no creo que deban crecer en términos numéricos y presupuestales, pues no hacen un trabajo relevante.

Ante el escenario de agresiones a la integridad física y violaciones a los derechos individuales y sociales, ¿hay alguna alternativa para que la ciudadanía sea escuchada en sus demandas? O en el ámbito de su participación ciudadana para asuntos de agenda política, ¿existen mecanismos para impulsar una mayor presencia del ciudadano en la toma de decisiones? Una de las respuestas, en particular para los temas políticos pudo ser la Ley de Participación Ciudadana, aprobada por el congreso local el 18 de enero de 2001 y publicada en el Periódico Oficial de Baja California el 16 de febrero de ese mismo año, último del gobierno de Alejandro González Alcocer.

Dicha ley tiene por objeto “el fomentar, impulsar, promover, consolidar y establecer los instrumentos y mecanismos que permitan regular el proceso democrático de participación ciudadana en el ámbito de competencia del Estado y de los municipios” (Congreso del Estado de Baja California, 2001:1), y refiere que los principios rectores de la participación ciudadana son la libertad, la democracia, la corresponsabilidad, la solidaridad, el bien general, la subsidiariedad, la legalidad, la sustentabilidad y la equidad. Para ello, propone tres mecanismos de participación: plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana.

Para el plebiscito, este consultará a los ciudadanos para su aprobación y rechazo en caso de actos del ejecutivo, ayuntamiento o congreso y podrán solicitarlo las tres figuras anteriores. En el caso de los ciudadanos, cuando estos “representen cuando menos el 1% de los electores de la lista nominal, o en su caso, la correspondiente al municipio respectivo, cuando los efectos del acto se circunscriban sólo a uno de estos (Congreso del Estado de Baja California, 2001: 4).

El referéndum tiene por objeto la aprobación o rechazo de modificaciones a la Constitución del Estado y podrá ser solicitado por “el Gobernador, los ayuntamiento y los ciudadanos que representen cuando menos el 2.5% de la Lista Nominal” (Congreso del Estado de Baja California, 2001: 5). Finalmente, en el caso de la iniciativa ciudadana, representa el mecanismo mediante el cual los ciudadanos bajacalifornianos podrán presentar al congreso del estado proyectos de creación, modificación, reforma, adición derogación o abrogación de Leyes o Decretos. Para estos se requerirá, según el artículo 72 de dicha Ley que: “I.- Se compruebe fehacientemente, que la misma se encuentra apoyada por un mínimo de 1 000 ciudadanos de la Lista Nominal, mediante los nombres, firmas y claves de las credenciales estatales de elector de los promoventes; II.- Se especifique que se trata de una Iniciativa, la cual contenga al menos exposición de motivos y articulado; III.- Se refiera a la competencia del Congreso del Estado, y IV.- Se nombre a un representante común, al cual el Congreso del Estado informará sobre la aceptación o rechazo de la misma, señalando las causas y fundamentos jurídicos en los que se basa la decisión” (Congreso del Estado de Baja California, 2001: 19).

Como se observa en las características de los elementos que contiene dicha Ley para promover la participación ciudadana, nada está más lejano de alentar, promover o favorecer que los ciudadanos puedan opinar, decidir o proponer nuevas iniciativas que mejoren los espacios públicos en los cuales debe ser escuchada su opinión.

Las reacciones a la promulgación de la Ley fueron de beneplácito tanto por el gobernador AGA como por los partidos políticos y sus grupos más representativos (ver anexo 12. El Mexicano, Fue aprobada la Ley de Participación Ciudadana; La Voz de la Frontera, Encomian panistas Ley de Participación Ciudadana; La Voz de la Frontera, Encomia GPLC la Ley de Participación ciudadana; La Voz de la Frontera, Satisface al gobernador aprobación de la Ley de Participación Ciudadana), sin embargo, los empresarios, a través del presidente de la Coparmex-Mexicali, consideraron que era perfectible dicha Ley y sugirieron que habría que trabajar aún más para perfeccionar la democracia representativa, pues “ni los partidos políticos ni el gobierno representan todos los legítimos intereses de la sociedad [...] quedan muchos temas pendientes [...]como las candidaturas independientes, la eliminación gradual de los mecanismos de protección excesiva del Estado a los partidos políticos y las inequidades en la competencia partidista” (García, 2001: 3).

¿Y la ciudadanía? Probablemente no se enteró de que esta Ley planteaba nuevos escenarios para su participación en política, pero acotada a determinadas normatividades jurídicas.

¿Cuáles fueron las opiniones de los informantes consultados? Coincidente con la apreciación del carácter burocrático de dicha Ley, el informante núm. 1 aclaró que: “esta ley abrió mayores espacios de participación ciudadana, pero al mismo tiempo sirvió para acotar a esta mediante procesos jurídicos y burocráticos donde sólo las organizaciones bien estructuradas y, por lo tanto, conocedoras ya de las marañas políticas y partidistas, supieron aprovechar más que la simple ciudadanía a pie y sin respaldos”.

Particularmente se preguntó al informante núm. 5, por ser diputado y tener una amplia experiencia política y parlamentaria, su opinión sobre la promulgación de tal ordenamiento jurídico.

En Baja California se aprobó la Ley de Participación Ciudadana, pero es a pesar del gobierno, incluso el gobierno le puso una trampa fundamental, pues obliga a que en los procesos electorales no pueda haber una solicitud de referéndum y plebiscito; cuando todo el mundo quería que cuando hubiera elecciones se aplicara, y la Ley dice que no se puede hacer cuando hay un año electoral. El gobierno no apoyó, a pesar del gobierno se dio esta ley, no es que quiera quitarle méritos a los gobiernos panistas, pero finalmente estos son proyectos impulsados por otros grupos o partidos o la sociedad en su conjunto, pero no son logros del gobierno en turno.

El gobernador González Alcocer manifestó su beneplácito por la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana y se congratuló que con tal acuerdo la entidad se ponía a la vanguardia nacional en materia de civilidad y acuerdos políticos (Jiménez, 2001).

Por su parte, el informante núm. 4 planteó que, desde el punto de vista jurídico, es un avance contar con una ley de esta naturaleza, siempre y cuando sean correctamente aplicados los mecanismos que impulsen la participación ciudadana:

Me parece que elevar a rango de Ley la participación ciudadana es importante y el peligro es que se institucionalice y quede estéril la aplicación, la participación ciudadana es un mecanismo de legitimación, aunque no haya una aportación sustantiva. En los foros, como el caso de los empresarios, que se organizaron con este objeto, participaron el presidente municipal, se tomaron fotos y se fueron todos, [entonces] lo que hay que mejorar son los mecanismos de participación. La participación como tal está ahí, elevada a rango de Ley, pero hay que ver que los mecanismos hagan efectiva la participación ciudadana, pues si no, sólo sirven para que los políticos digan que hicimos tantos foros, tantas consultas populares, pero si los van hacer así, sólo para tomarse la foto...

La participación ciudadana constituye una política pública que los gobiernos de México, en los últimos años, han procurado atender en función de las condiciones en las cuales la democracia debe ser construida. De ahí que la propia Ley responde a directrices nacionales, y les corresponde a las entidades federativas crear su propia legislación al respecto.

Por tal motivo, las políticas públicas deben ser entendidas como las acciones programáticas del Estado en respuesta a situaciones concretas, pero también como respuesta de la sociedad a las acciones gubernamentales. Las políticas públicas contienen elementos de decisión gubernamental impuestos por sus actores, designan un cuadro de acción específica, afectan a un cierto número de individuos o grupos y pretenden lograr objetivos que satisfagan intereses públicos (Bolívar, 1996).

En este sentido, la configuración de las políticas públicas tiene la intención de promover que los gobiernos sean capaces de acceder a estadios de democracia mediante la apertura de los espacios públicos, en los cuales la ciudadanía disfrute de posibilidades reales de participar de las decisiones. De esta manera, la complejidad de las actuales condiciones sociopolíticas provoca que la democracia tenga dos adversarios: por un lado, se le opone el gobierno de la arbitrariedad, que puede ser denominado: tiranía, dictadura o totalitarismo y, por el otro, está el exceso de democracia que, en este caso, se manifiesta por el poder del pueblo o de las mayorías que desafían los principios del buen gobierno. Esta intensidad democrática lleva al buen gobierno democrático a tratar de controlar este exceso de vitalidad democrática.

Rancière (2006: 136) reflexiona sobre la democracia desde la siguiente perspectiva: “La democracia no es ni esa forma de gobierno que permite a la oligarquía reinar en nombre del pueblo ni esa forma de sociedad regida por el poder de la mercancía. Es la acción que sin cesar arranca a los gobiernos oligárquicos el monopolio de la vida pública, y a la riqueza, la omnipotencia sobre las vidas” .

Así, la democracia se debate en nuestros tiempos entre la naturaleza de conducir espacios públicos de participación de la cosa social, y las naturales tensiones del capitalismo y del Estado oligárquico, mismas que quieren conducir a la res publica hacia sus intereses y no conceder espacios a la sociedad para su expresión.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN/OPINIÓN PÚBLICA

Uno de los aspectos sustanciales en la conformación del espacio público es el libre ejercicio de la opinión pública. En este aspecto se debe apuntar que opinión pública y democracia tienen fincada una sólida relación, desde la perspectiva de Adorno (2004), en la condición del derecho democrático a la libertad de expresión de la propia opinión y, con ello, el ciudadano puede razonar que están dadas esas condiciones y resultarle pensable la democracia.

Al respecto, y desde una postura crítica, se considera que los ciudadanos, en tanto informantes de su realidad subjetivizada, participan de una noción de la realidad que no siempre corresponde con el aporte a la opinión pública de organizaciones y grupos que detentan el poder como espacios de expresión, de necesidades y problemas y ámbitos de conformación de necesidades legitimadas, que no legítimas.

En este mismo sentido se expresan autores, como Bourdieu (1990) y Habermas (1986), entorno a la conformación de la opinión pública y la mediación de los MCM, cuya contribución a la construcción de un imaginario colectivo no es siempre coincidente con el mundo de vida de la ciudadanía.

En este sentido, una de las tareas políticas de la opinión pública es la regulación de la sociedad civil, de tal forma que esta opera desde la intimidad del espacio privado y de ahí su carácter polémico y privado. La opinión pública trasciende desde lo privado para aportar la expresión de la sociedad civil, y ahí es donde aparece el carácter regulador de la propia opinión pública, “vehiculada” por los medios de comunicación masiva (Habermas, 1986).

Coincidentes con esta apreciación, Golding y Murdock (1990) citan un ensayo de T.H. Marshall intitulado Ciudadanía y clase social, en cuyo contenido se proponen tres dimensiones para la actuación de la ciudadanía en un entorno de opinión pública: 1) la civil, que corresponde a las libertades de expresión, pensamiento, religión y derecho a la propiedad; 2) los derechos políticos para los ciudadanos que conciernen a las condiciones de participación en el ejercicio del poder político, y 3) los derechos sociales, que aseguran un nivel mínimo de vida y bienestar para todos, incluyendo el derecho a la información.

Los autores señalan que la postura de Marshall extiende los derechos de los ciudadanos no sólo a su participación política, sino a las condiciones en que esta se debe dar, lo cual representa una ampliación del concepto de ciudadanía y, a la vez, simboliza que el derecho a la información se convierte en un requisito indispensable para una sociedad que considera a sus miembros como verdaderos ciudadanos en pleno goce de sus derechos, tal como lo refiere Bovero (1995) y Dahl (2002) en las condiciones para la presencia de la poliarquía.

Sin embargo, la realidad indica que la tarea de los medios y los periodistas tampoco es fácil ante las diferentes amenazas que sustenta la labor de informar de los aconteceres significativos para la conformación de la opinión pública. Para la Unesco, en la última década han muerto más de 1 200 periodistas en diferentes situaciones, las más de ellas por desempeñar sus tareas en zonas de conflicto armado, pero también por denunciar a las mafias del narcotráfico, la corrupción de los grupos policíacos o los actos de los poderosos. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, murieron asesinados 64 periodistas y 2007 fue el año del mayor número de atentados en contra de ellos (Periodistas-es.org, 2007).

Una muestra de lo que ocurre en América Latina, y particularmente en México, fue la declaración de José Santiago Healy, poco después avalada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en 2007, al referir que “México se convirtió de pronto en el país más violento y riesgoso para el ejercicio del periodismo en América y en el segundo en el nivel mundial después de Iraq. Por años este incómodo título le correspondió a Colombia, poco antes a Brasil y durante los años setenta a los países centroamericanos que sufrieron cruentas guerras civiles” (Periodistas-es.org, 2007). O el dato de que desde 1997 a la fecha no se ha resuelto ninguno de los casos de los 69 periodistas asesinados ni las 11 desapariciones de informadores en junio de 2008, de acuerdo con información de la SIP (Periodistas-es.org, 2007), lo cual hace del periodismo una profesión que, según las condiciones laborales y el campo de investigación, altamente peligrosa para quienes se atreven a develar las entretelas del poder o del crimen organizado y, por consecuencia, una labor cargada de intereses que pone en entredicho la libertad de prensa y la denuncia de atropellos, abusos y excesos de los poderosos.

Nuevamente se propone a la relación de medios y opinión pública como un campo desde la perspectiva de Bourdieu, pues en ellos se conjuga por una parte la mediación de la cultura, transformada por los medios en un objeto de consumo y reconformación de lo social y, en otro ángulo, la opinión pública que opera como conductor de la legitimación de la voluntad de los grupos que detentan el poder, cualquiera que este sea.

Un enfoque teórico propuesto por Althusser (1970), y que prevaleció desde una determinada perspectiva teórica, fue el considerar a los medios como aparatos ideológicos del Estado, pero fue replanteado por Bourdieu (2005) para proponer que la escuela, el Estado, la iglesia, los partidos políticos o los medios no son aparatos sino campos; en ellos, los agentes y las instituciones luchan constantemente de acuerdo con las reglas del juego con distintos grados de fuerza, y de éxito, por apropiarse de los productos específicos que están en disputa.

En este caso, lo que está en disputa es legitimar el modelo de sociedad de consumo que se impone desde la hegemonía económica y lograr el consenso para la toma de decisiones legitimadoras de lo político. De tal forma que los medios tienen por finalidad reproducir representaciones colectivas estables. Es decir que los relatos de la realidad transmitida por los MCM están interesados en lo que permanece, más que en lo que cambia de la realidad.

¿Qué realidad, particularmente la política, reproducían los medios bajacalifornianos al informar de los hechos para sus audiencias durante los últimos 18 años de gobierno panista? Al respecto, el informante núm. 4 refiere que:

Hay que replantear el papel que tienen los MCM en la cuestión de la democracia y el papel independiente de estos. Sabemos que cuando ocurrió la transición en 1989, había medios que estaban relacionados con los gobernantes en turno y sólo el Zeta era independiente [...] Esto implicó un cambio importante en los medios, pues la imparcialidad y objetividad tienen que ver con los intereses que se están jugando. Los medios están muy limitados en cuanto a la apertura, pues sirven a los intereses de la empresa. Entonces, los medios independientes realmente son muy pocos y tienen escasa cobertura [...] En los últimos años hay una tendencia de los medios a identificarse con uno u otro partido; en las últimas elecciones se sabía qué periódico estaba con un partido u otro, así los medios no colaboran con la democracia, puesto que mientras no haya información alterna, como lo sugiere Dahl, hay un oficialismo, y para ello hay que redefinir el papel de los medios, y en la medida que no haya una independencia de ellos esto no ayudará a la democracia.

Para Habermas (2005), los MCM deben entenderse como mandatarios de un público ilustrado, con disponibilidad de aprender y capacidad crítica, cuya independencia respecto de otros actores sociales y políticos deben de preservar y de hacer suyos —de manera imparcial— los intereses, preocupaciones y temas del público, para que a la luz de esos temas, se exponga el proceso político a una crítica reforzada y a una coerción que lo empuje a legitimarse.

Sin embargo, al poder personificado en los gobernantes no le gusta que lo critiquen, y para ello trata de ocultar los hechos, ya sea censurando o confiscando la información de los medios, tal es el caso de las acciones que van en detrimento de las libertades de expresión, como el siguiente ejemplo publicado en la página Web de Periodistas-es, que informó el 15 de noviembre de 2007 que “la compra de ejemplares impidió que la edición 1617 de la revista Proceso, del 28 de octubre de 2007 circulara normalmente en el estado de Guanajuato en el centro del país. En su portada, la publicación incluyó el reportaje titulado Las torres de los Bribiesca, que consigna información sobre los negocios de la ex primera dama Marta Sahagún y sus hijos con un empresario local” (Periodistas-es.org, 2007).

Así, los medios se convierten en uno de los mecanismos perfeccionados del poder ya sea económico o político, para construir condiciones de consenso o rechazo, según el caso, a los distintos aconteceres que se expresan en el espacio público, en clara violación a las propias regulaciones sobre la libertad de prensa y de opinión ciudadana. Con ello, las libertades sociales se ven acotadas por los intereses reguladores que ocultan o disimulan las grandes desigualdades o necesidades de la ciudadanía, que a su vez limitan o reorientan la participación de aquella en la toma de decisiones en la política.

Además, la conformación de la opinión pública conducida por los MCM tiene una importancia vital para la constitución del consenso en los gobiernos, cualesquiera que sean su signo. Por tal motivo, es importante deconstruir el carácter constitutivo de los medios.

Para Martín Barbero (1992), la importancia social de los medios de comunicación en América Latina es desproporcionada, y provendría del desarrollo tecnológico que poseen, pero sobre todo de la concesión a la importancia social que las estructuras de poder le otorgan. Esta desmesura es proporcional a la ausencia en el discurso de la política y en el discurso de la cultura oficial, de las dimensiones claves de la vida y modos de sentir de las mayorías, pero también a la ausencia de espacios de expresión y negociación de los conflictos, a la pérdida de capacidad de representación de las instituciones políticas que pronuncian discursos que no reflejan las transformación diaria de la sociedad a la que representa.

Coincidente con esta apreciación que proviene de la referencialidad del análisis teórico, el informante núm. 2, como periodista, ejerce una autoevaluación de los medios locales en cuanto a sus características y al propio ejercicio periodístico bajacaliforniano:

Los medios se han quedado atrás, crecieron, pero la calidad no mejoró, lo deseable fuera que a mayor cantidad de medios hubiera una mayor calidad en los contenidos. La apuesta por la calidad periodística, por la capacitación del periodista no es total, son pocos los medios que capacitan a su gente. El propio gobierno se ha encargado de coptar los espacios vía encantamiento publicitario [...], en la radio, por ejemplo, prevalece la lectura de periódicos, por su parte la televisión ha crecido en competencia y dejó atrás la época de lectura de los boletines [...] Hay más medios, más competencia en el terreno de la información, en los medios impresos... por ejemplo, en La Crónica tenemos un consejo ciudadano de lectores que nos retroalimenta de cómo vamos. Está La Voz y El Mexicano con su forma de hacer periodismo como en los ochenta y les ha funcionado, pues siguen esa ruta de negocio. Al periodismo hay que apostarle, aunque te enfrentas a bloqueos informativos publicitarios, boicots de distribución, y a hostigamientos [...] En general, los medios no participan del debate de los problemas públicos, salvo cuando ocurren las elecciones.

Si este es el escenario en el cual se desenvuelve el diarismo bajacaliforniano, entonces hay una enorme deuda de ellos para con la ciudadanía, pues para Habermas (2005), los productores de información, que podrían ser las grandes empresas de medios, logran imponerse con tanta fuerza a partir de distinguirse por su trabajo en el espacio público por las personas que lo realizan, por su capacidad técnica y por su profesionalismo.

Una crítica del mismo autor a los MCM entorno a la conformación de la agenda temática es que mientras los medios obtengan preferentemente en el espacio de la opinión pública su material de productores de información poderosos, mientras prefieran estrategias publicitarias que hagan bajar el nivel discursivo de la comunicación pública, en vez de elevarlo, los temas adoptarán, por lo general, una centralidad y quedarán gobernados aquellos productores informativos y no por un curso que provenga de la periferia social.

Es pertinente reconocer que en Baja California la mayoría de los diarios, así como los medios electrónicos son empresas privadas, y como tal responden a intereses comerciales para el logro de sus objetivos de informar y entretener, pero escasamente cumplir con su función social. Al respecto, se debe tomar en cuenta que las noticias se han convertido en una mercancía y la información periodística profesional obedece a las mismas leyes del mercado, a cuyo surgimiento debe ella su propia existencia.

La esencia misma de la información, considerada como noticia, plantea el requerimiento de un consumidor de dicho producto, es entonces cuando en una sociedad capitalista la noticia se ofrece como una mercancía usable, digerible y aprovechada por cierto tipo de consumidor.

Entonces, ¿cómo se ha logrado la relación entre el gobierno de Baja California y las empresas privadas de los medios en estos 18 años? y ¿de qué manera la sociedad expresa sus opiniones libremente y sin coerción en las páginas de los diarios?

Para el informante núm. 5, los medios en Baja California tienen la siguiente condición:

Hemos avanzado, los medios se han defendido y la sociedad les ha exigido y los medios publican las denuncias. En los medios sí hay debate, se puede decir cosas que antes no se podía; eso es cierto, pero también es cierto que los medios desinforman, hemos avanzado en un sentido y en otro retrocedimos.

Esta transformación del quehacer periodístico de los MCM bajacalifornianos obedece, entre otras razones, a la mutación del sistema social en el cual se desempeñaban, es decir, bajo el modelo de gobierno-partido del PRI. Al ocurrir la alternancia en el poder en 1989 sucede una liberalización de ciertos controles para el sistema de comunicación y la relación de interdependencia estructural entre el poder formal y los medios —en especial con la prensa— se alteró en principio, transitó por un periodo de entropía o desajuste y poco tiempo después retornó a ajustar sus mecanismos de control y operación de la construcción de la realidad con nuevas reglas no escritas de relaciones entre los medios y el poder político o económico (Ortiz, 2007).

Para el informante núm. 6, los MCM cumplen una función fundamental en materia política y social, pero también observa con atención el carácter independiente de los medios:

Son actores fundamentales junto con la ciudadanía y las instituciones encargadas del tema, hay un nivel muy elemental de los MCM en Baja California, ya que funcionan acorde con intereses políticos, difícilmente identificamos medios de comunicación independientes, y sus posiciones y expresiones de programas están al servicio de un grupo político y vemos cómo se ponen a sus órdenes, pues privilegian sus intereses, me parece que hay mucho que mejorar en ese sentido [... ] hay una polarización de los medios al servicio de intereses políticos y difícilmente hay un modesto periodista independiente, que es la excepción, pues en general están al servicio de las grandes corporaciones y de los grupos políticos.

Ahora bien, cabe preguntarse si en estos 18 años han cambiado las formas de privilegiar la noticia. Se informa periodísticamente de manera diferente sobre los actos de gobierno, como el informe anual que rinde el gobernador en turno, que es uno de los actos republicanos emblemáticos para enterar a la sociedad, por la vía de sus representantes, del logro de los objetivos que planteó el gobierno, según lo proclaman los planes de gobierno de cada administración en turno.

En este sentido, el cuadro 5 indica la cantidad de fuentes utilizadas por diario, y con ello se puede explicar la capacidad periodística del reportero para ampliar la información a partir de recabar opiniones de diferentes fuentes.

Este cuadro indica que hay un reiterado hábito de privilegiar la opinión de un solo informante (428), en detrimento de ofrecer distintas posturas u opiniones entorno a los aconteceres. Por otra parte, en ello también está implícito el formato del periódico, ya que un diario con pocas páginas de edición o un formato reducido es evidente que difícilmente publicará aquellas notas periodísticas que tengan más de tres o cuatro fuentes, por razones de espacio (que suele expresarse en número de caracteres para efectos de edición).

Habrá que hacer notar que en el cuadro anterior hay notas con fuente cero (0), estas corresponden a los géneros de opinión, las cuales pueden ser artículos de opinión o editoriales, dado que en algunos de estos formatos la redacción de las mismas no cita una fuente de manera específica, sino más bien expresa un juicio, comentario u opinión acerca de algún personaje. De aquí es notorio que La Voz de la Frontera le dedicó el mayor número de artículos o editoriales a los informes de gobierno en los cuatro sexenios, en comparación con los otros diarios.

Otro dato, no menor, se refiere a cuál es la fuente de información preferentemente consultada por los reporteros de los periódicos al publicar su nota, y con ello es notorio el carácter del oficio periodístico. De las 428 notas que tienen una sola fuente de información, 174 citan al gobernador del estado en turno. Es decir, 40.6% tienen como fuente primera la declaración del gobernador (ver anexo 13. Fuentes informativas). Si a ello le agregamos que de las 748 notas, 428 refieren a una sola fuente (57%), se puede coincidir con la apreciación del informante núm. 2 acerca de la preparación del periodista para relatar la realidad.

El uso de las fuentes no es un detalle menor, incluso los reporteros suelen dar un sólido valor a la calidad y, en algunos casos, a la cantidad de fuentes utilizadas para la elaboración de las noticias. Llegado el extremo, en casos muy particulares, las fuentes son los elementos de mayor celo y confidencialidad que un periodista puede tener. Un ejemplo de lo anterior se refiere al muy cuestionado tema de la seguridad de las fuentes y confidencialidad de los datos.

Lo anterior sucede cuando se publica una información relacionada con temas de seguridad o denuncia de atropellos o violaciones a los derechos sociales, entonces el periodista es obligado por un juez a denunciar a su fuente de información, igual sucede al ser vigilado por los servicios de seguridad del Estado en el desempeño de su trabajo periodístico.

Estos casos suceden en casi cualquier parte del mundo, como lo denuncia la siguiente información:

La justicia holandesa erró al encarcelar al periodista holandés Koen Voskuil, del diario gratuito Sp!ts, según un veredicto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, que ha examinado un caso del año 2000 por el que el reportero fue encarcelado por dos semanas tras negarse a revelar una fuente [...] El año pasado dos periodistas del diario De Telegraaf fueron también encarcelados porque se negaron a revelar una fuente. Este mes se comprobó que el Servicio Holandés de Inteligencia y Seguridad luz intervino durante años el teléfono de otro periodista (Periodistas-es.org, 2007).

Mientras haya censura, persecución o amenazas a los periodistas y a los propios medios, ya sea que provengan del Estado o de particulares, difícilmente se podrá hablar de una democracia en la cual la ciudadanía ejerce sus libertades sociales. Así lo entienden Golding y Murdok (1990: 56), al afirmar que “la comunicación y la información son condiciones centrales para el ejercicio de una ciudadanía total y efectiva en la época actual”. Por ende, los sistemas de información son instituciones públicas, cuya responsabilidad es proporcionar los recursos necesarios para el mejor desempeño de la ciudadanía en términos de información. Y esto compete tanto a empresas privadas como del Estado.

Finalmente, la comprensión del espacio público en el que se expresan los MCM y la carga ideológica que en la actual sociedad posmoderna han asumido, lleva a considerarlos como un elemento fundamental en la construcción del imaginario colectivo, cuyo actuar simbólico se orienta a transformar a la ciudadanía en público consumidor de realidades prefabricadas y acorde con la lógica del mercado y la globalización.

En la lógica de mercado, los recursos de comunicación no están organizados para el ejercicio de la ciudadanía, no al menos bajo la organización actual de los mercados de consumo. Según estas lógicas, los nuevos servicios de información y comunicación no están al servicio de las clases marginadas, o sólo tienen acceso a infraestructuras de ser vicios ineficientes o incompletos en términos de innovación tecnológica. Por ende, al quedar marginados de la posibilidad de acceso a los servicios de comunicación, Golding y Murdock (1990) señalan que no se obtiene una ciudadanía completa.

Como consecuencia de lo anterior, surge la necesidad de estudiar las tensiones entre los mercados y las promesas de ciudadanía completa, en términos de comunicación, particularmente en lo que se refiere a definir si son consumidores o ciudadanos. Por ende, la ciudadanía se convierte en una actividad menos colectiva y política, y sí más en una actividad individual y económica. Lo cual no agota las posibilidades de determinar el derecho a ser informados clara y suficientemente.

Por tal razón, se pueden observar los rasgos de la constitución de los MCM como un campo de fuerzas, ya que sus agentes (los empresarios y periodistas) participan del campo de manera fundamental y legitimada, a partir del reconocimiento de una determinada configuración de propiedades que se puede denominar capital específico. El campo participa de un círculo hermenéutico, pues para construir un campo se deben identificar las formas de capital específico que operan en su interior y, a su vez, para construir las formas de capital específico, se debe reconocer la lógica específica del campo (Bourdieu, 2005).

Por otra parte, la tarea de constitución de la opinión pública es aprovechada fundamentalmente por los políticos mediáticos que ocupan una posición desmesurada de importancia y que gozan de un prestigio considerable —especialmente ante los periodistas— a los que dominan estructuralmente. Este género de políticos se mueve fuertemente en un espacio público que busca referenciarse por su visibilidad y no por su discurso.

Cierto que la visibilidad en política plantea diversos dilemas para el quehacer político y para la asunción de la realidad social. Thompson (1993: 180) afirma que “gracias a los media, son fundamentalmente aquellos que ejercen el poder, en vez de aquellos sobre los que se ejerce el poder, quienes quedan sujetos a cierto tipo de visibilidad”. Es decir que la visibilidad de los actos de poder de quienes lo ejercen es cada vez más propiedad pública de un mayor número de receptores gracias a la intermediación de los medios.

Así pues, en las condiciones sociales y políticas actuales, los políticos de las sociedades demócratas desde finales del siglo XX no tienen más alternativa que la de actuar públicamente ante este fenómeno de la visibilidad, cada vez más compulsivo, que poseen los medios.

Por otra parte, la administración de la visibilidad a través de los medios es una actividad permanente de la política y de los políticos en situaciones como las campañas electorales y, en los gobernantes, en su actuación cotidiana de gobernar. Ello obedece a que los actos de gobierno requieren de la toma de decisiones acerca de lo que es necesario hacer público, a quién y cómo.

Thompson (ibid.: 185) refiere que “en las sociedades donde los media no están bajo el control directo del Estado, la tarea de dirigir la visibilidad de los líderes políticos consiste en controlar de manera indirecta, confiando menos en la censura abierta que en la cooperación mutua, el acceso y la autocensura de las organizaciones de noticias que tiene algo que ganar adoptando una actitud conciliadora”.

El fenómeno de la visibilidad ampliada por los medios representa para los líderes políticos un problema de difícil control, debido a la proliferación de los MCM en el mundo moderno. Luego entonces, el ejercicio del poder político tiene lugar en un espacio más abierto a la mirada pública. Por tal motivo, los políticos experimentados tratan de restringir su propia visibilidad y de acciones en las cuales corran el riesgo de ser responsabilizados públicamente.

Esta visibilidad del ejercicio público del poder provoca actos de gobierno cada vez más abiertos y explicables para la ciudadanía, pero también el carácter incontrolado de la visibilidad mediática conduce al riesgo de una fragilidad en el comportamiento político, como las conductas inmorales de sus gobernantes o gobiernos castigados por los escándalos.

Estas condiciones debilitan al gobierno, paralizan su política y alientan la sospecha de los ciudadanos sobre sus gobernantes y las instituciones establecidas para el ejercicio de la política, como los partidos y el gobierno. El riesgo es el surgimiento de líderes mesiánicos y demagogos que parecen ajenos a los escándalos y turbios manejos de los políticos profesionales.

Esta visibilidad del poder político está sujeta a un escrutinio global que antes no existía, pero que los MCM han impulsado. Los receptores pueden presenciar acontecimientos de cualquier parte del mundo. Desde luego, estos no poseen el control de su propio campo de visión, ya que este se encuentra estructurado por las organizaciones mediáticas y la estructura técnica de la información.

Estos campos globales de visión representan “un significativo desarrollo histórico, ya que eso significa no sólo que los líderes políticos ahora deben actuar en una arena abierta a las miradas a escala global, sino también que los receptores son capaces de ver y tener experiencias que suceden a individuos distantes y de vivir acontecimientos de manera imposible anteriormente” (Thompson, 1993: 197).

Paradójicamente, los MCM ofrecen una cara oculta de control y dominio de la esfera pública mediante actos que ponen en entredicho las libertades sociales de los ciudadanos, y en el menor de los males, trastocan las pautas de comportamiento ciudadano, al ofrecer escenarios preconstruidos de acuerdo con los intereses del modelo de economía prevalecientes. A la par, esta visibilidad pone de manifiesto el actuar de los gobernantes en el ejercicio del poder y son sus actos, por la propia naturaleza de ser públicos, los que reciben mayor carga mediática y que demuestran la naturaleza descarnada del poder político.

Cabe preguntarse si serán los medios de comunicación masiva las nuevas plazas en las cuales se solventará el tejido social y si se constituirán en los prototipos de espacios públicos que ejercerá la ciudadanía del siglo XXI. Probablemente, la respuesta provenga de la ciudadanía y seguramente esta emanará de su intersubjetividad, ya que como lo indica Rodríguez (2007: 3), citando a Habermas, los medios de comunicación, con su carga tecnificada, no afectarán el mundo de vida, así “el mundo de la vida queda a buen resguardo”.

[20] Estos nombres corresponden al mismo diario, sólo que en periodos diferentes.

[21] Se advierte que en la redacción de los diálogos han sido corregidas algunas imprecisiones, producto de la instantaneidad de la expresión verbal, pero se cuidó de preservar el sentido de la idea manifestada por el informante.

[22] Para Martín Serrano (1989: 52), acontecer es “un emergente que como consecuencia de su ocurrencia (o no ocurrencia), afecta y puede afectar a un grupo social concreto, durante el periodo de tiempo que es objeto de observaciones”.

[23] Se refiere a Rodolfo Valdez Gutiérrez, en ese momento secretario de Gobierno, y alcalde de Mexicali en el periodo 2007-2010.

[24] Las cursivas son del autor.

[25] Para comprender mejor el concepto de cultura política, Dahl (2002: 150) ofrece su definición: “el sistema de creencias políticas empíricas, símbolos expresivos y valores que caracterizan la situación donde la acción se desenvuelve”. Sin embargo, en la sociedad posmoderna se habla de una nueva cultura política (NCP) y se refiere al desarrollo de nuevas reglas del juego político y al surgimiento de diferentes demandas y temas sociales por parte de la ciudadanía (Navarro, 2007).

[26] Las cursivas son del autor.

CONCLUSIONES

Pretender concluir sobre un tema como la realidad social, enmarcada por la referencialidad de constructos de las dimensiones de espacio público, Estado, ciudadanía y democracia, parece un acto de soberbia o de audacia intelectual. Después del amplio y productivo recorrido entorno a dichos conceptos y su relación con la realidad de Baja California, la pretensión de este capítulo es aportar algunas consideraciones seminales de las que se pueda partir para continuar con la observación del comportamiento de la ciudadanía dentro de los espacios públicos que esta misma ha logrado construir, y de aquellos que el Estado pretende que sean utilizados para vehicular la voluntad ciudadana.

Por lo mismo, los elementos que se aportan son tributarios de dos procesos que se entrelazan. Por una parte, una teoría que propone un pensamiento crítico para escudriñar aquellas explicaciones de esa realidad, en la cual la sociedad posmoderna participa del todo social y, desde otro ángulo, de una empírea que aporta luces sobre cómo los ciudadanos, en particular los bajacalifornianos, acogen y reconforman su propia intersubjetividad para poder desenvolverse ante la tensión surgida del conflicto entre sus valores ciudadanos, un Estado cuyo gobierno por 18 años es hegemónico —de un sólo partido e ideología—, que le demanda su colaboración pasiva, a la vez que reconoce la legitimación de su mandato, y de un modelo de mercado neoliberal que le conduce —desde un comportamiento alejado de cualquier responsabilidad ciudadana— hacia una sociedad que no se siente comprometida con una democracia participativa.

Espacio público, Estado, ciudadanía y democracia son conceptos —y a su vez categorías— inmersos en una relación de interdependencia; de tal forma que la existencia y desarrollo de cada uno de estos conceptos implica afectaciones que en ocasiones se manifiestan de manera simultánea y, en otras, en diferentes momentos históricos. Es decir, la alteridad de uno impacta a los otros, y viceversa, sin embargo, todos demandan autonomía para su manifestación social y, por consiguiente, su estudio y análisis.

Para articular estos postulados y contribuir con aportaciones al tema, se abren tres ejes de desarrollo temático que a su vez se corresponden con las categorías trabajadas en el capítulo anterior y corresponden al Estado/gobierno, ciudadanía/sociedad civil y medios de comunicación/opinión pública.

ESTADO/GOBIERNO

La propuesta de utilizar la teoría crítica para el desarrollo epistemológico de la investigación permite reconocer los postulados de las relaciones histórico-sociales entre espacio público, Estado, ciudadanía y democracia, con el fin de dotar de un basamento a la realidad social que se aborda, como es el fenómeno del quehacer de la política gubernamental y la ciudadanía en Baja California de 1989 a 2007.

En la permanente transformación de lo público y lo privado, y su creciente fusión, surge un espacio repolitizado que mezcla los ámbitos estatalizados de la sociedad y los socializados del Estado, y lo público es relevado por la tarea de las instituciones como las asociaciones —personas privadas organizadas colectivamente y que intentan configurarse políticamente de modo directo— o por partidos convertidos en órganos del poder público que se sitúan por encima de la vida pública (Habermas, 1986).

El Estado-nación moderno atraviesa por una de las más grandes crisis que ha enfrentado desde que en el siglo XVIII se constituyó como tal, pues ante el embate del mercado y la fuerte impronta neoliberal que impacta a la sociedad, es evidente la ineficacia en la gestión de ciertos gobiernos ante las condiciones de la globalidad del modelo de economía neoliberal. Esto refuerza el discurso de los defensores del Estado-mínimo, la reducción de sus dimensiones se presenta como fundamental para resolver los problemas de un sector público tensionado por la presión de su incapacidad para enfrentar sus propias debilidades.

Durante la existencia del Estado de bienestar, este se encarga de atender las demandas ciudadanas, mismas que provenían desde el espacio privado, que es aquel en el cual los intereses de los ciudadanos se ven tensionados por la referencia socioeconómica o de seguridad para sus bienes. Al retiro o disminución de la presencia de ese modelo de Estado, el mundo de vida de los individuos se reconforma para asumir nuevos roles que le permiten ajustar su intersubjetividad a las condiciones actuantes.

Lo público, que solía estar representado por el Estado y su función armonizadora y legitimadora del poder, ya no se corresponde con las condiciones en que la ciudadanía espera que sean resueltas sus demandas, de ahí el surgimiento de explosivas manifestaciones, protestas y huelgas de distintos grupos (maestros, obreros, campesinos, indígenas y estudiantes) que suceden frecuentemente en Latinoamérica. Sectores sociales desplazados del bienestar común que exigen recuperar los niveles mínimos de subsistencia y equidad social.

De suma importancia es la consolidación de un Estado que sea consecuente con su naturaleza ontológica, y que se corresponda con la creación de condiciones en las que el ciudadano se piense como parte fundamental de su estructura, por ello Habermas (2006: 209) propone que “La fuerza del Estado democrático constitucional yace precisamente en su habilidad para cerrar brechas de la integración social mediante la participación política de sus ciudadanos”.

A partir del arribo de la alternancia política en México, los gobiernos estatales (Ernesto Ruffo en 1989) o federal (Vicente Fox en el 2000 y Felipe Calderón en 2006), dirigentes y clase política identificada con el Partido Acción Nacional han transitado de una opción política caracterizada por su apertura al cambio y a la transformación de las instituciones sociales, económicas y políticas, producto de la voluntad de la sociedad, a gobiernos que han reconstituido el poder político a favor de sus intereses, pero con un discurso soportado sobre la democratización de la vida social.

Sin dejar de reconocer los avances en materia electoral y la apertura a las opciones políticas diversas, una de las explicaciones de lo que sucede en el México contemporáneo podría ser que el país es producto de la tensión entre un proceso de cambio de un sistema de organización del poder caduco, deslegitimado e inviable políticamente y, por otra parte, el probable surgimiento de un nuevo sistema democrático al cual la sociedad mexicana le demanda mayores espacios de pluralidad política.

La transición política en México debe trascender a procesos más democráticos de elecciones y transparencia de la actuación de las autoridades electorales, tanto federales como estatales, además de un gobierno más sensible a la participación de partidos de oposición que coadyuven en la gobernabilidad del país.

México está en el proceso de construir una democracia política formal que dará paso a una democracia consensuada y ciudadana, constituida por el respeto cabal del orden jurídico, la gobernabilidad, la eliminación de las desigualdades sociales y la autoestima colectiva.

El tema del estudio y análisis de la conformación del espacio público en Baja California (1989-2007) representa la oportunidad de reflexionar sobre sus manifestaciones y evolución en la sociedad contemporánea mexicana. Resulta de mayor interés abordar una contextualidad fronteriza, ya que esta aporta una riqueza de escenarios para el análisis desde distintos referentes.

El triunfo de Ernesto Ruffo Appel como gobernador de Baja California en 1989 canceló la idea de que la existencia de un gobernador estatal que no perteneciera a las filas del PRI ponía en riesgo la estabilidad social de la Nación. Esto se confirmaría 11 años después con el triunfo de Vicente Fox.

El análisis que se desprende del primer proceso de alternancia política en Baja California, y en México, es que el solo cambio de gobierno no es garantía de una democratización de las instituciones, como lo indica Espinoza (1998: 52): “no basta con el cambio de partido en el gobierno para garantizar una transformación sustantiva en el terreno de la democracia social. Con ser importantes los cambios que ha traído se localizan preferentemente en el terreno electoral. Ello es sano para la democracia política; falta, sin embargo, su correlato en las formas de gobierno y en la democratización social”.

En el periodo 1989-2007, el PAN demostró reiteradamente un desinterés por la política social, y se ha acomodado más a un estilo personal de gobernar que a la consecución de proyectos de gobierno que le permitan plantearse políticas públicas de mediano y largo plazo. Por otra parte, en su relación con la sociedad bajacaliforniana privilegió —sólo en el discurso— una doctrina de libertad y libre participación ciudadana, muy coherente con su sentido de humanismo político como filosofía orientadora, pero su práctica política demuestra que ha limitado los cauces para la expresión de la misma.

El PAN, al arribar al poder en Baja California, se ha constituido en un grupo que no está dispuesto a renunciar a gobernar. Para ello, trata de consolidar su modelo político y mantener la hegemonía de su ideología conservadora.

Habermas (2006: 21) plantea que “los seres humanos aprendemos unos de los otros. Y eso sólo es posible en el espacio público de un medio cultural estimulante”. Este concepto, trasladado al contexto de la naciente alternancia política bajacaliforniana, implicaría que si el espacio público fue o es lo suficientemente democrático, sería posible que los nuevos ciudadanos o las generaciones jóvenes se formaran en un comportamiento típico de democracias consolidadas. Por tanto, un espacio público que se restringe o acota, difícilmente podrá impulsar tanto prácticas ciudadanas democráticas como actuaciones de gobernantes que favorezcan la participación de la ciudadanía como ejercicio democrático.

En los primeros años del incipiente gobierno de origen panista en Baja California, si bien en el espacio público se manifestaba la confianza del ciudadano en las instituciones, la incertidumbre sobre la buena administración estuvo presente ante las posibles deficiencias del régimen entrante. Así, también el gobierno de Ruffo Appel trajo aparejadas fuertes expectativas de un cambio democrático de las instituciones públicas.

En el caso de Baja California, la confianza se diluyó o nunca existió, ya que la actuación del gobierno y del partido que han ganado las contiendas electorales para gobernador en los últimos cuatro periodos asumieron, de manera hegemónica, el control político y poder, tratando de restar —por todos los medios posibles— las condiciones de competitividad de los otros contendientes políticos, acudiendo incluso a medios de dudosa honradez política, como la “publicidad negativa” desarrollada en el último proceso electoral para elegir gobernador del estado (sexenio 2007-2012).

Esta confianza, en un principio manifiesta hacia el gobernante proveniente de un partido distinto al que había gobernado por décadas a la entidad, se transformó paulatinamente en apatía, producto de la falta de resultados visibles y concretos en la acción política por parte de los gobernantes (Rodríguez Prieto, 2007). Lo anterior refleja también la incredulidad del ciudadano ante las frecuentes promesas de campaña de los candidatos a puestos de elección popular o a funcionarios de gobierno que son incumplidas o que afectan esos ámbitos de bienestar social de los sectores marginales.

La Ley de Participación Ciudadana, promulgada el 16 de febrero de 2001 y publicada en el Periódico Oficial, contrario a lo que serían las expectativas políticas, pasó prácticamente inadvertida e inoperante en términos ciudadanos y políticos, al no encontrar condiciones para su aplicación.

Uno de los mecanismos de diálogo del gobierno de Baja California con la sociedad civil fue a través del impulso y creación de las organizaciones no gubernamentales. “En Baja California, desde el año de 1996, el gobierno estatal ha otorgado financiamiento a organizaciones civiles, ha impulsado el diálogo y ha difundido información sobre desarrollo con el objetivo de alentar la participación de las asociaciones en el área del desarrollo humano y social” (Concepción Montien, 2006: 23).

Esta estrategia del Estado pone a discusión la antinomia entre clientelismo y participación, pues replantea las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, ya que acude a interlocutores menos beligerantes, como sucedió con el primer gobierno panista de ERA. La táctica fue retomar la acción de las ONG y legitimar la gestión gubernamental mediante la intermediación de aquellas para la atención de las demandas más significativas de la sociedad, pero a su vez, el gobierno regulaba el actuar de dichas organizaciones mediante recursos otorgados e identificados para determinado tipo de actividades. De esta manera, se redujo el clientelismo que impulsó el PRI y se estimuló la participación de una ciudadanía más organizada para la resolución de los problemas sociales.

Las acciones de parte del gobierno estatal, encaminadas a impulsar a grupos alternos por la vía de las ONG para responder a determinadas problemáticas, fueron congruentes con el Plan estatal de desarrollo 1996-2001, promulgado durante la administración de Héctor Terán Terán.

En esencia, parece que el quehacer político en Baja California ha retornado en estos 18 años al primitivismo que le había caracterizado. Si bien la alternancia en el gobierno introdujo nuevas formas de hacer la política y la aparición momentánea de la ciudadanía en determinadas instituciones y organismos, poco a poco este espacio público ciudadano fue coptado por los mecanismos del poder del PAN. La lucha por la continuidad en el ejercicio del dominio ha conducido al PAN-gobierno a alejarse de su propio ideario, expresado en la propuesta del “humanismo político” e inserto como ideología en los últimos tres planes de gobierno.

Una de las formas en que se suele dominar la vitalidad democrática es dirigir estas energías hacia la búsqueda de la prosperidad material, de las felicidades privadas y de mejorar las relaciones sociales, pero esto implica favorecer la vitalidad de la privacidad en detrimento de una mayor interacción social capaz de aumentar las demandas y pretensiones democráticas. Para el caso de la ciudadanía de Baja California, esta fórmula se ha propuesto para encauzar o redireccionar las demandas de democracia. Por lo pronto, las satisfacciones materiales de la mayoría y las condiciones de vida privada han tenido éxito en la desmovilización de los ciudadanos bajacalifornianos.

Como lo propone Rodríguez Prieto (2007), las condiciones que refieren el análisis realizado es que en Baja California se ha desarrollado una “alternancia turnista”, en lugar de una alternancia alternativa.

CIUDADANÍA/SOCIEDAD CIVIL

Los sujetos que participan del todo social y que conforman la llamada ciudadanía se manifiestan en ese espacio según su campo de actuación, es decir, los ciudadanos ocupan posiciones de acuerdo con su capital social y cultural, ejerciendo prácticas sociales en concordancia con su habitus, ya sea de clase o de poder.

Para penetrar en la complejidad y expresividad de los conceptos de espacio público, Estado, ciudadanía y democracia, se utilizó la noción de campo de Bourdieu (2005), mientras que para facilitar el análisis hermenéutico de la intersubjetividad de los sujetos que se interrogan, se aprovechó el concepto de habitus del mismo autor.

Hay una fuerte imbricación entre el espacio público y la fina pero dinámica red de relaciones interpersonales y el entendimiento intersubjetivo que se forma cotidianamente en el mundo de vida desde lo privado.

Una de las características de la ciudadanía como integrante de la sociedad civil y, por ende, destinatarios de servicios públicos, es que demandan y exigen del Estado una asistencia o la obligada seguridad a sus intereses particulares; pero no necesariamente se comprometen a una participación política más activa.

A partir del siglo XX, el ciudadano ha sido forzado a tomar posición más como espectador o consumidor pasivo, y el espacio público pasó a ser dominado por la manipulación mediática de las elites. Lo anterior, sumado a los efectos de la disminución del Estado de bienestar y el debilitamiento del sistema político como operadores del espacio público, producto de las políticas de desregulación, provocan un empobrecimiento del espacio para la discusión pública y participación política de la ciudadanía.

El ciudadano del siglo XXI se encuentra en la encrucijada de que el espacio público ya no le representa; por otra parte, su vida privada está invadida por la mirada del nuevo Estado tecnócrata y requiere identificarse con un grupo de pertenencia. De ahí el surgimiento de comunidades fanáticas religiosas, nacionalistas y fundamentalistas.

La tarea del Estado y los ciudadanos es la promoción de un espacio público mediante el cual se impulsen, consoliden y respeten las libertades ciudadanas de expresión, asociación y reunión, así como la de opinión pública, la posibilidad de elegir libremente sus gobernantes, la libertad para la conformación de los grupos políticos que se requieran, la constitución de elecciones en las cuales se respete el voto ciudadano y el respeto a las diferencias ideológicas de todo tipo.

La participación ciudadana en la vida pública debe constituirse en una política pública que los gobiernos de México procuren impulsar, en la medida en que se aspire a “una democracia consensual y ciudadana” (Concepción Montiel, 2006: 120).

Uno de los rasgos de la sociedad civil mexicana es la exigencia de un marco de respeto a la legalidad —poco común en la tradición política—. Esto es producto de años de creciente desconfianza y el rechazo al autoritarismo que caracterizó al modelo político mexicano, proveniente de la hegemonía del PRI-gobierno, y que una de sus muestras claras es su alejamiento momentáneo de las votaciones. Este aspecto se revierte según el candidato, y no por el partido que lo postula.

El avance de la sociedad mexicana hacia la consolidación de la democracia no sólo pasa por los satisfactores económicos, sino por el grado de confianza que se le otorgue a las instituciones y los pares. Esto se manifiesta con el cumplimiento de los acuerdos o de las normas y leyes, pero también en la consideración de que cualquier modelo de sistema político debe suponer como factor dinamizador: la creciente participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.

Un aspecto importante para entender el proceso de alternancia política en Baja California son los resultados electorales de los periodos de gobierno de 1989 a 2007, pues son una muestra del logro, como gobierno, del cumplimiento de ciertas metas y compromisos y, por otra parte, de la consolidación como partido de su propuesta política y del convencimiento hacia el electorado de su viabilidad como alternancia política.

Habría que reconstruir el imaginario de la participación de la ciudadanía bajacaliforniana, pues se pasa de una denominación de indolente o de indiferencia, a la responsabilidad ciudadana. Ello permitiría entender que dicha conducta proviene más bien de consideraciones socioeconómicas ligadas a la seguridad individual, a la protección de sus intereses y propiedades, así como en detrimento de asumir comportamientos de mayor compromiso relacionados con la defensa de sus libertades sociales.

En la política bajacaliforniana han surgido actores de la sociedad civil que desempeñan un papel sorprendentemente activo y exitoso, particularmente en los casos de percepción de una situación de crisis (tarifas eléctricas, dotación de tierras, precios del algodón o trigo, encementado del canal Todo Americano, etc.). Estos actores, que antes tenían escasa complejidad organizativa, débil capacidad de acción y desventajas estructurales, lograron invertir los circuitos de comunicación consolidados en el espacio de la opinión pública y en el sistema político y de esta manera cambiaron la manera de solucionar los problemas en todo el sistema (Habermas, 2006).

El tema de la inseguridad en Baja California se ha convertido en un asunto de Estado, pues todos los gobernadores (Ruffo, Terán, González y Elorduy), en sus informes de gobierno o declaraciones públicas, lo han referido como una de las prioridades de sus administraciones.

Existe una clara discordancia entre los postulados del documento rector de la política gubernamental del último gobierno panista (2001-2007), las declaraciones del mandatario sobre su postura política previa a las procesos electorales de 2006 y 2007, y la realidad en la que operaron los estrategas electorales del partido en el poder en Baja California durante las elecciones para gobernador de 2007.

Como sostiene el informante núm. 4: “los derechos humanos es un tema pendiente en el Estado, es un asunto de sobrevivencia, pero creo que no se hace lo suficiente”. La perspectiva que se observa es la incapacidad de los gobiernos panistas de avanzar más allá de las soluciones a corto plazo.

Por las características de los elementos que contiene la Ley de Participación Ciudadana, no existe nada más lejano para alentar, promover o favorecer que los ciudadanos bajacalifornianos opinen, decidan o propongan nuevas iniciativas que amplíen los espacios públicos en los que debe ser escuchada su opinión, por esta razón ha resultado inoperante y carente de interés ciudadano.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN/OPINIÓN PÚBLICA

En la actual sociedad mediática, el espacio público sirve como recinto de autorrepresentación para quienes adquieren notoriedad. En este sentido, su utilidad se expresa como un ejercicio de visibilidad.

Una de las tareas políticas de la opinión pública es la regulación de la sociedad civil, pues al operar desde la intimidad del espacio privado, adquiere un carácter polémico y privado. La opinión pública trasciende desde lo privado para aportar la expresión de la sociedad civil, y ahí es donde aparece el carácter regulador de la propia opinión pública, misma que es mediada por los medios de comunicación masiva (Habermas, 1986).

El fenómeno de la visibilidad ampliada por los medios representa un problema para los líderes políticos, sobre todo por la proliferación de los MCM en el mundo moderno. De esta manera, el ejercicio del poder político tiene lugar en un espacio más abierto a la mirada pública. Por tal motivo, los políticos experimentados tratan de restringir su propia visibilidad, así como aquellas acciones que propicien el riesgo de ser responsabilizados públicamente.

Por una parte, el escenario actual del periodismo bajacaliforniano se representa mediante un conjunto de empresas con alta tecnología para la producción de noticias, con salas de redacción cada vez mejor equipadas con sistemas de cómputo para elaborar la nota informativa con la mayor rapidez y calidad de impresión y, desde otro ángulo, muestra cómo todavía existen algunos dueños de diarios ligados a las redes del poder, ya sea empresarial o político. Sólo algunos diarios, semanarios y revistas de pequeñas empresas periodísticas, generalmente de escasa circulación, son fruto del esfuerzo de periodistas profesionales.

La alternancia en el poder supuso la posibilidad de transformar la constitución de los medios, ampliar los espacios de discusión y crítica, transparentar la actuación pública y profesionalizar el ejercicio del periodismo. Sin embargo, durante los últimos años del gobierno panista surgieron, de nueva cuenta, signos de relaciones poco profesionales y más ligadas a los intereses partidistas de ciertos periodistas y comunicadores. Esta situación sugiere la existencia de un periodismo parcializado y entrelazado con los grupos de poder, políticos o económicos, situación que se creía erradicada. Este fenómeno no contribuye a la democratización del espacio público y resta pluralidad a las corrientes de opinión pública.

La mayoría de los MCM en Baja California son empresas privadas y como tal responden a intereses comerciales, por lo que su objetivo de informar, y en algunos casos entretener, está lejos de cumplir con su función social. Al respecto, se debe tomar en cuenta que las noticias se han convertido en una mercancía y que la información periodística profesional obedece a las mismas leyes del mercado, a cuyo surgimiento debe su propia existencia.

La transformación del quehacer periodístico de los MCM bajacalifornianos obedece, entre otras razones, a la mutación del sistema social en el cual se desempeñaban en el modelo de gobierno-partido del PRI. En 1989, cuando se dio la alternancia en el poder en Baja California, se liberaron ciertos controles para el sistema de comunicación y la relación de interdependencia estructural entre el poder formal y los medios, en especial con la prensa escrita, en principio se alteró, transitó después por un periodo de entropía o desajuste y poco tiempo después retornó a ajustar sus mecanismos de control y operación de la construcción de la realidad (Ortiz, 2007).

Cabría preguntarse si serán los medios de comunicación masiva las nuevas plazas en las que se fundirá el nuevo tejido social, convirtiéndose en los prototipos de espacios públicos para la ciudadanía del siglo XXI. La respuesta probablemente provenga de la ciudadanía y esta, a su vez, posiblemente emane de su intersubjetividad.

Por último, cabe reflexionar sobre dos núcleos importantes en esta investigación. Primero, que el Estado moderno mexicano se encuentra en la encrucijada de compensar la impronta neoliberal de fortaleza del mercado, vital para su desenvolvimiento dentro del paradigma de la globalización en la que está inserto. Desde otra perspectiva, debería ser consecuente con su obligación de contrarrestar y disminuir los rasgos de desequilibrio e inequidad social en que se encuentra la mayoría de los mexicanos.

Desafortunadamente, desde hace algunas décadas el Estado mexicano se olvidó que la política es uno de los engranajes para el buen gobierno y no sólo para la planeación estratégica. Falta una nueva concepción de la política, pues esta se ha desatendido de ofrecer aquellas representaciones simbólicas mediante las cuales los ciudadanos construyen “nuestra sociedad”, como indica Lechner (2002). Se vive una época de desencanto, pues las expectativas por el funcionamiento de un régimen democrático se han desvanecido ante la fortaleza del mercado, cuya única preocupación es el consumo, y no la conciencia ciudadana.

El otro ángulo de esta reflexión son los partidos políticos. Por una parte, son la pieza fundamental para la concreción de las demandas ciudadanas y la participación política, pero su actuar se hace visible sólo en los tiempos de política (Alasia, 2003), además se han convertido en máquinas electorales que trituran cualquier intento de diálogo de y con los ciudadanos. Ahora sus plazas y auditorios están representados por los medios de comunicación masiva, donde se discute la política —en los pocos instantes que hay entre los anuncios comerciales—, sin tomar en cuenta que la acción política implica la construcción de un vínculo social.

Lo mediático, al sustentarse en una sociedad de masas, no contribuye a construir lo público, sino que privilegia lo privado, pues desplaza al hombre de su otredad y limita su intersujetividad con el elemento constitutivo de lo político. Entendido esto último como una relación dialógica entre ciudadanos que comparten y debaten puntos de vista, intereses y experiencias para la conformación de imaginarios colectivos. La política es un trabajo cultural, y no un espectáculo artificioso medido por el raiting; como afirma Arendt (1997: 62), “el sentido de la política es la libertad”.

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ANEXOS

ANEXO 1. GUÍA TEMÁTICA PARA LA ENTREVISTA.UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA. FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN NÚM. 1490 APROBADO POR LA 11ª. CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN DE LA UABC. ESPACIO PÚBLICO, DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA EN BAJA CALIFORNIA (1989 AL 2007) DR. MANUEL ORTIZ MARÍN.

El proyecto investiga si la propuesta ideológica y el accionar de las estrategias políticas de los gobiernos de Baja California identificados por su filiación al PAN de 1989 a 2007 ampliaron, y si aún lo hacen, los cauces de la participación de la ciudadanía en torno al debate de los temas públicos en favor de una mayor democracia.

Guía temática para la entrevista

0. Generales del entrevistado (a):

Nombre completo:

Edad:

Lugar de nacimiento:

Profesión o actividad actual:

Últimos estudios:

Puesto o cargo actual:

Tiempo de residir en Baja California:

Categoría: Estado/gobierno

Principales acciones desarrolladas por los gobiernos de ERA, HTT, AGA y EEW durante el periodo 1989-2007, en Baja California, en materia de participación ciudadana, sistema político, libertad de expresión, desarrollo humano y libertades sociales.

Categoría: ciudadanía/sociedad civil

El papel de la ciudadanía bajacaliforniana durante el periodo 1989-2007 en cuanto al debate de los temas públicos, derechos ciudadanos, respeto a las preferencias políticas, reclamos de atención a las demandas ciudadanas y respeto a los derechos humanos.

Principales temas o problemas sociales, políticos o económicos en los cuales la ciudadanía participó(a) de su discusión, resolución o rechazo durante los gobiernos de ERA, HTT, AGA y EEW en el periodo 1989-2007.

Subcategoría: medios de comunicación

El papel que tuvieron o tienen actualmente los medios de comunicación masiva de Baja California en torno a favorecer la participación ciudadana en temas de debate público, derechos humanos y derecho a la información.

Otros

¿Algún comentario adicional que desee hacer en torno al tema de espacio público, democracia y participación ciudadana durante los gobiernos en Baja California de 1989 a 2007?

Muchas gracias por su colaboración.

ANEXO 2

ANEXO 3. MANUAL DE CODIFICACIÓN

ESPACIO PÚBLICO Y CIUDADANÍA EN BAJA CALIFORNIA.

El presente manual excluye la siguiente información periodística: secciones financieras, sociales, deportivas, espectáculos y culturales.

Las unidades de análisis a codificar son:

• Géneros informativos: notas (de más de tres párrafos), notas informativas y entrevistas.

• Géneros de opinión: editoriales y artículos de opinión.

• Géneros interpretativos: crónica, y reportaje (Baena, 1990: 36).

• Gráficos: fotos.

Hoja núm.

Se refiere a la numeración que corresponde a la hoja que se va a codificar; sirve para llevar un control interno (no se usará para el análisis). Asignar un número progreso desde uno hasta el # final de hojas que se utilicen.

Medio/Periódico

01. La Voz de La Frontera

02. El Mexicano

03. La Crónica de Baja California

04. Novedades

05. Otros diarios de Baja California

06. Otros diarios

Fecha

------DÍA-------MES---------AÑO------- (2 dígitos cada uno)

En el orden de: día, mes, año (usar dos dígitos, ejemplo: 01/02/07 (01 de febrero de 2007).

Sección y página

Doble dígito:

A01.- Local (Sección: Mexicali, Tijuana, Ensenada, etc.)

B02.- Estatal

C03.- Regional

D04.- Nacional

E05.- Internacional

F06.- Otro sitio.

Z20.- No identificado

Se refiera a la página donde se encuentra la información que estamos codificando. Ejemplo: A/26 (primer dígito, letra de la sección, segundo y tercero: número de la página).

Número de la nota

Numerar progresivamente el total de notas de cada sección empezando con el número 01 de cada edición, de tal forma que cada día de edición se inicia una nueva numeración. Cuando en una nota haya dos temas, se codificará como otro número de nota.

Agencia informativa

Es la fuente informativa que redactó la información que publica el periódico.

01. Reportero de casa

02. Colaborador

03. Corresponsal del mismo periódico

04. Enviado de la organización

05. Articulista

06. Editor/editorial

07. Agencia nacional

08. Agencia internacional

09. Otra persona

10. No hay dato

Origen y/o procedencia de la noticia

Lugar donde el reportero recopiló la información, no el lugar donde se refiere la nota.

Regional:

400-499. Para las regiones.

Procedencia/lugar al que se refiere

Se trata del sitio del cual se habla o se hace referencia en la nota. Puede ser el mismo del numeral 7, pero en ocasiones será diferente.

Temas generales

I. Categoría: Democracia y sistema político

1000. Modelo de sistema político

2000. Desarrollo humano

3000. Sistema electoral

II. Categoría: Sociedad y Estado de derecho

4000. Equidad y derechos humanos

5000. Justicia y régimen jurídico

6000. Libertades sociales

III. Categoría. Sociedad informada y medios de comunicación

7000. Libertad de expresión

8000. Libertad de prensa y derecho a la información

9000. Comunicación social institucionalizada

1000. Otros temas

Subtemas generales

I. Categoría: Modelo de democracia y sistema político

1000. Modelo de sistema político

1. Pluralismo político

2. Libertad para que los líderes políticos compitan en busca de apoyo

3. Modelo de pluripartidismo

4. Participación política de la oposición

5. Coordinación con los demás niveles de gobierno (estatal y municipal)

10. Otros subtemas

2000. Desarrollo Humano

1. Calidad de vida de los ciudadanos (salud, vivienda, acceso a la educación)

2. Políticas públicas que disminuyan la desigualdad social y mejora de condiciones sociales

3. Cultura de participación ciudadana mediante la educación y la cultura

4. Condiciones socioeconómicas de la población

5. Impulso económico a la industria y empresa

10. Otros subtemas

3001. Sistema electoral

5. Libertad para emitir el voto

6. Organización de elecciones libres e imparciales

7. Derecho de los líderes políticos a luchar por votos

8. Creación de instituciones públicas que garantizan el respeto al voto ciudadano

10. Otros subtemas

II. Categoría: Sociedad y Estado de derecho

4000. Derechos humanos

1. Respeto a los derechos humanos

2. Equidad en el acceso a los derechos humanos

3. Instituciones que vigilan el respeto a los derechos humanos

10. Otros subtemas

5000. Justicia y régimen jurídico

1. Impartición de la justicia

2. Combate a la corrupción, delincuencia y crimen organizado

3. Respeto a las garantías individuales constitucionales

4. Salvaguarda del orden público

5. Coordinación entre los poderes legislativo, judicial y ejecutivo

10. Otros subtemas

6000. Libertades sociales ciudadanas

1. Libertad de asociación

2. Libertad de reunión

3. Libertad de opinión y de expresión

4. Participación ciudadana

10. Otros subtemas

III. Categoría. Sociedad informada y medios de comunicación

7000. Libertad de expresión en los medios de comunicación masiva

1. Derecho a la expresión de las ideas

2. Atentados contra la libertad de expresión

10. Otros subtemas

8000. Libertad de prensa y derecho a la información

10. Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información

11. Atentados contra periodistas

12. Ataques a los periódicos

13. Sobornos a la prensa

14. Ocultamiento de información pública gubernamental

15. Desarrollo tecnológico de la prensa

16. Profesionalización de los periodistas

17. Nuevos periódicos

18. Otros subtemas

9000. Comunicación social institucionalizada

11. Políticas públicas de comunicación social

12. Control de prensa por el gobierno

13. Difusión de las acciones de gobierno

14. Relación prensa y ERA

15. Relación prensa y HTT

16. Relación prensa y AGA

17. Relación prensa y EEW

18. Información institucional oficial

19. Información institucional no oficial

20. Otros subtemas

10000. Otros temas

01. Otros temas

Personajes

Se refiere a la mención del personaje principal que es citado en la nota o a quien se dirige la información, o quien es referido en primer lugar en la nota.

1. Ernesto Ruffo Appel

2. Héctor Terán Terán

3. Alejandro González Alcocer

4. Eugenio Elourduy Walter

5. Funcionarios del gobierno estatal ERA

6. Funcionarios del gobierno estatal HTT

7. Funcionarios del gobierno estatal AGA

8. Funcionarios del gobierno estatal EEW

9. Funcionarios del gobierno municipal de Mexicali

10. Funcionarios del gobierno municipal de Tijuana

11. Funcionarios del gobierno municipal de Ensenada

12. Funcionarios del gobierno municipal de Rosarito/Tecate

13. Directores de Comunicación Social del gobierno de Baja California

14. Carlos Salinas de Gortari

15. Ernesto Zedillo Ponce de León

16. Vicente Fox Quesada

17. Otros secretarios de Estado del gobierno federal

18. Funcionarios del gobierno federal en Baja California

19. Presidente, ex presidentes y funcionarios del PRI en BC

20. Presidente, ex presidentes y funcionarios del PAN en BC

21. Presidentes, ex presidentes y funcionarios del PRD en BC

22. Presidentes, ex presidentes y funcionarios de otros partidos políticos en BC

23. Presidente nacional y funcionarios del PRI

24. Presidente nacional y funcionarios del PAN

25. Presidentes nacionales y funcionarios del PRD

26. Presidentes nacionales y funcionarios de otros partidos políticos

27. Líderes representativos de la sociedad civil

28. Líderes representativos del sector empresarial, obrero, campesino, etc.

29. Líderes religiosos

30. Diputados estatales y federales del PAN en Baja California

31. Diputados estatales y federales del PRI en BC

32. Diputados estatales y federales del PRD en BC

33. Diputados estatales y federales de otros partidos políticos

34. Candidatos a gobernador, senador y diputados del PRI (BC y nacional)

35. Candidatos a gobernador, senador y diputados del PAN (BC y nacional)

36. Candidatos a gobernador, senador y diputados de otros partidos (BC y nacional)

37. Periodistas y periódicos

38. Nadie en particular

39. Otros

Valoración

Muy favorable

Favorable

Neutral

Desfavorable

Muy desfavorable

Género

• Informativo: notas (de más de tres párrafos), notas informativas y entrevistas.

• Opinión: editoriales y artículos de opinión.

• Interpretativo: crónica, reportaje y encuestas.

Fotos

Número de fotos que acompañan las notas periodísticas.

Fuentes informativas

La unidad de análisis no es la nota, sino cada una de las fuentes informativas mencionadas por el reportero que aporta información o realiza declaraciones. Se incluyen aquellas personas u organizaciones mencionadas en la nota que fueron entrevistadas directamente por el reportero. En los casos de las notas periodísticas donde no se mencione la fuente informativa explícitamente, se considerará como fuente el reportero y de igual manera se codificarán las editoriales y artículos de fondo del género de opinión (00 para reportero, editorialista, articulista, etc.).

17. Nombre de la fuente: _____________________

18. Organización: __________________

19. Código: _______

20. Núm. de párrafos atribuidos a la fuente de la nota: ________

Nombre: Escribir el nombre del personaje según lo refiere la nota.

Organización: Escribir el nombre completo de la organización, institución, empresa, partido político, etc., al cual pertenece la fuente declarante. Sólo se pueden utilizar siglas cuando sean muy conocidas.

Código de la organización: Referido a los códigos ya citados en fuentes.

Número de párrafos atribuidos a la fuente en toda la nota: Contar solamente si aparece o no una fuente informativa dada en una nota es inadecuado, porque no toma en cuenta posibles desproporciones en el espacio concedido a cada una de ellas. Por ello, es necesario evaluar el espacio concedido a cada una de las fuentes. Este procedimiento es confiable, ya que las reglas de estilo explícitas o implícitas de cada periódico tienden a estandarizar el número de palabras por párrafos. El codificador deberá contar el número de párrafos atribuidos a cada fuente en toda la nota (aun cuando aparezcan salteadas). Sólo se contabilizarán aquellos párrafos donde explícitamente se haga referencia a la fuente informativa mediante términos como “dijo, afirmó, declaró”. Los párrafos que parecen continuar las declaraciones de la fuente, pero que no incluyen alguna palabra como “agregó, también o añadió”, etc., es decir, que no atribuyen explícitamente la información a la fuente, no se contabilizaran en la variable “# de párrafos”. De la misma manera se procederá para notas que tengan más de dos fuentes, en caso de un mayor número de fuentes, se utilizará otra hoja de codificación, invalidando los registros de los casilleros previos (1 al 15) e iniciando la codificación a partir de anotar el número siguiente de fuente (ej.: 16. Fuente Núm. 3, 16. Fuente Núm. 4, etc.).

CÓDIGOS PARA FUENTES

De 01 a 99. Nacionales. Gobierno federal.

Presidencia.

Secretarías de Estado

Congreso de la Unión (diputados y senadores federales)

Suprema Corte de Justicia

Procuraduría General de la República.

Ejército mexicano

PEMEX.

Procuraduría Federal o Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Institutos, registros y comisiones federales electorales

Dependencias federales en Baja California

Comisiones nacionales (de agua, de salud, etc.)

Ferrocarriles Nacionales

Sector Salud: IMSS, ISSSTE

Otras fuentes oficiales federales

100 a 199 Gobierno de Baja California

101. Gobierno del Estado

102. Secretarías, Oficial Mayor, subsecretarías, y direcciones del gobierno estatal

103. Congreso Estatal (diputados y ex diputados)

104. Poder Judicial del Estado

105. Procuraduría de Justicia del Estado

106. Comisión Estatal Electoral, Junta, Consejo, tribunales e institutos electorales

107. Comisiones, consejos o comités estatales y distritales

108. Direcciones de Comunicación Social

109. Ex gobernadores

199. Otras fuentes oficiales estatales

200 a 299. Gobiernos municipales de Baja California

201. Presidencia Municipal

202. Direcciones o departamentos municipales

203. Cabildo, regidores y síndico

204. Policía municipal, direcciones de Tránsito, Seguridad y Vialidad

205. Consejos y comisiones municipales

206. Delegados municipales

207. Dirección de Comunicación Social

208. Ex presidentes municipales

299. Otras fuentes oficiales municipales

300 a 399 Partidos políticos

300. PAN

301. PRI

302. PRD

303. PT

304. PVEM

305. Frente Cardenista de Reconstrucción (PFCRN)

306. PARM

307. PRT

308. Partido Popular Socialista (PPS)

309. Partido Estatal de Baja California (PBC)

310. Partidos políticos estatales

399. Otros partidos políticos

400 a 499. Sector privado nacional y estatal

401. Representantes de la industria nacional

402. Representantes de la industria estatal

403. Empresarios nacionales

404. Empresarios estatales

405. Representantes de la banca nacional

406. Representantes de cámaras de organizaciones empresariales estatales

407. Representantes de organizaciones agrícolas y ganaderas

408. Representantes del sector del turismo estatal

499. Otras fuentes del sector privado nacional y estatal

500-599. Sindicatos y organizaciones nacionales y estatales

501. Oficiales nacionales (CTM, CNOP, CAM, SNTE, etc.)

502. Oficiales estatales (CTM, SNTE, CNOP, Liga de Comunidades Agrarias, CROC)

503. No oficiales estatales de campesinos y ejidatarios

504. No oficiales estatales de maestros, normalistas y universitarios

505. No oficiales estatales de obreros, trabajadores, burócratas, etc.

599. Sindicatos y organizaciones no identificables

600-699. Sociedad civil

601. Asociaciones o Comisión Estatal de Derechos Humanos

602. Grupos defensores de inmigrantes

603. Asociaciones de vecinos

604. Minorías (homosexuales, discapacitados, inmigrantes, etc.)

605. Organismos cívicos de vigilancia electoral

606. Organismos asistenciales (Cruz Roja, Amnistía Internacional, etc.)

607. Colegios y asociaciones de profesionales

608. Manifestantes

609. Frentes cívicos/asociaciones/consejos ciudadanos

610. Ciudadanos, testigos, usuarios, vecinos, campesinos, productores rurales, etc.

611. Delincuentes, criminales y perseguidos policíacos

612. Representantes de grupos indígenas, burócratas, trabajadores, campesinos, comerciantes y jubilados

613. Representantes de la iglesia católica

614. Representantes de otras iglesias y religiones

615. Asociaciones de periodistas o periodistas en lo individual

616. Público en general

617. Manifestantes/simpatizantes del PRI

618. Manifestantes/simpatizantes del PAN

619. Manifestantes/simpatizantes del PRD

620. Manifestantes/simpatizantes de otros partidos

699. Otros organismos ciudadanos

700- 720. Universidades y centros de educación superior

701. Universidad Autónoma de Baja California

702. Institutos tecnológicos de Mexicali y Tijuana

703. Colegio de la Frontera Norte

704. Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales (CETYS)

705. Centros de estudios superiores del sector privado

706. Centros de estudios superiores de la UNAM

707. Asesores, expertos y analistas

708. Funcionarios educativos y universitarios

720. Otras instituciones educativas

721-749. Medios de comunicación

721. La Voz de la Frontera

722. Novedades de Baja California

723. La Crónica de Baja California

724. El Mexicano

725. Diario 29

726. Zeta

727. El Sol de Tijuana

728. Otros diarios estatales

749. Otros medios de comunicación estatales

800-899. Fuentes extranjeras

800. Funcionarios de organismos internacionales

801. Funcionarios del gobierno federal

802. Funcionarios de gobiernos estatales

803. Funcionarios de condados y distritos

804. Partidos políticos

805. Sector privado

806. Sindicatos y organizaciones

807. Organizaciones internacionales ciudadanas

808. Instituciones educativas

809. Universidades y centros de investigación

810. Medios de comunicación

899. Otras fuentes extranjeras

ANEXO 4

ANEXO 5

ANEXO 6

ANEXO 7

ANEXO 8

ANEXO 9

ANEXO 10

ANEXO 11

ANEXO 12

ANEXO 13

LEGALES

Ortiz Marín, Manuel.

Espacio público y ciudadanía en Baja California, 1989-2007

[recurso electrónico] / Ángel Manuel Ortiz Marín. -- Mexicali,

Baja California : Universidad Autónoma de Baja California, 2017.

1 recurso en línea. -- (Selección Anual para el Libro Universitario)

ISBN: 978-607-607-383-4

1. Democracia -- Participación ciudadana -- Baja California

(México). 2. Baja California (México) -- Política y gobierno --

1989-2007. I. Universidad Autónoma de Baja California. II t. III. s.

JL1299.B34 O78 2017

©D.R. 2017 Ángel Manuel Ortiz Marín

Las características de esta publicación son propiedad de la

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Universidad Autónoma de Baja California

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Rector

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