Índice

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

Capítulo I. Ciudad, áreas verdes y desarrollo sustentable

Capítulo II. Enfoques, métodos y procesos en la planificación de áreas verdes urbanas

Capítulo III. Propuesta metodológica para la planificación de áreas verdes urbanas

Capítulo IV. Consideraciones para la planificación de áreas verdes en zonas áridas de Mexicali, Baja California

Capítulo V. Planificación de áreas verdes urbanas en Mexicali, Baja California

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

LEGALES

Universidad Autónoma de Baja California

César Ángel Peña Salmón

Metodología para la planificación de áreas verdes urbanas:

El caso de Mexicali, Baja California

Selección Anual para el Libro Universitario

AGRADECIMIENTOS

El desarrollo y culminación del presente texto no hubiera sido posible sin el apoyo de numerosas personas a quienes quiero agradecer su guía, disposición, asesorías y comentarios aportados en las diversas fases que ha tenido esta investigación. En primer lugar, destaco la labor del comité tutorial, especialmente la dirección académica de la doctora Blanca Ramírez, quien me infundió una actitud crítica y reflexiva en la actividad de investigación, así como el apoyo de los doctores Ignacio Kunz y Jorge López. De la misma manera, agradezco al sínodo sus comentarios e indicaciones que me sirvieron para enriquecer y mejorar este escrito. También agradezco a mis compañeros de trabajo y amigos por sus diversos apoyos, asesorías e información proporcionada, entre ellos están Raúl Venegas, Judith Ley, Delia Moreno e Ivy García. De manera especial, agradezco a Rosa Imelda Rojas, mi esposa, por su apoyo y ánimo para alcanzar esta meta.

Adicionalmente, agradezco el interés y apoyo de las autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California, en particular de la Coordinación de Posgrado e Investigación para la realización del doctorado.

Por último, agradezco el apoyo económico de la Secretaría de Educación Pública, a través del Programa de Mejoramiento del Profesorado, para el desarrollo de mis estudios en el doctorado en urbanismo.

INTRODUCCIÓN

El propósito de esta investigación es establecer una metodología que apoye la planificación de áreas verdes urbanas para la ciudad de Mexicali, con el fin de valorar estas como elementos urbanos que contribuyen al bienestar de la población y a la sustentabilidad urbana, reconociendo su importancia social, así como sus atributos ambientales y económicos.

La planificación de áreas verdes urbanas es un tema que ha tenido diferentes enfoques y cuyos antecedentes en el plano internacional —constituidos esencialmente por proyectos y la creación de parques públicos— se remontan al siglo XIX, en el contexto europeo y estadounidense (Rutherford, 1994).

Como establece Laurie (1983), en el contexto europeo las primeras iniciativas (1810) estuvieron influidas por el romanticismo, estas proyectaron parques que evocaban la naturaleza, como el Regents Park, en Londres, y después atendieron demandas referentes al mejoramiento de la salud de la población, como lo demuestran los decretos promulgados a partir de 1843 por el Parlamento inglés. Sin embargo, uno de los intentos más trascendentes en la planificación integral de la ciudad y sus áreas verdes es la propuesta del británico Ebenezer Howard, en 1902, de construir una “ciudad jardín” que consistía en un poblado rodeado por un cinturón verde con extensos parques públicos y áreas de recreación (Osborn, 1974).

En el caso estadounidense, como señalan Rutherford et al., (1994), en 1842 el programa de parques fue motivado también por el tema de salud pública, al crearse leyes y reformas para el establecimiento de espacios abiertos y parques para la clase trabajadora con ambientes limpios y para hacer ejercicio. Posteriormente, personajes como Andrew Jackson Downing promovieron los parques públicos con una visión económica y ética, al proponer su mantenimiento con la aplicación de impuestos y su fomento a través del conocimiento hacia las plantas y la belleza del campo. Downing promovió la construcción de parques públicos, como el Parque Central en Nueva York, en 1858, diseñado por Frederick Law Olmsted.

Décadas más tarde, y en contraste con las tendencias románticas del paisaje y los reformadores de salud pública, surge en Estados Unidos un movimiento estético urbano denominado “ciudades bellas”, que promovió el desarrollo de grandes y monumentales parques públicos entre 1910 y 1940. Al paso de los años, los paradigmas pintorescos de las ciudades bellas y la ciudad jardín declinaron y se volvieron obsoletos; en 1960 se enfocó nuevamente la atención sobre las áreas verdes, pero con una función social desde la perspectiva recreacional y deportiva (Cliff, 1982).

Sin embargo, el componente ambiental en la planificación de áreas verdes urbanas estaba ausente y fue hasta los años setenta que emergió una nueva tendencia en Europa y Estados Unidos enlazada con los movimientos ecologistas, de donde surgieron iniciativas como la Ley Nacional de Política Ambiental (National Environmental Policy Act, NEPA), de 1969, que defendía el ambiente y postulados teóricos de vanguardia en temas de planificación ecológica y ecología del paisaje (Palomo, 2003).

En 1987 surgió el acuerdo más amplio entre científicos y políticos sobre materia ambiental a través del documento Nuestro futuro común o Informe Brundtland, a partir del cual la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo adoptó un nuevo paradigma: el “desarrollo sustentable”, que plantea un enfoque integral del desarrollo donde el crecimiento económico ayude a resolver la pobreza y, paralelamente, sea sustentable para evitar una crisis ambiental, considerando además la equidad entre las generaciones presentes como la equidad intergeneracional, que involucra los derechos de las generaciones futuras (INEGI, 2000b).

Este concepto, llevado al ámbito del desarrollo urbano, implicó el rediseño de políticas y un marco institucional que conllevan acciones económicamente viables, ecológicamente factibles y socialmente aceptables, con una visión de largo plazo e intergeneracional que supere los déficit sociales y restrinja la explotación de recursos y la generación de desechos y contaminantes.

En relación con la manera en que las áreas verdes pueden contribuir al desarrollo urbano sustentable, diversos autores (Birdsey, 1992; Brandle et al., 1992; Nowak, 1994, McPherson et al., 1998; Goreau, 2003; Simpson y McPherson, 2002; Tzoulas et al., 2007) y dependencias, como el Servicio Forestal Estadounidense (USDA Forest Service, 1999), determinaron tres dimensiones básicas para apoyar este aspecto: la ambiental, la social y la económica.

Como contribución ambiental, las áreas verdes urbanas pueden modificar las condiciones microclimáticas en los espacios exteriores y ayudar a restablecer el confort físico, mejorar la calidad del aire local —al agregar oxígeno y remover el bióxido de carbono, que es un gas efecto invernadero—, reducir la erosión del suelo por la acción del viento o el agua y constituirse en una de las bases del hábitat de la fauna y, por lo tanto, de la biodiversidad.

En cuanto a su contribución al bienestar social, son espacios donde la población puede desarrollar actividades de recreación y deporte al aire libre, apoyar la salud física y mental de la población, contribuir a la reducción del estrés y mejorar la imagen urbana de la ciudad. Asimismo, se asume que refuerzan la identidad social y el sentido comunitario por medio de la participación en programas de forestación.

Respecto a su contribución al bienestar económico, pueden incrementar el valor del suelo y de las propiedades adyacentes, reducir el consumo y costo de energía en las edificaciones, así como representar ingresos a través de actividades agrícola-urbanas.

En este sentido, en el nivel internacional se han realizado programas, planes, congresos e iniciativas jurídicas para promover la creación y conservación de las áreas verdes urbanas, como lo señalan en Gran Bretaña, Varese (2001); en Austria, Erhart (2002); en España, Yoldie (1998); en Estados Unidos, USDA Forest Service (1999) y en Colombia, Uribe (1998); sin embargo, en México, y particularmente en Mexicali, Baja California, aunque se han realizado avances en materia jurídica y técnica, se carece de instrumentos que permitan una planificación integral de las áreas verdes urbanas.

En Mexicali, la situación de áreas verdes urbanas en los últimos 25 años, lejos de mejorar, ha empeorado. En 1979 la relación era de 2.5 m^2 de área verde por habitante, de acuerdo con SAHOP (1979), mientras que en 2005 la relación fue de 2.1 m^2/hab. (IMIP, 2005), siendo que la normatividad federal para equipamiento urbano establece una dotación de 10 m^2 de área verde por habitante (SAHOP, 1981).

Esta problemática subyace por diversos factores de carácter normativo, técnico, financiero y de participación pública, entre los los cuales se pueden destacar los siguientes:

a) La única normatividad que obliga a la dotación de áreas verdes (POE, 1971) es para desarrollos habitacionales y se realiza con base en la superficie vendible (3%) y no en la densidad de la población, lo que provoca desequilibrios en la ciudad.

b) Las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos de carácter ambiental en el nivel federal y del estado de Baja California se orientan a la protección y conservación de las áreas naturales protegidas, mientras que los reglamentos municipales se enfocan al control y prevención de los diversos tipos de contaminación, pero no hacen referencia a las áreas verdes urbanas.

c) A pesar de que existe un Reglamento de Áreas Verdes para el Municipio de Mexicali, sus disposiciones son básicamente técnicas, como la poda y el derribo de árboles, la creación de viveros para la forestación, así como de actividades prohibidas en dichas áreas, pero no se establecen lineamientos para la caracterización, diagnóstico y planificación de dichas áreas.

d) Los criterios de dotación de áreas verdes establecidos en el nivel federal y estatal integran necesidades sociales, pero no valores ambientales.

e) El Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali (PDUCPM) establece en sus estrategias la confección de planes sectoriales de equipamiento urbano, pero no existen lineamientos metodológicos para su elaboración.

f) No existe, por parte del Ayuntamiento, un inventario confiable y sistematizado de áreas verdes, y los criterios de dotación son variables. El PDUCPM de 1995 establecía una dotación de 8.5 m^2 de área verde por habitante (XIV Ayuntamiento de Mexicali, 1995), y diez años más tarde, el PDUCPM-2025 determinó que la dotación debía ser de 4 m^2 de área verde por habitante (IMIP, 2005: 40).

g) Existen iniciativas de la comunidad y del gobierno municipal para realizar acciones de forestación urbana, pero han sido parciales y aisladas, no derivadas de un plan general.

Debido a estos factores, Mexicali difiere de otras ciudades del país en diversos aspectos. Primero, respecto a su ambiente natural, se localiza en una región árida donde el recurso agua es escaso y el clima extremoso, sin embargo, su cercanía a la fuente principal de agua del Río Colorado permite que esté rodeada por un valle agrícola; es una ciudad fronteriza que en 1998 contaba con un parque vehicular alto, con una relación de 4.1 habitantes por vehículo (Semarnat, Gobierno del Estado de Baja California, XVI Ayuntamiento de Mexicali, 1999), muy por arriba de la media nacional de 11.5 habitantes por vehículo (Editorial Televisa, 1998), con consecuencias graves de contaminación, por lo que se requiere de adecuar y regionalizar los criterios de dotación de áreas verdes establecidos en el nivel nacional, así como establecer un proceso de planificación de áreas verdes urbanas acorde con sus necesidades y capacidades. De acuerdo con estos criterios, en esta investigación se plantean los siguientes objetivos:

a) Establecer una metodología con miras a la planificación de áreas verdes urbanas para la ciudad de Mexicali que determine lineamientos para el manejo integrado y sistemático de dichas áreas en zonas urbanas y periurbanas, reconociendo, por un lado, su importancia social como elementos necesarios para desarrollar actividades recreativas y deportivas y, por el otro, valorando sus atributos ambientales, con el objetivo de definir estrategias para preservarlas, regenerarlas u optimizarlas y contribuir así al bienestar de la población.

b) Analizar las experiencias en los procesos de planificación y criterios de dotación de áreas verdes urbanas en otros países.

c) Examinar los beneficios de las áreas verdes desde las perspectivas sociales, ambientales y económicas, así como su contribución en el desarrollo sustentable.

d) Definir un procedimiento para la cuantificación y caracterización de las áreas verdes en la ciudad de Mexicali.

e) Establecer criterios para la determinación de índices de dotación óptimos de áreas verdes acordes con las condiciones de la ciudad de Mexicali.

Adicionalmente a estos objetivos, se plantean las hipótesis que orientan este estudio y que se corroborarán al final de esta disertación:

a) Dotar de áreas verdes a las ciudades ubicadas en zonas áridas representa problemas complejos, no sólo por el tipo de vegetación a utilizar, sino por limitantes impuestas por el medio geográfico, como el tipo de suelo, el clima y la cantidad de agua disponible en el entorno.

b) El proceso de planificación de áreas verdes urbanas en la ciudad de Mexicali es desintegrado y parcial, y no incluye procedimientos que aseguren un inventario confiable, mecanismos que promuevan la participación organizada de la comunidad, la diversificación de fuentes de financiamiento y una normatividad adecuada que aseguren la creación y conservación de un sistema de áreas verdes.

c) Dadas las condiciones regionales de clima y locales, como los usos del suelo, necesidades de espacios recreativos, parque vehicular y contaminación, el criterio nacional de dotación de 10 m^2 de área verde por habitante no es adecuado para la ciudad de Mexicali.

La propuesta metodológica para la planificación de las áreas verdes urbanas para Mexicali se estructuró en seis capítulos. En el primer capítulo se revisan las teorías y los modelos con el objetivo de identificar la forma en que han sido referenciadas o modeladas las áreas verdes como parte de la estructura urbana; se examinan diversas clasificaciones de áreas verdes urbanas para definir una tipología para este estudio y, por último, se analizan los beneficios que representan este tipo de espacios como elementos que pueden contribuir en la construcción del desarrollo urbano sustentable.

En el segundo capítulo se analizan los antecedentes y las principales iniciativas de planificación de áreas verdes que ha habido tanto en México como en otros países, los diferentes conceptos y términos que han surgido y los diversos enfoques que se han generado entorno a dicha planificación en cinco grupos o dimensiones: planificación y diseño, factores tecnológicos, financieros y económicos, legales y de participación pública.

En el tercer capítulo se examinan los desafíos que enfrenta la planificación de áreas verdes urbanas en zonas áridas según las condiciones geográficas ambientales y, al mismo tiempo, se exploran los potenciales o las limitaciones existentes para dicha planificación desde la perspectiva de las estructuras institucionales y operacionales, las condiciones sociales y económicas de la población, así como las formas de participación pública establecidas en el marco jurídico a partir del contexto de Mexicali.

En el cuarto capítulo se presenta la propuesta metodológica de áreas verdes urbanas, integrada por cinco fases: organización, inventario, diagnóstico, estrategia y gestión, así como el desarrollo de seis componentes: los físico-urbanos, tecnológicos, ambientales, financiero-económicos, jurídico-normativos y de participación pública que pueden asegurar una planificación eficiente.

En el quinto capítulo se aplica la metodología propuesta para la ciudad de Mexicali y se presentan los resultados obtenidos con el fin de validar y retroalimentar dicha metodología y corroborar o no los supuestos referidos a Mexicali.

Por último, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones generales del trabajo y una discusión del desarrollo del estudio en diferentes direcciones: respecto a la metodología sugerida, los resultados obtenidos y las limitaciones encontradas.

CAPÍTULO I. CIUDAD, ÁREAS VERDES Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Las áreas verdes es un tema que diversos autores (Varese, 2001; Palomo, 2003, Nowak et al., 1998; McPherson et al., 1998; Krishnamurthy y Nascimento, 1998) han examinado en su relación con los centros urbanos y su contribución al desarrollo sustentable. De manera general, los beneficios de las áreas verdes se pueden agrupar en tres grupos: sociales, ambientales y económicos. Aunque los ejemplos más evidentes son los espacios abiertos para la recreación, como parques y jardines, las áreas verdes también ofrecen servicios ambientales como el mejoramiento del microclima urbano, de la calidad del aire por la absorción del bióxido de carbono y aportación de oxígeno y conservación del agua y suelo, además de beneficios económicos, al reducir consumos de energía eléctrica en edificaciones, realzar el valor de la propiedad inmobiliaria o ser el medio para la producción de alimentos y el empleo.

Las áreas verdes urbanas están integradas por diferentes tipos de espacios, desde un pequeño jardín residencial hasta un parque metropolitano, por ello sus funciones y beneficios son diferentes en el nivel local y regional, dependiendo de su tipología, características y escalas.

En este capítulo se revisan teorías y modelos con el objetivo de identificar la forma en que han sido referenciadas o modeladas las áreas verdes como parte de la estructura urbana, también se examinan diversas clasificaciones de áreas verdes urbanas definiendo una tipología para este estudio y, por último, se analizan los beneficios que representan este tipo de espacios como elementos que pueden contribuir en la construcción del desarrollo urbano sustentable.

LAS ÁREAS VERDES EN LA CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD

En sus orígenes, las ciudades se proyectaron con estructuras simples y muy pocas funciones, pero con el paso del tiempo se reelaboraron a través de sistemas urbanos complejos caracterizados por su dinamismo y constante evolución, como consecuencia de acciones tanto endógenas como exógenas, ya sea por la interdependencia que tuvieron con otras regiones o, incluso, con otros países (por ejemplo, la influencia directa que guardan las ciudades fronterizas).

Esta complejidad ha sido la característica del funcionamiento y conformación del espacio urbano contemporáneo. Aunque cada ciudad ha desarrollado su propia estructura urbana como producto de su evolución histórica y de sus procesos sociales, económicos, políticos y culturales, se pueden reconocer lógicas de estructuración territorial de los usos del suelo más o menos similares para ciudades con condiciones de desarrollo análogas, a partir de las cuales se han desarrollado formulaciones teóricas o modelos para analizar el funcionamiento de las ciudades y, con base en estos estudios, tomar decisiones para el proceso de planificación urbana.

Uno de los conceptos utilizados para explicar la organización y componentes de la ciudad es el referente a la estructura urbana, que sintetiza el entendimiento de la ciudad, simplificando la representación de la realidad basada en el análisis de datos selectivos, y que se utiliza para planificar la forma urbana y estructurar físicamente el territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana.

En este capítulo se revisan algunas teorías y modelos que analizan las lógicas de localización de los componentes de la estructura urbana, con el fin de identificar la manera en que han sido referenciadas o modeladas las áreas verdes como uso del suelo o componente urbano. Las formulaciones al respecto se han agrupado en dos tipos: el primero corresponde a las teorías analíticas que tratan de explicar las lógicas de localización espacial urbana y crecimiento de la ciudad y el segundo corresponde a las formulaciones que se proponen para la estructuración de la ciudad.

TEORÍAS Y MODELOS PARA EXPLICAR LA ESTRUCTURA ESPACIAL URBANA Y SU CRECIMIENTO

Diversos autores han estudiado el funcionamiento y conformación del espacio urbano por medio de diferentes teorías y modelos para analizar el crecimiento de las ciudades y sus explicaciones se basan en una serie de condiciones e interrelaciones de variables urbanas. Durante la década de los setenta surgieron diversos estudios que aportaron diferentes enfoques en la explicación de las lógicas de conformación de las ciudades. En este sentido, los trabajos de Korcelly (1976), Johnston (1977) y Arreola y Curtis (2003) reúnen una vasta cantidad de estudios generados al respecto que se clasifican de acuerdo con sus postulados teóricos básicos. En el caso de los dos primeros autores, sus estudios están enfocados en las ciudades estadounidenses, mientras que Arreola y Curtis (ibid.) retoman a autores que se han enfocado en el estudio de las estructuras urbanas en ciudades latinoamericanas y fronterizas.

Korcelly (ibid.) señala que es posible agrupar en seis grandes enfoques los diversos estudios que han contribuido a las teorías actuales sobre la estructura espacial urbana y su crecimiento:

a) Conceptos ecológicos.

b) Teorías urbanas de uso del suelo y mercado inmobiliario.

c) Modelos de densidad poblacional.

d) Modelos de patrones funcionales intraurbanos (o modelos de interacción espacial).

e) Teorías de redes de asentamientos.

f) Modelos de difusión espacial.

Conceptos ecológicos

Esta concepción pertenece a las nociones básicas de la ecología humana que basa su estudio en la localización de los desarrollos habitacionales a partir de las diferencias en términos de ingreso, nivel de educación, características demográficas, etc., estableciendo que dichas variaciones son determinadas por las fuerzas ecológicas de la competencia por el espacio y la dominancia. En este enfoque se ubican los estudios mencionados por Korcelly (1976), de Berry (1971), Rees (1970) y Murdie (1969). Una de las críticas que se hace a estos estudios es que los resultados son empíricos, con base en sociedades occidentales y sus tres postulados: diferenciación socioeconómica, familiar y étnica.

Teorías de uso del suelo y mercado inmobiliario

Estas teorías comparten algunos principios con la concepción de la ecología humana, como la competencia y dominancia del espacio, pero conciben los patrones de estructura urbana como un reflejo de los costos de transporte y la renta del suelo urbano, en la que “cada actividad tiene una capacidad para derivar utilidad de cada sitio en el área urbana; la utilidad del sitio se mide por la renta de la actividad que se está dispuesto a pagar por el uso del sitio” (Korcelly, 1976: 97). Esta teoría se fundamenta en los postulados iniciales de Von Thünen (1826, cit. por Korcelly, 1976) y es retomada por otros autores (Ratcliff, 1949; Alonso, 1964 y Garner, 1967, citados por Korcelly, 1976).

Modelos de densidad poblacional

Este modelo se basa en la densidad poblacional intraurbana en términos de la función exponencial negativa de la distancia al centro de la ciudad, que ha sido una de las generalizaciones más comunes en la geografía urbana y que depende del tamaño de la ciudad. Generalmente, los perfiles de población son explicados en términos de costos de transporte y renta del suelo. Las primeras formulaciones al respecto, como lo cita Korcelly (1976: 100), fueron dadas por Bleicher en 1892 y han sido retomadas en el análisis urbano por diversos autores también citados por Korcelly (1976) (Clark, 1951; Berry et al., 1963; Romashkin, 1967; Lentz, 1974).

Modelos de patrones funcionales intraurbanos

Estos enfoques, denominados funcionales, provienen de conceptos de la física social referentes a la interacción humana en el espacio. Estos modelos, según Korcelly (1976: 102), fueron introducidos en el análisis espacial durante los años cuarenta por Stewart (1947) y Zipf (1949) y describen las interacciones humanas en el espacio a partir de las actividades del hombre, y su diferenciación y sucesión en patrones de uso del suelo. Un modelo típico es el llamado de las variables exógenas, como el tamaño y distribución del empleo básico que sirve para generar el empleo total, la estructura económica y la población total de la ciudad.

Teorías de las redes de asentamientos

Estas teorías han desarrollado tres enfoques —desde la escala regional o interregional hasta la urbana— para interpretar el crecimiento urbano y la estructura de las ciudades. Esto incluye la teoría del lugar central, los patrones de asentamiento lineal y la teoría del área metropolitana, siendo las dos primeras las que hacen mayor referencia a la estructura urbana.

Como refiere Korcelly (1976: 104), la posibilidad de transferir la teoría del lugar central a una escala intraurbana fue sugerida por Garrison (1962) y Berry (1963). En contraste con el modelo de lugar central, que aplica sobre uno de los componentes de la estructura espacial (el comercio y los patrones de servicio), el modelo lineal usualmente integra más elementos, como lo postulan Isard y Reiner (1962, citados por Korcelly, 1976: 105). También hubo otras contribuciones, de acuerdo con Korcelly (1976), como la de McKenzie (1933), quien demostró que las interrelaciones entre el crecimiento de la ciudad como un organismo económico y su extensión territorial y reagrupamiento de funciones llevan a la conformación de una comunidad metropolitana.

Modelo de la difusión espacial en la escala intraurbana

Muchos de los modelos ya mencionados examinan los patrones espaciales más que los procesos responsables de dicha estructura. Este modelo trata de explicar el proceso mediante el cual se configura la dispersión del fenómeno urbano sobre el territorio en un periodo determinado.

Estos modelos tienen sus orígenes en los conceptos de diseminación de las culturas y las plantas, la ocupación secuencial y la colonización de fronteras, como lo señala Brown (1968, en Korcelly (1976: 105). Más tarde se crean innovaciones, como los modelos de migraciones planteados por Hägerstrand (1969) y de desarrollo de redes de asentamientos locales analizados por Morrill (1965), ambos citados por Korcelly (1976: 106).

Existen otras clasificaciones de estudios sobre estructura urbana, como aquella que establece Johnston (1997), quien realiza una revisión y clasificación de estudios al respecto y establece que existen tres grandes enfoques para clasificar los modelos relacionados con la geografía urbana y explicar la estructura de las ciudades.

El primero es un enfoque cuantitativo descriptivo, basado en la documentación de la organización espacial de la sociedad. Los modelos explicativos son derivados en parte de los economistas neoclásicos, quienes enfatizan el precio del suelo a través de la competencia del mercado, estableciendo los costos extras por la distancia. La descripción de los patrones de uso del suelo basados en este modelo relaciona la ubicación y accesibilidad a través del mecanismo del precio. Se asume que los precios más bajos se localizan en los lugares menos accesibles, incrementando los costos por el transporte.

El segundo es el llamado enfoque del comportamiento, propuesto a mitad de la década de los sesenta como un ataque a los modelos cuantitativos descriptivos, los cuales proponen que las actividades individuales obedecen a las condiciones del mundo percibido. Esta tendencia se enfoca más a la interpretación de las decisiones, teniendo fuertes ligas con las filosofías fenomenológicas e idealistas.

El tercero es el enfoque radical y estructuralista, el cual enfatiza las limitaciones que la sociedad como conjunto, y particularmente ciertos grupos dentro de ella, imponen en el comportamiento de los individuos. Los protagonistas de este enfoque acusan a los dos anteriores de ignorar las realidades del ser humano en la toma de decisión. Sin embargo, esta postura es criticada porque sólo estudia los mundos percibidos de los individuos e ignora las limitaciones impuestas sobre ellos por la sociedad. El problema es el concepto sobresaliente de este enfoque: el conflicto entre desiguales.

Estos enfoques, de acuerdo con Johnston (1997: 83), están representados en la literatura a través de revistas como Environment and Planning and Geographical Analysis para el primero, Environment and Behaviour para el segundo y Antipode para el tercero.

Por último, otra clasificación de estudios de la estructura urbana de ciudades, pero enfocada a ciudades latinoamericanas, es la propuesta por Arreola y Curtis (2003), quienes plantean que existen dos principales escuelas al respecto: la dinámica y la descriptiva.

La dinámica incluye estudios que analizan la manera en que las iniciativas de los usuarios y el Estado contribuyen en el desarrollo urbano. También buscan explicar los patrones de uso del suelo y la distribución de los grupos sociales dentro de la ciudad, al considerar al suelo urbano como la variable dependiente y enfocarse en la identidad y el rol de los tomadores de decisión en la conformación espacial urbana.

La escuela descriptiva incluye estudios deductivos referidos a aspectos que consideran los gradientes de densidad, ecología social y morfología física para analizar la estructura urbana con relación al uso del suelo y la distribución poblacional. Dentro de esta escuela, lo más relevante son los modelos morfológicos asociados con la Escuela de Chicago y los sociólogos urbanos, que conceptualizan el ambiente construido de la ciudad y sus patrones internos de organización. Metodológicamente están basados en la observación directa, la clasificación y delimitación de usos del suelo y técnicas de datos históricos.

Dentro de este enfoque, Arreola y Curtis (2003: 60) mencionan que se encuentran los trabajos de Griffin y Ford (1980), Hoffman (1983) y Gildersleeve (1978), autores que han analizado la estructura urbana de ciudades fronterizas y han elaborado diversos modelos de estructura urbana basados en evidencia empírica. Griffin y Ford desarrollaron un modelo a partir de estudios de la ciudad de Bogotá, Colombia, así como en Tijuana, Baja California, afirmando que dicho modelo es aplicable a centros urbanos de la región con las mismas características de tamaño y dinamismo.

Aunque el modelo Griffin y Ford ofrece una aproximación razonable de la estructura urbana de las ciudades latinoamericanas y fronterizas, Arreola y Curtis (2003) refieren que ha recibido críticas de diversos autores por sus limitaciones. Citados por Arreola y Curtis (ibid.), Hoffman (1983) señala que este modelo tiene parámetros imprecisos y no establece diferencias entre los usos del suelo comercial e industrial. Blij y Müller (1988) señalan que es indispensable incorporar la dimensión tiempo, mientras que otros, como Lowder (1986), opinan que los autores parecen sobreinfluidos por la apariencia física externa de la ciudad.

En el caso del modelo de Gildersleeve, basado en investigaciones de Ciudad Juárez, Nogales y Agua Prieta, y el de Hoffman, derivado de Tijuana y Ciudad Juárez (citados por Arreola y Curtis, ibid.) se menciona que estos modelos son restringidos, debido a que son estáticos y su clasificación de usos reducida, por lo tanto, no son adecuados para el propósito principal del estudio de ciudades fronterizas. Después de este análisis, se propone otro modelo basado en un estudio de mapeo e investigación de usos del suelo conducido en 18 comunidades fronterizas, mismo que incorpora una clasificación dinámica, temporal y una clasificación más amplia de uso del suelo, identificando las características que han aparecido en las últimas décadas del desarrollo de la ciudad (ver figura 1). Este último modelo se enfoca sobre dos fases de la evolución estructural de estas ciudades: la tradicional, basada en los planos de las ciudades coloniales españolas y su influencia desde la década del XIX y el siglo XX, y la moderna, como consecuencia del crecimiento después de la década de los cuarenta con el desarrollo de la tecnología y los programas y políticas públicas. El modelo resume gráficamente los elementos estructurales más comunes, que muestran una fuerte orientación sectorial de las dos etapas del desarrollo urbano, el presente y el tradicional, separados por una línea que representa los límites de un área y el comienzo de otra, que corresponde al área moderna.

El modelo establece la dimensión temporal a través de la identificación de los usos del suelo “viejos” y “nuevos” que han emergido en el periodo moderno. En este modelo, el distrito central rodea al distrito turístico, el cual se interconecta por franjas comerciales, incluyendo una columna vertebral que apoya las compras regionales. Las actividades industriales, que gradualmente se han movido del centro a la periferia, se encuentran cerca del ferrocarril y las principales carreteras. Las maquiladoras están cerca de la línea internacional y del aeropuerto. En general, la calidad de la vivienda decae conforme se aleja del distrito central de negocios; finalmente, en el borde de la ciudad, adyacente a las principales carreteras, se encuentran pequeños asentamientos irregulares periféricos con un patrón irregular.

Excepciones a este patrón son algunos asentamientos humanos irregulares internos entre la línea del ferrocarril y la línea internacional. En el lado opuesto de la ciudad está una sección prestigiosa separada del resto de la comunidad. Las áreas residenciales altas ocupan un espacio limitado y no están conectadas entre ellas, presionando hacia los sectores exteriores de la mancha urbana. Finalmente, las viviendas públicas de interés social están situadas cerca de las áreas industriales, especialmente las maquiladoras.

Las ciudades fronterizas exhiben ciertas características estructurales que pueden ser distintivas de otras de la región, como la configuración peculiar, distritos turísticos, parques industriales y una alta concentración de arterias viales orientadas hacia las garitas.

A pesar de estas cualidades distintivas entre las ciudades fronterizas y otras ciudades mexicanas, así como de la influencia de la economía estadounidense, las ciudades fronterizas parecen más congruentes morfológicamente con los centros urbanos de Latinoamérica que con los estadounidenses.

En suma, se puede establecer, por una parte, que aunque los estudios que se han desarrollado para explicar el crecimiento y la configuración de las ciudades son numerosos, existen coincidencias en la clasificación de enfoques entre los autores examinados. Por ejemplo, el enfoque ecológico mencionado por Korcelly (1976) corresponde a los modelos morfológicos asociados con la Escuela de Chicago referidos por Arreola y Curtis (2003). De igual manera, el modelo explicativo derivado de los economistas neoclásicos que define Johnston (1997) se relaciona con las teorías de uso del suelo y mercado inmobiliario que señala Korcelly (ibid.) y el enfoque de la Escuela dinámica que mencionan Arreola y Curtis (ibid.). Finalmente, de los tres autores analizados, el que presenta una revisión y una clasificación más amplia de estudios es Korcelly (1976). Por otra parte, las variables principales consideradas en dichos modelos se relacionan con aspectos de ingresos y empleo de la población, vivienda, industria, comercio y servicios, renta del suelo y costos del transporte, por lo que las áreas verdes no figuran como componentes urbanos determinantes en la estructuración de los centros urbanos, ni aun en los modelos de Arreola y Curtis (ibid.), que son un referente más cercano a la realidad de las ciudades fronterizas y que incorporan una visión dinámica de la ciudad, ni en los de enfoque ecológico, ya que su orientación, más que ambiental, ha sido hacia la ecología humana.

FORMULACIONES DE TIPO PROPOSITIVO PARA LA ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL DE LA CIUDAD

Existen diversos autores en México y Sudamérica que han formulado propuestas para estructurar espacialmente la ciudad (Ducci, 2005; Ainstein, 2001; Oseas, 1992; Méndez, 1992; Corral y Beker, 1989; Schjetnan et al., 1984), así como dependencias públicas encargadas de la planeación urbana (SAHOP, 1981), que aunque definen de diversas maneras la estructura urbana, coinciden en concebirla como la relación entre la organización espacial de actividades y la estructura física que las aloja, entendiendo que cada una de estas interactúa sobre la otra. Estos autores proponen diferentes clasificaciones de usos del suelo para la estructuración urbana, las cuales se pueden resumir en los siguientes tipos: vivienda, industria, comercio, recreación, oficinas, turismo y alojamiento, rústico y especiales.

Con excepción del planteamiento de Schjetnan, los demás autores consideran que las áreas verdes están asociadas primordialmente al uso recreacional, esencialmente como componentes del equipamiento urbano. En este caso, los criterios de localización son básicamente establecidos a partir de su relación con la jerarquía vial y el nivel de servicio (sector, distrito o barrio).

En el caso de Schjetnan et al., (ibid.), las áreas verdes están representadas por un número mayor de elementos, como parques, jardines, plazas, cinturones verdes y áreas naturales, mientras que en su propuesta de estructuración urbana combina aspectos de función y forma de la ciudad, con énfasis en esta última. La estructura urbana se crea a partir de cuatro grandes componentes: las actividades de la población, los espacios adaptados, las redes de infraestructura y la comunicación, así como la accesibilidad (ver figura 2).

Las actividades que realiza la población se llevan a cabo en espacios adaptados para cada tipo de actividad, espacios que son abastecidos por las redes para su funcionamiento. En los espacios adaptados se realizan las actividades de la población, estos pueden ser abiertos (calles, plazas, parques) o cerrados (vivienda, industria y equipamiento). Las redes son el conjunto de instalaciones que abastecen y permiten el desalojo de los desechos de los espacios adaptados para el desarrollo de las actividades de la población y que hacen posible el funcionamiento de la ciudad (red de agua potable, drenaje, electricidad, etc.). La comunicación son los medios que utiliza la población para desplazarse en la ciudad (vialidades y transporte) y la accesibilidad es la capacidad de aproximación entre los cuatro elementos.

Los movimientos de la población se hacen a través de los medios de transporte y las vialidades. La accesibilidad se genera a partir de la posición de dichos elementos en la ciudad, generando dificultades o facilidades para su interrelación.

Con base en estos elementos, Schjetnan et al., (ibid.: 53) plantean el caso de ciudades cuya estructura física se deriva de plazas y jardines que generalmente corresponden a ciudades que son parte de la tradición urbana en México, propicias para el encuentro y contacto social, que crean microclimas urbanos, tienen una imagen clara y, en el caso de los espacios abiertos lineales, las zonas naturales son fácilmente accesibles para la población y surgen a partir de una intención de conservar los elementos naturales con gran valor ecológico y visual. De esta manera, en la concepción de Schjetnan, las áreas verdes son reconocidas como elementos importantes en la estructuración espacial urbana, aunque la variable económica no está considerada. En suma, en las formulaciones orientadas a las propuestas de estructuración urbana, las áreas verdes se identifican como componentes de uso recreacional con función social y cuyos criterios de localización obedecen básicamente a su relación con otros usos, con la jerarquía vial y los niveles de servicio; sin embargo, no se realizan consideraciones económicas, socioculturales y político-administrativas, mismas que condicionan el comportamiento espacial de la ciudad.

Desde un punto de vista general, las áreas verdes urbanas no son modelables, ya que son áreas que surgen como complemento al desarrollo de otros usos, como el habitacional; con excepción de los grandes parques metropolitanos, que están determinados por otras condiciones (históricas o rasgos físicos naturales relevantes).

TIPOLOGÍA DE ÁREAS VERDES URBANAS

Los procesos de planificación requieren el conocimiento del objeto a planificar, por lo que el proceso de planificación de áreas verdes urbanas debe inventariar las áreas verdes, clasificarlas y evaluarlas. En este apartado se analizan conceptos, definiciones y clasificaciones de las áreas verdes urbanas con el propósito de establecer una definición y clasificación adecuada para la planificación de dichas áreas en Mexicali.

El análisis de los conceptos y clasificaciones de áreas verdes se realizó revisando experiencias y referentes teóricos en los niveles internacional, nacional y local. En el nivel internacional los principales referentes son Estados Unidos y Gran Bretaña, países que están en la vanguardia de la planeación urbana, regional y ambiental, y donde se crearon las primeras escuelas de planeación (1909) y arquitectura del paisaje (1901). En estos países también se establecieron las primeras dependencias encargadas de la protección al medio ambiente, como la Environmental Protection Agency (EPA), en 1969, en Estados Unidos (Arredondo y Peña, 2005). Además, estas naciones son líderes en movimientos ambientalistas, como la iniciativa de las corredores verdes o “greenways” (Fabos, 2004; Ahern, 1995; Flink y Searns, 1993). Asimismo, se revisaron los casos de Venezuela y Chile como un referente más próximo a nuestra realidad.

En el ámbito nacional, se cotejó la normatividad federal relacionada con áreas verdes como marco general, de donde se desprenden las legislaciones estatales, adicionalmente, se seleccionó la normatividad de los estados de Chihuahua y Nuevo León, ya que comparten características fronterizas y de zonas áridas. En el caso local se revisaron las principales disposiciones para el estado de Baja California, incluyendo a Mexicali, por ser el objeto de aplicación.

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE ÁREAS VERDES URBANAS

El tema de áreas verdes y su planificación propiciaron el surgimiento de nuevos y diversos términos utilizados para definir las superficies con vegetación en los centros urbanos, como “bosque urbano”, “espacios verdes”, “infraestructura verde”, “corredores verdes”, “estructura verde” y “áreas verdes”.

El término “bosque urbano” (urban forest) es un concepto utilizado principalmente en las dependencias gubernamentales e instituciones estadounidenses relacionadas con la forestación urbana. Existen diversas definiciones al respecto (USDA Forest Service, 1999; Georgia Forestry Comission, 2001), pero básicamente hacen referencia a los bosques urbanos, aunque también comprende los árboles y otro tipo de vegetación que crezca en lugares donde la gente vive, trabaja y juega, esto incluye los árboles en propiedad pública y privada, en las calles, en áreas residenciales, parques y desarrollos comerciales, así como en otras partes dentro de la ciudad.

Los “espacios verdes” es un término utilizado comúnmente en el contexto europeo, en países como Gran Bretaña (Varese y Bertelli, 2001; ODPM, 2002; Stephenson-Oliver, 2003), Francia (Bordes-Pagès, 2002) o Austria (Ries et al., 2002), que se considera como tierra sin desarrollar, no necesariamente para uso recreacional, que provee una visión positiva y contribuye a enriquecer el ambiente de los centros urbanos. En el medio urbano los espacios verdes se presentan en una variedad de formas: parques públicos, jardines ornamentales, campos verdes asociados a vivienda, instituciones, propiedades comerciales, industriales y educacionales, campos de juegos privados y públicos, jardines privados, vialidades y ciclopistas. Los espacios verdes en los ambientes urbanos tienen un valor paisajístico, ambiental, recreacional y para la fauna silvestre (Cheltenham Borough Local Plan, 1997).

La “infraestructura verde” es definida por Eugster (2000) como el sistema de soporte de la vida natural, que comprende la planeación y manejo estratégicos de la cadena de áreas naturales, parques, corredores verdes y áreas con valores de conservación que proveen el sustento de especies nativas, mantienen los procesos ecológicos naturales, preservan los recursos de agua y aire, además de contribuir a la salud y calidad de vida de los habitantes de las comunidades.

Eugster (ibid.) señala que la intención de usar el término “infraestructura” es elevar las necesidades de los elementos naturales (agua, tierra y aire) al mismo nivel que las necesidades de vialidad, electricidad y redes, con el objetivo de transformar los conceptos de este tipo de espacios en algo que “debe haber”, en lugar de algo “agradable de tener”.

De acuerdo con Tzoulas et al., (2007), el concepto “infraestructura verde” ha sido introducido como un versión de los sistemas de espacios verdes urbanos, que comprende una red de espacios naturales, seminaturales y artificiales con multifunciones ecológicas alrededor y dentro de las áreas urbanas que pueden contribuir a la conservación de la naturaleza y promoción de la salud pública. Además, la infraestructura verde mantiene la integridad del sistema de hábitats y puede proveer las bases para una red ecológica.

Las “vías o corredores verdes”, de acuerdo con Viles y Rosier (2001) y la Florida Department Environmental Protection (2006), son espacios abiertos lineales protegidos para la conservación o la recreación, que generalmente siguen elementos naturales tales como ríos, bordes, cañadas, costas o elementos artificiales como caminos, canales o líneas del ferrocarril abandonadas y que sirven también para interconectar parques, áreas naturales o sitios culturales e históricos. Con este concepto se han conformado diversas asociaciones en las dos décadas pasadas para conectar ciudades con este tipo de corredores, ya sea dentro de un país o entre países, como es el caso, en Europa, de la Asociación Europea de Vías Verdes (1998), Friends of Czech Greenways (1994) y la Associazione Italiana Greenways (1998), o en Estados Unidos asociaciones como Woodland Trail Greenway Association (1992), East Coast Greenway Alliance (1991) y los Greenways de Lexington-Fallete (2006).

Botequilha y Ahren (2002) establecen que los “corredores verdes” representan un concepto de planeación espacial integrado por una red de elementos lineales que son desarrollados con múltiples propósitos, incluyendo los ecológicos, recreativos, culturales y estéticos, pero el componente fundamental para la planeación de los corredores verdes es la biodiversidad, dado que constituyen una estructura capaz de soportar las funciones ecológicas fundamentales del paisaje, para lo cual la aplicación de conceptos de ecología del paisaje son la herramienta de planeación adecuada.

El término “estructura verde”, de acuerdo con Lindholm (1999), es un concepto reciente introducido oficialmente en la Ley de Planeación y Edificación de Suecia, en 1994, para elaborar programas verdes en ciudades de cierto rango; sin embargo, el concepto, aunque novedoso y aceptado, recibió críticas por ser excluyente de las relaciones con otras elementos de la ciudad.

Respecto al término “áreas verdes”, en México existen diferentes definiciones según las diversas normatividades. La Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP, 1979) define las áreas verdes urbanas como aquella vegetación localizada en los espacios públicos, es decir, parques, jardines, unidades deportivas, zoológicos, camellones, banquetas, glorietas y otras áreas como plazas o espacios abiertos entorno a edificios de servicio público.

Sin embargo, esta definición no prevé los espacios abiertos de carácter privado que pueden ser importantes en el nivel ciudad, como las áreas verdes de centros educativos privados, de empresas o industrias, además de no tener en cuenta los elementos naturales que pueden contribuir al mejoramiento ambiental urbano, como los ríos, arroyos o cañadas.

La Ley Ambiental del Distrito Federal (DOF, 1996) define áreas verdes como la superficie cubierta por vegetación natural o inducida cuyos excedentes de lluvia o riego pueden infiltrarse al suelo natural.

En el Reglamento Municipal de Ecología y Protección al Ambiente del Municipio de Juárez, Chihuahua (Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, 1995) se define como la superficie de terreno de propiedad pública o propiedad particular que se destina para la siembra de cualquier especie vegetal con fines ornamentales o de recreación.

En el Reglamento del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Municipio de Allende, Nuevo León (Ayuntamiento de Allende, 2002) las áreas verdes son el área pública o privada provista de vegetación.

En el Reglamento de Protección al Ambiente para el Municipio de Mexicali, Baja California (POE, 1997) las áreas verdes son aquellas áreas que están constituidas por cualquier tipo de vegetación, como árboles, arbustos, plantas florales, plantas rastreras, cactáceas, etcétera.

En la Fracción V del Artículo 3º del Reglamento de Áreas Verdes para el Municipio de Mexicali (POE, 2005a) se definen las áreas verdes como “aquellas zonas que están constituidas por cualquier tipo de vegetación, como árboles, arbustos, plantas florales, plantas rastreras, cactáceas; como son parques urbanos, jardines públicos, zonas de preservación ecológicas y demás áreas análogas existentes, así como glorietas, calzadas, camellones, plazas, isletas, bulevares y panteones”.

Respecto a las dos definiciones de los reglamentos del Municipio de Mexicali, el más reciente (POE, 2005a) se expresa con mayor amplitud y parece retomar la definición del primero y complementarla, al añadir los tipos de áreas verdes que pueden representarlas en el nivel urbano, sin embargo, hace referencia básicamente a áreas verdes de carácter público.

Por otra parte, en el Municipio de Baruta, Venezuela, de acuerdo con su reglamentación, que tiene por objeto establecer el régimen de conservación, defensa y mejoramiento de las áreas verdes de carácter público o privado, se consideran estas como aquellas áreas naturales o tratadas sometidas a un régimen especial de administración por razones de equilibrio ecológico, belleza escénica, recreación de la comunidad y bienestar colectivo (Concejo Municipal de Baruta, 1998).

De esta manera, podemos observar que en el ámbito nacional e internacional han surgido diferentes términos para denominar a los espacios urbanos donde predomina algún tipo de vegetación y, de cierto modo, los términos se han regionalizado; así, en el contexto estadounidense el término más usado es bosque urbano, en Europa, espacios verdes y, en México, áreas verdes.

De los diferentes términos y conceptos utilizados para definir los diversos tipos de superficies con vegetación en los centros urbanos, se considera que el término “bosque urbano” es limitativo, al relacionarse y enfatizar un elemento en particular: el bosque. Los términos “infraestructura verde” y “corredor verde” se basan primordialmente en la función ecológica y preservación de la biodiversidad, para lo cual se requiere que estén articulados en redes, lo que implica que todos los elementos “verdes” deberían estar interconectados entre sí para su óptimo funcionamiento, condición que no es obligatoria para un adecuado funcionamiento en la ciudad, ya que también se puede conformar un sistema a partir de su estructuración jerárquica, como es el caso de los espacios dedicados a la recreación (jardín vecinal, parque de barrio, parque urbano, etc.). El concepto “estructura verde” excluye la interrelación con otros elementos de la estructura urbana, lo que propicia programas verdes que no están integrados con la planeación urbana. Un concepto más amplio es el de “espacios verdes urbanos”, que supera la escala bidimensional y está asociado con aspectos de diseño cuyos espacios no están constituidos exclusivamente por vegetación, sin embargo, no es un término usual en nuestra legislación.

El término áreas verdes urbanas es el más utilizado en la legislación mexicana, seguramente porque está relacionado con aspectos de planeación de los usos del suelo en el nivel urbano o con planes de ordenamientos ecológicos. Este será el término que se adoptará en la presente investigación; sin embargo, este concepto está primordialmente referido a superficies provistas de vegetación, siendo que pueden estar constituidas también por otro tipo de instalaciones o edificaciones. Por lo tanto, se requiere de un concepto de área verde que incluya todos los tipos de espacios, por lo que la definición de área verde urbana que se propone y que se adoptará en este estudio es aquel suelo localizado dentro de la mancha urbana o áreas urbanas periféricas dentro del límite de centro de población constituido predominantemente por superficies permeables como tierra, provistas con cubrepisos, arbustos o árboles y eventualmente otro tipo de superficies impermeables o edificaciones menores, de carácter público o privado, ya sea de origen natural o acondicionado y que pueden desempeñar funciones ambientales, sociales o productivas.

MARCO NORMATIVO Y TIPOLOGÍA DE ÁREAS VERDES URBANAS

Para establecer la tipología de las áreas verdes urbanas se analizaron las clasificaciones definidas en el marco legislativo mexicano y de otros países. Para el caso de México se revisó, en el ámbito federal, el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano y la Ley de General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, mientras que en el ámbito estatal se examinaron la Ley de Protección al Ambiente del Estado de Baja California y la reglamentación del Municipio de Mexicali. En el ámbito internacional se revisaron las Guías de Planeación de Gran Bretaña, las ordenanzas en un municipio de Venezuela y la reglamentación del Servicio Forestal en Estados Unidos.

Ámbito nacional

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, 2001b) establece en el subsistema Recreación y Deporte, del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, una tipología de espacios constituidos por edificaciones y áreas verdes dedicados fundamentalmente a las actividades de recreación o práctica de algún deporte, el descanso, esparcimiento y convivencia de la población.

El subsistema Recreación se plantea como indispensable para el desarrollo de la comunidad, ya que a través de sus servicios contribuye al bienestar físico y mental del individuo mediante el descanso y esparcimiento, además de que cumple con una función relevante en la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Generalmente están constituidos por espacios comunitarios complementados con árboles y vegetación menor, así como diversos elementos de mobiliario urbano.

Este subsistema está integrado por ocho elementos: plaza cívica, juegos infantiles, jardín vecinal, parque de barrio, parque urbano, área de ferias y exposiciones, sala de cine y espectáculos deportivos.

La plaza cívica es un espacio destinado básicamente a la reunión, los juegos infantiles están dedicados a la recreación de los niños, el jardín vecinal y parque de barrio propuestos son lugares para el paseo, descanso y convivencia de la población y todos tienen un radio de servicio en el nivel barrio o distrito; mientras que el parque urbano, área de ferias y exposiciones y espectáculos deportivos son un tipo de equipamiento más especializado cuyo radio de servicio es en el nivel ciudad.

El Subsistema Deporte se plantea para la realización de actividades deportivas en forma libre y organizada, contribuyendo al esparcimiento y la utilización positiva del tiempo libre. Este subsistema está integrado por siete elementos: módulo deportivo, centro deportivo, unidad deportiva, ciudad deportiva, gimnasio deportivo, alberca deportiva y salón deportivo. El módulo deportivo es un área acondicionada para la práctica organizada o libre de uno o más deportes. El centro deportivo está constituido por un conjunto de canchas al aire libre. El gimnasio deportivo es un espacio cubierto con instalaciones especiales para realizar actividades principalmente deportivas, así como la alberca deportiva y el salón deportivo que están destinados esencialmente a la práctica libre u organizada de diversos deportes y juegos de salón. Todos estos tipos de equipamiento tienen radios de servicio en el nivel barrio o distrito, mientras que la unidad deportiva y la ciudad deportiva son elementos con radio de servicio en el nivel ciudad.

Como se puede observar, las categorías establecidas por Sedesol (2001b), relacionadas con áreas verdes, están referidas básicamente en el nivel urbano, sin embargo, en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) (Leyes y Códigos de México, 2000) las categorías están establecidas en la escala regional urbana.

En la LGEEPA se determinan ocho categorías de áreas naturales protegidas, de las cuales seis son de competencia federal: reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna y santuarios; una es de competencia estatal: parques y reservas estatales, y una de competencia municipal: zonas de preservación ecológica de los centros de población, cuyas características son:

a) Las reservas de la biosfera se constituyen en áreas biogeográficas relevantes en el nivel nacional, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

b) Los parques nacionales son representaciones biogeográficas, en el nivel nacional, de uno o más ecosistemas que se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo o bien por otras razones análogas de interés general.

c) Los monumentos naturales son áreas con uno o varios elementos naturales, pueden ser lugares u objetos naturales que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se incorporan a un régimen de protección absoluta. Tales monumentos no tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo.

d) Las áreas de protección de recursos naturales son aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y, en general, los recursos naturales localizados en terrenos forestales de aptitud preferentemente forestal. Se consideran dentro de esta categoría las reservas y zonas forestales, las zonas de protección de ríos, lagos, lagunas, manantiales y demás cuerpos considerados aguas nacionales, particularmente cuando estos se destinen al abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones.

e) Las áreas de protección de la flora y la fauna son los lugares que contienen el hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres.

f) Los santuarios son aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución restringida. Dichas áreas abarcarán cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas.

En el caso de la categoría de parques y reservas estatales, corresponde a los gobiernos de los estados su establecimiento, mientras que en el caso de las zonas de preservación ecológica de los centros de población, la Fracción V del Artículo 8o establece que “corresponde a los municipios la creación y administración de zonas de preservación ecológica, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local”.

La LGEEPA no establece una definición específica para las zonas de preservación ecológica de los centros de población, sin embargo, el Artículo 47 bis (DOF, 2005) determina que para el establecimiento de la áreas naturales protegidas se realizará una división por zonas para su manejo adecuado, además define las zonas de preservación como “aquellas superficies en buen estado de conservación que contienen ecosistemas relevantes o frágiles o fenómenos naturales relevantes, cuyas actividades permitidas son la investigación científica, actividades de educación ambiental y actividades productivas de bajo impacto ambiental”.

Con base en esta clasificación y dadas las características de la mayoría de las áreas naturales protegidas, estas se localizan generalmente fuera de los centros urbanos, aunque puede darse el caso que parte de ellas se encuentren en zonas aledañas o, como en el caso de las zonas de preservación ecológica, que se encuentren dentro de los límites de centro de población, sin embargo, como lo menciona la propia ley, en las áreas naturales protegidas no podrá autorizarse la fundación de nuevos centros de población.

Debemos señalar que en la normatividad federal, las áreas verdes urbanas no son consideradas como elementos independientes, sino que forman parte del equipamiento urbano, porque contribuyen al desarrollo de actividades recreativas o deportivas o porque favorecen la creación de ecosistemas y protección de recursos naturales, en el caso de las áreas naturales protegidas.

Ámbito estatal y municipal

De acuerdo con la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California (POE, 2001b), las áreas naturales protegidas de competencia estatal son de tres tipos: reservas estatales, parques estatales y monumentos naturales estatales. El Artículo 46 establece que “las reservas estatales son aquellas áreas biogeográficas relevantes, representativas de uno o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del ser humano o que requieran ser preservadas o restauradas, en las cuales habiten especies representativas de la biodiversidad estatal, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. En ellas podrán autorizarse la realización de actividades de preservación de los ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y educación ecológica y limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas”.

Sin embargo, las áreas naturales protegidas de competencia estatal, al igual que las de competencia federal, son áreas que por su naturaleza no se localizan dentro de los centros urbanos, aunque pueden encontrarse cercanos a estos.

En referencia al Reglamento de Edificaciones para el Municipio de Mexicali (POE, 1998), está integrado por nueve capítulos y 255 artículos. En el Capítulo Cuarto, Sección II, se establece la clasificación de las edificaciones e instalaciones. A la edificación se le otorga una clasificación general con base en la actividad principal o preponderante de la misma en relación con el uso del suelo. Las edificaciones e instalaciones se clasifican en siete grandes tipologías: habitacional, equipamiento y servicios, industria, infraestructura, agrícola pecuario y forestal, áreas verdes y espacios abiertos, y áreas naturales protegidas.

Las tipologías relacionadas con áreas verdes son las siguientes:

a) Equipamiento y servicios, que contiene la subclasificación de deporte y recreación definida como las instalaciones donde se realizan actividades deportivas y recreativas, constituidas por los siguientes elementos: centros deportivos, estadios, gimnasio de deportes, campos y canchas deportivas, albercas, salones de ejercicio físico, club deportivo y recreativo, campo de tiro y boliche. En la subclasificación de diversión y espectáculos, definida como las edificaciones para la celebración de eventos cívicos y sociales, se mencionan como edificaciones para la recreación social: jardines para eventos, salones para eventos y salones de baile.

b) Áreas verdes y espacios abiertos, que incluye plazas y explanadas, así como parques y jardines desde 500 m² hasta mayores de 10 000 m².

c) Tipo agrícola, pecuario y forestal, que incluye aquellas instalaciones para realizar actividades de cultivo y para el aprovechamiento y explotación renovable silvícola.

d) Áreas naturales protegidas, que incluye aquellas declaradas por la federación y las declaradas por el estado y el municipio.

En el Reglamento de Protección al Ambiente para el Municipio de Mexicali, Baja California (POE, 1997) y en el Reglamento de Áreas Verdes para el Municipio de Mexicali (POE, 2005a) no existe una tipología de áreas verdes, solamente se incluyen sus definiciones.

Como se observa, en la reglamentación municipal se considera una gama más amplia de áreas verdes con relación a la normatividad federal y estatal, aunque primordialmente son de carácter público.

Ámbito internacional

La Ordenanza de Áreas Verdes del Concejo Municipal de Baruta, Venezuela, tiene por objeto establecer el régimen de conservación, defensa y mejoramiento de las áreas verdes de carácter público o privado de uso público que pertenecen al Municipio de Baruta, Venezuela, de conformidad a lo establecido en el ordinal 10º del Artículo 36 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (Concejo Municipal de Baruta, 1998).

Para los efectos de la aplicación de esta Ordenanza, se consideran áreas verdes las áreas naturales o tratadas sometidas a un régimen especial de administración por razones de equilibrio ecológico, belleza escénica, recreación de la comunidad y bienestar colectivo.

Para los fines de la interpretación y aplicación de esta Ordenanza se define y clasifican las áreas verdes en:

a) Áreas verdes naturales. Aquellas áreas que deben ser reguladas y protegidas de todo uso o aprovechamiento que implique la modificación de sus condiciones naturales.

b) Monumentos históricos naturales. Áreas verdes y árboles del patrimonio ecológico y cultural del Municipio. Estas áreas no serán modificadas bajo ningún concepto.

c) Áreas verdes tratadas. Aquellas áreas cuyas condiciones y características naturales permiten su acondicionamiento a los fines del desarrollo de actividades de carácter recreativo, de esparcimiento o disfrute estético tales como:

- Parques. Espacios abiertos cuyas condiciones físicas, vegetación y topografía, combinados con elementos artificiales, permiten el desarrollo de actividades de esparcimiento.

- Plazas y paseos. Aquellos espacios abiertos acondicionados para fines recreativos, cuyas características definidas en su respectivo proyecto de urbanismo no permiten el desarrollo de un uso específico.

- Áreas libres. Aquellas áreas remanentes de una urbanización o parcelamiento cuyas características, definidas en su respectivo proyecto de urbanismo, no permiten el desarrollo de un uso específico.
d) Áreas verdes de protección. Comprende las áreas de resguardo dispuestas a lo largo y ancho de un sitio donde se localizan actividades o existen determinadas condiciones específicas que requieran de una separación especial con respecto a su entorno inmediato, tales como vías, cauces de agua, gasoductos o líneas de alta tensión.

En el caso de Gran Bretaña, en la Guía de Planeación Núm.17: Planeación de los espacios abiertos, deporte y recreación (ODPM, 2002) se sugiere una tipología jerárquica de espacios verdes urbanos basada en una clasificación de categorías que integra los diferentes tipos de espacios verdes, con la ventaja de permitir diversas categorías que pueden ser agregadas o subdivididas, dependiendo del nivel de detalle que se requiera.

Las cuatro grandes categorías son:

a) Espacios verdes para el esparcimiento urbano.

b) Espacios verdes funcionales.

c) Hábitats seminaturales.

d) Espacios verdes lineales.

Los espacios verdes para el esparcimiento urbano son aquellos espacios diseñados, en principio, como parte del equipamiento urbano de una ciudad, tanto para el embellecimiento visual como para desarrollar actividades recreativas, siendo predominantemente espacios de propiedad y manejo públicos, pero también pueden ser privados, que contribuyen en la fabricación de los espacios verdes en la ciudad (ODPM, 2002). Los subtipos son:

a) Parques y jardines. Áreas verdes diseñadas específicamente para acceso público y para el entretenimiento, combinando una serie de paisajes y elementos hortícolas (algunas veces incluye hábitats seminaturales) e instalaciones públicas (incluyendo edificaciones) y, en algunos casos, instalaciones deportivas o de juegos. A una pequeña escala pueden incluir jardines comunales. Los parques, dependiendo de su área de influencia, naturaleza, superficie y servicios que ofrezcan, pueden ser metropolitanos (más de 8 ha), distritales (hasta 8 ha), de barrio (hasta 4 ha) y locales (hasta 1.2 ha).

b) Áreas informales recreativas. Áreas verdes disponibles para acceso público y entretenimiento, pero con una limitada provisión de servicios. Usualmente consisten de pasto para actividades informales recreativas, pero también pueden tener árboles, juegos infantiles, andadores y, algunas veces, sanitarios y estacionamientos.

c) Áreas para deporte al aire libre. Espacios diseñados para alojar instalaciones deportivas; puede incluir campos deportivos, de juego, de golf u otras actividades al aire libre.

d) Áreas de juego. Espacios verdes diseñados específicamente para que jueguen los niños, con varios tipos de instalaciones y servicios; estas áreas pueden estar separadas o integradas dentro de los parques, áreas de recreación informal o áreas deportivas al aire libre.

e) Espacios verdes accesorios o secundarios. Espacios que, aunque son públicos, no tienen una función recreativa clara y tienen escaso valor como hábitat. Su función es usualmente como un paisaje verde con un diseño pobre.

f) Jardines domésticos. Espacios verdes que generalmente no son de acceso público porque pertenecen a un propietario individual, pero pueden contribuir significativamente en el paisaje urbano de la ciudad.

Los espacios verdes funcionales son espacios verdes cuya función principal no es la recreativa o de servicio, aunque algunas de estas áreas pueden tener acceso público. La función principal puede ser agrícola, hortícola, cementerios u otros usos educacionales o de alguna institución pública. Su acceso generalmente es por acuerdos o por ser derechos de vía (ODPM, ibid.). Los subtipos son:

a) Granjas. Espacios para el cultivo o agrícolas que pueden incluir áreas recreativas o con funciones educativas como las ciudades-granja.

b) Huertas. Espacios verdes disponibles para miembros del público que se dedican a cultivar vegetales o frutales para su propio consumo.

c) Cementerios. Espacios para entierros, incluyendo algunos patios de iglesias.

d) Campos escolares. Espacios verdes de escuelas que pueden incluir campos o instalaciones deportivas, áreas de juego, jardines, granjas o espacios verdes secundarios.

e) Otros campos institucionales. Espacios verdes de edificios públicos como universidades, colegios, hospitales o asociados con desarrollos industriales o comerciales que incluyen jardines o áreas deportivas.

Los espacios verdes seminaturales son aquellos espacios integrados por hábitats seminaturales. Estos hábitats pueden ser áreas naturales que se preservaron dentro de la mancha urbana de las ciudades o que se crearon por procesos naturales como la colonización y sucesión de plantas en áreas abandonadas o que fueron creadas deliberadamente por iniciativas de forestación urbana o restauración de tierras abandonadas. Todos estos hábitats contribuyen de una manera vital al paisaje urbano y pueden ser o no accesibles al público (ODPM, ibid.). Los subtipos son:

a) Humedales. Espacios verdes integrados predominantemente por hábitats húmedos, incluyendo cuerpos de agua, ciénegas, pantanos o arroyos con vegetación riparia.

b) Bosques. Toda clase de bosques, incluyendo desde los más antiguos hasta los más recientes, ya sean plantaciones o cinturones verdes.

c) Páramos o brezales. Áreas que consisten principalmente de especies ericáceas y que pueden incluir pasto o arbustos de brezales.

d) Pastizales. Áreas no agrícolas como praderas o pastizales calcáreos, pueden incluir vegetación establecida para restaurar áreas abandonadas, pero no forman parte de espacios verdes recreativos.

e) Campos alterados. Tierra que ha sido alterada por desarrollos previos u otro uso del suelo y que se encuentra abandona, con basura o desperdicios, pero que se recolonizará por un proceso de sucesión natural.

Los espacios verdes lineales Son aquellos espacios que se presentan en asociación con elementos lineales, especialmente con rutas de transporte como caminos, trenes y canales, pero también con ríos y arroyos. Su principal diferencia con los espacios verdes seminaturales o los espacios verdes funcionales es su característica lineal y que generalmente son parte estratégica de la estructura urbana de una ciudad (ODPM, ibid.) Los subtipos son:

a) Ríos y canales. Espacios verdes que se desarrollan a lo largo de las márgenes de canales o ríos y forman parte del corredor.

b) Corredores de transporte. Áreas verdes asociadas con algún tipo de transporte como caminos, vías del ferrocarril, ciclopistas o andadores peatonales, generalmente incluyen pasto, arbustos y árboles.

c) Otros elementos lineales. Áreas verdes a lo largo de acantilados, costas, etc.

Cada una de las tipologías mencionadas aporta elementos para caracterizar las áreas verdes urbanas, sin embargo, presentan limitaciones para realizar un inventario completo de las mismas. La mayoría no diferencia entre las de carácter público o privado, otras sólo hacen referencia a los espacios dedicados a la recreación o el deporte y, en el caso de las internacionales, no se adecuan a la normatividad jurídica del país.

También es significativo mencionar que las clasificaciones analizadas refieren la ubicación de las áreas verdes en distintas escalas geográficas: la mayoría corresponde a una localización intraurbana que puede tener diferentes graduaciones jerárquicas (sitio, distrito, ciudad) y otras, por sus características, refieren a una escala regional.

DEFINICIÓN DE UNA TIPOLOGÍA DE ÁREAS VERDES URBANAS

Si consideramos los conceptos de las clasificaciones antes mencionadas, podemos proponer la siguiente tipología de áreas verdes urbanas, en la que se renombran, agregan y adecuan categorías, denominadas ahora sistemas. El sistema de equipamiento urbano se ajustó al Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Sedesol (2001b) en lo referente a los subsistemas de Recreación y Deporte; el Sistema de áreas verdes naturales y naturales acondicionadas se adecuó a las categorías establecidas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (DOF, 2005) y la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California (POE, 2001b); mientras que los sistemas de áreas verdes productivas y privadas se ajustaron a la categorización definida en el Reglamento de Edificaciones del Municipio de Mexicali (POE, 1998) y, por último, todos los componentes de los sistemas se integraron en dos grandes grupos, de acuerdo con el tipo de propiedad, en públicos y privados (ver cuadro 1).

La naturaleza de una tipología depende en gran medida del uso que se le dará. En este caso, la clasificación propuesta responde a la necesidad de contar con un marco de referencia que permita inventariar todos los tipos de áreas verdes en los centros urbanos, atendiendo el concepto de áreas verdes urbanas de una manera amplia.

Esta tipología se adecua al marco legislativo y normativo existente y divide todas las áreas verdes urbanas en cinco grandes sistemas, que se subdividen en 12 subsistemas que comprenden alrededor de 50 elementos. Los sistemas son: áreas verdes para el equipamiento urbano, áreas verdes funcionales, áreas verdes naturales y naturales acondicionadas, áreas verdes productivas y áreas verdes privadas.

Las áreas verdes para el equipamiento urbano comprenden tres subsistemas: Recreación, Deporte y Otro tipo de equipamiento. Los dos primeros se refieren a aquellos espacios a través de los cuales se contribuye al bienestar físico y mental del individuo mediante el descanso, esparcimiento o práctica de algún deporte, con áreas donde predomina la vegetación. También incluye todos aquellos espacios verdes que forman parte de otro tipo de equipamiento urbano.

Las áreas verdes funcionales comprenden aquella vegetación que forma parte de la estructura vial de la ciudad, localizada en camellones, banquetas, glorietas o taludes. También incluye corredores verdes de comunicación desarrollados con fines recreativos o para realizar desplazamientos cotidianos, también denominados utilitarios, sobre infraestructura no accesible a vehículos motorizados.

Las áreas verdes naturales y acondicionadas en la categoría Espacios verdes naturales comprenden las áreas naturales protegidas correspondientes a áreas de protección de flora y fauna, parques y zonas de preservación ecológica de los centros de población, establecidas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como las establecidas en la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California, que son reservas, parques y monumentos naturales estatales. También se incluyen aquellos elementos naturales que no han sido alterados, como ríos, cañadas, hondonadas, etc.

La categoría Espacios verdes naturales acondicionados comprende aquellos elementos naturales que han sido modificados de su estado original, como ríos, drenes, canales y presas.

Las áreas verdes productivas comprenden aquellos espacios con vegetación para el desarrollo de actividades productivas como la agropecuaria, constituida por parcelas de cultivo urbanas, granjas, viveros, etc., así como zonas y parques industriales; centros y corredores comerciales, centros turísticos y hoteles con áreas ajardinadas.

Por último, las áreas verdes privadas comprenden, por una parte, las áreas ajardinadas habitacionales o domésticas como patios, jardines y frentes de predios y, por la otra, la vegetación de las edificaciones privadas (oficinas y centros educativos, o que requieren de membresía para su acceso, como los clubes deportivos y los campos de golf). Aquí también se incluyen predios baldíos que tengan vegetación.

SUSTENTABILIDAD Y ÁREAS VERDES

La degradación ambiental, el agotamiento de los recursos naturales, el sobrecalentamiento de la Tierra y los efectos que estos problemas han tenido en la calidad de vida de la sociedad en los planos global, nacional, regional y local han producido en las últimas décadas debates acerca de cómo armonizar el desarrollo económico y social con la conservación de los recursos naturales. En el contexto de la globalización, el paradigma actual del desarrollo, que ha sido adoptado por Naciones Unidas, incluyendo a México, se ha denominado desarrollo sustentable (DS), que integra estrategias, programas e instrumentos institucionales y legales para su implantación, seguimiento y evaluación.

En este apartado se analiza el potencial que representan las áreas verdes como un elemento que puede contribuir en la construcción del desarrollo urbano sustentable, para lo cual se revisan los antecedentes, el concepto y principios del desarrollo sustentable, los procedimientos para evaluarlo a través de indicadores de sustentabilidad y la forma en que pueden contribuir las áreas verdes en el desarrollo sustentable de las ciudades, desde las perspectivas ambiental, económica y social.

PRINCIPIOS Y DIMENSIONES DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

Antecedentes, definiciones y concepto del desarrollo sustentable

La primera iniciativa global respecto a los problemas ambientales y del desarrollo surgió en 1972, durante la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en Estocolmo, Suecia. Sin embargo, fue hasta 1987 cuando la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo adoptó por unanimidad el documento Nuestro futuro común o Informe Brundtland, que constituye el acuerdo más amplio entre científicos y políticos sobre los desafíos globales en materia ambiental y el concepto de desarrollo sustentable, que se definió como “aquel que satisface las necesidades esenciales de la generación presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades esenciales de las generaciones futuras” (INEGI, 2000b).

A partir de 1987 se efectuaron diferentes foros mundiales de donde han emanado políticas, lineamientos y programas de acción para lograr el desarrollo sustentable. Por ejemplo, en 1992, en la cumbre mundial de Río de Janeiro se aprobó el Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable, conocido como Agenda 21; en 1996, en Bellagio, Italia, se aportaron los ahora conocidos como Principios de Bellagio, mientras que en 2002, en Johannesburgo, Sudáfrica, se estableció el Plan de Implementación del desarrollo sustentable, que hizo hincapié en los problemas ambientales más críticos, denominados “Problemas ambientales globales”, entre estos, el cambio climático, el efecto invernadero y la disminución de la biodiversidad (Naciones Unidas, 2002).

De esta manera, la concepción original del DS se ha nutrido con procesos de reflexión y participación social, con enfoques conceptuales y marcos de referencia cada vez más acotados a temas de interés particular, ámbito geográfico y prioridades específicas de cada país, surgiendo diversas definiciones al respecto.

En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, se define el DS como aquel que promueve el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y protege el derecho de las generaciones presentes y futuras a llevar una vida saludable y productiva en sintonía con la conservación de un ambiente sano (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003).

Para Ruckelshaus (1989), sustentabilidad es la doctrina “emergente” en la que el crecimiento económico y el desarrollo deben tener lugar y mantenerse a lo largo del tiempo dentro de los límites designados por la ecología en el sentido más amplio.

Según Leff (1995), la sustentabilidad, para ser real, objetiva y viable, debe convertirse en un paradigma alternativo, en el cual los recursos ambientales, como potenciales capaces de construir el proceso económico dentro de una nueva racionalidad productiva, promuevan un proyecto social fundado en las autonomías culturales, en la democracia y en la productividad de la naturaleza.

De acuerdo con Donatiello (2001), el DS se refiere al crecimiento social y económico y a la protección del ambiente a través de un proceso de integración, lo que significa evaluar las transacciones entre las diferentes dimensiones del DS y el manejo de alternativas.

Cada una de las definiciones matiza algún aspecto de acuerdo con su contexto, pero todas coinciden en que el concepto de DS implica la interrelación de tres dimensiones: la social, la económica y la ambiental, que deben tender hacia un esquema de desarrollo que considere al ser humano como centro o eje de toda estrategia, en la cual el mejoramiento de la calidad de vida se dé con eficiencia productiva y de manera armónica con la preservación de los recursos naturales. Sin embargo, como señala Sánchez (2002), para que el DS se diferencie del simple crecimiento y tecnificación, debe ser endógeno, es decir, creado y adecuado a la especificidad local, autogestionado, planificado, ejecutado y administrado por los propios sujetos del desarrollo.

Así pues, el DS implica el rediseño de políticas, así como del marco institucional y normativo, que se dirijan hacia acciones globales o locales que sean económicamente viables, ecológicamente factibles y socialmente aceptables, con una visión de largo plazo e intergeneracional, con énfasis, por una parte, en la superación de los déficit sociales y, por otra parte, que sus restricciones más importantes estén relacionadas con la explotación de los recursos y la generación de desechos y contaminantes, lo que requiere modificar patrones de consumo para mantener y aumentar los recursos base, sobre todo los agrícolas, energéticos, bióticos, minerales, aire y agua.

Incorporación del concepto desarrollo sustentable en México

Como resultado de las iniciativas de las distintas cumbres mundiales sobre DS, diversos países han actualizado sus marcos legislativos y normativos, además de establecer programas y acciones para cumplimentar los preceptos establecidos. Al respecto el 28 de diciembre de 1994 México creó por decreto presidencial la Secretaría de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) (en el año 2000 se transformó en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) que tiene como función principal el diseño de la política ambiental bajo los criterios del DS. En 1996, se modificó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para incorporar el concepto de desarrollo sustentable (Semarnat, 2003).

Por otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se señaló la consecución del DS como una prioridad nacional, y en el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006 (Sedesol, 2001a) se estableció la necesidad de orientar la expresión espacial del desarrollo generando un hábitat en condiciones de sustentabilidad para nuestras generaciones y las futuras.

A partir del establecimiento de los principios del DS, se requería establecer mecanismos para evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos, con este fin se creó la Comisión de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas para desarrollar un esquema metodológico que evaluara el DS, para lo cual se debieron construir indicadores de sustentabilidad.

INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD Y ÁREAS VERDES

La sustentabilidad demanda mecanismos para el seguimiento de su instrumentación, por ello se han desarrollado nuevos parámetros de evaluación denominados indicadores, que difieren de los tradicionales pues, además de medir los efectos de un fenómeno, son multifuncionales y también establecen la interrelación con las causas de una condición específica.

En este apartado se revisan diferentes definiciones de indicadores, los principales indicadores marco en relación con áreas verdes y la aplicación que han tenido en los niveles urbano, nacional e internacional.

Definiciones y determinación de indicadores de sustentabilidad

En 1996, la Comisión para el Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas publicó un reporte preliminar intitulado Indicadores del desarrollo sustentable y en 1999 se presentó el documento Los indicadores del desarrollo sustentable: guías y metodologías, de donde se extrajeron los indicadores empleados para evaluar el DS en diversos países (ONU, 1999). Al respecto, han surgido diversas definiciones. De acuerdo con el Observatorio Mundial Urbano del Centro de Naciones Unidas, un indicador es una medición que resume información acerca de un tema en particular, que puede mostrar tendencias, proveer información cuantitativa y cualitativa y ayudar a priorizar y definir metas (ONU, ibid.).

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un indicador es un parámetro o valor, derivado de parámetros generales, que señala o provee información, o describe el estado de un fenómeno dado del ambiente o área específica con un significado que trasciende el valor específico del parámetro; así, un indicador es un dato altamente agregado (INEGI, 2000b).

Para Maureen (2000), un indicador es un medio que ayuda a entender dónde estamos, qué camino debemos seguir y qué tan lejos estamos de donde queremos estar. Los indicadores de una comunidad sustentable señalan dónde están las interrelaciones de debilidad entre la economía, el ambiente y la sociedad, permitiendo ver en qué lugar se encuentran las áreas problemáticas y los caminos para arreglarlas. Maureen (ibid.) establece que los indicadores que él señala son diferentes de aquellos que refieren a los progresos económicos, sociales y ambientales tradicionales. Los indicadores tradicionales miden los cambios en una parte de la comunidad como si fueran independientes unos de otros. Los indicadores de sustentabilidad reflejan la realidad de tres segmentos que están fuertemente interconectados: el social, el económico y el ambiental. Por lo tanto, la sustentabilidad requiere de un enfoque con indicadores multifuncionales que no midan solamente los efectos de un fenómeno, sino que también establezcan la interrelación con las causas.

Experiencias de países en la aplicación de indicadores de sustentabilidad en los niveles nacional y urbano

Diversos países han instrumentado el desarrollo de indicadores para evaluar el cumplimiento de los programas y metas del desarrollo sustentable establecidos. En este apartado se revisan los casos de indicadores de sustentabilidad desarrollados en el contexto mexicano, así como los indicadores en el contexto urbano de Italia y Colombia, con el objeto de analizar los temas y tipos de indicadores que determinó cada país como reflejo de sus prioridades y condiciones regionales y locales.

Implantación de indicadores del desarrollo sustentable en México

México, al adherirse al Programa de Acción para el Desarrollo Sustentable en 1992, suscrito por diversos jefes de Estado, se comprometió a adoptar medidas en materia de sustentabilidad, así como también acciones orientadas a la generación de indicadores. De esta manera, entre 1997 y 1999 México participó, junto con otros 21 países, en la prueba piloto mundial para la elaboración de indicadores de desarrollo sustentable, presentando un informe a finales de 1999 a la Comisión de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas que originó la publicación en el año 2000 de los Indicadores de Desarrollo Sustentable en México (INEGI, 2000b).

El objetivo de la prueba piloto fue seleccionar un número mínimo de indicadores básicos que, de acuerdo con las condiciones particulares de cada país, deberían ser desarrollados para evaluar la sustentabilidad de su desarrollo. En este sentido, hay dos situaciones que destacar en relación con las áreas verdes y los indicadores ambientales, sociales y económicos seleccionados.

Por una parte, se determinó que había indicadores usados con mucha frecuencia, otros utilizados por un solo país y otros indicadores nuevos sugeridos por algunos países, estableciendo como un solo indicador los “espacios verdes urbanos” (ONU, 1999). Por otra parte, se identificaron diversos indicadores ambientales, sociales y económicos en cinco capítulos de la Agenda 21 que se relacionan con las áreas verdes (ver cuadro 2).

Implantación de indicadores de desarrollo sustentable en el nivel urbano en Italia

En 1996, Italia inició un programa ambiental para evaluar el desarrollo sustentable, recopilando información de 22 grandes ciudades a través del Instituto Nacional de Estadística de Italia (ISTAT). Los tópicos investigados fueron siete grandes temas: aire, energía, áreas verdes, ruido, transporte, residuos y agua. El marco de referencia analítico utilizado fue “presión-estado-respuesta” (PER). En algunos casos, debido a la falta de información estadística, los indicadores se seleccionaron con el criterio de que fueran comparables y disponibles. Los indicadores seleccionados representaron un importante paso en la determinación de un sistema de indicadores de sustentabilidad ambiental en el nivel urbano en Italia (Donatiello, 2001).

Debido a que las áreas urbanas seleccionadas mostraban signos de problemas ambientales, las mayores preocupaciones fueron acerca de las condiciones de la calidad del aire, congestionamiento urbano, calidad acústica, recursos limitados de suelo y la situación de las áreas verdes y los espacios abiertos que se mostraban bajo una continua presión y amenaza por la competitividad de los usos del suelo. En este sentido, la evaluación del desarrollo sustentable era crítica y requería la integración económica, social y ambiental para asegurar que el desarrollo económico respetara la equidad social y protegiera el medio ambiente.

Los indicadores para medir la sustentabilidad fueron siete, los cuales se midieron anualmente en el periodo 1996-1999 tomando en cuenta las siguientes consideraciones para cada uno: aire, transporte urbano, ruido, energía, agua, residuos y áreas verdes.

En el caso de las áreas verdes, se estableció el relevante papel que juegan en la calidad del medio ambiente, al mejorar el clima, reducir la contaminación atmosférica, proveer de amenidades, beneficios económicos y exaltar el paisaje para las poblaciones urbanas. La disponibilidad de los espacios verdes y su accesibilidad variaba considerablemente, dependiendo del tamaño de las ciudades, pero la planeación y manejo de dichas áreas era muy importante para lograr un ambiente urbano de calidad. Los indicadores establecidos cuantificaban la extensión y calidad de las áreas verdes públicas disponibles en las ciudades, así como los programas para mejorar el sistema verde urbano a través de los “planes verdes” y su manejo eficiente. Los indicadores de áreas verdes fueron determinados por los patrones de significancia ambiental, integrados por tres tipos: calidad ambiental urbana, manejo ambiental y programas de acción urbana, compuestos por parques urbanos, históricos, de barrio, escolares, de juegos, etc. (ver cuadro 3).

Implantación de indicadores de desarrollo sustentable en el nivel urbano en Colombia

En 1999, el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia desarrolló el proyecto Sistema de Indicadores Ambientales Urbanos, en asociación con la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), el cual se ejecutó para el desarrollo del Programa de Fortalecimiento Institucional para la Gestión Ambiental Urbana (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003).

El establecimiento de sistemas de información de calidad ambiental urbano-regional y los esquemas de seguimiento a los mismos, denominados observatorios ambientales urbanos, se instrumentaron para presentar los indicadores numéricos, gráficos y criterios comparativos que coadyuvaran en la planificación del desarrollo sostenible del país sobre una base objetiva, sistematizada y pública. El sistema de información pretendía generar señales precisas a las autoridades ambientales y a la ciudadanía que permitieran acelerar la gestión y mejorar el nivel de vida de la población urbana. Se seleccionó un conjunto reducido de indicadores que, en consenso, se consideraron los más importantes. A este subconjunto de indicadores se le denominó “núcleo básico de indicadores” que a su vez se integraron en diez temas: agua subterránea, agua superficial, aire, biodiversidad, contaminación visual, energía, población, residuos sólidos, transporte y suelo. De este núcleo de indicadores se pueden identificar unos particulares que destacan por su relación con las áreas verdes, como son:

Aire. Los indicadores principales son concentraciones de monóxido de carbono, dióxidos de nitrógeno, ozono y dióxido de azufre; emisiones netas de óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y partículas; gastos en prevención y reducción de la contaminación.

Biodiversidad. Diagnostica la vegetación y fauna silvestre existentes, permite conocer y cuantificar la diversidad de especies vegetales (árboles, arbustos, hierbas y plantas acuáticas).

Energía. Entre los indicadores principales están el consumo de energía eléctrica por tipo residencial, industrial y comercial, y consumo de energía eléctrica per cápita.

Población. La densidad de población es un indicador básico, ya que expresa la concentración de la población humana con respecto al espacio. Para entender las repercusiones de este indicador, debe examinarse, en conjunto, la ubicación de los recursos y los sistemas de producción y emisiones al aire y al agua.

Transporte. El número de litros de gasolina que se consume al año por persona para la transportación en vehículos de motor en las zonas urbanas es uno de los indicadores principales que mide las emisiones contaminantes del aire.

Suelo. En el caso de este indicador básico, se encuentran los siguientes indicadores específicos de áreas verdes: área de parques/superficie dentro del perímetro urbano; área protegida o ecosistemas estratégicos de la ciudad con relación al área total; densidad de construcción (área construida dentro del perímetro urbano/superficie dentro del perímetro urbano); superficie de espacio público efectivo/habitante, y superficie de zonas verdes/habitante.

Con la instalación de los observatorios ambientales urbanos en las ocho principales ciudades de Colombia, este país se colocó a la vanguardia en la instrumentación y evaluación del desarrollo sustentable. Las bases de datos instaladas en sitios de la internet amplía la participación ciudadana en la observación, seguimiento y verificación del cumplimiento de los indicadores, incentivando cambios concretos en la realidad ambiental del país.

A partir de la instrumentación de los indicadores para evaluar el desarrollo sustentable en el nivel urbano en Italia y Colombia, se observa una gran coincidencia entre ambos indicadores básicos; siete indicadores utilizados en Italia corresponden directamente con siete indicadores utilizados en Colombia, y con el resto existe una relación indirecta, identificándose en ambos el tema de indicadores de áreas verdes como una condición importante para el desarrollo sustentable.

Con base en los temas marco para la evaluación del desarrollo sustentable en el nivel país y su interrelación con las áreas verdes urbanas examinadas para el caso de México, así como los indicadores en el nivel urbano revisados en las experiencias de Italia y Colombia, se propone el siguiente esquema conceptual para la evaluación de las áreas verdes urbanas a través de indicadores de sustentabilidad. Este esquema prevé las dimensiones social, económica y ambiental con los temas de recreación, salud y transporte para la primera; los temas de finanzas y energía en el caso de la segunda, y los temas de atmósfera y contaminación para la tercera. Los indicadores sociales propuestos fueron la superficie de áreas verdes por habitante, cantidad y densidad de áreas verdes por tipología y consumo de combustible por habitante en vehículo. Los indicadores económicos propuestos son el consumo anual de energía por habitante, presupuesto asignado, así como costos y consumo de agua. Mientras que los indicadores ambientales propuestos son el porcentaje de superficie protegida respecto a la total, emisiones de gases invernadero y cantidad de CO_2 absorbido por la vegetación (ver figura 3).

CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES AL DESARROLLO SUSTENTABLE

A partir de estudios realizados por diversos autores, donde se evidencian la efectividad de la vegetación en el mejoramiento de calidad de las ciudades, se analizan desde las perspectivas ambiental, económica y social la importancia y formas de contribución de las áreas verdes en la construcción del desarrollo sustentable. Desde la perspectiva ambiental, se analizan los beneficios que aportan las áreas verdes urbanas en la remoción del bióxido de carbono y su relación con los gases de efecto invernadero y el clima; desde la perspectiva económica se analizan la forma en que pueden contribuir a reducir los consumos de energía eléctrica a través del sombreado, así como la reducción indirecta de CO_2 y su impacto económico en la sociedad; mientras que desde el punto de vista social se analiza el papel que juegan como espacios para desarrollar actividades para la recreación y el deporte, en la preservación de los valores culturales y su contribución en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Perspectiva ambiental

En este apartado se analizan los beneficios de las áreas verdes urbanas en el nivel global y local de los centros urbanos, tomando como referencia las prioridades establecidas en el Plan de Implementación de Naciones Unidas (ONU, 1999), como la protección de la atmósfera, el mejoramiento de la calidad del aire urbano y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Efecto invernadero y contribución de las áreas verdes en la absorción de bióxido de carbono

La Tierra mantiene un delicado balance de gases que hacen posible la vida sobre el planeta, los cuales son liberados y removidos de la atmósfera a través de diversas fuentes naturales (Sarmiento y Gruber, 2002). Sin estos gases, que crean un efecto denominado invernadero, la tierra sería más fría y estaría cubierta por hielo, sin embargo, el aumento acumulativo en los niveles de alguno de los gases, como el bióxido de carbono, en el largo plazo trae como consecuencia la mayor absorción y almacenamiento de calor en la Tierra.

El “efecto invernadero” es el fenómeno producido por gases que permiten la entrada de la radiación solar pasando a través de la atmósfera de la Tierra, pero que previenen que la mayoría de la radiación infrarroja de la superficie de la tierra y la baja atmósfera escape hacia el espacio, lo que ha producido cambios climáticos globales. De acuerdo con Naciones Unidas (ONU, 1999), los gases que producen el efecto invernadero son aquellos que absorben la radiación infrarroja en la atmósfera, como las emisiones antropogénicas de bióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4), óxido nitroso (N_2O), hidrofluorcarbonos (HFC), perfluorcarbonos (PFC), clorofluorcarbonos (CFC), hidroclorofluorcarbonos (HCFC). Estos gases no se producen de manera natural, sino que son producto de las actividades humanas. El CO_2 es liberado cuando se queman combustibles fósiles para producir energía y calor o para mover vehículos automotores; el CH_4 es producto de la descomposición de basura, deshechos o plantas de tratamiento de aguas negras; el N_2O es producto de actividades agrícolas e industriales y los CFC son utilizados como refrigerantes, permanecen inalterados durante décadas en las capas bajas de la atmósfera, son invulnerables a la luz visible, prácticamente insolubles en agua y resistentes a la oxidación.

De acuerdo con Goreau (2003), para determinar el balance del CO_2 en la atmósfera se deben identificar las fuentes de emisión y los elementos receptores o sumideros de carbono. Dentro de los primeros se encuentran la combustión de combustibles fósiles, la deforestación y destrucción de biomasa, la respiración de las plantas terrestres, la respiración de los suelos y la descomposición por bacterias, hongos y animales, así como el flujo del océano a la atmósfera. Dentro del segundo grupo se encuentran la fotosíntesis terrestre, el flujo de la atmósfera al océano y el carbón orgánico enterrado en sedimentos y suelos. Goreau asegura que para lograr un balance, por un lado se requiere limitar las emisiones producto de la combustión de combustibles fósiles y la deforestación y, por el otro, aumentar las formas de absorber el CO_2, como el incremento de la fotosíntesis y el almacenamiento de CO_2 en la vegetación, el suelo y sedimentos a través de programas de forestación urbana.

De acuerdo con la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE, 2005), existen dos métodos para realizar el inventario de gases de efecto invernadero: el método de referencia y el método por actividades.

El método de referencia estima las emisiones de CO_2 a partir del cálculo del carbono contenido en los combustibles, donde las emisiones dependen de los combustibles y no de las tecnologías de su aprovechamiento.

El método por actividades estima la emisión de CO_2 y de otros gases de efecto invernadero en función de la actividad y tecnología con la cual la energía es aprovechada. El objetivo es cuantificar las emisiones que se producen a lo largo de las cadenas energéticas (aprovechamiento, transformación, pérdidas y uso final).

Al respecto, uno de los trabajos más completos para la estimación de emisiones de gases de efecto invernadero, que desarrolla los dos métodos antes mencionados, es el elaborado por el grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático (IPCC, 1996), integrado por miembros de las Naciones Unidas y de la Organización Meteorológica Mundial, quienes publicaron un manual para el inventario nacional de este tipo de gases procedentes de actividades energéticas y que además establece una metodología para el cálculo de emisiones de bióxido de carbono procedentes de la combustión de combustibles, el que consta de seis pasos:

1. Estimación del consumo total de combustibles.

2. Conversión a una unidad común de energía.

3. Multiplicación por los factores de emisión para calcular el contenido de carbono.

4. Cálculo de carbono almacenado.

5. Corrección para dar cuenta del carbono no oxidado.

6. Conversión del carbono oxidado a emisiones de CO2.

Este manual también incluye un método para calcular las emisiones, entre otros gases, de CO2, CO, CH_4 y N_2O, producto de la combustión por el transporte terrestre, al definir factores de emisión para diferentes tipos de vehículos automotores de gasolina y diesel (IPCC, 1996: 1.62).

Por otra parte, existen diversos autores (Birdsey, 1992; Brandle et al., 1992; Nowak, 1994; McPherson et al., 1998), así como dependencias oficiales (USDA Forest Service, 1999), que han realizado estudios para calcular la absorción de CO_2 por las plantas.

En este sentido, Birdsey (ibid.) estudió el proceso de retención de CO_2 con base en la tasa de almacenamiento de las plantas abajo y arriba del terreno de la biomasa durante el periodo de una estación de crecimiento y explicó cómo durante la fotosíntesis el CO_2 entra en las hojas a través de los poros, se combina con el agua y es convertido en celulosa, azúcares y otros materiales en una reacción química catalizada por los rayos del sol. La tasa de retención de CO_2 (expresada en el equivalente de CO_2/árbol/año) está determinada por una ecuación de biomasa basada en la relación de tres características de la planta: altura y diámetro, tasa de crecimiento y tipo de especie.

De acuerdo con McPherson et al., (ibid.), la cantidad de CO_2 retenida por los árboles es proporcional a su biomasa e influida por la cantidad de follaje, densidad y el diámetro del árbol. De esta manera, utilizó el diámetro del tronco de los árboles para calcular la retención de CO_2, determinando que los árboles pequeños retienen alrededor de 16 kg por año con un diámetro de 8 a 15 cm, mientras que los árboles grandes con un diámetro de 40 a 55 cm pueden retener hasta 360 kg por año.

En el mismo sentido, el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura Estadounidense (USDA, ibid.) ha realizado estudios al respecto que consideran factores como tasas de crecimiento y descomposición de árboles, los cuales, mediante ecuaciones de biomasa, determinan valores de absorción de CO_2 de acuerdo con el diámetro y altura de los árboles por zonas de crecimiento de la vegetación.

Por su lado, Nowak (ibid.), quien ha realizado estudios urbanos en Estados Unidos, señala que la reducción neta anual de CO_2 de las áreas verdes urbanas de la ciudad de Sacramento fue estimada en 304 000 ton (1.2 ton/ha). El CO_2 producido por los habitantes de Sacramento por actividades como el transporte, uso de energía eléctrica y otras maquinarias ronda los 17 millones de toneladas anuales. El impacto neto de las áreas verdes urbanas en retener CO_2 fue del orden de 1.8%. En el caso del programa educativo de cinco años Amigo de los árboles, en Portland, se estimó que 145 mil árboles maduros plantados en parques, áreas naturales, calles y terrenos de escuelas retendrían 73 000 ton de CO_2 al año.

Por otra parte, Brandle et al., (ibid.) menciona que las zonas agrícolas son también una oportunidad para almacenar carbono. La agroforestería permite integrar los árboles de las granjas y ranchos como una práctica que puede adquirir diferentes matices, entre estos, barrera rompevientos o zonas riparias de amortiguamiento. En Estados Unidos, que cuenta con 185 millones de acres de tierra agrícola (74.87 millones de ha), se sugiere que si se plantaran árboles como barreras rompevientos, cubriendo una superficie de 4.6 millones de acres (1.86 millones de ha), el carbono que se puede almacenar basado en una plantación de 20 años sería de 80 millones de toneladas métricas; si se plantaran 500 millones de árboles para conservar las zonas riparias, en donde crecen rápidamente los árboles por la humedad y nutrientes existentes, podrían ser removidos 110 millones de toneladas métricas de CO2.

Por último, para reafirmar la importancia de la vegetación con relación a las consecuencias de los gases de efecto invernadero que han producido cambios climáticos, en 1997 se firmó el Protocolo de Kyoto en la convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático en diciembre, mismo que ratificaron 141 países en febrero de 2005 (WWF/Adena, 2005) y que en su Artículo 2 promueve “la promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación” para limitar y reducir las emisiones de gases que contribuyen al calentamiento del globo en aproximadamente 5% para el periodo 2008-2012, por debajo de los niveles de 1990.

Perspectiva económica

Entre los temas de la dimensión económica del desarrollo sustentable se encuentran los recursos financieros, la energía y el transporte. En este apartado se analizan los criterios o métodos que diversos autores han utilizado para evaluar económicamente los beneficios de las áreas verdes urbanas y su forma de contribuir al desarrollo sustentable —como agregar valor a las propiedades—, lo que genera mayores impuestos prediales y representa recursos para el mantenimiento y creación de espacios verdes, así como la contribución en el ahorro de energía eléctrica por el efecto del sombreado en edificaciones o a través de la reducción de las emisiones de CO_2, lo que redunda en beneficios económicos para las comunidades urbanas.

Evaluar integralmente los valores económicos de las áreas verdes urbanas no es una tarea fácil. En este sentido, Fausold et al., (1996) señalan algunas razones; en primer lugar, las áreas verdes proveen diversas funciones simultáneamente; segundo, los diferentes tipos de valores son medidos por diferentes metodologías y disciplinas expresadas en diferentes unidades que requieren convertirse a una unidad en moneda estándar, pero no siempre es posible, ya que involucran juicios subjetivos; tercero, los valores generalmente no se pueden sumar, por ello, priorizarlos o contarlos doble es siempre un riesgo; finalmente, también argumenta que no es moral tratar de valorar algo que por definición es invaluable, pues este tipo de espacios, además del valor monetario, tienen valores intangibles.

De acuerdo con Rodenburg et al., (2001), los métodos que pueden ser utilizados para determinar el valor de las áreas verdes urbanas son diversos y pueden ser agrupados en dos categorías: los directos y los indirectos (ver figura 4). Los métodos directos usan “preferencias establecidas” de los consumidores, como la base de la evaluación, lo que significa que buscan obtener información de las transacciones que hacen las personas confrontadas con determinadas situaciones. Los métodos indirectos basan sus evaluaciones en “preferencias ocultas” por los consumidores. Estas transacciones involucran compensaciones o sacrificios de beneficios monetarios por otro tipo de beneficios intangibles o para limitar el uso de los recursos ambientales o ganar algunos beneficios ambientales.

Por lo tanto, calcular el valor económico de los espacios verdes urbanos de una manera completa debe involucrar tanto aquellos valores que se pueden cuantificar y expresar en términos monetarios, como aquellos que no, pero que en conjunto ofrecen una perspectiva de las diversas formas en que pueden contribuir los espacios verdes urbanos, ya sea directa o indirectamente, al desarrollo sustentable de las ciudades.

Métodos directos

La manera más directa para medir el valor económico de las áreas verdes urbanas es el mercado inmobiliario, este es el precio que un comprador está dispuesto a pagar por una propiedad a un vendedor en un mercado abierto y competitivo. El mercado inmobiliario es útil para determinar la manera en que una propiedad gana valor a través de los años. Los resultados se basan en comparar los precios originales y los precios de venta o los precios de las propiedades cercanas a espacios verdes, comparadas con los precios de propiedades alejadas de los mismos, como lo demuestran los siguientes estudios en ciudades estadounidenses y europeas.

Luther y Gruehn (2001) encontraron en ciudades alemanas que la proximidad a bosques, parques o la existencia de árboles en las calles generó precios más altos en las propiedades. Los criterios que aplicaron fueron la distancia del barrio a los espacios abiertos, el número de jardines dentro de un radio de 500 m, distancia a campos de juego y la calidad visual de las calles relacionada subjetivamente con el bienestar. Analizando los datos de los valores del suelo con relación a la distancia a espacios verdes, se observó una correlación: los valores del suelo decrecen cuando las distancias a los espacios verdes se incrementan. Los campos de juego revelaron una correlación mayor que la cercanía a parques. Si en la colonia había una zona de juegos, los precios eran mayores que donde no los había, y conforme la distancia decrecía, los valores se incrementaban. Si había jardines en un radio de 300 m, los valores del suelo de los predios eran en promedio 20% más caros que aquellos en donde no había.

Otros autores, como Nowak et al., (1998), han investigado, a través del valor de las ventas de las propiedades, cómo se refleja el beneficio que los compradores asignan a los atributos de la vegetación en una propiedad o cerca de ella. Una encuesta sobre venta de casas unifamiliares en Atlanta, Georgia, EUA, indicó que el arreglo de casas con árboles estaba asociado con un aumento de 3.5 a 4.5% del valor de venta. Este incremento del valor de las propiedades, generado por la presencia de árboles, también puede producir ganancias económicas para la comunidad local por medio de los impuestos prediales. Sin embargo, también es importante considerar que desde la perspectiva del dueño de la vivienda, el aumento del pago de impuestos por la vegetación es un costo adicional.

Otro estudio estadounidense en el norte de Filadelfia sobre los valores del suelo alrededor de un parque de 500 hectáreas encontró una correlación estadísticamente alta entre los valores del suelo y la proximidad al parque. Del valor del suelo de la propiedad, 33% de su este se determinó cuando la cercanía fue de 15 metros, 9% a una distancia de 300 m y 4% a una distancia de 700 m. La conclusión fue que cada hectárea de parque generaba una plusvalía de $6 500 dólares en las propiedades adyacentes. Sin embargo, es importante señalar que los parques pueden tener un impacto negativo en los valores de la propiedad local si se percibe que tienen un mantenimiento deficiente o son lugares donde se realizan actividades indeseables (Fausold et al., 1996).

En Boulder, Colorado, la existencia de cinturones verdes también reflejó un impacto en los valores de las propiedades adyacentes. En tres colonias estudiadas se encontró que las viviendas adyacentes al cinturón verde tenían un valor, en promedio, 32% mayor que aquellas propiedades a una distancia de mil metros. La relación hallada fue lineal, un decremento de 12.60 dólares en el precio de los valores de las propiedades por cada metro que se alejaba del cinturón verde. Así, en una de las colonias el valor agregado a las propiedades fue aproximadamente de 5.4 millones de dólares mayor que aquellas colonias sin cinturones verdes, resultando un ingreso adicional potencial al año de 500 mil dólares por impuesto predial (Nelson, 1985).

Métodos indirectos

Los métodos indirectos son aquellos que estiman compensaciones de beneficios monetarios por otro tipo de beneficios intangibles, o bien estiman los ahorros por el efecto de la vegetación, como en el caso de la reducción de los consumos de energía, o también se basan en comparaciones del costo de los daños que resultan si no se llevan a cabo acciones y no se reciben dichos beneficios.

El valor de los espacios verdes como sistemas naturales

Los espacios verdes como parte de los sistemas naturales proveen beneficios directos a las comunidades, entre los que destacan la recarga de acuíferos, el control del clima, el control de erosión, la prevención de inundaciones y el abatimiento de la contaminación del aire. Una manera de estimar el valor monetario de estos beneficios es calculando el costo de los daños que resultaría si dichos beneficios no fueran provistos o si el gasto público fuera requerido para construir infraestructura para reponer las funciones de los sistemas naturales.

Como ejemplo, se puede mencionar la acción que desarrolló el gobierno de Massachussets, EUA, al adquirir 3 400 hectáreas cercanas al río San Carlos para que sirvieran como un valle natural de almacenamiento de agua en caso de inundaciones. El costo de adquisición fue de 10 millones de dólares, mientras que el costo de una acción alternativa, como construir represas, hubiera sido de 100 millones de dólares (De Groot, 1994).

Otro ejemplo es el que menciona Cascadia Consulting Group (2000) en relación con la ciudad de Seattle, EUA, donde el sistema de bosques urbanos contribuyó a aumentar el valor inmobiliario de las propiedades por 630 millones de dólares, incrementando los ingresos por impuesto predial aproximadamente en 131 millones de dólares; además de los servicios ambientales que brindaron, estimados en 42 millones de dólares por los ahorros anuales en la limpieza del aire y la reducción de los efectos por las tormentas.

Reducción de los consumos de energía eléctrica en el nivel urbano

La reducción de los consumos de energía eléctrica representa un beneficio económico para los gobiernos, ya que la inversión destinada para su producción puede ser destinada en otras prioridades de la región o país, además de representar ahorros para el consumidor. Esta reducción se puede conseguir a través de la reducción indirecta de CO_2 y su impacto en la creación de microclimas urbanos y en el nivel de las edificaciones.

Las áreas verdes ayudan en la reducción de los consumos de energía eléctrica, particularmente en ciudades con climas extremosos, donde se requiere de medios mecánicos para el acondicionamiento de las edificaciones. En el caso de ciudades con climas cálidos, donde se requiere el uso de aparatos de refrigeración para enfriar las edificaciones, la vegetación de manera directa a través del sombreado o de manera indirecta por medio de la evapotranspiración produce un efecto de enfriamiento desde el nivel de una edificación hasta el nivel ciudad, reduciendo el efecto de la “isla de calor”, entendida esta como “la diferencia de temperatura del aire en el área urbana respecto a sus alrededores rurales, siendo siempre mayor en la primera” (Gómez et al., 2001).

El Departamento de Protección del Ambiente de Estados Unidos estableció una iniciativa en 1997 para reducir las islas de calor en diversas ciudades con el objetivo de proteger la salud de la población, reducir los consumos de energía y, por lo tanto, el nivel de la capa de ozono (Wong, 2002). Dicha iniciativa comenzó con una investigación para determinar el efecto de incrementar la cubierta vegetal en la ciudad, así como cambiar los materiales que absorben calor por aquellos que lo reflejan. Las ciudades seleccionadas en este estudio piloto fueron cinco: Chicago, Sacramento, Salt Lake City, Houston y Baton Rouge. En el cuadro 4 se pueden observar los ahorros estimados para cada una de las áreas metropolitanas, en términos económicos, por la reducción de generación de energía eléctrica en horas de mayor demanda y reducción de emisiones de carbón como resultado de la combinación de estrategias.

En Estados Unidos, una investigación del Departamento de Energía (1993) respecto a las temperaturas observadas en diversas ciudades por varias décadas señala que ha habido un incremento en las temperaturas de las ciudades en relación con sus alrededores, es decir que se ha incrementado la isla de calor, dado que las edificaciones y los pavimentos han reemplazado las tierras agrícolas, haciendo los veranos cada vez más calientes. Entre otros efectos, esta situación causó un impacto económico por el acondicionamiento o enfriamiento de las edificaciones. Así, en ciudades con más de 100 mil habitantes, por cada 0.6°C que aumentó la temperatura, la demanda de energía aumentó de 1.5 a 2% en las horas pico. Para combatir este fenómeno, a partir de la década de los ochenta se implantó un programa para reducir la carga de enfriamiento por medio del uso de vegetación. En 1989, a través del programa denominado “comunidades frías”, que consistió en la plantación de árboles para reducir el calor en el verano, la ciudad de Tucson, Arizona, plantó 500 mil árboles adaptados al desierto, calculando que cada árbol ahorraría 227 kWh ($16.34) a través de la evapotranspiración y 61 kWh ($4.39) por sombreado directo.

Cabe señalar que el programa también fue exitoso porque elevó la conciencia de la comunidad en materia ambiental, pues prácticamente participaron todos los segmentos de la comunidad, desde los niños de preescolar hasta las personas de la tercera edad.

Reducción de consumo de energía en edificaciones

Una de las estrategias utilizadas para reducir el consumo de energía eléctrica en edificaciones es el uso de vegetación como elemento sombreante para reducir la carga térmica, más las reducciones por el efecto de evapotranspiración (combinación de la transpiración de las plantas y la evaporación de la superficie del suelo), aunque es más difícil de medir, pero cuyos impactos pueden generar valiosos ahorros de energía.

De acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos (ibid.), el efecto anual de ubicar apropiadamente árboles alrededor de las viviendas puede ayudar a ahorrar entre 20 y 25% de los costos de energía, comparados con los costos de una vivienda sin vegetación; inclusive en algunas situaciones, los ahorros pueden ser mayores. Por ejemplo, en el sur de Florida, las estimaciones arrojaron un ahorro hasta de 40%; de 30% en Sacramento, California; 17% en Phoenix, Arizona y 23% en Lake Charles, Lousiana.

Según Saxena (2003), aunque es difícil cuantificar el enfriamiento del aire a través de la evapotranspiración, debido a los patrones de dispersión de la humedad en la atmósfera causados por las turbulencias, existen estudios que han determinado que un árbol puede funcionar como un enfriador evaporativo que usa 360 litros de agua al día. Esta tasa de evapotranspiración equivale a 230 000 kcal/día. Este efecto es la causa principal de las diferencias de temperatura hasta de 5ºC de los bosques, comparados con el terreno natural o de la diferencia de 3ºC entre un terreno húmedo y con riego y un terreno seco.

Autores como Simpson y McPherson (2002) y McPherson et al., (1998) han investigado, ya sea a través de mediciones o de simuladores, cómo el uso apropiado de la vegetación puede reducir la carga térmica en las edificaciones y, por lo tanto, los consumos de energía eléctrica, permitiendo ahorros económicos y beneficios ambientales, como la remoción de contaminantes del aire.

Simpson y McPherson (ibid.), en un estudio sobre el impacto de sombreado de árboles en el consumo de energía en 176 edificaciones residenciales en California, EUA, observaron que podía haber ahorros de 156 kWh, en promedio, por cada árbol maduro al año.

Por su lado, McPherson et al., (ibid.) determinaron los ahorros estimados por el uso de árboles para mejorar la calidad del aire en California a partir de implantar, en la ciudad de Sacramento, un programa de sombreado con 500 mil árboles para mejorar la calidad del aire. En este estudio se aplicó un programa de costo-beneficio para determinar si los árboles plantados en los patios residenciales son un medio efectivo para mejorar la calidad del aire. Se estimaron los costos de plantación y mantenimiento, depositación de contaminantes y emisiones de hidrocarburos por un periodo de 30 años. Los resultados estimados fueron que el beneficio promedio anual de contaminantes removidos fue de 895 dólares y el costo de las emisiones de hidrocarburos de 512 dólares, con una remoción neta de contaminantes de 383 dólares por cada 100 árboles plantados.

En suma, respecto a los valores económicos de los espacios verdes urbanos, algunos son fácilmente cuantificables, pero otros no. Aunque es difícil calcular todos los beneficios, es importante considerar los diferentes valores que pueden proveer los espacios verdes para tener mayores elementos de juicio en las políticas ambientales y elevar la conciencia pública para promover su conservación.

Los programas de forestación urbana desarrollados por algunas ciudades se justifican desde el punto de vista económico por los ahorros en la reducción de los consumos de energía eléctrica, lo que se traduce en beneficios económicos para la población y el gobierno.

El espacio verde es un bien que no se deprecia y no es reproducible, incrementando sus beneficios a través del tiempo; sin embargo, se debe considerar que los espacios verdes poseen simultáneamente varios valores y algunos de ellos pueden ser negativos, como un parque urbano intensamente utilizado y pobremente mantenido que demerite el valor de las propiedades adyacentes. Por ello, la valuación debe considerar los aspectos positivos y negativos, así como su efecto neto.

Perspectiva social

Desde la perspectiva social, una de las funciones más asociadas a las áreas verdes es la referente a las actividades de recreación y deporte, sin embargo, la dimensión social de las áreas verdes urbanas es más amplia. Como señala Schroeder (1991), se debe observar el modo en que las comunidades urbanas interactúan con dichos espacios como parte de sus estilos de vida diaria, ya sea de manera individual, familiar o comunitaria. En principio, se debe considerar si la gente percibe las áreas verdes como ambientes naturales opuestos a los ambientes construidos, y si esas preferencias, percepciones, significados y usos de los ambientes urbanos establecen ligas psicológicas y emocionales en una comunidad.

Los valores sociales y usos que la comunidad puede dar a las áreas verdes urbanas son diversos. Coles y Bussey (2000) identificaron cinco grandes grupos: sensorial, estético, simbólico, recreativo y educativo, de donde se derivan otros valores, como la calidad de vida y bienestar, la sensación psicológica de relajamiento y confort, el embellecimiento del paisaje urbano, el refuerzo de la identidad local, el uso del tiempo libre en exteriores y la oportunidad de recreación, así como un medio para el aprendizaje.

Valor sensorial

Son diversos los autores (Hull y Harvey, 1989; Ulrich et al.,1991; Parson,1991; Schroeder, 1991 y Dwyer et al., 1994) que han estudiado cómo las áreas verdes y los parques producen una diversidad de estímulos en las personas, no sólo en la estética visual, producto del contraste con el ambiente construido, sino también en la fragancia de las flores o el aroma de las hojas húmedas, asociada al olfato —un sentido aún más fuerte—, lo que produce respuestas más emocionales que cognoscitivas, así como la sensación de relajamiento y serenidad que producen los ambientes naturales.

En este sentido, Dwyer et al., (ibid.) mencionan que los árboles son elementos representativos de la naturaleza en la ciudad que proveen un constante recordatorio del mundo de la naturaleza, más allá de la ciudad. A partir de diversos estudios, principalmente en un jardín botánico compuesto por 600 hectáreas de áreas silvestres, pasto y bosques, determinaron que 80% de los encuestados refirieron un fuerte efecto de relajamiento, describiendo su emoción del ambiente como sereno, apacible, descansado, ordenado y en balance. Otras personas, al estar en un área natural urbana, mencionaron que para ellos era como fantasear acerca de viajar al pasado y experimentar la sensación en el tiempo cuando no había ciudades modernas; para ellos, el bosque urbano ofrecía la oportunidad de escapar de la rutina diaria y el estrés urbano, un lugar de belleza, paz, quietud y refugio contra el ruido, la contaminación y el tráfico; un bosque, para ellos, representaba la calma, la tranquilidad de un lugar para reencontrarse, para la contemplación, para hacer un alto, usar los sentidos y desligarse de las actividades diarias.

Aunque debemos reconocer que las imágenes de los árboles y bosques no han sido siempre positivas, pues también han representado imágenes de lugares salvajes con bestias u otros peligros. En las épocas de los primeros asentamientos, los bosques eran una barrera para los cultivos y un lugar donde se escondían las fieras. En la actualidad, algunas personas sienten miedo de ir a los parques urbanos por temor a ser atacadas por criminales, perderse en el bosque o contraer alguna enfermedad. Estos temores pueden hacer que la gente prefiera limitar la densidad de la plantación de árboles alrededor de casas o en algunas partes de la ciudad. Sin embargo, estos miedos pueden ser reflejo de la falta de familiaridad con los bosques y sus orígenes, relacionados con ambientes donde la gente se desarrolló. Como señala Schroeder (1991), aquellos que crecieron en áreas suburbanas tienden a sentirse más confortables en un ambiente natural que aquellos que crecieron en la ciudad.

Valor estético

Los ambientes producidos por las áreas verdes urbanas proveen entornos estéticos, aumentan la satisfacción de la vida diaria y dan mayor sentido de relación significativa entre la gente y el medio natural. Los árboles contribuyen a la calidad estética de las calles residenciales y parques comunitarios. Una revisión de la literatura sugiere que la gente prefiere lo natural sobre los paisajes urbanos y tiene especial preferencia por los árboles y lo “verde” (Nowak et al., 1998; Butterworth y Fisher, 2000).

Kaplan y Kaplan (1990) encontraron en el caso de la población de Seattle, EUA, que las escenas naturales son preferidas sobre las escenas urbanas y que la complejidad no contaba para una mayor preferencia. De las escenas urbanas, la de mayor preferencia fue la que incluía una plaza con pequeños árboles; respecto a la presencia de paisajes naturales, estos eran preferidos si estaban en algún lugar de la ciudad mejor que cruzando la calle.

Mucho del trabajo de estos autores se ha enfocado a predecir las preferencias públicas, con el objetivo de cambiar las prácticas de los programas de forestación para que sean programas socialmente aceptados, porque el valor de los árboles y las áreas verdes involucran más aspectos que el simple hecho de mejorar el ambiente urbano.

Valor simbólico

Los árboles y las áreas verdes urbanas tienen profundas ligas emocionales que no pueden ser explicadas a través del incremento en los valores de la propiedad, reducciones de contaminantes, moderación de la temperatura o expresadas simplemente por ecuaciones (Dwyer et al., 1994).

Smardon (1988) describe que las cualidades emocionales también están relacionadas con la función simbólica y sugiere que la vegetación natural es la representativa primaria y última de la naturaleza en la ciudad y, por lo tanto, contribuye a darle al espacio el sentido de lugar.

Los árboles han sido utilizados también en varias culturas para simbolizar la salud, sabiduría o fuerza. En algunas religiones, los árboles están ligados simbólicamente con la divinidad y lo humano y la espiritualidad está ejemplificada por los árboles en el jardín. En la religión cristiana se identifica con el árbol de la vida; en el simbolismo hindú, el despertar de la conciencia divina se representa con una serpiente ascendiendo un árbol y en la budista el árbol representa la sabiduría (Dwyer et al., ibid.).

Valor para la recreación y el ocio

El ocio, de acuerdo con Luther y Gruehn (2001), consiste en un número determinado de ocupaciones a las cuales puede dedicarse el individuo de forma voluntaria, ya sea para descansar, divertirse o mejorar conocimientos de manera desinteresada o para aumentar su participación voluntaria en la vida de la comunidad tras cumplir sus deberes profesionales, familiares y sociales. El ocio también guarda una relación con el nivel socioeconómico de la población, el tener más tiempo libre y más dinero permite tener más tiempo para el ocio, además, se acrecienta con el aumento de la movilidad y la educación. En la actualidad, el aumento de la movilidad depende más del tiempo que de la distancia.

Según Cliff (1982), las actividades de ocio concentran las actividades recreativas pasivas y las recreativas activas. Las actividades pasivas son observar, descansar, platicar, caminar, tomar el sol, leer, jugar ajedrez o damas chinas. Como actividades activas están el jugar, correr, realizar algún deporte, andar en bicicleta, patinar, escalar, etc. La necesidad de proveer de espacios recreativos para actividades pasivas y activas en las ciudades responde no sólo a la necesidad de satisfacer la demanda del usuario, sino también para aliviar la presión a que se ven sometidas las áreas rurales más vulnerables.

Las áreas verdes urbanas también representan una parte esencial en el desarrollo del niño y sus actividades de juego. De acuerdo con Piaget (1990), los niños aprenden a coordinar los reflejos corporales entre los 3 y los 5 años de edad, este es el periodo del juego práctico y de acciones repetitivas, cuando descubren sensorialmente el origen de los acontecimientos. De los 18 meses a los 4 años, el juego simbólico o de ficción es el equivalente al soñar despierto del adulto y de 2 y medio a 3 años pasan del juego individual al de grupo. De los 4 a los 7-8 años comienzan a entender conceptos y hay un intenso interés por los juegos con reglas, es el estadio de desarrollo de las actividades de grupo y los trabajos en equipo. El juego infantil, que se basa en la creación de ambientes fantasiosos y dar vuelo a la imaginación, necesita áreas para explorar, con montículos y desniveles. Los lugares predilectos para desarrollar estas aptitudes incluyen parques y zonas de juego, así como terrenos de juegos en espacios abiertos que generalmente forman parte de los espacios verdes urbanos.

En México, en el nivel federal (Sedesol, 2001b) se han establecido criterios con el propósito de otorgar los componentes básicos urbanos para el desarrollo social de la población a través de espacios que contienen, parcial o totalmente, áreas verdes para actividades de recreación, la práctica de algún deporte, el descanso, el esparcimiento y la convivencia. Esta dotación está establecida en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, en el Subsistema denominado Recreación y Deporte.

La importancia de contar con espacios verdes urbanos para la recreación y juegos infantiles en los centros urbanos es reconocida no sólo en las disposiciones normativas en el nivel federal, sino también en diversos reglamentos de acciones de urbanización de los estados de la república, los que establecen la obligatoriedad de dotar a los nuevos desarrollos habitacionales con áreas verdes para el juego infantil, el descanso y la convivencia. En Baja California, por ejemplo, de manera obligatoria se dona 3% de la superficie vendible a los ayuntamientos para acondicionarla como área verde (POE, 1971).

Valor educativo e identidad regional

La participación en actividades como la forestación urbana de espacios urbanos o el diseño y construcción de jardines se puede convertir en un medio de aprendizaje para elevar la conciencia ambiental y reforzar la identidad de la comunidad. Estas actividades se pueden realizar a través de programas que comprendan el nivel ciudad o un proyecto en específico.

En el caso de la ciudad de Tucson, Arizona, se instrumentó un programa de forestación denominado Tucson: ciudad limpia y bella, que fue promovido por una organización no gubernamental y financiado por el gobierno y la iniciativa privada. De acuerdo con el director ejecutivo del programa, este sirvió para elevar la conciencia pública acerca del medio ambiente y también logró propósitos educativos, al proveer conocimientos de plantación, fertilización y podas a todos los segmentos de la población participantes, desde niños de preescolar hasta personas de la tercera edad (Ciudad de Tucson, 1998).

McPherson y Johnson (1988) reportan el caso de una pequeña ciudad: Wellsville, en Utah, donde se realizó un programa de forestación urbana a través de la participación pública y voluntaria de la ciudadanía, sin una experiencia previa; sin embargo, a través del programa se incrementó la conciencia de cómo la vegetación limpia el aire, se ahorra energía, se crean hábitats y se embellece el atractivo de la comunidad; con lo cual, además de los beneficios ambientales, se reforzó la identidad de la comunidad y la capacitación para su mantenimiento.

El diseño de un espacio pequeño, como un jardín escolar, también sirvió como modelo educativo para involucrar a los usuarios. Tal fue el caso del proyecto para la creación de un jardín, llevado a cabo por el Centro Exploratorio de Aprendizaje, y que se aplicó en una escuela primaria pública al este de Tucson, Arizona. El diseño, planeación y construcción se realizó en conjunto con los niños y maestros de la escuela, lo cual desarrolló un sentido de orgullo y pertenencia entre los participantes y ayudó a la protección de dicho ambiente (Kim, 2001).

De esta manera, aunque la mayoría de los beneficios y costos de las áreas verdes urbanas, desde la perspectiva social son frecuentemente difíciles de medir y cuantificar, a través de los estudios realizados por diversos autores queda claro que las comunidades urbanas reconocen el valor que tiene la vegetación, gracias a las diversas formas en que contribuye a la calidad de vida de la población en sus diferentes niveles, desde la vivienda hasta los grandes parques urbanos, satisfaciendo necesidades asociadas a la recreación, el confort, la educación y la salud, cuyos valores dependen de la interacción que los usuarios tienen con los espacios verdes.

En suma, el desarrollo sustentable debe integrar acciones para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades económicas y sociales sin agotar sus recursos naturales, de los cuales finalmente depende. Por lo tanto, la sustentabilidad implica patrones de desarrollo y estilos de vida que permiten conjuntar estos tres componentes. En este sentido, las áreas verdes urbanas pueden contribuir como una variable más en la construcción del DS, al satisfacer las necesidades sociales de espacios abiertos de las comunidades urbanas, proveer de servicios ambientales para apoyar al saneamiento urbano local y global, además de ser económicamente rentables.

CAPÍTULO II. ENFOQUES, MÉTODOS Y PROCESOS EN LA PLANIFICACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS

Los enfoques y métodos para planificar las ciudades, sus espacios abiertos y áreas verdes han sido planteados con diferentes concepciones y propósitos a lo largo del tiempo, estos se basan en normatividades, orientaciones y distintos matices que dependen de las condiciones de cada época y cada país, y que resurgen en determinadas épocas, como los movimientos conservacionistas, que relegan a otros movimientos, como sucedió durante los periodos de las guerras mundiales, pero que también son influidos por programas internacionales o por publicaciones destacadas.

La planificación de áreas verdes se ha enfocado principalmente desde dos perspectivas: la del paisaje en el nivel regional (Botequilha y Ahren, 2001; Fabos, 2004; Forman, 1995; Opdam et al., 2002; Selman, 2005) y desde la perspectiva urbana. En este capítulo se revisan los antecedentes y las principales iniciativas que surgieron tanto en México como en otros países para la planificación de áreas verdes en el nivel urbano, así como la aparición de los diferentes conceptos y términos y los diversos enfoques que se han generado entorno a dicha planificación, que agruparemos en cinco grupos o dimensiones: planificación y diseño, factores tecnológicos, factores financieros, factores legales y factores de participación pública.

LA EXPERIENCIA EN INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS

De acuerdo con Laurie (1983), los antecedentes de planificación de áreas verdes urbanas representadas como parques se remontan al siglo XIX. En este siglo, el tema de la planificación y diseño de los parques públicos, que era uno de los elementos más representativos de las áreas verdes urbanas, se fundamentaba en cuatro conceptos: el movimiento romántico, la salud pública, la moralidad de las personas y la situación económica.

En el contexto europeo, las ciudades británicas del siglo XIX estaban generosamente dotadas de parques y de terrenos reservados para tal fin, aunque su localización y planificación no guardaban relación alguna con las necesidades de la población, ya que eran más bien jardines reales que tuvieron sus orígenes en el movimiento romántico, basado en la observación directa de la naturaleza y en la imitación del paisaje. Sin embargo, el enfoque sobre estos tipos de espacio fue cambiando por diversos intereses; por ejemplo, para aumentar la cotización del suelo y atractivo en el corazón de Londres, John Nash proyectó en 1810 el “Regents Park”, propiedad de la Corona, con una parte como zona privada y otra como zona pública, para que los propietarios o inquilinos se sintieran en una atmósfera de jardín urbano, todavía con influencia de la idea romántica de la naturaleza, pero con un sentido comercial del espacio, al ponerlo al alcance de un amplio sector de la población y con una inversión mínima (Laurie, ibid.).

Posteriormente, las razones de salud pública tuvieron un peso importante en la designación de áreas verdes cuando las ciudades industriales estaban en plena expansión. En 1843, el Parlamento inglés promulgó varios decretos encaminados a mejorar la situación de los obreros, en los que se concedía aplicar parte de los impuestos para mejorar los sistemas de alcantarillado, saneamiento y construcción de parques públicos. El primero en hacer uso de este derecho fue el municipio de Birkinhead, que construyó un parque de 50 ha junto con un desarrollo habitacional, el cual fue un auténtico éxito que marcó el inicio de un periodo en la creación de parques urbanos en Inglaterra (Laurie, ibid.).

Más tarde, uno de los intentos más reconocibles de planificar la ciudad y sus áreas verdes de manera integral fue la propuesta del británico Ebenezar Howard, por medio de su primer publicación en 1898 intitulada: Tomorrow: a peaceful path to real reform y reeditada en 1902 con el título de Garden cities of tomorrow, fuente de inspiración para la creación de una comunidad prototípica llamada Letchworth, construida a 50 km de Londres con la guía del mismo autor. El concepto básico partía de construir una ciudad jardín que consistía de un poblado diseñado para vivir saludablemente, con un tamaño que hiciera posible la vida social, rodeado por un cinturón verde y una zona rural que lo separara de otros poblados, con espaciosos parques públicos y áreas recreativas, todo esto con una noción pública de propiedad de la tierra y de trabajo comunitario (Osborn, 1974).

De acuerdo con Rutherford et al., (1994), la idea de ciudad jardín es una de las nociones que más ha influido en la planeación urbana del siglo XX. El cinturón verde, como un espacio abierto de tierra rural para separar una comunidad de otra y asegurar a la población de productos agropecuarios y pasatiempos bucólicos, fue un concepto retomado en Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial para la planificación de grandes metrópolis.

En el contexto estadounidense, el tema del espacio abierto y los parques urbanos ha experimentado ciclos de atención pública inspirados en motivos similares a los británicos. En la segunda mitad del siglo XIX, el programa de parques fue motivado por el naciente movimiento reformista de salud pública, promovido en 1842 por Edwin Chadwick en Inglaterra a través del Reporte de las condiciones sanitarias de la población trabajadora, que inspiró a investigadores estadounidenses a estudiar las causas de enfermedades y muerte prematura en los distritos pobres de sus ciudades, cuyo legado fueron la creación de leyes y reformas de salud pública para el establecimiento de espacios abiertos y parques para proveer a la clase trabajadora de ambientes limpios y para hacer ejercicio.

Ante la carencia de parques públicos a mediados del siglo XIX, en Estados Unidos Andrew Jackson Downing, arquitecto paisajista, expresó en 1848 su inquietud y decidida promoción de los parques públicos y anticipó la idea —al igual que el modelo de Birkinhead— de que la conservación de los parques debía cargarse a los impuestos, además de adoptar la idea de que los parques eran generadores de plusvalía en las fincas colindantes. Downing también presentó una visión ética del tema, estableciendo que los parques “fomentarían el amor hacia la belleza del campo y harían crecer el conocimiento y gusto por las plantas, civilizarían y mejorarían el carácter de las gentes y serían un alivio para las calles de la ciudad en donde los peatones pudieran pasear” (Laurie, 1983: 100). Downing murió en 1852, pero logró su misión, al convencer a la ciudadanía de la necesidad de proyectar parques públicos, prueba de ello fue el concurso, en 1858, para elaborar una propuesta de parque urbano en Nueva York, cuyo ganador fue Frederick Law Olmsted con el proyecto del Parque Central. Olmested fue un visionario de su época, al reservar 337 ha para el desarrollo de un parque con el siguiente argumento:

A la larga, el último reducto donde los habitantes tendrían la posibilidad de contemplar un paisaje natural en la ciudad sería el Parque Central y que sería el lugar donde los obreros que no pudieran disfrutar de unas vacaciones en el campo, podrían hacerlo en su interior (Laurie, 1983:101).

En 1871 se estimó que el Parque Central tendría 30 mil visitantes diarios, es decir, 10 millones al año. Además de los beneficios para la población, el parque fue un éxito económico, ya que en 1872 se evaluó que el aumento fiscal relacionado con la explotación del parque superaba los 4 millones de dólares.

El concepto de cinturón verde, desarrollado inicialmente en Inglaterra (Rutherford et al., 1994), fue retomado en Estados Unidos por Charles Eliot en 1899 para separar los distritos por áreas de espacios abiertos a través del Plan de Boston, que creó un sistema ligado de áreas naturales y parques para la zona metropolitana. En 1909, en el Plan de Chicago, se propuso el establecimiento de bosques regionales para mantener la separación entre el área urbana y suburbana del distrito de Cook, mientras que en 1929 se realizó, con la misma concepción, el Plan de la Bahía de Massachussets, preparado por la organización de conservación privada Trustees of Public Reservations. En contraste con las tendencias pintorescas del paisaje y los reformadores de salud pública, surgió a principios del siglo XX un movimiento más generalizado en Estados Unidos que se denominó Beautiful Cities (ciudades bellas), que promovía la creación de espacios abiertos monumentales en los corazones de las ciudades para enaltecer el orgullo cívico. Esta concepción dominó el diseño de centros urbanos y parques públicos durante las primeras décadas del siglo XX y sus legados se pueden apreciar en ciudades como Chicago, Cleveland o Washington D.C.

El movimiento de ciudades bellas adoptó posteriormente un periodo de desarrollo de parques públicos entre 1910 y 1940, ganando un ímpetu por el nuevo compromiso del programa de creación de empleos durante la depresión. Hacia 1950, las metrópolis estadounidenses experimentaron un rápido crecimiento, con la consecuente pérdida de espacios abiertos en las nuevas comunidades. De esta manera, los paradigmas pintorescos de las ciudades bellas y la ciudad jardín se volvieron obsoletos, y sólo al paso de una década surgió un nuevo concepto para el desarrollo de áreas verdes, cuando en 1960 la Asociación Regional de Planificación de Nueva York publicó el Reporte de espacios abiertos, pero ahora se hacía énfasis en la perspectiva recreacional y deportiva. Debido a que este tipo de instalaciones tenía una función primoridalmente social, más que un carácter natural, su utilidad y éxito dependía de su adecuado diseño, para lo cual se creó la Agencia de Recreación al Aire Libre, dependiente del Departamento del Interior de Estados Unidos, a través de la cual se destinaron cuantiosos fondos para el diseño de dicho equipamiento y se generaron normas de dotación, así como criterios de diseño (Cliff, 1982).

Sin embargo, en la planificación de áreas verdes urbanas, el componente ambiental se hizo presente hasta la década de los años setenta, cuando emergió una nueva tendencia en Europa y Estados Unidos enlazada con los movimientos ecologistas. En esta época, surgieron eventos, hitos singulares y publicaciones que contribuyeron a este nuevo enfoque, entre los que destacan la aprobación en Estados Unidos de la Ley Nacional de Política Ambiental (National Environmental Policy Act, NEPA) en 1969, que era una ley que defendía el ambiente; el libro de Ian McHarg, Design with nature, publicado en 1969, que propuso una nueva forma de diseño a partir de las condiciones ambientales; la Conferencia en Estocolmo de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que llamó la atención sobre los derechos de las personas a contar con un medio ambiente sano y productivo; el Congreso Internacional de Ecología, celebrado en la Haya en 1974, así como los trabajos holandeses de Le Roy, Van Leeuwen y Ruff, y los ingleses, como el de Nicholson, que postulaban teorías de vanguardia acerca de la planificación ecológica y la ecología del paisaje (Palomo, 2003).

En 1972, en Suecia, con la Declaración de Estocolmo de la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, surgió una iniciativa global en la que por primera vez se manifestaban las preocupaciones respecto a los problemas ambientales, lo que originó la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio (INEGI, 2000b).

En 1986, respecto a los espacios abiertos urbanos, el Consejo de Europa denunció ante sus Estados miembro la laxitud en la regulación del tratamiento de espacios verdes, que “ha conducido a negligencias en inversiones, servicios y modernización y actitud por parte de las autoridades públicas locales”. En ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud puso en marcha el programa Ciudades Sanas, en la línea de las ideas higienistas de la ciudad jardín (Palomo, 2003: 15). Un año después surgió un nuevo paradigma, el desarrollo sustentable, adoptado por la Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo y ratificado por todos los países miembro en foros mundiales subsiguientes, que comprometía al establecimiento de medidas nacionales y globales para su instrumentación, generación de indicadores y evaluación de resultados (INEGI, 2000b).

Posteriormente, como refieren Rutherford et al., (1994), diversos autores reexaminaron las condiciones sociales y ambientales de las ciudades, entre ellos se encuentran David Nicholson en The greenning of the cities (1987); Tony Hiss en The experience of place (1990), y Michael Hough en Out of place: restoring identity to the regional landscape (1992), cuyos enfoques se centraron en el manejo del espacio abierto y las funciones bióticas de dichos espacios.

Finalmente, como producto de los diferentes enfoques, surgieron diversos términos para referirse a las áreas verdes (ver el apartado Análisis y definición del concepto de áreas verdes urbanas, p. 36), como bosque urbano, infraestructura verde, estructura verde, vías verdes, planes verdes, espacios verdes, etc.

En la figura 5 se elabora un resumen de estos movimientos y enfoques, donde se puede observar un parteaguas en la década de los setenta, al incorporar la dimensión ambiental en la planificación de áreas verdes urbanas.

ANTECEDENTES EN MÉXICO Y EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

En el contexto nacional, uno de los antecedentes de planificación de áreas verdes —aunque no urbanas— se remonta a 1898 con el decreto con fines de conservación de El Monte Vedado del Mineral del Chico, Hidalgo por el presidente Porfirio Díaz, cuyo principal interés era preservar la vida natural silvestre. Posteriormente, en 1917, Venustiano Carranza expidió un decreto en el cual El Desierto de los Leones se convertiría en parque nacional, siendo la primera área que recibió dicha denominación en México y que funcionó después como un área recreativa para los habitantes de la Ciudad de México (Lozano, 1988).

Hasta 1960 se decretaron 40 áreas más como parques nacionales, en Baja California se decretó el primer parque nacional en 1947, denominado Sierra de San Pedro Mártir y en 1962 se declaró el segundo, denominado Constitución de 1857 (CNANP, 2011).

Para proteger dichos parques, y en congruencia con los decretos mencionados, en el nivel federal se creó, en 1982, la Dirección General de Parques, Reservas y Áreas Ecológicas Protegidas, dependiente de la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano (Semarnat, 2006b).

En el caso de las áreas verdes urbanas, las iniciativas de creación, conservación y mantenimiento de dichas áreas se han identificado con acciones y normatividad surgida principalmente en el nivel federal a finales de la década de los setenta e inicios de los ochenta, mientras que en el nivel estatal fue a partir de los noventa por medio de la expedición de reglamentos que manifestaron una preocupación por la protección del medio ambiente, pero principalmente en temas relativos a la conservación de áreas naturales protegidas y la prevención y control de diversos tipos de contaminación. En Baja California, a partir del año 2000 se generaron lineamientos más específicos sobre forestación urbana.

INICIATIVAS JURÍDICAS Y PRINCIPALES EVENTOS EN EL CONTEXTO NACIONAL

En 1979 surgió Ecoplanes, una de las primeras iniciativas en el país referente a las políticas de forestación y áreas verdes urbanas. Este programa tiene alcance nacional y se aplica en el nivel estatal con impacto en el nivel local, como ejemplo se puede mencionar el Ecoplan de Tamaulipas y el Ecoplan de Baja California-4ª Fase, elaborado por la Dirección General de Ecología Urbana de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP, 1979).

El Ecoplan de Baja California diagnostica, pronostica y establece políticas de forestación para las ciudades de Mexicali, Tijuana y Ensenada, enfocando las recomendaciones de forestación y propuesta de especies vegetales en el nivel general, pero sin referencia a los espacios urbanos específicos de la ciudad, la manera de instrumentar dicho programa y sin relación al proceso de planificación urbana de la ciudad.

Por otra parte, uno de los instrumentos de planeación para la asignación de áreas verdes en los centros urbanos fueron los criterios establecidos por SAHOP (1981) en el Manual para la elaboración de Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población, que en el nivel nacional establece una dotación de 10 m² de área verde por habitante, sin definir las características de dichas áreas e independientemente de las características de la región y la ciudad misma.

En 1984, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) promovió una iniciativa de áreas verdes para apoyar el proceso de planeación del desarrollo urbano de los centros urbanos del país, al crear el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, que se actualizó en 1994 por la recién creada Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol, 2001b). El propósito de este sistema es apoyar a los procesos de planeación y programación del equipamiento urbano en el ámbito nacional, particularmente a los organismos responsables de la administración del desarrollo urbano, dependientes de los gobiernos estatales y municipales, así como también a los organismos del sector privado, del sector social organizado y de la comunidad en general.

Este sistema, aunque de carácter indicativo, establece los criterios y normas específicas para dimensionar y ubicar adecuadamente las acciones de equipamiento regional y urbano, en congruencia con los lineamientos establecidos para la integración y fortalecimiento del sistema urbano nacional, con lo que se pretende propiciar la distribución más acertada del equipamiento en el territorio nacional.

En este sistema se prevén 12 subsistemas, en el caso del subsistema Recreación se definen ocho elementos y siete para el subsistema Deporte, en los cuales una proporción de la superficie total del terreno es destinada para áreas verdes; sin embargo, se debe destacar que los criterios de dotación de áreas verdes están previstas exclusivamente desde el punto de vista de su función recreativa y como complemento a las instalaciones de cada equipamiento.

A partir de 1982, la política ambiental mexicana comenzó a adquirir un enfoque integral y se reformó la Constitución para crear nuevas instituciones y precisar las bases jurídicas y administrativas de la política de protección ambiental. En este año fue creada la Sedue para garantizar el cumplimiento de las leyes y reorientar la política ambiental del país y, en este mismo año, se promulgó la Ley Federal de Protección al Ambiente.

En 1987 se facultó al Congreso de la Unión para legislar en términos de la concurrencia a los tres órdenes de gobierno en materia de protección al ambiente. Con base en esa reforma, en 1988 fue publicada la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en la que se establecieron los tipos de áreas naturales protegidas y, como resultado de esta ley, en los tres años siguientes se crearon prácticamente todas las leyes estatales de equilibrio ecológico y protección al ambiente en 31 entidades federativas, con excepción del Distrito Federal, que se creó en el año 2000 (Semarnat, 2006b).

En 1992, se transformó la SEDUE en la Secretaría de Desarrollo Social y se crearon el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). En 1994, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), ante la necesidad de planear el manejo de recursos naturales y políticas ambientales de manera integral. En noviembre de 2000, se cambió la Ley de la Administración Pública Federal, que dio origen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para proteger los recursos naturales e incidir en las causas de la contaminación y la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad (Semarnat, 2006b).

En relación con los eventos que destacaron la importancia de las áreas verdes urbanas, en 1996 se llevó a cabo el Seminario Internacional sobre Áreas Verdes Urbanas en Latinoamérica y el Caribe, organizado por el Centro de Agroforestería para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma de Chapingo, con el fin de establecer lineamientos que sentaran las bases para desarrollar mejores prácticas para el éxito de los proyectos de áreas verdes (Krishnamurthy y Nascimento, 1998).

En 2003, en la Ciudad de México se realizó el Primer Seminario de Vías Verdes en México, cuyos objetivos fueron analizar diversas experiencias internacionales de construcción y funcionamiento de vías verdes, así como reflexionar sobre la factibilidad del desarrollo de este tipo de espacios en los ámbitos regional, estatal y municipal para que, desde la perspectiva del rescate del patrimonio histórico y cultural, se crearan estrategias de turismo alternativo, de protección del medio ambiente y promoción de proyectos de desarrollo sustentable (Márquez, 2003).

También en 2003 se llevó a cabo en Guadalajara el Tercer Congreso Iberoamericano de Parques y Jardines Públicos, donde se trataron temas relacionados con la percepción del público sobre la disponibilidad de espacios públicos, la medición de capacidad de carga en las zonas recreativas, la medición de déficit de espacios públicos, el uso de espacios verdes en apoyo a la educación y cómo las áreas verdes pueden o apoyan la formación de escolares; además de destacar el valor de los parques y jardines desde el punto de vista social y educativo, así como las consideraciones para su diseño (Ramírez, 2003).

INICIATIVAS JURÍDICAS REFERENTES A ÁREAS VERDES EN EL CONTEXTO ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA

Como parte de las iniciativas relacionadas con áreas verdes, en el nivel estatal y municipal están las leyes y reglamentos en materia ambiental, instrumentos de planeación como los programas de ordenamiento ecológico y los programas de desarrollo urbano de centro de población, así como guías de forestación.

En Baja California, en 1971, durante el gobierno de Raúl Sánchez Díaz, entró en vigor el Reglamento de Fraccionamientos en el Estado de Baja California, que actualmente es la única normatividad que hace obligatoria la dotación y destino de 3% de la superficie vendible de un fraccionamiento habitacional para área verde (POE, 1971). Sin embargo, sobre todo en las primeras décadas de su aplicación, en dichas áreas no siempre se generaban espacios útiles para la recreación, pues se donaban espacios residuales de los fraccionamientos. Esta disposición de donar 3% de la superficie vendible se valida de nuevo en el Reglamento General de Acciones de Urbanización para el Municipio de Mexicali, publicado en 2001 (POE, 2001c).

En 1992 se emitió en Baja California la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEEPA), que establece la clasificación de áreas naturales protegidas en siete tipos: parques estatales, monumentos naturales estatales, áreas estatales de protección de recursos naturales, áreas estatales de protección de flora y fauna, reserva de la biosfera, parques urbanos y zonas sujetas a conservación ecológica (POE, 1992), donde sólo los dos últimos tipos corresponden al nivel urbano. En 2001 se abrogó esta ley, al crearse la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California (POE, 2001b), que reduce los tipos de áreas naturales protegidas a tres elementos: reservas estatales, parques estatales y monumentos naturales estatales, sin hacer referencia a las áreas verdes urbanas.

En los ámbitos municipales, entre 1997 y 2004 se crearon los reglamentos municipales de Baja California en materia ambiental; en 1997 se publicó el Reglamento de Protección al Ambiente para el Municipio de Mexicali (POE, 1997); en 1999 el Reglamento para el Control de la Calidad Ambiental del Municipio de Ensenada (POE, 1999); para Tijuana, en 2001 se emitió el Reglamento Municipal de Protección al Ambiente (POE, 2001d); para Tecate en 2003 se publicó el Reglamento de Ecología y Medio Ambiente (POE, 2003) y en 2004 se emitió el Reglamento de Protección al Ambiente de Playas de Rosarito (POE, 2004).

Estos reglamentos, además de establecer los preceptos para el control y prevención de la contaminación atmosférica, térmica, de ruido, del agua, del suelo y residuos sólidos y criterios de evaluación ambiental establecen, por una parte, la necesidad de elaborar los programas de ordenamiento ecológicos municipales (POEM), que son los instrumentos de planificación ambiental enfocados a la promoción y protección de las áreas naturales protegidas de carácter municipal. También se enunciaron los lineamientos para el cuidado, mantenimiento, rehabilitación y restauración de parques, áreas verdes recreativas y paisajes urbanos con valor ornamental, a través de acciones primordialmente de forestación, reforestación y condiciones para el derribo y trasplante de árboles en espacios públicos. Sin embargo, en ninguno de estos reglamentos se definen lineamientos para la planificación de áreas verdes en el nivel urbano.

En 2003, el municipio de Mexicali desarrolló una guía de forestación que estableció recomendaciones acerca de la plantación de árboles, técnicas de mantenimiento, diseño de jardín y un listado de especies propias para el municipio con sus principales características elaboradas en fichas técnicas (XVII Ayuntamiento de Mexicali, 2003).

La más reciente normatividad en el estado referente a las áreas verdes son el Reglamento de Forestación para el Municipio de Tijuana (POE, 2005b) y el Reglamento de Áreas Verdes para el Municipio de Mexicali (POE, 2005a), que representan un gran avance en materia de áreas verdes, aunque primordialmente las acciones están orientadas a la forestación y no a la planificación de las mismas.

El Reglamento de Forestación para el Municipio de Tijuana (POE, 2005b) tiene el objeto de asegurar la creación, conservación, restauración, fomento, aprovechamiento y cuidado de las áreas verdes, así como de la vegetación en general en el territorio municipal. Este reglamento, además de establecer disposiciones y sanciones respecto a la siembra, poda y tala de árboles, define obligaciones para el propio municipio y los particulares. Para el primero, obliga a crear el Comité Municipal de Forestación, el cual deberá elaborar el proyecto de forestación, gestionar recursos y difundir en la comunidad los programas de forestación. Para los particulares, establece que tendrán la obligación de cuidar y conservar los árboles o arbustos existentes en su banqueta o servidumbre, o bien, a falta de estos, podrán plantar uno hasta por cada seis metros lineales de banqueta o servidumbre, adquiriendo la obligación antes mencionada.

Una de las consideraciones más sobresalientes de este reglamento es aquella que establece que en fraccionamientos de nueva creación, las áreas de donación para áreas verdes deberán incluir “un tipo de suministro permanente de agua tratada para irrigación, el cual deberá estar funcionando el día de la entrega al municipio” (POE, 2005b). Esta disposición es de suma importancia debido a a la escasez de agua en Baja California, y particularmente en el municipio de Tijuana.

El Reglamento de Mexicali tiene por objeto “el regular y asegurar la conservación, restauración, fomento, aprovechamiento, creación y mantenimiento de áreas verdes a fin de mejorar las condiciones ambientales del municipio” (POE, 2005a), para lo cual determina las obligaciones que tiene el propio municipio y los particulares. Respecto al primero, establece la obligación de forestar, reforestar, mantener y preservar las áreas verdes, pero sólo las que se encuentran a su cargo, para lo cual deberá crear comités. En el caso de los particulares, las disposiciones principales son para los desarrolladores, que deberán contar con un proyecto para las áreas verdes autorizado por el municipio, mientras que para los usuarios de las áreas verdes establece lo permitido y lo prohibido en dichas áreas. Sin embargo, llama la atención que no establezca consideraciones para el uso eficiente y reuso del agua para el riego de la vegetación.

Por otra parte, uno de los instrumentos de planeación que diagnostica y establece acciones referentes a las áreas verdes son los programas de desarrollo urbano de centro de población (PDUCP). Sin embargo, los criterios de dotación adoptados en los PDUCP no son consistentes, al menos para el caso de Mexicali. En el PDUCP de Mexicali de 1985 (Sedue, SAHOPE y XI Ayuntamiento de Mexicali, 1985) se estableció un déficit de 55 ha, sin mencionar qué norma se aplicó; en el PDUCP, para el periodo 1993-2007 (XIV Ayuntamiento de Mexicali, 1995) se mencionó un déficit de 305.3 aplicando una norma de dotación de 8.5 m² de área verde por habitante; mientras que en el PDUCP, para el periodo 2010 (XV Ayuntamiento de Mexicali, 1998), se estableció un déficit de 140.94 ha considerando una dotación de 4 m² de área verde por habitante, sin hacer ninguna consideración del porqué se modificó el criterio de dotación.

En la figura 6 se presenta un resumen de las acciones realizadas en relación con las áreas verdes en el contexto nacional y del estado de Baja California, donde se observa que en el nivel nacional, a partir de los años setenta —por iniciativa de la federación— surgieron las primeras propuestas con referencia a las áreas verdes urbanas con los Ecoplanes, pero pasaron más de 25 años para que algunos municipios en Baja California tomaran iniciativas específicas sobre el tema.

DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE CONCEPTOS Y TÉRMINOS DE PLANIFICACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS

Alrededor de la planificación de áreas verdes urbanas han surgido diversos términos y conceptos, como plan verde, enverdecimiento urbano, forestación urbana y planificación verde.

Los planes verdes, de acuerdo con Varese y Bertelli (2001), pueden ser planes temáticos específicos (planes sectoriales) o planes más amplios, como un plan de desarrollo urbano para una ciudad; en ambos casos, deben contener una descripción de las premisas que inspiran el plan, objetivos y los elementos de coordinación con otros tipos de planes (transporte, energía, etc.), así como las unidades territoriales y administrativas. Estos planes normalmente identifican y clasifican los diferentes tipos de áreas verdes (parques, jardines, vialidades, sitios históricos o áreas verdes asociadas a estructuras educacionales, hospitales, cementerios, etc.) y las reglas para preservar, rehabilitar, recuperar, transformar y crear nuevas áreas verdes.

Los planes verdes, según Palomo (2003), son los paradigmas del concepto de desarrollo sostenible, con el cual se podría realizar una integración en la planificación de las ciudades en términos de armonía natural, belleza, calidad vital y salud; mientras que para Yoldie (1998) y el Gobierno Regional de Santiago de Chile (2003), el propósito de estos planes es proteger, restaurar y adecuar los espacios verdes y el entorno periurbano, haciendo compatibles los aspectos sociorrecreativos y educativos con los aspectos ecológico-paisajísticos, ambientales y productivos.

Los planes verdes tienen un enfoque integral que considera la contribución de estos espacios al mejoramiento de la calidad de los centros urbanos desde la perspectiva ambiental, social y estética; aunque estos planes deben considerarse más bien el producto de la acción para planificar dichos espacios.

Otra expresión utilizada en este contexto es “enverdecimiento urbano” que, de acuerdo con Uribe (1998), debe entenderse de una manera amplia, no sólo como el aumento de la cobertura vegetal en las ciudades, sino como el conjunto de acciones de la gestión ambiental orientadas a mejorar las condiciones ambientales del entorno urbano.

De acuerdo con Palomo (2003), el término planificación verde es la simplificación de un procedimiento que se propone no sólo resolver el sistema de espacios verdes de la ciudad, sino una nueva manera de enfocar el urbanismo, una planificación vinculada a los valores y recursos naturales, ambientales y paisajísticos de la ciudad.

Costello (1993) refiere que la forestación urbana es el manejo de árboles en áreas urbanas, es decir, la planeación, plantación y cuidado de los árboles, que incluye individuos, pequeños grupos y grandes cinturones verdes; por lo tanto, la forestación urbana es el establecimiento, manejo, planeación y diseño de árboles y bosques con valores atractivos, situados dentro o cerca de las áreas urbanas.

Para los municipios de Mexicali (POE, 2005a) y Tijuana (POE, 2005b), forestación se define como el establecimiento y desarrollo de vegetación en terrenos preferente o temporalmente forestales, con propósitos de conservación, restauración o producción comercial.

Por último, es importante destacar la diferencia entre forestación y planificación de áreas verdes, dado que la primera se desprende como una de tantas acciones de la segunda, además de que se refiere exclusivamente al manejo de vegetación en áreas existentes, mientras que la segunda, además de establecer estrategias para conservar y mejorar las áreas verdes existentes, se enfoca a reservar con anticipación aquellos espacios que cumplen una función ambiental y social, y que pueden integrarse en el sistema urbano para mejorar la calidad de vida de la población.

PLANIFICACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS

En términos generales, planificación es un método para llevar a cabo un objetivo, una formulación detallada de un programa de acción o un arreglo ordenado por etapas en el que se establecen objetivos, políticas y procedimientos para alcanzar una unidad social, económica o territorial, o bien para la consecución de un fin. Sin embargo, se debe considerar que el proceso de planificación no culmina con la publicación de un documento o elaboración de un plan que presente las instrucciones para alcanzar un objetivo, sino que el resultado final debe ser la implantación a partir de la realización de los objetivos y el logro de las metas (USDA Forest Service, 1999).

Planear para un tiempo indefinido es una tarea incierta, por ello es recomendable dividir el proceso de planificación urbana en componentes temporales de corto, mediano y largo plazo.

La planificación urbana de corto plazo debe ser explícita y obligatoria a través de la regulación de uso del suelo, con acciones concretas para la preservación o desarrollo de áreas dentro de la ciudad, en los que se involucra a la comunidad. En la planificación a mediano plazo, generalmente se integran programas que rebasan el corto plazo para su implantación.

La planificación urbana de largo plazo tiende a ser general y se refiere a la preparación y definición de políticas y lineamientos que pueden plasmarse en un plan de gran visión, donde se establecen compromisos particularmente del gobierno, dado que, al adoptar el plan, el gobierno firma su apoyo para llevar a cabo las acciones tendientes a lograr los objetivos planteados.

La planificación referida a áreas verdes, como señala Palomo (2003), es un concepto utilizado en el mundo hispano que no sólo propone resolver el sistema de espacios verdes de la ciudad, sino que debe constituirse en una nueva manera de enfocar el urbanismo, una planificación vinculada a los valores y recursos naturales, ecológicos, ambientales y paisajísticos de la ciudad. La planificación de las áreas verdes debe reconocer los valores y recursos naturales, ambientales y paisajísticos de la ciudad para preservarlos y mejorarlos; debe ser una parte indispensable de cualquier estrategia ambiental del desarrollo sustentable para la biodiversidad urbana.

Congruente con esta línea, Miller (1998) señala que la planeación del enverdecimiento urbano debe reconocer la importancia recreativa de los espacios verdes, así como la categoría social, ecológica y económica de una red de dichos espacios en las ciudades.

Por lo tanto, la planificación de áreas verdes urbanas debe concebirse como el manejo integrado y sistemático de los espacios con cobertura vegetal en zonas urbanas y suburbanas, cuyo proceso involucra el inventario, caracterización y diagnóstico de dichos espacios, valorando su importancia como elementos necesarios para desarrollar actividades recreativas, además de reconocer sus atributos ambientales, económicos y paisajísticos para definir estrategias en aras de su preservación, regeneración y optimización en busca del bienestar de la población. Este proceso deberá incluir los aspectos operacionales, normativos, financieros y de participación pública e institucional que hagan factible su instrumentación.

DIMENSIONES DE ANÁLISIS EN LA PLANIFICACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS

La planificación de áreas verdes urbanas debe representar un enfoque integrado y sistemático del manejo de la vegetación en los centros urbanos, con un eje de desarrollo enfocado en las necesidades de la sociedad. Con el objeto de examinar las diferentes dimensiones de dicho proceso de planificación, se retomó el trabajo de Krishnamurthy y Nascimento (1998) que establece como factores clave para el manejo exitoso de las áreas verdes urbanas contar con una planificación acertada, una selección apropiada de técnicas específicas para cada cultura y sitio, una promoción de la participación eficiente del sector privado y público, así como mecanismos innovadores de financiamiento y una clara definición del marco legal, institucional y operacional. Los aspectos que se deben considerar son la planificación y diseño, así como los factores tecnológicos, financieros, legales y de participación pública.

Planificación y diseño. Se refiere a las escalas de los estudios que pueden ir desde el nivel macro —que considera a la ciudad y su entorno—, la intermedia o urbana —que analiza los diversos tipos de áreas verdes dentro de la ciudad— y la micro —donde las propuestas se realizan en el nivel sitio, como las avenidas, parques o predios—.

Aspectos tecnológicos. Se refiere al conocimiento de la composición del suelo, selección de especies, plantación, riego, drenaje, mantenimiento, podas, pesticidas y fertilizantes de acuerdo con las características ambientales y urbanas.

Aspectos financieros y económicos. Se refiere al conocimiento de las fuentes de financiamiento gubernamentales, no gubernamentales y de apoyo no monetario que permiten la viabilidad financiera de una propuesta.

Aspectos legales, institucionales y operacionales. Son aquellos que se refieren a la definición de la participación del sector público y el sector privado a través de políticas públicas, programas, reglamentos y proyectos, ya sean federales, estatales o municipales.

Participación pública. Se refiere a los mecanismos de integración de la comunidad a proyectos de forestación urbana, la definición de proyectos comunales, la promoción, capacitación y la colaboración interinstitucional.

Aunque el término planeación, como ya se mencionó, comprende todos los factores que hacen posible la instrumentación de un plan, a continuación se revisan por separado los diferentes enfoques y propuestas de autores que enfatizan alguno de estos aspectos básicos, con los cuales se establecerá una metodología para la planificación de áreas verdes para la ciudad de Mexicali.

PLANIFICACIÓN Y DISEÑO

De los cinco factores antes mencionados, los aspectos tecnológicos son los más desarrollados, mientras que los aspectos de planificación son menos abordados por los autores. Entre quienes han estudiado la temática de la planificación de las áreas verdes urbanas se encuentran Stephenson-Oliver (2003), Bordes-Pagés (2002), Beer (2000), Palomo (2003), Miller (1998) y Pérez (2001); sin embargo, los tres primeros presentan propuestas limitadas y con un enfoque parcial. Cada uno del resto de los autores tiene su propia mirada y realiza diferentes aportaciones. Palomo (ibid.) hace énfasis en las etapas y variables a considerar en el proceso de planificación; mientras que Miller (ibid.) se enfoca en las escalas de planeación y propone un método para la planeación de dichos espacios que integra las funciones ecológicas y sociales de los paisajes urbanos. Por su parte, Pérez (ibid.) dirige el análisis de lo general a lo particular y establece la evaluación a partir del planteamiento de hipótesis y objetivos.

Palomo (ibid.: 19) plantea una manera de planificar las áreas verdes en la ciudad que toma como base la experiencia española, la cual se basa en el reconocimiento de los valores y recursos naturales, ecológicos, ambientales y paisajísticos de la ciudad para preservarlos y mejorarlos; además, plantea una guía metodológica que va de lo conceptual a la práctica concreta, haciendo un exhaustivo recorrido por todos los elementos y factores que integran la planificación verde, como el autor le denomina.

La guía tiene seis fases (ver cuadro 5). Inicia con una base conceptual en la que se asienta la importancia de los espacios verdes para la población y la exigencia de la naturaleza en la ciudad como una visión complementaria al urbanismo convencional y su contribución al desarrollo sustentable. Continúa con los fundamentos jurídicos, donde se identifican los mecanismos legales que existen para conservar la naturaleza, las formas de intervención y regulación del Estado en este tipo de espacios no urbanizables y la obligatoriedad de los planes verdes como instrumentos de ordenación territorial. Asimismo, se identifican los dispositivos jurídicos para la participación de los diferentes grupos de intereses de la comunidad (académicos, corporaciones, asociaciones civiles, vecinales y sindicales, organizaciones políticas, empresariales, etc.).

La tercera etapa es el análisis, que comprende el estudio de las variables físicas como la geología, edafología, agua-hidrología, microclimas y usos del suelo; las variables biológicas como vegetación y fauna; las variables urbanas, como calles, plazas, edificaciones, industria; variables paisajísticas, como masas de agua, fondos escénicos, calidad y fragilidad; las variables humanas como población, actividades, estructura territorial y económica, problemática social, y los riesgos, como la erosión, inundaciones e incendios.

La cuarta fase es la síntesis-prognosis, que integra la información que se desagregó en la etapa anterior, armonizando los distintos enfoques que permitan elaborar conclusiones mediante la agregación ponderada de las diversas informaciones obtenidas. Es el procedimiento mediante el cual se discriminan y agrupan los datos para la elaboración de un diagnóstico en términos de una caracterización territorial cartográfica, el sistema de áreas verdes, los sectores deficitarios y el establecimiento de tipologías espaciales para su futura intervención.

La quinta fase comprende el diagnóstico y planificación. El diagnóstico se plantea como un documento sucinto que precede a las propuestas de planificación. Estas propuestas estarán plasmadas en un plan verde, donde se establecerán las categorías de ordenación del territorio a través de acciones como protección, conservación activa, regeneración, áreas con potencial de esparcimiento y recreo para uso forestal, agrícola, etc.

La última fase es la gestión, que es el mecanismo mediante el cual se conectan las estrategias con la realidad, de ahí su importancia. La gestión se plantea en las esferas ambiental, jurídico-normativa, económica-financiera, de usos y actividades, del paisaje, informativa y de difusión, protección, desarrollo y de recreo, deporte y cultura.

Las fases que señala Palomo (2003) establecen una secuencia del proceso, sin embargo, las fases no están claras en cuanto a su designación y contenido, ya que la etapa de diagnóstico y síntesis son partes de una misma etapa y la fase “planificación” es un término que involucra a todas las fases, además de que las variables no aparecen agrupadas por tema (ambientales, sociales, etc.), lo que puede dificultar la interpretación de sus interrelaciones.

Por otra parte, Miller (1998) establece su desacuerdo con la forma tradicional de planear el espacio verde desde una perspectiva social que ignora los atributos ecológicos y que ha consistido en localizar tierras sin desarrollo sobre un mapa o fotografía aérea, para después designar esas tierras como espacios verdes potenciales sin hacer una evaluación del sitio en cuanto a las necesidades de la comunidad. Este tipo de planeación, señala Miller, crea espacios verdes seleccionados principalmente por su disponibilidad y costo, en lugar de establecerlos sobre la base del uso pretendido, perdiendo oportunidades de integrar el espacio verde en un plan de uso del suelo. Existen espacios que pueden tener dicho uso pretendido de facto en las comunidades, debido a las limitaciones que presentan para el desarrollo urbano, como la pendiente o la hidrología, pero generalmente estos espacios se pierden ante el mismo desarrollo cuando las nuevas tecnologías permiten que se construya en dichos sitios.

Miller (ibid.) establece que la planeación de espacios verdes debe fijarse en tierras sin desarrollar, es decir, antes de la expansión urbana, además debería basarse en los atributos funcionales y ecológicos de los espacios verdes como llave para seleccionar la parcela, en conjunto con las hectáreas necesarias para el desarrollo urbano, en lugar de planear simplemente con base en el número de hectáreas necesarias para el uso recreativo. Este proceso puede iniciarse con la identificación de cuencas o subcuencas específicas como unidades de planeación, estableciendo la línea básica hidrológica de cada cuenca. El enfoque propuesto es a partir de una base ampliada para la planeación del espacio verde que integre las funciones ecológicas y sociales de los paisajes urbanos (ver figura 7).

La unidad de planeación establecida dentro de este enfoque es la cuenca hidrográfica, ya que la oportunidad para proteger las cuencas debe suceder antes que el desarrollo, porque sí hay cambios en la hidrología de los arroyos o ríos que la drenan, no se conservará la estabilidad hidrológica y de promoción de la flora que protegerá la calidad del agua, los recursos visuales, el hábitat de la fauna silvestre y, con ella, las oportunidades recreativas. Adicionalmente, se deben identificar las áreas no aptas para el desarrollo urbano, como laderas, suelos inestables y zonas inundables, que junto con las áreas con valores ecológicos y paisajísticos representan los espacios verdes potenciales.

Por último, Pérez (2001) presenta otro enfoque de planificación con el estudio de la ciudad de Resistencia, en Argentina, que establece cuatro etapas, iniciando con el estudio conceptual del tema central de la investigación, seguido de un análisis general en un “macrosistema”, para pasar al análisis de un “microsistema” en un área específica de la ciudad y, finalmente, establecer recomendaciones para el área específica y la ciudad (ver cuadro 6).

Aunque la autora de la metodología detalla las técnicas para la recolección de datos, no deja en claro aspectos como las formas de participación pública, el financiamiento de las obras y los criterios para realizar los análisis en las escalas macro y micro.

ASPECTOS TECNOLÓGICOS

Uno de los factores mejor desarrollados con referencia a la planificación de áreas verdes urbanas se refiere a los aspectos técnicos que requiere la vegetación para su adecuado desarrollo, que inicia desde una adecuada selección de especies al clima y conocimiento de las condiciones del suelo, hasta un apropiado mantenimiento, como lo establecen Nilsson et al., (1998), Lindsey y Bassuk (1992), USDA Forest Service (1999), Sheinbaum (2003), el XVII Ayuntamiento de Mexicali (2003), McPherson y Simpson (1999) y Cobo (1998).

Nilsson et al., (ibid.) establecen tres aspectos básicos en este sentido, el suelo como medio de crecimiento, el riego y el mantenimiento. Respecto al suelo, señalan que uno de los mayores problemas es su compactación, ya que su densidad de masa se incrementa y su porosidad disminuye, inhibiendo el crecimiento de la planta; para evitarlo, sugieren que todo el sitio de construcción sea dividido en una zona de construcción, una zona de trabajo y una de protección, en esta última no se debe permitir el tránsito. Respecto al riego, se pueden calcular los requerimientos de agua en función de la evapotranspiración y el tipo de suelo y los factores climáticos locales, como lo señalan Lindsey y Bassuk (ibid.), y respecto al mantenimiento, Nilsson et al., (ibid.) mencionan que lo más importante es hacer las podas con “objetivo”, donde el entendimiento y respeto por el árbol indica dónde, cuándo y cómo debería ser podado.

El Servicio Forestal del Departamento de Agricultura Estadounidense (USDA, Forest Service, 1999) publicó una guía técnica de forestación urbana que establece consideraciones específicas para el buen desarrollo de la comunidades vegetales en espacios abiertos, además contiene la selección de especies de acuerdo con el clima y el suelo, análisis del sitio, consideraciones de diseño y mantenimiento (ver cuadro 7).

Por otra parte, Sheinbaum (ibid.) establece en el proyecto de Norma Ambiental para el Distrito Federal los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades, empresas privadas y particulares para la creación, rehabilitación, restauración y manejo integral de áreas verdes urbanas.

En esta norma, se determinan aspectos más específicos para la vegetación, así como el manejo integral de las especies desde la plantación hasta las condiciones de mantenimiento, como la fertilización, riego, control de plagas y poda. Lo interesante de esta norma es su obligatoriedad no sólo para las autoridades, sino también para los particulares (ver cuadro 8).

Dentro de los aspectos tecnológicos, uno de los instrumentos más desarrollados son las guías de forestación. Por ejemplo, en el caso del municipio de Mexicali (XVII Ayuntamiento de Mexicali, 2003), integra conceptos, imágenes y descripción de los árboles y arbustos más comunes en el municipio y hace énfasis en la utilización de plantas nativas. Asimismo, se establecen criterios para la selección de especies y técnicas de mantenimiento para las podas, el control de plagas y el riego. También se señalan los perjuicios que pueden ocasionar las plantas cuando no se hace una apropiada selección, como la obstrucción visual en vialidades, levantamiento de banquetas por raíces de árboles o interferencia con los cables de energía eléctrica. Uno de los puntos que llama la atención de esta guía es que, aunque enfatiza la utilización de especies nativas (plantas adecuadas al clima y suelo de la región), en los aspectos de riego no establece la necesidad del uso eficiente del agua o del desarrollo de procesos de reuso del agua, consideración indispensable para las zonas áridas.

McPherson y Simpson (1999), en este sentido, han desarrollado guías de árboles para comunidades pequeñas de rápido crecimiento en Estados Unidos, donde establecen formas para obtener y cuantificar los beneficios de las áreas verdes urbanas, desde la escala de toda la comunidad, el barrio, hasta la familiar, enfatizando como uno de los factores clave para la “cosecha” de dichos beneficios la adecuada selección de especies y el mantenimiento apropiado.

Por último, Cobo (1998: 24) señala que además de los aspectos importantes que tienen que ver con el manejo técnico de la vegetación, es decir, emplear técnicas adecuadas en la plantación, la poda, el mantenimiento y protección, control de plagas, monitoreo de los efectos de la contaminación atmosférica en determinadas especies, suficiente espacio físico para el desarrollo de los árboles, así como evaluar la posible incompatibilidad del tamaño del árbol con elementos edificados o de infraestructura, como el tendido de redes de energía eléctrica y contar con viveros que provean de las plantas necesarias en los tamaños apropiados —aspecto imprescindible en la forestación urbana—.

ASPECTOS LEGALES, INSTITUCIONALES Y OPERACIONALES

La Agenda 21, programa elaborado en 1992 en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo para alcanzar el desarrollo sustentable (ONU, 2005) establece en el capítulo 8 que “las leyes y reglamentos emanados de las condiciones específicas de cada país son uno de los instrumentos más significativos para convertir las políticas en acciones y transformar el ambiente, no sólo como un marco normativo, sino también como instrumentos para la planeación económica”. En este mismo sentido, existen otros autores (Zulauf, 1998; Varese y Bertelli, 2001; Carleer y Wolf, 2004) que señalan la importancia de crear un amplio marco legal para la creación, promoción y conservación de las áreas verdes.

De acuerdo con Zulauf (ibid.), la protección ambiental, como acción institucionalizada, es una actividad reciente en el mundo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, menciona que cada país debería tener sus propias leyes ambientales básicas en el nivel nacional, estatal y local. Las leyes estipularían una jerarquía, de tal manera que las leyes locales fueran más restrictivas que las leyes estatales y estas, a su vez, más estrictas que las nacionales, pero no al contrario. Este autor también propone que la protección al ambiente debería estructurarse de acuerdo con la escala y naturaleza de las ciudades, así como de sus problemas (la contaminación del agua no es igual en una ciudad de 5 mil habitantes que en una de 500 mil), por lo que no es posible proporcionar un modelo institucional común para la acción de protección ambiental con respecto a las autoridades locales. Por ello, se deben enlistar las actividades que en menor o mayor grado son parte de todas las acciones de cualquier ciudad, como las áreas verdes urbanas, el control ambiental, la educación y la planeación ambiental. Por otra parte, respecto a los aspectos operacionales, señala que recientemente se ha observado un papel más activo y una creciente participación del sector privado en la ejecución de servicios públicos, que poco a poco también participan en acciones de operación a través de diferentes modalidades como la concesión, asociación, permiso, etc. (ver cuadro 9).

Por su parte, Varese y Bertelli (ibid.: 7), en el contexto de la comunidad europea, establecen como condición para el éxito de la planificación de áreas verdes la existencia de instrumentos legales con las siguientes orientaciones en el diseño de programas para el desarrollo de espacios verdes:

a) En el nivel constitucional, la declaración del derecho de los ciudadanos de contar con un ambiente sano.

b) Legislación concerniente a la protección del paisaje y áreas de particular interés natural, histórico y cultural.

c) Legislación para la protección de ríos y zonas costeras.

d) Legislación que determine medidas generales para la protección del ambiente.

e) Legislación que defina los contenidos y tipo de planes para los niveles regional y local.

f) Legislación que establezca la distribución de tareas y responsabilidades entre los actores encargados del manejo de los espacios verdes.

Por último, Carleer yWolf (ibid.: 8) argumentan que, aunque el concepto de sustentabilidad todavía está en debate, creación y prueba en los centros urbanos, para alcanzarlo se requiere adoptar un marco normativo innovador, donde las comunidades promuevan y hagan obligatorias las acciones que tiendan a la sustentabilidad. Estas iniciativas deberán considerar las diferentes escalas de acción. Así, por ejemplo, en el nivel regional la construcción de un sistema de transporte eficiente ayudaría a reducir el uso de recursos energéticos, mientras que en el nivel local, las iniciativas para ahorro de energía deberían enfocarse a las prácticas constructivas. Para ello, debe existir un código verde que establezca un conjunto de leyes, reglamentos y normas desde el nivel urbano hasta el nacional que incluya las disposiciones para conservar el paisaje, la vegetación, el agua, etc., es decir, todo lo concerniente al ambiente y los recursos naturales.

ASPECTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS

Otro de los aspectos relevantes en cualquier proceso de planificación es la correspondencia entre las acciones propuestas y los recursos disponibles para su instrumentación.

En el caso de la planificación de áreas verdes urbanas, además de la necesidad de contar con un presupuesto base por parte de la autoridad local para la operación y acciones esenciales del departamento responsable, se deberán promover mecanismos financieros para darle viabilidad económica a las acciones propuestas. En este sentido, Morgan (1998), Miller (1998) y Sedesol-UAM (2005) señalan diversos mecanismos financieros.

De acuerdo con Morgan (ibid.), las diversas fuentes de financiamiento para el desarrollo de acciones urbanas se pueden agrupar en tres tipos: gubernamentales, no gubernamentales y no monetarias.

Las fuentes gubernamentales se derivan primordialmente de la aplicación de impuestos locales, que pueden ser utilizados como gravámenes o incentivos para conservar o desarrollar determinadas áreas, pero en ambos casos deben ser negociados sobre la base de los beneficios ambientales, económicos y sociales que ofrece la vegetación, que no son mutuamente excluyentes.

Las fuentes no gubernamentales de fondos son apoyos monetarios a través de donativos o patrocinios provenientes de fundaciones, fideicomisos, corporaciones, organizaciones, empresas y particulares.

Las fuentes no monetarias se derivan de aportaciones en especie o con trabajo (servicio social de los estudiantes, asociaciones, voluntarios, etc).

Respecto al primer grupo de fuentes de financiamiento, la aplicación de impuestos es la más común, con una amplia gama de modalidades, cuyo propósito es incrementar la captación de recursos para costear las acciones establecidas en el plan.

Entre las posibles modalidades fiscales para aumentar los ingresos están los siguientes tipos de gravámenes, cuotas o contribuciones (Morgan, ibid.):

a) Rentas de impuestos especiales: son recaudaciones impositivas por condiciones especiales que tienen la ventaja de quitar presión al presupuesto de la ciudad.

b) Gravamen para beneficio del distrito: la mayoría de los propietarios acuerdan gravarse ellos mismos, basados en condiciones que ellos mismos establecen.

c) Gravámenes por subdivisión o permisos de construcción, que son utilizados en nuevas unidades o desarrollos de fraccionamientos.

d) Gravámenes por daños: son pagos compensatorios de la gente que daña o remueve árboles de propiedad pública, ya sea por accidente o intencionalmente.

e) Cargos adicionales: son cuotas por servicios que la ciudad puede cobrar, por ejemplo, venta de licores, multas de tránsito, tarifas de estacionamientos, etc.

f) Facturación directa: son cargos a individuos por trabajos realizados en su propiedad (plantar, reponer, mantener o controlar plagas en propiedades de programas comunitarios).

Entre los posibles mecanismos de carácter fiscal para incentivar o fomentar la conservación o desarrollo de áreas verdes se encuentran los siguientes:

a) Impuestos diferenciales, para estimular la protección de áreas verdes y disuadir el desarrollo de áreas inapropiadas. Esto no evita que la tierra sea vendida para el desarrollo, pero se puede conservar dicho uso por más tiempo, además que con los reembolsos se pueden financiar acciones del plan (Miller, ibid.).

b) Deducciones del impuesto sobre la renta que permiten al contribuyente hacer donaciones de sus reembolsos de impuestos o deducirlas en el pago de obligaciones fiscales (Morgan, ibid.).

c) Sistema de derechos de desarrollo, que implica reconocer el derecho de transferir, total o parcialmente, la intensidad del uso del suelo de un lugar a otro. Este sistema funciona con la lógica del mercado, pero regulada por la intervención del gobierno, lo que requiere de programas de desarrollo urbano debidamente aceptados y legalizados por la sociedad y el gobierno. Este sistema tiene dos variantes: la primera es la compra de los derechos de desarrollo por el gobierno (Miller, ibid.) y la segunda es la transferencia de los derechos entre particulares (Sedesol-UAM, ibid.):

- Compra de los derechos de desarrollo. Se puede aplicar para proteger el espacio verde de propiedad privada. El gobierno puede comprar a los dueños de la propiedad el derecho de subdividir y desarrollar la tierra por medio de ventas voluntarias o declaraciones públicas.

- Transferencia de los derechos de desarrollo. Su principal objetivo es permitir a los particulares tener opciones para ceder y adquirir dichos derechos, con las ventajas de no representar costos directos para el gobierno y permitir recursos adicionales para el mejoramiento de los inmuebles que ceden sus derechos.
Una opción más, sugerida por Miller (ibid.), es la compra gubernamental o por fideicomisos de espacio verde, mecanismo a través del cual se adquiere tierra privada con el tipo más permanente de protección de espacios a largo plazo y que también permite el acceso al público para un uso recreativo.

Por último, otra forma de financiar acciones o proyectos es a través de asociaciones público-privadas (Sedesol-UAM, 2005).

Estos esquemas de financiamiento no son excluyentes, más bien pueden diversificarse los fondos y las aportaciones, como en el caso del Plan de Recuperación y Gestión de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad: Plan Verde de Segovia, cuyo financiamiento tuvo una inversión total, entre 1992 y 1997, de 3 460 millones de pesetas, con las siguientes aportaciones (Yoldie, 1998):

- Unión Europea (FEDER): 10.01% (Patrocinio).

- Ministerio de Fomento: 1.44% (Fondo para aumento de capital).

- El Gobierno Regional, Junta de Castilla y León: 59.25% (Patrocinio).

- Ayuntamiento de Segovia: 29.3% (Impuestos).
Paralelamente, en este plan verde la Universidad Politécnica de Madrid trabajó en su planificación ecológica, así como en una metodología para conservar y mejorar el entorno y paisaje urbanos. Además, la misma universidad aportó respuestas a la problemática de los espacios naturales de la ciudad de Segovia y sus entornos a través de la tesis doctoral Entorno y paisaje de ciudades históricas. Segovia, caminos para su conservación en el año 1990. Mientras que la Asociación Forestal de Segovia firmó un convenio con el Ayuntamiento para el desarrollo del programa de reforestación y, finalmente, también se contó con la participación de asociaciones conservacionistas de estudiantes universitarios y un colectivo ciudadano.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Desde la Primera Cumbre de la Tierra se reconoció la importancia de la participación de los diversos sectores de la sociedad para alcanzar el desarrollo sustentable, específicamente a través de la Agenda 21, como una herramienta de concientización y organización para que la sociedad participara en el proceso de consenso y apropiación de los programas que de ella emanaran. En este sentido, Yoldie (1998: 8) señala que para alcanzar la sostenibilidad se requiere que la comunidad participe en un proceso mediante el cual se defienda el medio ambiente a partir de conocerlo y valorarlo (conocer => disfrutar => valorar => defender => alcanzar sostenibilidad). Este proceso genera un compromiso mutuo entre la comunidad y los gestores que favorece el desarrollo de los programas ambientales y garantiza la conservación y protección del entorno natural de la ciudad, asegurando su mantenimiento permanente.

En el marco de la participación pública, para ser exitosa la planificación de las áreas verdes requiere de la acción de dos actores básicos en su gestión: el apoyo político y el liderazgo de las autoridades, así como el apoyo social, de ahí la importancia de mecanismos de difusión, promoción y participación de la ciudadanía.

La participación ciudadana en materia ambiental está establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes ambientales (IDEA de México, 1999); sin embargo, es importante que esta actividad, como lo señalan McPherson y Johnson (1998), Cobo (1998) y el USDA Forest Service (1999), sea considerada como parte de un proceso integral en el que se cumplan diferentes acciones interrelacionadas.

McPherson y Johnson (ibid.) reseñan la experiencia de un programa de forestación urbana en un pequeño poblado estadounidense, mencionando que la participación pública es un componente crítico en el proceso de planificación de áreas verdes, ya que en pequeñas comunidades no se emplean forestadotes urbanos o jardineros municipales, sino que los manejadores de la forestación son ciudadanos entusiastas.

El proceso de planificación que ellos describen comprende cuatro grandes componentes: estudios preliminares, recolección de datos, análisis y evaluación, e implantación (ver figura 8). Se debe iniciar con la identificación de las necesidades de la comunidad en materia de forestación, estableciendo objetivos y definiendo responsables. Posteriormente, se realiza un inventario de la vegetación y de los patrones paisajísticos de la comunidad. Después, se elabora un plan de forestación para finalmente realizar la plantación, evaluación y mantenimiento de cada sitio.

Por su parte, Cobo (ibid.) describe la experiencia de participación comunitaria en un programa de arborización de barrios en la ciudad de Quito, Ecuador, cuyo elemento clave fue la participación de diversas organizaciones sociales, conocidas como comités pro-mejoras, liga deportiva barrial y comités de madres de familia, cuyo liderazgo y poder de convocatoria entre la comunidad hicieron posible la realización de dicho programa. Lo interesante en este programa fue la participación y coordinación entre las autoridades locales, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales y empresarios, donde el Municipio Metropolitano de Quito proporcionó los árboles necesarios, el abono, la asesoría técnica y la apertura de los huecos en las veredas y aceras de las vías principales. El Comité Barrial promocionó y organizó la participación activa de los pobladores en la siembra y mantenimiento de los árboles. La fundación ambientalista “Natura” elaboró el plan integral para arborizar las vías principales, secundarias y las áreas comunales. Finalmente, la empresa privada aportó el material y el dinero necesarios para elaborar los protectores de madera que debían ser colocados alrededor de los árboles, con el fin de evitar el vandalismo y la depredación de los animales.

Por otra parte, el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura Estadounidense (USDA Forest Service, 1999) señala que si bien es importante la participación y coordinación de los sectores público/privado en acciones de forestación, también se debe considerar la participación y coordinación entre los sectores público/público, pues en muchas ocasiones la vegetación en espacios públicos es afectada por los derechos de paso y las obras de otras dependencias gubernamentales que tienen la responsabilidad de los sistemas de infraestructura como el drenaje, el agua potable o la electricidad.

En suma, los factores ya mencionados aportan enfoques importantes en la planificación de las áreas verdes urbanas, sin embargo, considerados por separado presentan limitaciones, porque no se establece su interdependencia. Es necesario integrarlos con un proceso que defina las etapas, especifique las secuencias y establezca las interrelaciones entre los factores.

CAPÍTULO III. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS

La metodología propuesta para la planificación de áreas verdes urbanas se fundamenta en los procesos y enfoques revisados en el capítulo anterior, a través de la adecuación y combinación de dos criterios para su estructuración: en el sentido longitudinal, el proceso de planificación está organizado en una secuencia de cinco fases que inicia con la organización del equipo de planeación y continúa con el inventario de componentes, que contiene un diagnóstico, del cual se desprenden estrategias y, finalmente, se definen planes de gestión; en el sentido transversal, se agruparon los factores clave para el manejo de las áreas verdes en seis grandes componentes: físico-urbano, tecnológico, ambiental, financiero-económico, jurídico-normativo y de participación pública, los que permiten ordenar las diversas variables que intervienen en el proceso de planificación de una manera clara.

Posteriormente se integraron estos dos criterios (por fases y por componente), se retroalimentaron las fases con aportaciones de otros autores y las propias, y también se adecuaron los contenidos de los componentes de acuerdo con las condiciones de Mexicali.

La planificación de las áreas verdes urbanas debe plantearse como un proceso integral y continuo en el proceso de planificación del desarrollo urbano de las ciudades, aprovechando las estructuras administrativas y el marco normativo para su elaboración. Por lo tanto, este proceso se muestra como una guía metodológica para la elaboración de planes sectoriales en el marco de la planificación urbana municipal o de centro de población, dividida en cinco fases secuenciales que incluyen desde la integración del equipo de trabajo hasta la gestión y seguimiento de las acciones a realizar:

a) Organización

b) Inventario

c) Diagnóstico

d) Estrategia

e) Gestión

Esta metodología está orientada de acuerdo con un criterio ambiental en complemento con el criterio social de dotación de espacios recreativos, como el equipamiento urbano, que tiene como propósito incorporar nuevas áreas verdes, mejorar las existentes y conservar las áreas con valor paisajístico, histórico y ecológico; de esta manera se establecen, por un lado, procedimientos para identificar y caracterizar las áreas verdes existentes y potenciales y, por el otro, se contrasta la demanda social y ambiental de estos espacios para determinar el déficit o el superávit. Con base en los resultados, se plantean los alcances que deberá contener la fase estratégica desde las perspectivas financiera, técnica, jurídica y de participación pública, para finalmente esbozar los programas de gestión que deberán desarrollarse.

Este proceso integra una diversidad de variables íntimamente interrelacionadas, pero con el propósito de ordenar el proceso se han agrupado en seis grupos denominados “componentes”, que facilitarán su descripción y tratamiento (físico-urbanos, tecnológicos, ambientales, financiero-económicos, jurídico-normativos y de participación pública).

La metodología se describe por cada una de las fases y por cada componente. Para cada uno de los componentes se identifican y explican las variables a integrar, se describen los criterios o procedimientos a seguir y se definen los productos esperados (ver figura 9).

La primera fase consiste en la organización del equipo de planeación que realizará todo el proceso a partir de los objetivos y metas planteados. La segunda fase es el inventario de cada uno de los componentes, que se puede realizar de manera independiente. La tercera fase es el diagnóstico, en el que se establecen para cada uno de los componentes los obstáculos o limitaciones y oportunidades o potenciales para la planificación de las áreas verdes urbanas, integrándolos al final de manera jerarquizada como base para establecer prioridades de acción. La cuarta fase, que es la estrategia, inicia con un plan de visión a largo plazo donde se establecen programas estratégicos y metas a mediano y corto plazo, y del que se desprenden programas particulares por componente. Por último, la quinta fase es la gestión, donde se establecen los planes de acciones para instrumentar el plan estratégico, mecanismos de seguimiento del plan y su retroalimentación.

FASE I: ORGANIZACIÓN

El recurso humano y su capacidad organizativa son fundamentales en los procesos de planeación para desarrollar y cumplir las metas establecidas. En este sentido, de acuerdo con Selman y Knight (2005: 13), el concepto de gobernanza es un factor muy importante en la planificación y manejo de áreas verdes urbanas. Estos autores lo definen como el proceso mediante el cual es posible un manejo participativo y un aprendizaje social que se puede conseguir a través de dos tipos de pluralismo: 1) el pluralismo institucional, integrado por las diferentes estructuras con distintas escalas de preocupación y responsabilidades con el ambiente; y 2) el pluralismo de grupos participantes, constituido por agrupaciones que experimentan de diferentes maneras los problemas ambientales.

Scott (2002: 21) agrega la variable económica al concepto de gobernanza, al describirlo como la coordinación del complejo económico y social en la ciudad-región como un todo, de manera tal que permita la acción colectiva en un segmento de la vida urbana, lo cual involucra no sólo instancias gubernamentales, sino también organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y sociedades públicas-privadas.

De esta manera, esta fase debe comprender la integración de un equipo técnico ejecutor, un comité consultivo, definición de metas y objetivos, así como una campaña que informe y promocione el proceso de planificación de las áreas verdes urbanas, además de identificar a los grupos de interés (ver figura 10).

La integración del equipo técnico debe conformarse en la estructura interna municipal y podrá constituirse por un equipo permanente de profesionales con una estructura jerárquica piramidal, donde se designen responsables por cada una de las actividades y en el que existan otros equipos de apoyo o consultores externos con un sentido horizontal y de carácter temporal, acordes con las áreas requeridas, como informática, educación ambiental, financiera, paisajísticas, etc.

Asimismo, se requiere la conformación de un comité consultivo integrado por representantes de los diversos sectores de la comunidad que valoren con independencia las propuestas realizadas por el equipo técnico ejecutor, que funcione como un interlocutor con la comunidad, informe sobre las iniciativas y acciones a desarrollar y facilite la toma de decisiones.

Para la integración de este comité consultivo se pueden aprovechar estructuras conformadas en el seno de los comités de planeación para el desarrollo municipal (Copladem) a través de los subcomités sectoriales (POE, 2001a) y, en el caso del pluralismo institucional, aprovechar la conformación de comités específicos con funciones similares, como el Consejo Consultivo Municipal de Planes de Desarrollo Urbano (XIV Ayuntamiento de Mexicali, 1993).

El Copladem es el foro de consulta y participación de la comunidad para definir prioridades y estrategias que integren el Plan Municipal de Desarrollo, así como para el diseño de programas operativos de la administración municipal.

El Copladem lo preside el presidente municipal y está integrado por regidores, servidores públicos del gobierno federal y estatal, representantes de organizaciones empresariales, obreras, campesinas y sociedades cooperativas, representantes de colegios y asociaciones profesionales, representantes de comités de vecinos, de clubes de servicio y clubes sociales, senadores, diputados federales y locales, así como representantes de instituciones de educación superior, y que funciona por comisiones particulares, como el Subcomité de Desarrollo Urbano y el Subcomité de Ecología (XII Ayuntamiento de Mexicali, 1983).

El Consejo Consultivo de los Planes de Desarrollo Urbano de Mexicali tiene por objeto emitir opiniones fundadas y motivadas relacionadas con los planes de desarrollo urbano municipal, así como de las medidas referentes a la protección del medio ambiente.

Otro de los aspectos a desarrollar en esta fase es la definición de objetivos y metas. En este apartado deberán formularse las intenciones, propuestas generales y beneficios que genera dicha iniciativa, con el objeto de sensibilizar y crear conciencia entre los diversos sectores de la comunidad.

Esta idea la comparten autores como Palomo (2003) y Yoldi (1998) en la experiencia española del Plan Verde de Segovia, ciudad patrimonio de la humanidad, y McPherson y Johnson (1988) en la experiencia estadounidense, descrita en el programa de forestación urbana con participación comunitaria en el pequeño poblado de Wellsville, Utah, y en las comunidades de San Joaquin Valley, California, McPherson y Simpson (1999), quienes mencionan que los objetivos y metas son parte fundamental del proceso de planificación, pues son los elementos guía a través de los cuales se evalúa un plan, mismos que se definen al considerar dos situaciones:

a) A partir del análisis preliminar de problemas y necesidades de la comunidad.

b) A partir de los beneficios e impactos positivos que pueden proveer la recuperación, restauración, conservación y creación de los diversos espacios verdes en la ciudad y zonas periurbanas.

Desde la perspectiva ambiental, social y económica, algunos de los postulados que sirven para guiar el establecimiento de los objetivos y considerar la problemática identificada, así como la contribución de las áreas verdes en el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el desarrollo sustentable, pueden ser:

Ambiental

a) Mejoramiento de la calidad atmosférica.

b) Creación de microclimas urbanos que reducen el efecto de isla de calor.

c) Reducción de erosión del suelo.

d) Protección de áreas naturales.

e) Impulso a la biodiversidad florística y faunística.

Social

a) Incremento de espacios para la recreación y el deporte.

b) Fortalecimiento de la identidad de la comunidad.

c) Mejoramiento y embellecimiento del paisaje urbano.

d) Proveer oportunidades educativas ambientales.

e) Mejoramiento de la salud física y psicológica con espacios de relajamiento.

Económico

a) Incremento en el valor de las propiedades.

b) Reducción de consumos de energía en edificaciones.

En esta fase, otro aspecto estratégico es la realización de una campaña de difusión e información pública donde se informen los objetivos generales, los compromisos de las autoridades involucradas, así como los beneficios y costos esperados.

Simultáneamente a las acciones informativas de esta campaña, o como producto de ella, se pueden iniciar contactos de comunicación con representantes de organizaciones, instituciones, agencias internacionales y asociaciones involucradas que se conviertan en participantes, grupos de opinión y patrocinadores. Durante este proceso informativo, se pueden identificar aquellos grupos de interés o conflicto que influyan o no en el avance del proceso de planificación y la consecución de las acciones propuestas para mediar posibles enfrentamientos entre el interés privado y la noción del bien común y de utilidad pública.

FASE II: INVENTARIO

Esta fase comprende, por una parte, el levantamiento de información relativa de los recursos existentes tanto físicos como tecnológicos, ambientales, financieros, legales y humanos para la creación, conservación y promoción de áreas verdes y, por la otra, la identificación de las necesidades sociales y ambientales de la comunidad con relación a dichas áreas.

COMPONENTE FÍSICO-URBANO

Escalas espaciales de planeación

Delimitar las escalas espaciales de estudio es uno de los puntos clave que definen el enfoque, los niveles de análisis y tipo de información requerida, así como los tipos de estrategias para contribuir a la sustentabilidad urbana, por lo que precisar hasta dónde llega la ciudad, su área de influencia y sus formas de articulación son determinantes en el proceso de planificación.

Existen dos formas básicas de aproximarse a la determinación de escalas espaciales de planeación. Por una parte, iniciar desde un enfoque regional mediante la planeación del paisaje y descender hasta el nivel de ciudad, o se puede partir de la ciudad y sus características intraurbanas e ir escalando a otras macroescalas, como lo determinan los enfoques de ciudad-región (ver figura 11).

Respecto al primer enfoque, la planeación del paisaje en sus diferentes escalas, como lo señala Botequilha y Ahren (2002: 70), es una de las diversas metodologías de la planeación física, como lo son también la ecología del paisaje, el manejo de ecosistemas, la planeación rural y la planeación ecológica del paisaje o los corredores verdes en la planeación estratégica del paisaje, planteada por Ahern (1995), que presenta aportaciones en la planeación física para la sustentabilidad, basada en principios ecológicos, cuyas escalas territoriales y unidades cartográficas básicas están referidas en el ámbito espacial natural regional.

Estos enfoques generalmente parten de una escala jerárquica espacial amplia determinada por los componentes estructurales y funcionales de los ecosistemas, descendiendo a entidades menores, pero que presentan limitaciones en su aplicación en el nivel urbano, ya que sus escalas se desdibujan al llegar al nivel ciudad.

Por otra parte, están los modelos de planeación urbano regional, como el de ciudad región, que parten de los umbrales intraurbanos y escalan su conexión con la región, o inclusive con la escala global. En este sentido, como señala Borgströn (2006), hay una reciente tendencia en los análisis científicos de partir de la escala urbana, debido a que los procesos desarrollados en las ciudades son los responsables de los efectos y cambios en los ecosistemas globales.

A continuación, se examinan diversos criterios para determinar las escalas espaciales, agrupadas en dos tipos: las que tienen un enfoque ecológico y parten de la escala regional, y las clasificaciones que parten de la perspectiva urbana.

Escalas espaciales desde la perspectiva ecológica

Desde la perspectiva regional y ecológica, existen autores (Bravo et al., 1998; Ahern, 1995; Selman y Knight, 2005) que establecen diversas clasificaciones para determinar las escalas espaciales.

Bravo et al., (ibid.) establecen una clasificación basada en las características de los ecosistemas y sus escalas y unidades cartográficas. Esta clasificación incluye escalas con amplias dimensiones, como las ecozonas, que expresan los procesos geológicos o climáticos cuya unidad cartográfica básica puede ser mayor a 62 500 km^2, o escalas intermedias como el ecodistrito, que tienen como espacio de referencia la cuenca hidrográfica, que constituyen las entidades territoriales mínimas de interacción del ciclo hidrológico con la biosfera, hasta llegar a la unidad más pequeña y distintiva del paisaje, definida por la interacción de componentes bióticos y abióticos, en la que se puede identificar la estructura de la vegetación por su homogeneidad y que puede ser cartografiada como polígono, denominada ecotopo, con una superficie mínima de 2 500 m^2 (ver cuadro 10).

Ahren (1995) realiza otra clasificación de los corredores verdes o greenways a partir de la superficie y atributos asociados. Los corredores verdes son el término genérico que ha sido aplicado a una amplia gama de estrategias y conceptos de planeación del paisaje y sugieren que los paisajes en el futuro deben estructurarse espacialmente por “parches o fragmentos” y “corredores” para contrarrestar la desintegración del paisaje realizada por el hombre. Este concepto está basado principalmente en estudios ecológicos concernientes a mantener el hábitat natural en paisajes fragmentados conectados mediante corredores verdes, aunque también pueden responder a otros propósitos, como el recreativo, cultural y estético, siempre y cuando sean compatibles con el uso sustentable del suelo.

Ahren (ibid.) establece la clasificación de escalas de corredores verdes a partir de la superficie del paisaje en la que pueden estar situados, considerando sus rasgos fisiográficos y la división política administrativa (ver cuadro 11).

De acuerdo con esta clasificación, en el ámbito municipal se pueden referenciar elementos verdes urbanos como arroyos o ríos que crucen una ciudad, sin embargo, esta clasificación, por los rasgos geográficos y de superficie que establece, excluye una gran diversidad de tipos de áreas verdes del complejo urbano.

Por último, Selman y Knight (ibid.: 5) enriquecen las escalas del paisaje con nociones complementarias, pues mencionan que los estudios ecológicos del paisaje han enfatizado la escala espacial como la única propuesta para su promoción, ya que es vista como una propiedad territorial y uno de los aspectos principales del paisaje; sin embargo, el paisaje requiere un tratamiento amplio como entidad multifuncional en el desarrollo rural integrado. Estos autores sugieren que las escalas del paisaje pueden ser interpretadas también en términos de un eje espacial, un eje temporal y un eje de transformación, donde se muestre cómo el suelo se ha modificado, fragmentado y dañado por el desarrollo de las ciudades y sus franjas rurales-urbanas, así como en un eje organizacional o institucional que indique las posibilidades para la gobernanza de dichos espacios (ver figura 12).

Selman y Knight (ibid.: 8) establecen que la planeación del paisaje involucra las tres escalas, y que deben diseñarse acciones para el mejoramiento, restauración y creación de nuevos paisajes que satisfagan las aspiraciones de la gente. Asimismo, señalan que la planeación del paisaje debe enfocarse a las áreas afectadas por el crecimiento urbano, como las áreas periurbanas, agroindustriales y costeras, donde uno de los principales propósitos es restaurar los paisajes dañados.

Desde esta perspectiva, la planeación del paisaje es regional-local, y aunque considera las áreas verdes periurbanas en la escala local, no estima las escalas en el nivel intraurbano de la ciudad.

Escalas espaciales desde la perspectiva urbano-regional

Otra manera de abordar las escalas territoriales de planeación es desde la perspectiva urbano-regional, como lo señalan Tjallingli (1995), Breheny y Rookwood (1993) y Ravetz (2000), quienes definen escalas de planeación en el nivel intraurbano que escalan hasta el nivel regional y global.

Tjallingli (ibid.: 146) establece que la ecología no provee explicación acerca de los procesos económicos, sociales o del comportamiento humano, sin embargo, los principios ecológicos pueden guiar dichos procesos en determinada dirección para prevenir problemas ambientales o para hacer la ciudad más habitable. Este autor se basa en el concepto de ecosistema como marco de referencia para definir instrumentos de análisis de la relación entre la sociedad y los factores bióticos y abióticos y de esta manera establecer una estrategia para la ciudad. En este sentido, la ciudad se conceptualiza como un ecosistema complejo y su propuesta está enfocada no tanto con la ecología en la ciudad, sino con la ecología de la ciudad, de ahí el nombre ecópolis.

De acuerdo con Tjallingli (ibid.), las estrategias para resolver los problemas ambientales son definidas a través de “modelos guías de cadenas” que pueden dirigir los procesos de cambio, para los cuales, con el propósito de hacerlos efectivos y eficientes, establece cinco escalas: edificación, distrito, ciudad, región y país. Los modelos guía los establece para cuatro componentes: energía, agua, residuos y transporte (ver figura 13, que ejemplifica el recurso agua).

Breheny y Rookwood (ibid.: 150) mencionan que existen diferentes escalas espaciales y de intervención para lograr un desarrollo urbano sustentable, que van desde el centro de las ciudades hasta las áreas rurales remotas, las cuales, consideradas como un todo, denomina como “ciudad-región social”, cuyos componentes básicos los clasifica en seis tipos:

1. Ciudad-centro

2. Ciudad-áreas intraurbanas

3. Ciudad-suburbios

4. Pequeños poblados y nuevas comunidades

5. Mezcla urbano-rural

6. Áreas rurales remotas

Breheny y Rookwood (ibid.) establecen que uno de los factores determinantes en la sustentabilidad es la forma urbana, es decir, la configuración del patrón de asentamientos de las ciudades, dado que la forma urbana afecta, por ejemplo, los patrones de transporte privado, lo cual influye en el consumo de combustibles y estos, a su vez, en la cantidad de emisiones a la atmósfera; por lo tanto, las estrategias para la sustentabilidad urbana, desde su perspectiva, deben considerar no sólo el control de los nuevos desarrollos urbanos, sino que deben enfocarse e incidir en la gran variedad de condiciones locales de los centros urbanos existentes.

Respecto a la propuesta de Ravetz (2000: 9), esta parte de la concepción refiere que los centros urbanos no son islas autocontenidas, sino que las ciudades y regiones son por naturaleza espacios especializados de intensa actividad, que toman recursos y producen bienes y servicios de otras partes. Por lo tanto, se debe enfocar la ciudad-región y su interrelación con el mundo exterior como una escalera para la sustentabilidad que parte de las condiciones locales, para lo cual determina niveles de análisis y responsabilidad de los sistemas urbanos y sus impactos globales (ver figura 14).

Ravetz (ibid.) establece una clasificación de 11 categorías que integra todas las posibles escalas espaciales que van desde la persona hasta el mundo y en las que la ciudad está en medio. Por medio de estas categorías se pueden examinar patrones de actividades, capacidades, funcionamiento territorial y metabolismos con el objeto de definir estrategias para la sustentabilidad.

• Mundo

• Continente

• País

• Región

• Ciudad

• Distrito

• Barrio

• Área

• Calle

• Vivienda

• Persona

Como se observa, los tipos de planeación física cuyo enfoque básico es ecológico, aportan elementos destacados para la identificación, evaluación y manejo de los recursos en la escala regional, pero tienen restricciones para identificar, caracterizar y evaluar las áreas verdes en el nivel urbano, porque su orientación parte de los procesos naturales y escalas amplias del paisaje y, cuando descienden a escalas espaciales locales, se limitan en su aplicación porque en la configuración de las estructuras urbanas intervienen otros factores, además de lo ambientales, como los procesos sociales y económicos. Por lo tanto, como el objeto de estudio es primordialmente urbano y la problemática identificada parte de este nivel, se consideró más apropiado iniciar el estudio de las áreas verdes desde la escala urbano-intraurbana y escalar la interrelación con su entorno y región, utilizando la aportación que hacen los enfoques ecológicos, como la regionalización hidrológica, con la cual se pueden identificar las áreas verdes potenciales, que serían integradas al sistema de áreas verdes urbanas.

Inventario físico-urbano

Con estas consideraciones, en este rubro se requiere identificar, caracterizar y ubicar las áreas verdes como elementos físico-urbanos considerando tres escalas espaciales: la mancha urbana, el límite de centro de población y la cuenca hidrológica en la escala regional. En la mancha urbana y zonas periurbanas, dentro del límite de centro de población, se identifican las áreas verdes existentes y potenciales y en la cuenca o subcuenca hidrológica se identifican las áreas verdes potenciales. Por otra parte, se identifica la demanda de equipamiento urbano desde la perspectiva de las necesidades sociales de la población en cuanto a espacios para la recreación y el deporte. Asimismo, se requiere identificar y caracterizar el tipo de estructura urbana de la ciudad para establecer la disposición de las áreas verdes en el tejido urbano (ver figura 15).

Las áreas verdes potenciales comprenden, por una parte, aquellas áreas no aptas para el desarrollo urbano como las laderas, los suelos inestables, las áreas de inundación, los lechos de ríos, arroyos, áreas de valor productivo, ecológico, paisajístico o histórico, así como áreas disturbadas, considerando como unidad territorial de análisis la propuesta por Miller (1998) y Bravo et al., (1998) de cuenca o subcuenca a partir de la regionalización hidrológica y las áreas fuera de la mancha urbana dentro del límite de centro de población. Por otra parte, se consideran también como áreas verdes potenciales aquellas áreas no desarrolladas, pero designadas para tal fin a través de ordenamientos o instrumentos jurídicos como programas de desarrollo urbano de centros de población y autorizaciones de fraccionamientos.

Las áreas verdes existentes comprenden el suelo localizado dentro de la mancha urbana, constituido predominantemente por superficies permeables, como tierra, y provisto por vegetación (pasto, arbustos y árboles) y otro tipo de superficies impermeables o edificaciones del dominio público o privado que pueden desempeñar funciones ambientales, recreativas, deportivas, funcionales o productivas y cuyo origen puede ser natural o acondicionado (ver figura 16).

Para realizar el inventario de áreas verdes primero se requiere identificar la cobertura vegetal y después caracterizarla. La identificación se puede realizar mediante diferentes técnicas, como se explicará en el apartado Componente tecnológico (p.165) de este capítulo. La caracterización de las áreas verdes existentes y potenciales requiere hacer un inventario a partir de una clasificación que considere los diversos tipos de áreas, de acuerdo con su carácter, función y origen, con el objeto de determinar los agentes responsables para asegurar la creación, conservación, restauración, fomento, aprovechamiento y cuidado de dichas áreas.

Según Miller (1998) y Botequilha y Ahren (2002), los sitios clave en la planeación de las áreas verdes en el nivel regional para proteger la biota local y los ecosistemas únicos son las zonas riparias, los humedales, las laderas con pendientes pronunciadas, los suelos inestables, las áreas de recarga de acuíferos y los grandes bloques de vegetación nativa, ya que, al proteger estos elementos y la calidad del agua, se multiplicarán los beneficios para los residentes urbanos.

La clasificación propuesta para el inventario de áreas verdes se realiza a partir del tipo de áreas verdes, agrupadas en sistemas y subsistemas y enunciadas en el nivel de elemento (ver cuadro 1 “Tipología de áreas verdes urbanas propuesta”). Se debe cuantificar las áreas verdes para cada uno de los elementos, mientras que en una primera etapa, para su caracterización se deben realizar muestreos en el nivel de sitio para identificar el tipo de vegetación predominante y las condiciones de la misma, así como de la infraestructura de apoyo y posteriormente programar un levantamiento de cada uno de los sitios.

Cada uno de los elementos de las áreas verdes que se identifiquen se debe ubicar dentro de una escala espacial jerárquica que permita, por una parte, inventariar todo tipo de área con vegetación, desde la existente en un predio hasta un parque urbano y, por la otra, que sirva de referente para identificar las instancias participantes (municipio, estado y federación) en las acciones de gestión. Las escalas propuestas son cuatro: edificio, barrio o distrito, ciudad y región (se toma como referencia y con algunas adecuaciones el modelo de Tjallingli), clasificadas de acuerdo con su tipo en públicas o privadas. En este sentido, se debe mencionar que las áreas verdes públicas se rigen en su ubicación por criterios sociales y funcionales, mientras que las lógicas de localización de las áreas verdes privadas están más bien determinadas por criterios económicos (ver figura 17).

Respecto a las necesidades sociales de la población en cuanto a este tipo de espacios y de acuerdo con la clasificación de áreas verdes propuesta, las necesidades a estimar son las consideradas dentro del subsistema Equipamiento urbano, específicamente los subsistemas Recreación y Deporte, que cuentan con criterios de dotación en el nivel urbano.

En este sentido, es significativa la aplicación de los criterios establecidos en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la Sedesol (2001b) que contienen los elementos técnicos para evaluar las necesidades, demandas o requerimientos actuales de los diversos servicios. Este sistema contiene las bases para estimar y ubicar los equipamientos, desde la escala regional hasta la escala urbana, además prevé los criterios de dotación para cada uno de los elementos, estableciendo las superficies totales y específicamente la superficie de áreas verdes.

Los elementos del subsistema Recreación que se consideran son: plaza cívica, juegos infantiles, jardín vecinal, parque de barrio, parque urbano, área de ferias y exposiciones y espectáculos deportivos. Para el subsistema Deporte, los elementos son: módulo deportivo, centro deportivo, unidad deportiva, ciudad deportiva, gimnasio deportivo, alberca deportiva y salón deportivo.

Para cada uno de estos elementos se determina la superficie total requerida por módulo, la población atendida por módulo, la superficie de áreas verdes, el radio de influencia urbana y el núcleo de servicios donde debe localizarse, esto con el objeto de analizarlos respecto al total de la población del centro urbano, estimada para un año determinado, y establecer el número de módulos y la superficie de áreas verdes requerida por elemento y total del subsistema. Este mismo cálculo se puede realizar con poblaciones proyectadas a mediano y largo plazo, y utilizar las demandas de áreas verdes como metas para alcanzar en la fase estratégica (ver cuadro 12).

COMPONENTE TECNOLÓGICO

Los datos son el principal material para el proceso de planificación. Una de las primeras situaciones que se debe determinar es cómo se van a capturar, actualizar, archivar, procesar y presentar los datos obtenidos, por ello en este apartado se establecerán los criterios y recursos técnicos que se necesitan para capturar y analizar la información. Asimismo, se deberán analizar las guías técnicas para la forestación.

Generalmente se acepta que el tiempo máximo de validez de los datos es de cinco años, mientras que en los casos de vegetación o fauna es recomendable que no supere los tres años, lo que sugiere que en cada administración municipal deberá actualizarse la información.

Una de las bases técnicas importantes para el proceso de planificación es la cartografía. De acuerdo con Sukopp y Witting (1993, citados por Palomo, 2003), las escalas adecuadas dependerán del objeto de estudio:

a) En el nivel nacional o regional (clasificación y usos del suelo): 1:200 000, 1:50 000 y 1:25 000.

b) Ámbito metropolitano (topografía, infraestructura, suelos): 1:25 000 y 1:10 000.

c) Para catastro: 1:10 000.

d) Para planificación urbana: 1:5 000, 1:4 000, 1:2 000 y 1:1 000.

Con el procesamiento de imágenes de satélite es posible manejar, tanto en papel como en formato digital, la escala que resulte más práctica, aunque esto dependerá del nivel de resolución o tamaño del píxel de la imagen.

Las fotografías aéreas son también una fuente para el inventario de la cubierta vegetal a través de la fotointerpretación. Las escalas adecuadas son las que van de 1:2 000 a 1:4 000. Las imágenes de satélite (que requieren para su procesamiento programas de computación) son una fuente de información que provee mayor precisión y ventajas respecto a las fotos aéreas, particularmente las multiespectrales, ya que pueden registrar la actividad fotosintética de las plantas. Las resoluciones adecuadas van de 0.60 a 2.5 metros.

Idealmente, las fotos aéreas e imágenes de satélite deben ser tomadas al inicio del verano, cuando los árboles caducifolios tengan su follaje completo. Las fotos aéreas deben ser tomadas preferentemente al mediodía, que es cuando se producen menos sombras y es más fácil la fotointerpretación. Las ortofotos corregidas son las mejores.

En suma, para obtener los datos de la cubierta vegetal urbana existen diversos procedimientos que deben ser considerados como complementarios, entre estos están la fotointerpretación de fotos aéreas, el análisis de imágenes de satélite, así como muestreos de vegetación en campo.

Métodos para identificar la cubierta vegetal urbana

De acuerdo con Novak et al., (1996), existen cuatro métodos para determinar la cubierta vegetal en una ciudad a partir de fotografías aéreas:

a) Cuadrícula a escala. Consiste en dividir en una retícula a escala la foto aérea. Entre más fina la retícula más refinada y precisa será la estimación. Para cada uno de los polígonos se evalúa la cubierta vegetal para obtener la superficie total.

b) Método de transepto. En un acetato se trazan líneas paralelas, o al azar, con una longitud fija. Se determina la longitud de la línea que cruza la cubierta vegetal, dividida entre la longitud total de la línea, lo que representa el porcentaje de cubierta vegetal. Se pueden calcular errores estándar de la varianza del total de la longitud de cruces de las diferentes líneas.

c) Método de puntos. Consiste en sobreponer una serie de puntos equidistantes sobre una foto. El número de puntos que cae sobre la cubierta vegetal se divide entre el total de puntos, lo que representa el porcentaje de cubierta vegetal.

d) Método de escáner. Este es más preciso y detallado respecto a los métodos anteriores, ya que no se basa en muestreos, aunque depende de la habilidad del fotointérprete para clasificar correctamente la información. Se requiere equipo especial y fotos rectificadas. En este método los límites de cada cubierta vegetal son digitalizados en una base de datos o sombreados en un acetato y así la cubierta puede medirse con un paquete de dibujo o con un planímetro, para integrarlas posteriormente en un sistema de información geográfica.

Otro método para identificar la cubierta vegetal es utilizando imágenes de satélite multiespectrales que pueden registrar la actividad fotosintética de las plantas, que aunque requiere programas de computación y personal especializados, presenta varias ventajas respecto a los métodos antes mencionados, entre estos, la rapidez de los procesos, integrar la información en un sistema de información geográfica y realizar diversos análisis y, sobre todo, la exactitud, ya que la fotointerpretación visual de áreas verdes está sujeta a errores o malas interpretaciones, como es el caso de las sombras de los árboles, que pueden confundirse con su propia fronda, lo que lleva a sobreestimar la cubierta vegetal.

Para la identificación de la cubierta vegetal a través de imágenes de satélite se puede utilizar un índice de vegetación, que es un número generado por la combinación de bandas de las imágenes, como la banda roja e infrarrojo cercano, que pueden tener relación con la cantidad de vegetación en un determinado píxel. La mayoría están basados en las diferentes interacciones entre la vegetación y la energía electromagnética de la banda roja e infrarrojo cercano. De acuerdo con Ray (1994), los índices de vegetación más comunes son:

a) Ratio Vegetation Index (RVI)

b) Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

c) Infrared Percentage Vegetation Index (IPVI)

d) Difference Vegetation Index (DVI)

e) Perpendicular Vegetation Index (PVI)

f) Weighted Difference Vegetation Index (WDVI)

De estos índices, el NDVI presenta la ventaja de que su variación es entre -1 a 1, haciendo fácil su interpretación, ya que cualquier valor positivo arriba de 0 representa actividad fotosintética, mientras que el RVI varía de 0 al infinito. Por otra parte, el IPVI, aunque también tiene valores restringidos entre 0 y 1, al igual que el WDVI y PVI, son muy sensitivos a las variaciones atmosféricas y regularmente se deben realizar correcciones en las imágenes, particularmente cuando son tomadas en diferentes fechas.

El índice NDVI evita el posible error de confundir el follaje con las sombras proyectadas, sin embargo, este índice, si bien identifica la actividad fotosintética, también tiene la limitación que no puede distinguir el follaje de los árboles de otro tipo de vegetación, como los arbustos o pastos, requiriendo hacer un levantamiento en campo para determinar las especies representativas.

En el nivel de sitio se deben hacer muestreos de campo de las áreas verdes identificadas para conocer las condiciones del sitio y las especies existentes, determinar la altura de los árboles, diámetro del tronco, salud del árbol, etc. En este sentido, Bernhardt y Swiecki (2001) establecen criterios para el inventario y medición de árboles.

Respecto a la información técnica sobre forestación urbana, deben identificarse y revisarse las guías de forestación, manuales técnicos de reforestación, cartillas de forestación o agroforestería, etc., con el objeto de identificar los criterios técnicos para el cuidado y mantenimiento de la vegetación. Como resultado de este apartado, se determina la información y recursos técnicos existentes, así como las necesidades cartográficas, programas de computación y capacitación del personal.

COMPONENTE AMBIENTAL

En este apartado se recopila información del clima, suelo, disponibilidad de agua, especies vegetales y contaminación. Dado que las áreas verdes tienen predominante vegetación, es fundamental, por una parte, identificar y analizar las características del ambiente que son esenciales para el desarrollo de las plantas, así como la selección de especies que se adapten y respondan a las condiciones del ambiente y, por la otra, cuantificar las necesidades de áreas verdes desde el punto de vista de sus servicios ambientales.

Los requerimientos para que las plantas crezcan adecuadamente son extremadamente variados, ya que varían de especie a especie. Por lo general, los elementos básicos del ambiente que determinan el desarrollo de las plantas son el suelo y el clima. De esta manera, existe una fuerte interdependencia entre clima-suelo-vegetación, aunque el clima ejerce una gran presión y admite una moderada influencia de los otros dos, mientras que la relación suelo-vegetación es más recíproca (López y Ramos, 1969).

En este sentido, el mejor indicador de adaptación son las plantas nativas, que son especies capaces de desarrollarse bajo las condiciones ambientales de manera natural, sin embargo, en los medios urbanos existen diversas especies introducidas que requieren de acondicionamiento para su desarrollo adecuado.

En el nivel regional se pueden identificar las grandes agrupaciones de vegetación nativa a partir de las cartas estatales de vegetación editadas por el INEGI, las clasificaciones de vegetación regionales en publicaciones como las de Rzedowski (1981) o los listados fitogeográficos, que son resultados de estudios locales.

En el caso de las especies introducidas en el medio urbano, se puede realizar un muestreo de las plantas existentes en las áreas verdes, las que ofertan los viveros o consultar las guías de forestación elaboradas por los propios ayuntamientos, con el propósito de elaborar un inventario o paleta vegetal de las especies existentes y potenciales. Como lo señalan Duffield y Jones (1998), las exigencias ambientales para el desarrollo adecuado de las plantas en un medio urbano son asegurar un buen suelo con nutrientes, drenaje adecuado, cantidad apropiada de sol y un abastecimiento de agua apropiado. Por lo tanto, los datos básicos que debe integrar el inventario de especies vegetales son: nombre científico, nombre común, tipo, altura, diámetro y requerimientos de agua, suelo y luz.

Suelo

Los suelos están conformados por partículas minerales de diferente tamaño, materia orgánica mineralizada, aire y agua. El conjunto de estos elementos constituye el volumen de un suelo. La parte mineral es la más importante de ese volumen y está integrada básicamente por tres clases de partículas de diferente tamaño, que de mayor a menor son: arenas de 2 mm a 0.05 mm, limos de 0.05 a 0.002 mm y las arcillas menores de 0.002. En los suelos existen sales altamente solubles como cloruros y sulfatos y, dependiendo de su concentración, se determina lo que en química del suelo se conoce como pH (Venegas, 1991).

En este sentido, es importante determinar el tipo de suelo y sus características, ya que, por ejemplo, un suelo arenoso generalmente es bajo en nutrientes y un suelo arcilloso presenta dificultades de drenaje, lo que requiere de acciones para corregir posibles problemas en el desarrollo de las plantas.

El clima

Los factores climáticos que pueden limitar e influir en el desarrollo de la vegetación son básicamente la temperatura, la precipitación pluvial y la humedad.

Temperatura

La temperatura es un ingrediente clave para el adecuado desarrollo y selección de las plantas. Las plantas se adaptan a los cambios de temperatura durante el día y la noche, así como de las estaciones del año. Sin embargo, las plantas no disponen de mecanismos reguladores de su temperatura, como los animales superiores, y tienen sus puntos críticos de resistencia al frío o al calor extremoso, que varía de una especie a otra, pero si estos se rebasan, pueden afectar su crecimiento, dañar sus partes o inclusive matarlas. Algunas plantas, como los cítricos, pueden mostrar daños cuando se presentan temperaturas inferiores a los -2°C, sobre todo si permanece por varias horas; las rosas y gardenias tienden a secarse con temperaturas arriba de los 38°C y el pasto Bermuda no crece bien hasta que las temperaturas nocturnas están por arriba de los 18°C (Duffield y Jones, 1998).

La información general sobre clima se puede obtener de las cartas del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). En la carta de clima escala 1:1.000.000 se definen los tipos de climas, según Köppen y modificados por E. García (INEGI, 2006b), que determinan la temperatura media anual, el periodo de lluvias y el porcentaje de precipitación invernal, así como la carta de efectos climáticos, que contiene temperaturas máximas y mínimas promedio, presencia de heladas y su número de días, número de días con lluvia apreciable, precipitación pluvial total, así como dirección de vientos dominantes. La otra fuente de información son las estaciones metereológicas locales. Los datos más importantes que deben conocerse para la selección de la vegetación son:

a) Temperaturas máximas en verano

b) Temperaturas mínimas en invierno

c) Número de días de helada

Precipitación pluvial y humedad

El abastecimiento natural de agua en las plantas es por medio de la lluvia, sin embargo, en zonas donde existe una escasa precipitación pluvial, como las zonas áridas, el riego es un componente esencial para el adecuado desarrollo de las plantas, especialmente para obtener un rápido crecimiento.

La humedad de la atmósfera tiene un efecto directo en la cantidad de agua requerida por las plantas. La presencia de humedad reduce la demanda de agua, ya que generalmente la cantidad de agua utilizada para la transpiración es mayor que la requerida para su crecimiento. López y Ramos (1969) mencionan que algunas plantas, como el maíz, pueden transpirar hasta 95% del agua que absorben, razón por la cual las plantas también son un elemento importante en la creación de microclimas. Los datos más relevantes que deben conocerse sobre la humedad de una región son:

a) Evaporación máxima mensual

b) Humedad relativa media mensual

c) Distribución de precipitaciones en el año

d) Número de días de lluvia

e) Máxima cantidad de lluvia caída en 24 horas

Como se ha mencionado, el abastecimiento de agua es uno de los recursos indispensables para el desarrollo de la vegetación, por ello es importante examinar la disponibilidad de este recurso e inventariar las fuentes de abastecimiento superficiales y subterráneas, así como los usos y consumos.

El conocimiento del recurso hídrico y su forma de utilización son aspectos críticos en zonas áridas cuando se desea aumentar la cubierta vegetal, tanto para evitar impactos negativos a los demás usuarios como para determinar recursos más eficientes de aprovechamiento o medios alternos de utilización, como el reciclamiento del agua; por lo tanto, se requiere determinar las fuentes de abastecimiento, consumo por usos y costos del agua que sirvan para determinar la situación actual y estimar las demandas a futuro.

Contaminación

Por otra parte, también es necesario considerar los aspectos de contaminación del centro urbano, como se estableció en los indicadores de sustentabilidad de los aspectos ambientales. En este sentido, son diversas las fuentes emisoras de contaminantes a la atmósfera, pero en las ciudades del país, el consumo de combustible por parte de los vehículos automotores es la mayor fuente de contaminación ambiental (Semarnat et al., 1999), como el monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y gases responsables del efecto invernadero, como el bióxido de carbono (CO_2) y el metano. Dado que la vegetación tiene la capacidad de absorber el CO_2 y producir oxígeno, una manera de establecer las necesidades de áreas verdes desde el punto de vista ambiental es determinando las emisiones de CO_2 anuales por el consumo de combustibles del parque vehicular y la cantidad de área verde necesaria para remover el CO_2 producido, reconociendo que por cada litro de gasolina consumido por un automóvil, se emiten 2.27 kg de CO_2 y por cada litro de diesel se emiten 2.81 kg de CO_2 a la atmósfera, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el Departamento Forestal Estadounidense, citado por McPherson y Simpson (1999) (ver cuadro 13).

COMPONENTE FINANCIERO-ECONÓMICO

En un programa de planificación de áreas verdes todo tiene un costo, lo importante es encontrar modos de financiar las diversas etapas del proceso, desde la integración del equipo y las campañas iniciales de difusión hasta el mantenimiento de las áreas verdes, de tal manera que se convierta en un programa sostenible, bien organizado, funcional, caracterizado por su continuidad, conciencia pública, apoyo gubernamental y presupuesto asignado.

Una consideración relevante que se debe establecer en los costos para la creación y conservación de áreas verdes urbanas en regiones áridas es el costo del agua, pues debido a las condiciones climáticas y la escasa precipitación pluvial, la vegetación requiere de riego para su desarrollo, de ahí también la importancia de una adecuada selección de especies vegetales de bajo mantenimiento.

Respecto a los aspectos financieros y económicos, se requiere identificar las fuentes y fondos con que se cuenta para llevar a cabo el proceso de planificación. De acuerdo con Morgan (1998), las fuentes de financiamiento se pueden dividir en gubernamentales, no gubernamentales y no monetarias.

Las fuentes gubernamentales son los presupuestos asignados de manera permanente o de acuerdo con la modalidad de programas especiales, ya sea para el pago de personal, acciones de forestación, mantenimiento, etc., de origen municipal, estatal o federal. También deben tomarse en cuenta los impuestos especiales para acciones tales como la forestación.

Las fuentes no gubernamentales pueden ser los apoyos monetarios a través de subsidios, donativos o patrocinios provenientes de fundaciones sin fines de lucro, con fondos propios administrados por sus propios fideicomisarios; corporaciones, que son compañías de negocios que pueden hacer contribuciones en función del límite de ganancias gravables con impuestos deducibles; organizaciones caritativas, que generalmente derivan sus fondos del público general y llevan a cabo sus actividades sirviendo al bienestar común.

Las fuentes de apoyo no monetarias pueden ser donaciones en especie o la ayuda voluntaria de grupos de la comunidad, que son un recurso importante en cualquier programa y que se analizan con más detalle en los aspectos de participación pública.

COMPONENTE JURÍDICO-NORMATIVO

El marco normativo es un elemento esencial en la planificación, al establecer las atribuciones de los diferentes órdenes de gobierno, así como los derechos y obligaciones de los particulares.

En este sentido, se deben identificar los diferentes ordenamientos jurídicos que contienen leyes, reglamentos, normas, criterios, programas, convenios y acuerdos para determinar las atribuciones, obligaciones y responsabilidades que impacten en la planificación de áreas verdes urbanas. Se sugiere agruparlos en tres grupos: los referentes a aspectos urbanísticos, aspectos ambientales y los específicos sobre forestación.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

En un sentido amplio, la participación ciudadana debe entenderse como aquellos espacios de reflexión, acción y pronunciamientos a partir de los cuales el sujeto (ciudadano, empresario, ambientalista, etc.) propone, promueve y participa en un proyecto de sociedad (IDEA de México, 1999).

El éxito de las acciones dentro de un programa de planificación de áreas verdes urbanas depende de diversas condiciones, como son seleccionar los lugares idóneos, las plantas adecuadas, contar con recursos económicos, un programa de difusión y promoción oportuna y un marco normativo apropiado, pero requiere, además, de un componente crítico, que es el compromiso de participación de la comunidad en las acciones que se emprendan, pues se intenta que se conviertan en los más entusiastas promotores y defensores, al estar conscientes de los beneficios que pueden aportar las áreas verdes, de ahí la importancia de la difusión entre la comunidad y de su participación desde el inicio del proceso de planificación.

En programas específicos de forestación urbana, cuando la plantación se realiza en espacios públicos, es imprescindible realizar una adecuada promoción y concientización que promueva la protección y cuidado de las plantas por parte de la ciudadanía. Si la arborización se ejecuta en espacios privados, como las viviendas, se deberá realizar un acercamiento previo con los usuarios para que la gente colabore voluntariamente en la siembra y mantenimiento.

Según Cobo (1998), los municipios deben fortalecerse para que puedan liderar las actividades de arborización e incentivar el trabajo coordinado con otras instituciones y, sobre todo, con las organizaciones comunitarias vecinales. El punto de partida debe estar en las iniciativas de la población y sus organizaciones. Los habitantes de las colonias sólo participarán si se consideran “dueños” del proyecto.

Por lo tanto, un aspecto importante en esta etapa es identificar a grupos u organizaciones existentes, gubernamentales, no gubernamentales o privadas que se conviertan en participantes o patrocinadores de las diversas acciones que comprenda un plan de áreas verdes, como los representantes, entre otros, de:

a) Comités de vecinos o juntas cívicas de colaboración municipal

b) Asociaciones de padres de familia

c) Clubes rotarios

d) Clubes de Leones

e) Consejo económico de desarrollo

f) Consejo Coordinador Empresarial

g) Asociación de Parques Industriales

h) Asociaciones de comerciantes

i) Sindicatos, etc.

FASE III: DIAGNÓSTICO

En esta fase se determina la oferta y la demanda de las áreas verdes urbanas, así como la síntesis y evaluación de la información recopilada para determinar los problemas y limitaciones que presentan los componentes analizados para la creación, mejoramiento y conservación de dichas áreas.

COMPONENTE FÍSICO-URBANO

Respecto a este componte, primero se realiza un análisis de la oferta de áreas verdes públicas y privadas, tanto existentes como potenciales, y después se contrasta con la demanda social de este tipo de espacios, con el objeto de determinar el déficit o el superávit. Este análisis se realiza con relación a los subsistemas referentes a la recreación y el deporte, que cuentan con criterios de dosificación para cuantificar su nivel de dotación. Se evalúan las características de las áreas verdes de acuerdo con su predominancia y localización en la estructura urbana con base en la clasificación propuesta, determinando la superficie y porcentaje para cada nivel:

a) Públicas y privadas

b) Sistema y subsistema

c) Urbanas y suburbanas

d) Naturales y acondicionadas

e) Existentes y potenciales

f) No aptas para el desarrollo urbano

g) Con valores ecológicos, paisajísticos, históricos, etc.

Para determinar el déficit o superávit de áreas verdes para la recreación y el deporte, se establece la oferta tanto de áreas existentes como potenciales (aquellas áreas no desarrolladas, pero designadas para tal fin a través de ordenamientos o instrumentos jurídicos) y se contrasta con la demanda a partir de los criterios del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (Sedesol, 2001b) (ver cuadro 14).

Asimismo, se establecerá en un plano de la ciudad la cobertura de los elementos identificados, considerando el radio de servicio urbano establecido por la Sedesol en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, con el propósito de establecer las zonas de la ciudad con y sin cobertura de este tipo de equipamiento.

COMPONENTE TECNOLÓGICO

Los sistemas de información geográfica (SIG) son una herramienta útil en el proceso de planificación de áreas verdes urbanas, por lo que es recomendable integrar la base cartográfica con los datos elaborados en la etapa anterior. El SIG tiene la ventaja de que se puede almacenar una gran cantidad de información en “capas” de datos que pueden ser combinadas o separadas, como convenga, para hacer diversos análisis. Existen diversos programas de computación para integrar un sistema de información geográfico, como el Mapinfo, ArcView, ILWIS, así como diversos programas para el tratamiento de imágenes, como el IDRISI y el ERDAS. La selección dependerá de la plataforma que manejen los recursos existentes y el personal en la administración municipal. La información por capas que se sugiere integrar es:

a) Imagen de satélite con resolución de 2.4 m o menor

b) Áreas verdes de acuerdo con la tipología propuesta

c) Límites y nombres de colonias

d) Nombres de calles

e) Traza urbana

f) Usos del suelo

g) Población por colonias

h) Áreas de reservas territoriales urbanas

La información básica de la base de datos para los diferentes tipos de áreas verdes urbanas identificadas es la propuesta en el cuadro 15, con la que se debe programar la elaboración de un diagnóstico por elemento. A partir de la información recabada, se realizan análisis sobreponiendo las diversas capas y se obtienen diagnósticos de cobertura vegetal por tipo, colonia, servicios de equipamiento, densidades, etc.

Respecto a las guías, manuales o cartillas de forestación, se determinan si son adecuadas para el tipo de vegetación de la región al cubrir los siguientes aspectos:

a) Plantación

b) Mejoramiento de suelos

c) Podas

d) Fertilización

e) Riego

f) Control de plagas

g) Remoción y trasplantes

h) Instalaciones especiales

i) Protección contra el vandalismo

COMPONENTE AMBIENTAL

A partir de los datos de temperaturas extremas máximas y mínimas presentadas en la localidad, que pueden dañar a determinadas especies vegetales, así como las características de los tipos de suelos predominantes, se determinan las especies vegetales más adecuadas, presentadas en un listado con sus principales características en cuanto a requerimientos de agua, suelo y luz, tipo, altura y diámetro, clasificadas en plantas nativas e introducidas con su nombre científico y común.

Como uno de los aspectos críticos en las zonas áridas es el agua, se establecen los consumos por tipo de usuario y, en el caso de riego para áreas verdes, se determinan los tipos de agua utilizada (si es reciclada), consumos anuales y costos.

Como lo han señalado McPherson y Simpson (1999) y Nowak y Crane (2002), la vegetación, conforme crece, va capturando carbono de la atmósfera en cantidades mayores a las que emite, de modo que se tiene un balance neto positivo respecto a la cantidad de bióxido de carbono (CO_2) que absorbe. Por lo tanto, se debe realizar una estimación de las necesidades ambientales de este tipo de espacios, considerando que las áreas verdes (AV) proveen el servicio ambiental de remover el CO_2 de la atmósfera a partir de las emisiones por la combustión de combustibles del parque vehicular.

El cálculo de captura de CO_2 es un proceso complejo que han abordado diversos autores (Nowak y Crane, 2002; McPherson y Simpson, 1999), Birdsey, 1992; Rapoport et al.,1983; Soto-Pinto et al., 2002; Sarmiento y Gruber, 2002) y dependencias gubernamentales estadounidenses como el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura Estadounidense (USDA, 1999) o el Centro Nacional Agroforestal (USDA, 2000), e inclusive organizaciones no gubernamentales como American Forests (Bernhardt y Swiecki, 2001), organización que desarrolló un programa de computación denominado CITYgreen[1] para estimar, además de la captura de carbono, la contribución de la vegetación en la conservación de energía a través del sombreado y la remoción de contaminantes.

En este sentido, es primordial destacar la variabilidad que existe en la información y criterios entre los autores examinados, por ejemplo, Birdsey (ibid.) estudió el proceso de captura de CO_2 con base en la tasa de almacenamiento en la biomasa de las plantas abajo y arriba del terreno durante el periodo de una estación de crecimiento. Esta tasa (expresada en kg CO_2/árbol/año) está determinada por una ecuación de biomasa basada en la relación de tres características de la planta: altura y diámetro, tasa de crecimiento y tipo de especie.

Por su parte, McPherson y Simpson (ibid.) establecen que la cantidad de CO_2 capturada por los árboles es proporcional a su biomasa y está influida por la cantidad de follaje, densidad y el diámetro del tronco del árbol. El Servicio Forestal del Departamento de Agricultura Estadounidense (USDA, 1999) ha realizado estudios considerando la tasa de crecimiento y descomposición de árboles, los cuales mediante ecuaciones de biomasa determinan valores de absorción de CO_2. Otros autores, como Rapoport et al., (ibid.), Soto-Pinto et al., (ibid.) o el Centro Agroforestal Nacional Estadounidense (USDA, ibid.) sólo presentan los valores de absorción de CO_2 en bosques y pastizales, sin especificar el tipo de especie y la densidad de árboles. Por lo tanto, en este estudio se consideraron los índices oficiales de captura de CO_2 con los que operan dependencias estadounidense como el Servicio Forestal (McPherson y Simpson, ibid.) y el Centro Agroforestal Nacional (USDA, ibid.) para realizar las estimaciones respectivas, sin embargo, es importante destacar que únicamente son un referente y que deben realizarse estudios específicos de acuerdo con los tipos de especies de las áreas verdes identificadas.

Una vez determinada la producción de CO_2 a partir del consumo anual de combustibles (gasolina y diesel), se contrasta con la cobertura vegetal existente y potencial dentro y fuera de la mancha urbana y dentro del límite de centro de población para determinar la superficie total de área verde requerida para remover el CO_2 producido por el parque vehicular, estableciendo si existe déficit o superávit, como se ejemplifica en el cuadro 16.

Con estos datos también se pueden obtener relaciones de m^2 de área verde por habitante existente y requerida, con los que se pueden establecer criterios de dosificación de áreas verde urbanas particulares.

Es importante destacar que el control de las emisiones de CO_2 no se puede resolver única y exclusivamente plantando cada vez más árboles, sino que debe haber una política integral de reducción de emisiones, considerando otros factores que involucren la vialidad y el transporte público y privado, la producción y consumo de energía eléctrica y la actividad industrial.[2]

RECURSOS FINANCIEROS

En este rubro se determinan los recursos financieros gubernamentales. En el nivel municipal se establecen los recursos anuales destinados, a través de los diversos departamentos, a las tareas de creación y conservación de áreas verdes en términos de número de empleados, recursos económicos, número de árboles producidos o adquiridos y costos de consumo de agua con el objeto de establecer una relación promedio de m^2 de área verde por empleado, consumo promedio anual de agua por m^2 de área verde y recursos monetarios destinados por m^2 de área verde. Se determinan las aportaciones de otras dependencias gubernamentales a través de programas especiales del gobierno estatal o federal (Conafor, Semarnat, etc.) o agencias internacionales. También se deben registrar las aportaciones de organizaciones no gubernamentales o empresas que participan en la creación y mantenimiento de áreas verdes, como los programas-patrocinios para la creación o mantenimiento de glorietas o camellones.

MARCO JURÍDICO-NORMATIVO

Respecto a este componente se analizan las leyes y reglamentos urbanísticos, ambientales y de forestación, determinando las atribuciones y procedimientos que tienen establecidos las dependencias y autoridades municipales, estatales y federales, así como las obligaciones que tienen los particulares, en materia de:

a) Formular e instrumentar las políticas y programas ambientales.

b) Promover la creación de instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental.

c) Promover las áreas naturales protegidas.

d) Proteger la calidad del paisaje urbano y rural.

e) Elaborar los programas sectoriales.

f) Designar y aprobar los usos del suelo en el centro de población.

g) Promover la realización de programas de forestación y reforestación urbana.

h) Promover la formación de organismos públicos o privados para la administración de parques urbanos y zonas de conservación ambiental en los centros de población, así como para las áreas naturales protegidas.

i) Cuidado, conservación, mejoramiento y restauración de las áreas verdes.

j) Promover y registrar los comités de participación ciudadana.

k) Instrumentos de participación ciudadana y vecinal disponibles para expresar la opinión, aprobación o rechazo en asuntos de interés público.

Asimismo, se evalúan las políticas, disposiciones y líneas de acción establecidas en los programas de desarrollo urbano y programas ambientales referentes a áreas verdes para incorporarlos como parte de las estrategias de este proceso y se determina, si es el caso, las limitaciones que presenta el marco normativo en la instrumentación de la planificación de áreas verdes urbanas.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Se determina la percepción, problemática, demandas y visión que tienen de las áreas verdes los grupos de la sociedad identificados a través de diferentes mecanismos, como la consulta pública, los foros, las entrevistas, encuestas, reuniones, seguimiento hemerográfico, pláticas, talleres, etc. Se identifican las agrupaciones o personas interesadas en participar y las características de su participación, las percepciones por parte de los grupos de opinión o grupos opositores, los posibles patrocinadores y tipo de aportación, con el objeto de establecer compromisos y definir si se amplía el programa de difusión con la comunidad. El interés demostrado por algunos grupos puede ser considerado como un indicador para la determinación de prioridades y programación de acciones en el corto plazo.

INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO

El análisis generalmente comprende la separación y distinción de los componentes de un todo para poder examinarlos, sin embargo, el diagnóstico requiere sintetizarlos nuevamente con el objeto de establecer sus interrelaciones, su relación causa-efecto y jerarquizar los problemas identificados; por lo tanto, como parte de esta fase es necesario realizar una integración de los diagnósticos parciales y determinar qué componentes son condiciones para el desarrollo de otros, así como definir una ponderación de los problemas identificados con el objeto de establecer las prioridades de atención en la fase estratégica.

FASE IV: ESTRATEGIA

En esta fase se establecen políticas, se formulan programas y se definen instrumentos en tres grandes orientaciones: para la creación, la conservación y el mejoramiento o rehabilitación de las áreas verdes urbanas, a través de la elaboración de un plan de gran visión, con metas a largo, mediano y corto plazo, que establece prioridades y estrategias para incrementar y conservar dichas áreas, los instrumentos normativos que generen la base legal, los instrumentos financieros para la generación de recursos, así como las formas de colaboración de la comunidad.

El punto de partida es la realización de un plan de áreas verdes de gran visión que integre las diversas escalas y diferentes horizontes de tiempo. El objetivo es establecer un sistema de áreas verdes que integre los elementos identificados en las escalas de cuenca hidrológica, límite de centro de población y mancha urbana, estableciendo una organización jerárquica a partir de criterios sociales o conectándolos a través de corredores verdes de acuerdo con criterios ecológicos o multifuncionales.

En el nivel del centro de población, se requiere que el plan contenga los programas y metas de largo plazo (15-20 años), en el que, por una parte, se reserven —antes de que suceda la expansión urbana— aquellos espacios verdes con valor ecológico, paisajístico, productivo, histórico o recreativo por medio de políticas y acciones institucionales en el marco del proceso de la planificación urbana; por otra parte, también deben establecerse las políticas generales en el nivel urbano.

El plan tendrá que contener los programas de acciones y metas a mediano plazo (seis años) para conformar el sistema de áreas verdes dentro de la estructura urbana de la ciudad, de acuerdo con su localización y tipificación, dotación por zonas y colonias, así como jerarquización de las zonas prioritarias de atención en sus distintas escalas para la creación, conservación, mejoramiento o rehabilitación de dichas áreas.

Por último, el plan debe fijar los programas a corto plazo (uno a tres años), en los que se determinen las acciones inmediatas para el logro de las metas establecidas como el diseño específico en el nivel sitio con las intervenciones a realizar, elaboración de programas de manejo, forestación de áreas, etc.

Las políticas y programas se pueden dirigir en tres grandes direcciones: 1) las que se enfocan a la creación de nuevas áreas verdes a través de reservar grandes superficies para desarrollar en el mediano y largo plazo; 2) las que buscan la conservación y protección de áreas existentes, y 3) las que se encaminan hacia al mejoramiento o rehabilitación de áreas abandonadas o deterioradas que requieren obras o acciones para su recuperación (ver cuadro 19).

En cuanto a los instrumentos normativos, por una parte se definen las necesidades de reformar, modificar o crear las leyes, reglamentos, normas o acuerdos respectivos para asegurar que las obligaciones, atribuciones y acciones estén jurídicamente sustentadas y, por la otra, se utilizan los instrumentos existentes para la creación, conservación y rehabilitación o mejoramiento de áreas verdes (planes de desarrollo urbano de centro de población, planes parciales, declaratorias de destinos, reglamentos de áreas verdes, programas institucionales en el nivel municipal, estatal o federal, guías de forestación, etc.).

En cuanto a los instrumentos financieros, además de la existencia de un presupuesto base por parte del Ayuntamiento para la operación y acciones esenciales del departamento responsable, se deben diseñar los instrumentos financieros para costear las acciones propuestas en los planes a corto, mediano y largo plazo para la creación, conservación y rehabilitación o mejoramiento de áreas verdes.

También se deben definir los instrumentos de financiamiento gubernamental, no gubernamental y no monetarios que pueden ser utilizados, ya sea como gravámenes o incentivos para conservar o desarrollar determinadas áreas, pero en ambos casos, deben negociarse sobre la base de los beneficios ambientales, económicos y sociales que ofrece la vegetación, que no son mutuamente excluyentes.

Entre las posibles opciones para la creación de nuevas áreas verdes urbanas se encuentran la transferencia de derechos de desarrollo, la aportación de áreas de donación o la compra de terrenos.

El Sistema de Derechos de Desarrollo implica reconocer el derecho de transferir, total o parcialmente, la intensidad del uso del suelo de un lugar a otro, para lo cual se requiere definir las áreas emisoras y la capacidad de las áreas receptoras en un sistema transparente de operaciones de transferencia de dicha potencialidad. El sistema funciona con la lógica del mercado, pero regulada por la intervención del gobierno, lo que requiere de programas de desarrollo urbano debidamente aceptados y legalizados por la sociedad y el gobierno. Este sistema tiene dos variantes: una es la compra de los derechos de desarrollo por el gobierno (Miller, 1998) y otra la transferencia de los derechos entre particulares (Sedesol-UAM, 2005).

a) Compra de los derechos de desarrollo. Con el fin de proteger el espacio verde de propiedad privada, el gobierno puede comprar a sus dueños el derecho de subdividir y desarrollar la tierra por medio de ventas voluntarias o declaraciones públicas. Los derechos pueden ser caros, pero ser aun más baratos que la compra plena de la propiedad. La tierra es manejada sin costo para el gobierno y los dueños sólo pagan impuestos sobre la tierra, aunque con una tasa menor que la de su valor de mercado.

b) Transferencia de los derechos de desarrollo. Su principal objetivo es permitir a los particulares tener opciones para ceder y adquirir dichos derechos, con las ventajas de no representar costos directos para el gobierno, permitir recursos adicionales para el mejoramiento de los inmuebles que ceden sus derechos, así como para acciones diversas de mejoramiento urbano por parte de la instancia administrativa que certifica las operaciones.

Otro mecanismo para la incorporación de nuevas áreas verdes puede ser la aportación de áreas de donación. En el caso del estado de Baja California, el Reglamento de Fraccionamientos (POE, 1971) establece que de la superficie vendible deberá donarse 3% para área verde, 3% para equipamiento escolar y 10% para el municipio. Este último porcentaje, el municipio generalmente lo enajena o lo dona a organizaciones no lucrativas. La propuesta es que se respete el 3% de área verde para cubrir las necesidades en el nivel barrio, pero respecto al 10%, una proporción de este (el 2 o 2.5%) se destine para incrementar las áreas verdes de la ciudad, conforme se da la expansión urbana, en áreas verdes naturales designadas como tales en el programa de desarrollo urbano de centro de población. Este mecanismo funcionaría como una compra de área verde por parte del gobierno, pero no se tendrían que erogar recursos.

Una opción más, sugerida por Miller (1998), es la compra de espacio verde, es decir, la compra plena de tierra privada por el gobierno o por fideicomisos que otorgan el tipo más permanente para la creación de nuevas áreas verdes y protección de espacios a largo plazo, así como permitir que el público tenga acceso a estas tierras para uso recreativo. Sin embargo, puede ser una opción cara, ya que también podría ser tierra para el desarrollo.

Entre las posibles modalidades fiscales para aumentar los ingresos se encuentran los siguientes tipos de gravámenes, cuotas o contribuciones: impuestos especiales, gravamen para beneficio del barrio o sector, gravámenes por subdivisión o desarrollos de fraccionamientos, fondos para aumento de capital, gravámenes por daños, cargos adicionales por servicios, facturación directa por trabajos realizados en alguna propiedad e ingresos por construcción de vialidades (Morgan, 1998).

Entre los posibles mecanismos de carácter fiscal para incentivar o fomentar la conservación o desarrollo de áreas se encuentran los siguientes (Miller, ibid.):

a) Impuestos diferenciales para estimular la protección de áreas verdes y desincentivar el desarrollo urbano en áreas con algún tipo de valor ambiental, histórico, paisajístico, etc. Por ejemplo, en áreas productivas agrícolas se pueden fijar impuestos bajos de acuerdo con su uso actual, en lugar de su valor de mercado, lo cual, además, contribuye a hacer más rentable la empresa, donde los propietarios deberán inscribir voluntariamente sus tierras en un padrón y recibir crédito de impuestos sobre la renta para balancear los impuestos prediales altos; sin embargo, si se vende la tierra, el ayuntamiento debe ser reembolsado por los impuestos acreditados más los intereses. Esto no evita que la tierra sea vendida para el desarrollo, pero se puede conservar dicho uso por más tiempo, además de que con los reembolsos se pueden financiar acciones del plan.

b) Deducciones del impuesto sobre la renta que permitan al contribuyente hacer donaciones de sus reembolsos de impuestos o deducirlas en el pago de obligaciones fiscales.

Otro mecanismo para la conservación de áreas verdes es el otorgamiento de pagos por concepto de servicios ambientales, que puede aplicarse a los espacios verdes naturales o a los espacios verdes productivos de alta calidad por el servicio de remover CO_2 de la atmósfera, con base en la capacidad de remoción que tienen determinados cultivos o la densidad de vegetación de los espacios naturales, para lo cual deben establecerse reglas de operación para el otorgamiento de pagos, de la misma manera que se hace con los bosques del país, por el servicio ambiental hidrológico que prestan.[3]

En este sentido, se firmó el memorando para poner en marcha el Fondo Mexicano de Carbono (Fomecar) por Semarnat, Bancomext y el Banco Mundial (Semarnat, 2006a). Este fondo responde a la necesidad de contar con un mecanismo que conjunte los esfuerzos para identificar, promover y desarrollar proyectos de mitigación y captura de gases de efecto invernadero y revertir los efectos adversos del cambio climático en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto, del cual México es parte. Los cálculos para México son que en seis años se podrían lograr reducciones de 33 millones de toneladas anuales, lo que representaría ingresos por bonos de carbono en alrededor de 330 millones de dólares anuales, por lo que con un plan y estrategias bien definidas se podría acceder a estos fondos.

Otra muestra de este tipo de financiamiento fue la compra de bonos de carbono que realizó en 1997 la Federación Internacional de Automóviles de Fórmula Uno, en Chiapas (5 500 ton C anuales) a un precio de 10 dólares la tonelada de carbono capturada, como parte de un nuevo mercado internacional de servicios ambientales derivado de la necesidad de reducir en el nivel mundial las emisones de gases que contribuyen al efecto invernadero (Soto-Pinto et al., 2002).

Con el propósito de mejorar o rehabilitar las áreas verdes también se puede buscar la asociación del gobierno con particulares a través de subvenciones, contratos o concesiones, así como fuentes de fondos no gubernamentales (apoyos monetarios a través de donativos o patrocinios provenientes de fundaciones, fideicomisos, corporaciones, organizaciones, empresas y particulares).

Los criterios técnicos pueden ser programas de manejo, proyectos de diseño urbano, proyectos paisajísticos, asesorías técnicas de forestación, etc., que enfaticen el uso eficiente del agua en virtud de las condiciones ambientales de las zonas áridas. Los programas de manejo permiten planificar el conjunto de acciones y decisiones tendientes a combinar las funciones de conservación, investigación y desarrollo de un área, donde se conjunta el esfuerzo del gobierno y la sociedad que permiten conciliar la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Otra herramienta técnica que se puede aplicar en nuevas áreas verdes son proyectos de diseño urbano enfocados al desarrollo de complejos para actividades recreativas o deportivas con base en las demandas de la comunidad e integrados al contexto urbano y usos del suelo aledaños.

En el nivel de sitio se pueden requerir proyectos paisajísticos que definan las obras de jardinería, la especificación de especies de arbolado, arbustivas y cubrepisos adaptadas al clima y suelo, así como el mobiliario urbano de apoyo y las redes de infraestructura requeridas, como alumbrado, red de riego e hidrantes y red de drenaje.

Por último, respecto a la participación de la comunidad se deben establecer programas de difusión de las acciones para la creación, conservación y rehabilitación de las áreas verdes, con el propósito de concienciar a la población e informar de los avances. Además, se pueden promover programas de concertación que establezcan los compromisos gubernamentales y las formas de cooperación y participación de las diferentes organizaciones, asociaciones o grupos representativos de la sociedad, definiendo plazos y metas que sirvan de marco de referencia para la instrumentación de acciones en la etapa de gestión.

FASE V: GESTIÓN

La gestión, como señala Palomo (2003: 295), “es la que conecta al plan con la realidad”, el proceso mediante el cual se instrumentan los programas establecidos en el plan estratégico a través de planes de acción específicos, así como de control de los resultados y los cambios que se hayan producido. En esta fase también se puede corregir y adecuar el proceso de planificación, mientras que en la etapa de gestión se determinarán las acciones a emprender a través de un plan de acción que debería ser anual.

Los planes de acción se pueden realizar de acuerdo con los diversos componentes analizados (programas de manejo; proyectos para la utilización de áreas potenciales como áreas verdes, áreas abandonadas, baldías o en desuso; planes de conservación de espacios como bosques o áreas agrícolas, etc.). Una forma de instrumentar estos programas es por medio de planes piloto a corto plazo con acciones concretas y una evaluación de sus logros. Con el apoyo del SIG se puede elaborar un catálogo que contenga el inventario y registro de los diversos tipos de áreas verdes urbanas con el fin de monitorear los planes de acción.

Otra acción posible es realizar un levantamiento topográfico y delimitación física de los polígonos con acciones programadas a corto plazo, así como los identificados como áreas verdes potenciales, e incorporar la información en el SIG.

Respecto a los aspectos ambientales, los planes de acción pueden ser de forestación en áreas nuevas o reforestación en áreas existentes, así como acciones de saneamiento de áreas contaminadas o de rescate en áreas perturbadas. Una de las acciones más importantes a instrumentar es el ahorro de agua a partir de la automatización del riego y el aprovechamiento de las aguas residuales.

En el componente financiero-económico, las acciones relativas al proceso de obtención y ejercicio de los fondos necesarios para ejecutar los diversos programas establecidos en el plan pueden incluir la elaboración de contratos, presupuesto, elaboración de términos de referencia para adjudicar contratos, etc.

En el componente jurídico-normativo, las acciones pueden dirigirse hacia las disposiciones que sustentan y aseguran el cumplimiento de los programas definidos en el plan, también pueden incluir la elaboración, adecuación y aplicación de instrumentos legales (leyes, reglamentos, normas, etc.) y pueden considerar la elaboración de códigos “verdes” (cartillas para la creación y conservación de áreas verdes).

Por último, en cuanto a la participación ciudadana, las acciones de gestión pueden comprender reuniones y elaboración de esquemas de trabajo con líderes o representantes de la comunidad, sector privado y gubernamental, para llevar a cabo la plantación de árboles, mejoramiento de zonas, promoción de actividades de recreo, deporte y cultura, asesoría técnica, etc., de acuerdo con los intereses de la sociedad. Es preciso también realizar acciones de difusión en prensa, radio y televisión para sumar nuevos participantes al plan y difundir los logros y beneficios alcanzados.

[1] De acuerdo con Bernhardt y Swiecki (2001), el programa CITYgreen puede realizar una estimación de captura de carbono con ciertas limitaciones, porque demanda de un trabajo manual para digitalizar los árboles, lo cual es un proceso inexacto, además de laborioso, y que requiere de un inventario detallado de árboles.

[2] El autor no especifica la densidad de árboles ni tipo de pastizal.

[3]3 En el caso del Programa de Servicios Ambientales Hidrológicos existe un pago que se hace a los beneficiarios, dueños o legítimos poseedores de terrenos con recursos forestales por los servicios ambientales hidrológicos que presta el buen estado de conservación de sus bosques y selvas Semarnat (2003).

CAPÍTULO IV. CONSIDERACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DE ÁREAS VERDES EN ZONAS ÁRIDAS DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

En este capítulo se examinan los desafíos que enfrenta la planificación de áreas verdes urbanas a partir de las condiciones geográficas ambientales de las zonas áridas. Al mismo tiempo, se exploran los potenciales o limitaciones existentes para dicha planificación desde la perspectiva de las estructuras institucionales y operacionales, las condiciones sociales y económicas de la población, así como las formas de participación pública establecidas en el marco jurídico, tomando como referente el contexto de la ciudad de Mexicali.

CONDICIONANTES GEOGRÁFICAS AMBIENTALES

La planificación de áreas verdes urbanas requiere diversas condiciones para su instrumentación exitosa. En el caso de las ciudades localizadas en zonas áridas, las principales condiciones son las características ambientales (suelos no fértiles, baja precipitación pluvial, altas temperaturas y altas tasas de evapotranspiración), lo que se traduce en un escenario difícil para la creación y mantenimiento de áreas verdes, debido especialmente a la escasez de agua.

Los medios ambientes áridos son muy diversos en términos de las formas de la tierra, tipos de suelos, fauna, flora, balances hidrológicos y actividades humanas, sin embargo, la principal característica de las regiones áridas es la aridez— valga la redundancia—.

SIGNIFICADO Y CONDICIONES DE ARIDEZ

La definición de aridez, según el diccionario (Encyclopedia Britannica Publishers, 1994-1995), significa seco, estéril, de poco jugo y humedad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 1989), uno de los conceptos más aceptados de aridez se expresa como una función de la precipitación pluvial y la temperatura, siendo una de las formas más utilizadas para representarla el índice climático de aridez, calculado por el método de Penman: P/ETP, donde:

P= Precipitación

ETP= Evapotranspiración potencial, considerando la humedad atmosférica, radiación solar y viento.

Con base en el índice de Penman, se han delimitado tres tipos de zonas áridas: hiper-árida, árida y semiárida. La zona hiper-árida (índice de aridez de 0.03) comprende suelos prácticamente sin vegetación, con excepción de arbustos escasos y con prácticas de pastoreo. La precipitación pluvial es baja, excediendo rara vez los 100 mm por año. La lluvia es infrecuente e irregular.

La zona árida (índice de aridez 0.03-0.20) se caracteriza por prácticas de pastoreo y cultivos exclusivamente con riego. La vegetación nativa es escasa, compuesta por pastos perennes y anuales y vegetación herbácea, arbustos y pequeños árboles. Hay una gran variabilidad de la precipitación pluvial, con intervalos de 100 a 300 mm por año.

La zona semiárida (índice de aridez de 0.20-0.50) soporta agricultura de temporal con niveles regulares de producción, que puede ser ganadera, y la vegetación nativa está representada por pastos, arbustos y árboles. La precipitación pluvial varía anualmente con rangos de 200-250 a 450-500 mm.

Con base en esta clasificación, se estima que las zonas hiper-áridas representan 4.2%, las zonas áridas 14.6% y las semiáridas 12.2%, por lo tanto, un tercio del área mundial es tierra árida (FAO, 1989). Respecto al patrón climático y la temperatura, por lo general, las zonas áridas se caracterizan por una relativa estación seca y “fría”, seguida por una estación relativamente seca “caliente” y, finalmente, por una moderada estación lluviosa. Particularmente, en las dos primeras estaciones hay una fluctuación significativa de la temperatura diurna en estas estaciones, ya que puede subir a los 35 o 45 °C en el día y descender a 10 o 15 °C en la noche (FAO, 1989). Las temperaturas extremadamente altas o bajas pueden provocar daños a las plantas, las cuales sólo pueden sobrevivir a las altas temperaturas a través de la transpiración, pero su crecimiento se puede afectar, o incluso causar la muerte cuando se presentan por periodos prolongados, ya sea de calor o frío.

Aunque la lluvia y la temperatura son los principales factores que producen la aridez, existen otros factores que también tienen influencia, como la humedad y el viento. La humedad en el aire tiene su importancia para el balance del agua del suelo. Cuando el contenido de humedad en el suelo es más alto que en el aire, hay una tendencia a que se evapore el agua en el aire. Cuando es el caso opuesto, el agua se condensa en el suelo. La humedad es generalmente baja en las zonas áridas. La presencia de rocío y neblina conducen a una mayor humedad en el aire y reduce, por lo tanto, la evapotranspiración y conservación de la humedad del suelo.

Respecto al viento y debido a la escasez de vegetación que reduce el movimiento del aire, las regiones áridas son típicamente ventosas o expuestas al viento. Estos vientos remueven la humedad del aire alrededor de las plantas y suelo y esto incrementa la evapotranspiración.

Por otra parte, las diferencias de temperatura durante el día también tienen impacto en los suelos, al provocar la desintegración mecánica o física de las rocas que, junto con los vientos fuertes, producen una remoción de las partículas finas del suelo y de materia orgánica, permaneciendo las partículas más grandes como arenas o gravas, por lo que otra de las características de las regiones áridas son sus suelos infértiles (FAO, 1989).

Las condiciones de temperatura, precipitación, humedad, viento y tipo de suelo son factores que determinan la escasa vegetación en las regiones áridas, sin embargo, se pueden identificar tres tipos de vegetación: las efímeras anuales, suculentas perennes y no suculentas perennes (FAO, ibid.).

Las efímeras anuales aparecen después de las lluvias y completan su ciclo de vida más o menos en ocho semanas. Son generalmente pequeñas en tamaño como los pastos, con raíces superficiales, y su adaptación consiste en su crecimiento activo. En épocas de sequía permanecen en forma de semillas.

Las suculentas perennes son capaces de almacenar agua para consumirla en periodos de sequía y desarrollan espinas en lugar de hojas para tener bajas tasas de transpiración. Los cactus son la especie típica.

Las no suculentas perennes comprenden la mayor parte de plantas en zonas áridas. Son plantas fuertes, incluyendo pastos, herbáceas, arbustos y cierto tipo de árboles. Biológicamente están activas durante todo el año y resisten las épocas seca y fría.

Los dos últimos tipos de grupo también se les conoce como plantas xerófitas, es decir, aquellas que pueden subsistir con pequeñas cantidades de humedad.

MEXICALI EN EL CONTEXTODE LAS REGIONES ÁRIDAS DEL PAÍS

La república mexicana está dividida en regiones ecológicas de acuerdo con el tipo de vegetación, clima y aspectos biogeográficos. Según estos criterios, se pueden identificar básicamente seis regiones: la árida-semiárida que cubre casi la mitad del país (49.8%), está separada por la Sierra Madre Occidental y dividida en dos zonas: el desierto de Chihuahua al este y el desierto de Sonora al oeste. La segunda es la templada subhúmeda, con 19.7%; la tercera es el trópico subhúmedo con 17.5%; le sigue el trópico húmedo con 11% y las de menor porcentaje son la templada húmeda (1.1%) y las zonas de transición tierra-mar (0.9%) (Vivanatura, 2006) (ver figura 18).

Mexicali, ciudad fronteriza, capital del estado de Baja California y cabecera municipal del municipio de Mexicali, se encuentra en una de las zonas más áridas del país, en la provincia fisiográfica del desierto de Sonora, misma que se caracteriza por presentar un tipo de clima cálido-seco en verano y templado en invierno, con escasas precipitaciones pluviales en invierno. La temperatura promedio en verano es de 38 a 40°C, con registros máximos de 52°C. La temperatura media anual es de 23 a 27°C, siendo el mes más frío enero, con una media mensual de 12.7 a 15°C. Con relación a la precipitación pluvial, el régimen de lluvias es en diciembre y enero, con un promedio anual de 73.9 mm (lo que la ubica como una zona hiper-árida), aunque se registran años en los que se han presentado precipitaciones acumuladas de 132 mm (XV Ayuntamiento de Mexicali, 1998).

Respecto a las características topográficas, Mexicali presenta pendientes en el rango de 0 a 2% en la mayor parte del área urbana, esto hace necesario la utilización de sistemas de bombeo tanto para abastecer de agua potable a la ciudad como para el desalojo de las aguas residuales de la misma, en tanto que el drenaje pluvial representa un alto costo en su habilitación, al ser mínima su conducción superficial (XV Ayuntamiento de Mexicali, 1998) (ver figura 19).

En relación con la hidrología, Mexicali se ubica dentro de la región hidrológica núm. 7, denominada delta del Río Colorado, con una extensión de 5 132 km². Los cuerpos de agua de mayor relevancia en la ciudad son la laguna Xochimilco, la laguna México, el lago del Bosque de la Ciudad y el Río Nuevo (ver figura 20), todos estos cuerpos de agua son alimentados por una red de drenes agrícolas que generan contaminación por descargas clandestinas. Estos drenes forman parte del sistema natural de drenaje de aguas de riego de la zona norte del valle de Mexicali, el cual termina por fluir en el Río Nuevo hacia Estados Unidos (XV Ayuntamiento de Mexicali, 1998).[4]

La ciudad de Mexicali está rodeada por un valle agrícola en el que se siembran anualmente alrededor de 200 000 ha de forrajes y hortalizas. La fuente de abastecimiento para proveer de agua, tanto al valle como a la ciudad, proviene principalmente del Río Colorado, producto del Tratado Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos de 1944, así como también de la extracción de acuíferos (CEA, 2003).

Respecto al mencionado Tratado Internacional del 3 de febrero de 1944, Estados Unidos le asignó a nuestro país un volumen garantizado de 1 850 234 000 m^3 anuales en condiciones normales, de los cuales 1 677 545 000 m^3 corresponden a Baja California y el resto, 172 689 000 m^3, a Sonora; esta asignación se le conoce como el escurrimiento base anual. Una segunda forma de entrega de agua se da cuando se presenta alguna situación de excedencia del volumen anterior, que para motivos operacionales del sistema de presas se ha establecido un volumen anual de 2 096 934 000 m^3 de agua. Una tercera condición se da cuando se presenta una sequía en la cuenca alta, con reducciones en el volumen de entrega en la misma proporción que se realice en los usuarios de la cuenca del lado estadounidense (Román, 2001). Este Tratado tiene una vigencia indefinida, como se establece en el Artículo 28 del Capítulo VII, Disposiciones Finales: “Este Tratado será ratificado y las ratificaciones canjeadas en la ciudad de Washington. Entrará en vigor el día de canje de ratificaciones y regirá indefinidamente hasta que sea terminado por otro tratado concluido al efecto entre los dos gobiernos” (DOF, 1945).

Respecto a la fuente de agua proveniente de acuíferos, los correspondientes al valle de Mexicali tienen una extracción promedio anual de 900 millones de metros cúbicos (Mm^3) y una recarga aproximada de 700 Mm^3, lo que representa una sobreexplotación, al observarse un déficit en el balance hidráulico del acuífero de 200 Mm^3 (CEA, 2003).

De acuerdo con la Comisión Estatal del Agua (CEA, 2003), el uso del líquido en el estado de Baja California se destina a seis fines principales: agrícola, urbano, acuicultura y pesca, recreación y turismo, generación de energía eléctrica y para el medio natural. La mayor parte de este volumen de agua es utilizada para fines agrícolas (91%), cuyas fuentes de abastecimiento son el Río Colorado y los acuíferos, le sigue el uso urbano (8%), que en el caso de Mexicali, el aprovisionamiento total proviene del Río Colorado y una mínima parte es para el resto de las actividades (1%).

En el caso del uso agrícola, la eficiencia en el riego es muy baja y existe un gran desperdicio de agua debido, entre otras causas, a prácticas rudimentarias de riego, deficiente conservación de la infraestructura hidráulica, problemas de nivelación e inadecuado manejo del agua en el nivel parcelario. Según López (2001), la eficiencia en los sistemas de conducción por gravedad es de 56%, lo que significa que de cada metro cúbico derivado, se pierde casi la mitad del agua.

En el caso del uso urbano de Mexicali y con base en la facturación para 2003, hubo un consumo anual de 77 305 166 m^3; el mayor consumo estuvo representado por el uso doméstico: 56 465 149 m^3 (73%), después el consumo de gobiernos (incluye las actividades de equipamiento urbano como escuelas, oficinas de gobierno, descentralizadas y riego de jardines): 7 294 913 m^3 (10%), el sector comercial: 7 070 376 m^3 (9%), y el sector industrial con un consumo de 6 474 728 m^3 (8%). En el caso de las áreas verdes y de acuerdo con las tomas registradas para su riego, hubo un consumo anual de 341 886 m^3, que representa 5% del consumo de gobiernos y 0.5% del consumo urbano total anual (CESPM, 2004).

En suma, desde la perspectiva geográfica ambiental, Mexicali, por localizarse en una región árida, presenta condicionantes para el desarrollo de la vegetación por su clima extremoso y la escasa precipitación pluvial. Sin embargo, a diferencia de otras ciudades en regiones áridas, Mexicali, debido a su cercanía con la fuente principal de abastecimiento de agua del Río Colorado, muestra condiciones privilegiadas para incrementar la cobertura vegetal, como lo demuestra el valle agrícola que la rodea.

No obstante, es importante destacar algunas consideraciones al respecto. Actualmente, la oferta del recurso agua es fija y la demanda por el mismo es creciente, en particular por el uso urbano, dándose inclusive la práctica de que aquellos desarrollos habitacionales ubicados en la periferia de la mancha urbana que no tienen factibilidad de abastecimiento de agua por medio de la red, lo hacen comprando los derechos de riego de las parcelas agrícolas.

Por otra parte, aunque el Tratado Internacional de 1944 tiene una vigencia indefinida, que en principio aseguraría una asignación segura de agua, esta es una condición que puede cambiar. Estados Unidos ha emprendido acciones unilaterales, como el proyecto de revestir de concreto un tramo del canal Todo Americano, con el fin de contar con una mayor cantidad de agua para regar el Valle Imperial, lo que afectaría la recarga de los acuíferos del valle de Mexicali (Buchanan y Reyes, 2006).

La búsqueda de un equilibrio entre la oferta y la demanda es la clave para alcanzar un uso más sustentable del recurso, por lo que se requiere en el corto y mediano plazo de estrategias tendientes a disminuir dicha brecha a través de acciones de ahorro y uso más eficiente del agua que permitan el abasto y ampliación de las diversas actividades.

ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES Y OPERACIONALES

Hasta 1992, en Baja California las actividades de planificación urbana eran conducidas por el gobierno del estado en coordinación con la federación y los municipios, pero a partir de ese año, con base en el Decreto 132 (POE, 1992), se otorgó competencia y se facultó a los ayuntamientos de los municipios del estado para que en las funciones de catastro y control urbano —que incluyen las de planificación urbana— apliquen las leyes estatales en la materia.

A partir de 1992, el municipio de Mexicali inició la modernización del catastro con apoyo de recursos federales a través del Programa 100 Ciudades, promovido por la Sedesol y que establece en su organización administrativa una incipiente estructura para desarrollar la planeación urbana del municipio, la cual se ha fortalecido con el tiempo. Desde el primer Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali (PDUCPM), elaborado por el Ayuntamiento de Mexicali en 1995, se han elaborado cuatro actualizaciones más, la última se encuentra en revisión (2006) en la Comisión Coordinadora de Desarrollo Urbano (ver cuadro 20).

Desde 1992, la planeación urbana de Mexicali se desarrolla dentro de la estructura administrativa municipal en la Dirección de Administración Urbana, correspondiendo a una jefatura de departamento, sin embargo, a partir de 2003, el Ayuntamiento de Mexicali creó el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana (IMIP) como parte de la estructura administrativa de desarrollo urbano, lo cual significó un avance en la Planificación urbana del municipio, al darle una identidad propia y autónoma respecto a las otras direcciones (ver figura 21).

Con la estructura administrativa del IMIP y la modernización catastral, que integra el inventario de predios digitalizados y sistematizados en una base de datos dentro de un Sistema de Información Geográfico, es viable llevar a cabo la planificación de áreas verdes urbanas de Mexicali.

CONDICIONANTES SOCIALES Y ECONÓMICAS

Las ciudades en el estado de Baja California son relativamente jóvenes, ya que se crearon hace poco más de cien años debido, entre otros factores, a la lejanía del centro del país y las condiciones geográficas en esta región árida.

La ciudad de Mexicali nació en 1904 y aunque tuvo un crecimiento poblacional lento en las primeras décadas (6 782 habitantes en 1921, 14 842 en 1930 y 18 775 en 1940) en 1950 presentó un alto crecimiento de 45.6%, al contar con 64 609 habitantes, 197 076 en 1960, 294 103 en 1970, 341 559 en 1980, llegando a 438 337 en 1990 y para 2000 se contó a 590 096 habitantes (INEGI, 2000).

Para la estimación de la población a 2025 en la ciudad de Mexicali se plantean tres escenarios. El primero considera una tasa de crecimiento anual sostenida de 2.7%, de lo que resulta una población de 673 419 habitantes en 2005 y de 1 142 177 habitantes en 2025, estimando una tasa de crecimiento decreciente — a partir de datos del Conapo y censal— con una tasa de crecimiento de 2.8% en 2001 y 1.6% en 2025, se estima una población de 680 774 habitantes en 2005 y de 1 076 141 con datos censales (ver cuadro 21) (IMIP, 2005).

Respecto a las actividades económicas de la segunda mitad de los noventa a 2005, se han perfilado tendencias de crecimiento hacia el sector industrial que, junto con el sector comercial y la condición fronteriza de Mexicali, han producido un uso intensivo de la infraestructura y los servicios urbanos.

La distribución de la población económicamente activa ocupada, según los ingresos percibidos en el área urbana de Mexicali, fue la siguiente: 3.6% recibe menos de una vez el salario mínimo, el 15.3% percibe de 1 a 2 veces el salario mínimo, 48.3% de 2 a 5 veces el salario mínimo y, por último, 25% recibe más de 5 veces el salario mínimo (ver figura 22) (IMIP, 2005).

La distribución de la población por sectores productivos, según los resultados censales de 2000, indica que 54.48% de la población ocupada se dedica al sector terciario,[5] 35.46% al sector secundario[6] y 10.06% al sector primario[7] (IMIP, 2005).

INSTRUMENTOS JURÍDICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Sin lugar a dudas, la participación ciudadana en México en la toma de decisiones en materia ambiental remite a la colectivización de la información científica generada a raíz del recrudecimiento de los grandes problemas ambientales, situación que ha traído consigo la aparición de nuevos actores sociales, como los grupos ecologistas, hoy denominados ambientalistas. La participación ciudadana es definida como “aquellos espacios de reflexión, acción, demanda y pronunciamientos a partir de los cuales el sujeto (llámese ciudadano, empresario, ambientalista, etc.) propone, reconstruye, reafirma y promueve un proyecto de sociedad” (IDEA de México et al., 1999: 11).

La participación ciudadana, desde la perspectiva ambiental, generalmente ha obedecido a la determinación de problemáticas ambientales, las cuales han conducido también a la creación de espacios jurídicos que han formalizado dicha participación.

De esta manera, en el ámbito federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dedica el Título Quinto a la participación social y establece la necesidad de que el gobierno federal promueva la participación y responsabilidad de la sociedad en la formulación de la política, la aplicación de instrumentos y la realización de acciones de información y vigilancia que permitan el cumplimiento del objeto de dicha Ley, así como establecer las bases para definir los principios de la política ecológica general, el ordenamiento ecológico, la preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente, entre otras (DOF, 1988).

La Ley General de Asentamientos Humanos establece en la Fracción IV del Artículo primero: “Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos”. Asimismo, tiene previsto un capítulo específico para la participación social, en el Artículo 48 estipula a la letra: “La Federación, las entidades federativas y los municipios promoverán acciones concertadas entre los sectores público, social y privado que propicien la participación social en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población”.

En el ámbito estatal, la Ley de Planeación para el Estado de Baja California establece en la Fracción VI del Artículo primero: “Las bases normativas para promover, encauzar y garantizar la participación del desarrollo a nivel comunitario de los diversos grupos sociales, organizaciones e instituciones representativas en la ejecución de las acciones del Plan Estatal de Desarrollo, los planes municipales y los programas relativos” y dedica el Capítulo Tercero a la participación social en la planeación, cuyo Artículo 14 establece a la letra: “En el ámbito del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo, se dará la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el objeto de que la población exprese sus opiniones para la formulación, instrumentación y evaluación del Plan Estatal, los planes municipales y los programas a que se refiere esta Ley”. Las organizaciones representativas de obreros, campesinos, grupos populares, instituciones académicas, profesionales de la investigación, organismos empresariales y otras agrupaciones sociales participarán como órganos de consulta permanente en el proceso de planeación del desarrollo a través de foros de consulta, organizados por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (Coplade) y los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipales (Copladem), con el fin de captar las propuestas y demandas de la población (POE, 2001).

En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de Mexicali publicó en 2001 un reglamento específico de Participación Ciudadana y Vecinal, que tiene por objeto establecer, fomentar, promover y regular los instrumentos que permitan la organización y desarrollo de la participación ciudadana y vecinal en el Municipio y su relación con el Ayuntamiento y las dependencias y entidades de la administración pública municipal. En el Artículo 4 se establece que los instrumentos de participación ciudadana y vecinal son los medios con los que los ciudadanos y los vecinos pueden disponer en forma individual o colectiva, según sea el caso, para expresar su aprobación, rechazo, opinión, propuestas, colaboración, quejas, recibir información y, en general, expresar su voluntad respecto de los asuntos de interés público y general. Dichos instrumentos serán los siguientes (XVI Ayuntamiento de Mexicali, 2001):

I. Plebiscito

II. Referéndum

III. Iniciativa ciudadana

IV. Comités de desarrollo social

V. Consulta vecinal

VI. Audiencia pública

VII. Sistema de quejas, denuncias y sugerencias

En materia de planificación urbana, en el Municipio de Mexicali existe el Consejo Consultivo de los Planes de Desarrollo Urbano, que tiene por objeto emitir opiniones fundadas y motivadas que se relacionan con los planes de desarrollo urbano municipal, así como de las medidas referentes a la protección del medio ambiente. El Consejo Consultivo está integrado por representantes de los siguientes organismos: por parte de la federación, la Secretaría de Desarrollo Social; por parte del estado, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, y por parte del Municipio, la Dirección de Catastro, Control Urbano y Ecología, el Instituto para el Desarrollo Urbano de Mexicali, la Dirección de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Bomberos y Protección Civil. Además, la Universidad Autónoma de Baja California, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, promotores de vivienda y las cámaras nacionales de la industria de la transformación, de comercio y de la industria de la construcción (XII Ayuntamiento de Mexicali, 1983).

En materia ambiental, existe el Reglamento de Protección al Ambiente para el Municipio de Mexicali, B.C., que establece en el Capítulo Noveno las disposiciones para la participación ciudadana y las medidas de concientización a través de la Comisión Municipal de Ecología dentro del seno del Copladem (POE,1997).

En materia específica de forestación urbana, se publicó el Reglamento de Áreas Verdes para el Municipio de Mexicali, B.C, que establece en la Fracción XI del Artículo 4: “Promover la cultura forestal y participación de la sociedad en materia de protección, preservación y conservación de las áreas verdes” (POE, 2005).

En suma, la situación de Mexicali, referente a sus condiciones ambientales y disponibilidad de agua, es sui generis, ya que por una parte el paisaje desértico que caracterizaba su emplazamiento original se ha transformado sustancialmente a partir del siglo XX y de esta manera su entorno árido ya no es tal, no es un lugar de especies típicamente xerófitas y animales silvestres, sino que la ciudad se encuentra rodeada de un valle agrícola, debido a la disponibilidad de agua por la cercanía a la fuente de abastecimiento principal del Río Colorado; por otra parte, el río Nuevo, que era uno de los elementos naturales más importantes, ya no es un río que desvíe el agua del Río Colorado hacia la región, sino un dren compuesto de desechos agrícolas, aguas negras municipales y descargas industriales crudas y parcialmente tratadas, que además, en la mayor parte de su trayectoria por la zona urbana se encuentra entubado; sin embargo, esta disponibilidad de agua con que cuenta la región, utilizada de una manera eficiente, ofrece posibilidades para aumentar y mantener las áreas verdes de la ciudad.

Respecto a las estructuras institucionales y operacionales, aunque desde 1992 el municipio cuenta con una organización administrativa para realizar las actividades de planificación urbana, no ha habido ninguna iniciativa particular para la planificación de áreas verdes urbanas y, por último, respecto a los instrumentos jurídicos y la participación ciudadana, existen en los niveles federal, estatal y municipal fundamentos jurídicos que estipulan formas de participación de la ciudadanía de manera individual u organizada, sin embargo, hace falta la coordinación de las autoridades municipales para promover la colaboración de la población en programas de creación y conservación de las áreas verdes urbanas.

[4] En mayo de 1996 se licitó la obra para embovedar el Río Nuevo y en 1998 se terminó la primera etapa, que comprende el trayecto de la línea internacional a la avenida Lázaro Cárdenas (Congreso del Estado de Baja California, 1998); la segunda etapa comenzó en 2007 y comprende de la avenida Lázaro Cárdenas al bulevar Terán.

[5] El sector terciario comprende la población ocupada que trabaja en comercio, transporte, servicios financieros, servicios profesionales, en gobierno y otros servicios.

[6] El sector secundario es la población ocupada que trabaja en la minería, generación y suministro de electricidad y agua, construcción o industria manufacturera.

[7] El sector primario comprende la población ocupada que trabaja en agricultura, ganadería, silvicultura, caza o pesca.

CAPÍTULO V. PLANIFICACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

El objetivo de aplciar la metodología propuesta para el centro de población de Mexicali es validarla y retroalimentarla, así como también corroborar, o no, las hipótesis planteadas referidas a Mexicali. Por lo tanto, en este apartado se establece la estructura organizacional para llevar a cabo la planificación de áreas verdes dentro del organigrama municipal; después se realiza el inventario, caracterización y distribución de las áreas verdes urbanas, junto con la estimación de las necesidades desde el punto de vista social y ambiental de este tipo de espacios. Posteriormente, se realiza un diagnóstico contrastando la oferta y la demanda y, a partir de sus resultados, se trazan lineamientos estratégicos.

Es importante considerar que el proceso de planificación de áreas verdes urbanas deberá inscribirse dentro de la estructura organizativa municipal y de la normatividad aplicable en la materia, por lo que esta propuesta deberá considerarse como una guía metodológica para la elaboración de un programa sectorial de áreas verdes urbanas, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California (POE, 1994a).

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Una de las primeras acciones en el proceso de planificación de las áreas verdes urbanas es determinar la estructura organizacional que llevará a cabo y dará seguimiento a dicho proceso, el cual deberá comprender un equipo técnico permanente, un equipo de apoyo temporal, conformado por especialistas externos, y un consejo consultivo.

La integración del equipo técnico deberá conformarse dentro de la misma estructura organizacional municipal por un reducido grupo de profesionales (4 o 5) que pueden ser de las áreas de arquitectura, ingeniería, ciencias sociales o naturales, con estudios de planeación urbana o ambiental, quienes se encargarán de definir los objetivos, programación de actividades, reuniones, necesidades de asesoría, subcontratación de estudios o servicios, organización de campañas de difusión y consulta pública, etc. El equipo consultor externo podrá integrarse con especialistas en temas ecológicos, paisajísticos, ambientales, de participación pública o financieros, y su participación dependerá de las necesidades del estudio y del perfil mismo del equipo ejecutor.

El comité consultivo deberá conjuntar representantes de los diversos sectores de la comunidad que evalúen con autonomía las propuestas realizadas por el equipo técnico y que funcionen también como un interlocutor con la comunidad, den seguimiento a las acciones a desarrollar y faciliten la toma de decisiones (ver figura 24).

La estructura administrativa del Ayuntamiento de Mexicali referente a aspectos de desarrollo urbano comprende seis direcciones (Administración Urbana, Ecología, Obras Públicas, Servicios Públicos, Seguridad Pública, Bomberos y Protección Civil), tres institutos (Deporte y la Cultura Física, Investigación y Planeación Urbana, y Arte y Cultura), un Fideicomiso para el Desarrollo Urbano, un Consejo de Urbanización, el Sistema Municipal de Transporte, Desarrollo Social Municipal, Comisión de Desarrollo Municipal y el Comité de Planeación del Desarrollo del Municipio (Coplademm).

El equipo técnico deberá integrarse dentro del Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana (IMIP), instancia encargada de realizar los planes y programas relacionados con el desarrollo urbano del municipio que debe de trabajar en coordinación con las direcciones de Ecología, Obras Públicas y Desarrollo Social Municipal. En la creación del comité consultivo se puede aprovechar la organización establecida en el seno del Coplademm a través de los subcomités sectoriales de Desarrollo Urbano o de Medio Ambiente (POE, 2001a) para realizar la consulta pública entre la comunidad y que se definan las prioridades y se establezcan los planes de acción.

INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE COMPONENTES

COMPONENTE FÍSICO-URBANO

Este rubro comprende la identificación, cuantificación y localización de las áreas verdes urbanas potenciales y existentes como elementos físico-urbanos desde el nivel intraurbano de la mancha urbana, y el límite de centro de población hasta la escala de cuenca hidrológica, además de considerar la cuantificación de las necesidades sociales de la población en términos de espacios recreativos y deportivos como elementos del equipamiento urbano. En la identificación de áreas verdes potenciales se consideraron tres criterios: aquellos sitios con algún tipo de valor (ecológico, paisajístico, histórico o productivo); sitios no aptos para el desarrollo urbano por sus condiciones físicas, así como sitios designados para tal fin a través de ordenamientos jurídicos.

Inventario y caracterización de las áreasn verdes potenciales en el nivel de cuenca hidrológica

Con base en la propuesta de Miller (1998) y Bravo et al., (1998) para determinar las áreas verdes potenciales a partir de la regionalización hidrológica, se ubicó a Mexicali en la región hidrológica núm. 7 Río Colorado, en la cuenca hidrológica B (INEGI, 2006a) (ver figura 25) la cual, a su vez, se divide en subcuencas, correspondiendo a Mexicali la subcuenca baja del Río Colorado (ver figura 26), con el fin de identificar las áreas verdes potenciales.

En cuanto a sitios con valor ecológico, paisajístico, histórico o productivo, se identificaron las áreas con valor productivo que corresponden a las tierras agrícolas del valle de Mexicali que rodean a la ciudad y donde se siembran anualmente alrededor de 250 000 ha de forrajes y hortalizas (CEA, 2003) (ver figura 27).

Con respecto a las áreas no aptas para el desarrollo urbano por sus condiciones físicas, se identificó el cauce del río Nuevo, que también tiene un valor ecológico (ver figura 28). Este río, que actualmente es más bien un dren, fluye por una antigua área de drenaje que llevaba flujo ocasionalmente cuando la sedimentación del delta del Río Colorado desviaba agua a la región. La corriente no tiene fuente natural, sino que el flujo está compuesto por desechos agrícolas (60%), aguas negras municipales crudas y parcialmente tratadas (20%), descargas industriales crudas y parcialmente tratadas (19%) y excesos pluviales urbanos (1%). Este río cruza la frontera y continúa su curso de 106 km hacia el norte por la ciudad de Calexico, California, y regiones del valle Imperial antes de desembocar en el mar de Salton.

Respecto a las áreas designadas por ordenamientos jurídicos, se identificó en la parte sureste de la subcuenca una porción de la reserva de la biosfera alto golfo de California y delta del Río Colorado, decretada en 1993, cuya extensión es de 936 407 ha, de las cuales 60% son áreas marinas y 40% áreas terrestres, estas últimas abarcan parte del territorio del municipio de Mexicali en Baja California y de los municipios de Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en Sonora (CNANP, 2007) (ver figura 29).

Las áreas identificadas en el nivel de la subcuenca hidrológica que tienen potencial para reservarse como áreas verdes son las tierras agrícolas que rodean la ciudad de Mexicali por su valor productivo, el cauce del Río Nuevo por su valor ecológico y sus condiciones físicas, que no lo hacen apto para el desarrollo urbano, y una pequeña porción de la reserva de la biosfera del alto golfo que se encuentra dentro del subcuenca baja del Río Colorado (ver figura 30).

Sin embargo, dado que la reserva de la biosfera del alto golfo cuenta con un plan de manejo elaborado en 1995 (CNANP, 2011) para la conservación de los ecosistemas marinos, costeros y terrestres y se encuentra a más de 100 km de la ciudad de Mexicali, únicamente se considerarán las áreas verdes potenciales correspondientes a las tierras agrícolas y el cauce del Río Nuevo. Estas áreas se examinarán en el nivel de centro de población, con el fin de determinar sus niveles de productividad y las características del cauce del Río Nuevo.

Inventario y caracterización de las áreas verdes potenciales en el nivel de centro de población

El límite de centro de población establecido en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali, B.C., vigente (XV Ayuntamiento de Mexicali, 1998)[8] comprende una superficie total de 76 924.73 ha, de las cuales 20 848.39 ha (27.10%) corresponden a la mancha urbana a 2005, 39 619.20 ha (51.50%) corresponden al área agrícola y las 16 457.14 ha restantes (21.4%) corresponden a pequeños poblados y zonas no aptas para el desarrollo urbano, como la mesa arenosa de Andrade y las laderas de la sierra Cucapá (ver figura 31).

Respecto a la calidad productiva de las tierras agrícolas, dentro del límite de centro de población se encuentran seis tipos de clases de acuerdo con la Subgerencia Regional de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua (CNA, 2004),[9] desde las altamente productivas que son la clase 1, hasta las no aptas para la agricultura, que son la clase 6. Alrededor de la ciudad se encuentran primordialmente las tierras de clase 2, que representan el mayor porcentaje (40.42%) y se localizan hacia el oeste y sur de la mancha urbana, las de clase 1 representan 30.69% y se localizan hacia el sureste y este de la misma (ver figura 32).

Las clase 1 y 2 representan casi tres cuartas partes de las tierras agrícolas dentro del límite de centro de población, mientras que las tierras de menor calidad, identificadas como clases 5 y 6, representan los menores porcentajes (ver cuadro 22).

Respecto a los cultivos en la zona agrícola, existen tres ciclos: otoño-invierno, primavera-verano y perennes. Los cultivos mayormente sembrados en cuanto a superficie son el trigo, los forrajes y algodón, aunque los cultivos que tienen un mayor valor comercial son las hortalizas (ver cuadro 23).

La explicación del porqué existen diferentes superficies y tipos de cultivos que se siembran en el valle de Mexicali depende de una serie de factores económicos, técnicos, ambientales, etc., como los requerimientos de implementos agrícolas, cantidad de agua, tecnificación de los cultivos, tenencia de la tierra y calidad de los suelos, entre otros, pero en relación a este último factor, se puede establecer que generalmente los cultivos de mayor rentabilidad económica, como las hortalizas, se localizan en las mejores tierras, principalmente en las clases 1 y 2.

Respecto a la vegetación en el cauce del Río Nuevo, formado básicamente por las descargas de drenes agrícolas, industriales y urbanas, los afluentes principales fuera de la mancha urbana, pero dentro del límite de centro de población, representan aproximadamente una longitud de 75 km y una superficie de 139.40 ha (ver figura 33).

En suma, las áreas verdes potenciales fuera de la mancha urbana, pero dentro del límite de centro de población, son 12 299.40 ha, correspondiendo 139 ha al Río Nuevo y 12 160 ha a las tierras agrícolas clase 1.[10]

Inventario y caracterización de las áreas verdes urbanas existentes y potenciales en la mancha urbana

La identificación de las áreas verdes de la mancha urbana de Mexicali se realizó a través del procesamiento de imágenes de satélite quickbird multiespectrales, con una resolución de 2.6 m del año 2003, utilizando el programa IDRISI Versión 32 (Eastman, 1999) y para la construcción del Sistema de Información Geográfica se utilizó el programa MapInfo Professional (2004) versión 7.8.

Para caracterizar y cuantificar las áreas verdes urbanas existentes, primero fue necesario identificar la cubierta vegetal de la mancha urbana a través de la utilización de imágenes de satélite y la aplicación del índice denominado NDVI, por sus siglas en inglés (Normalized Difference Vegetation Index), el cual registra la actividad fotosintética de las plantas, representadas por polígonos con valores positivos arriba de cero, como se puede observar en la figura 34.

Una vez identificadas las áreas verdes (197 574 polígonos) se procedió a caracterizarlas, tomando como base la clasificación propuesta en el capítulo 3. En este caso se consideraron aquellos polígonos localizados en la mancha urbana y se caracterizaron utilizando tres fuentes de información: un inventario de áreas verdes que comprende glorietas, isletas, camellones, parques y jardines públicos elaborado por el XVIII Ayuntamiento de Mexicali (2004); un inventario de equipamiento educativo elaborado por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE, 2004) y el Diagnóstico de Suelo Urbano elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana (IMIP, 2005) (ver figura 35), complementadas con visitas de campo.

La cuantificación de la cubierta vegetal dentro de la mancha urbana arrojó una superficie total de 28 943 211.71 m^2 (28 079 052.44 m^2 de áreas verdes existentes y 864 159.27 m^2 correspondientes a áreas verdes potenciales), las que representan, con base en la superficie total de la mancha urbana, el 13.88%. De este total, la distribución porcentual mayor al nivel subsistema corresponde a Predios baldíos (30.05%), le sigue el Habitacional (22.04%) y Agropecuario (18.79%) y los de menor porcentaje son Deporte (1.07%) y Recreación (1.54%) (ver figura 36).

Por tipo de área verde y en el nivel subsistema, las áreas verdes públicas son las de menor proporción, donde el subsistema Deporte (integrado primordialmente por unidades deportivas) presenta la menor superficie, apenas 1.07% del área total de áreas verdes, le sigue el subsistema Recreación con 1.54% (que comprende básicamente jardines vecinales, juegos infantiles y parques de barrio) y posteriormente el subsistema Natural con 2.99% (correspondientes a las áreas verdes potenciales y que comprende las áreas de conservación); mientras que el subsistema Vial presenta el mayor porcentaje de los espacios públicos (9.93%), integrado por la vegetación en camellones, glorietas y banquetas. Por el contrario, de las áreas verdes privadas, tres subsistemas integran prácticamente tres cuartas partes del total de áreas verdes (70.88%): los Predios baldíos (urbanizados y no urbanizados) Habitacional y Agropecuario; con tres subsistemas pequeños (Industrial, Comercial y Turístico) que representan apenas 5% (las cantidades y porcentajes pueden verse en el cuadro 24).

Es importante destacar que la exactitud en la cuantificación de las áreas verdes urbanas en el nivel subsistema fue posible por el procesamiento a través de imágenes de satélite, cuya resolución permitió definir polígonos hasta de 6 m^2, que corresponden prácticamente a la fronda de un árbol pequeño.

La identificación de las áreas verdes existentes y potenciales como elementos físicos urbanos en Mexicali, correspondientes a la mancha urbana, se realizó en el nivel subsistema utilizando el plano del diagnóstico de suelo urbano elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana (IMIP, 2005).

En el caso de los subsistemas de Recreación y Deporte, el primero está representado principalmente por los elementos: juegos infantiles, parques de barrio y un par de parques urbanos. Su localización está asociada básicamente a los desarrollos habitacionales que están distribuidos por toda la ciudad, aunque en las zonas periféricas de la mancha urbana se observan menos áreas verdes, debido a que son desarrollos urbanos recientes (ver figura 37). En el caso del subsistema Deporte, está integrado por cuatro grandes unidades deportivas (UABC, Juventud 2000, Injude y el campo Necaxa) y la Ciudad Deportiva (ver figura 38).

Respecto al subsistema Otro tipo de equipamiento, se encuentran las áreas verdes que circundan edificios públicos de gobierno, así como el entorno en centros educativos (escuelas de nivel preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y profesionales, tanto públicas como privadas) (ver figura 39).

El subsistema Vial, integrado por la vegetación en camellones, glorietas y banquetas, es el subsistema de tipo público más grande de su tipo (9.93%), representado tanto por aquellas vialidades de la ciudad que cuentan con pavimento, como también aquellas sin pavimento y a las orillas de caminos de terracería (ver figura 40).

El segundo subsistema en importancia de tipo privado es el Habitacional, que comprende 22.04% del total de áreas verdes y, como se observa en la figura 42, la mayor cantidad de polígonos verdes que representan la vegetación se encuentra hacia el interior de la mancha urbana y en mucho menor cantidad hacia la periferia de esta, donde se localizan la mayoría de los desarrollos habitacionales recientes.

El siguiente subsistema en importancia es el subsistema Agropecuario, que integra 18.79% del total de áreas verdes y está representado por el uso del suelo rústico. Estas áreas están consideradas también como áreas de reserva urbana de acuerdo con el IMIP (2005), por lo que en el mediano o largo plazo se integrarán al crecimiento urbano (ver figura 43).

Por último, existen cuatro subsistemas de tipo privado que representan alrededor de 8% del total de áreas verdes, integrados por el subsistema Mixto, con 2.78%, que comprende la vegetación en los usos mixtos, corredores urbanos y espacios para la infraestructura (ver figura 44); el Industrial con 1.77% (ver figura 45); el Turístico con 1.74% (ver figura 46) y el Comercial con 1.57% (ver figura 47).

Respecto a las áreas verdes potenciales, como los sitios establecidos por ordenamientos jurídicos, se encuentran los definidos en los Programas de Desarrollo de Centro de Población de Mexicali (PDUCPM) para los periodos 2010 (XV Ayuntamiento de Mexicali, 1998), todavía vigente, y el PDUCPM 2025 elaborado por el IMIP (2005) que está en proceso de aprobación, donde ambos coinciden en determinar dos grandes sitios como áreas de conservación que comprenden una superficie de 86.41 ha (que corresponden a la clasificación del subsistema Áreas naturales): el cauce del río Nuevo del bulevar Terán hacia el sur hasta el límite de la mancha urbana, que integra las lagunas México, Campestre y Xochimilco y un predio al oriente de la ciudad en la Colonia Calles para la creación del Bosque Renacimiento (ver figura 48).

Respecto a los sitios no aptos para el desarrollo urbano por sus condiciones físicas, como las laderas con fuerte pendiente o áreas de inundación —debido a que la topografía es prácticamente plana en Mexicali sin ninguna formación orográfica y la ausencia de corrientes hidrológicas superficiales, con excepción de la depresión del Río Nuevo—, básicamente el único sitio que puede considerarse con estas condiciones es la sección todavía en estado seminatural del río Nuevo, que ha sido considerada área de conservación, como se menciona líneas arriba.

En resumen, el inventario total de áreas verdes urbanas potenciales y existentes arrojó la cantidad de 15 193.31 ha, distribuidas de la siguiente manera (ver cuadro 25):

a) Respecto a las áreas verdes potenciales dentro de la mancha urbana existen 86.41 ha, correspondientes al subsistema Nnatural, integradas por el cauce del Río Nuevo y el predio de la colonia Calles, designadas como áreas de conservación en el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali, B.C. (XV Ayuntamiento de Mexicali, 1998).

b) Respecto a las áreas verdes potenciales fuera de la mancha urbana y dentro del límite de centro de población de Mexicali, se encuentran 12 160 ha que corresponden a las tierras agrícolas clase 1 y 139.40 ha que corresponden al cauce del Río Nuevo, lo que da un total de 12 299 ha.

c) Respecto a las áreas verdes existentes dentro de la mancha urbana se identificaron 2 807.90 ha correspondientes a 11 de los 12 subsistemas (se excluyó el subsistema Natural porque están consideradas en las áreas verdes potenciales) en que fueron clasificadas los distintos tipos de cobertura vegetal.

Inventario de las necesidades sociales de la población

Las necesidades sociales de la población en cuanto a este tipo de espacios son los elementos considerados dentro de los subsistemas Equipamiento urbano, Recreación y Deporte, estimados con base en los criterios de dotación de la Sedesol (2001). Para cada uno de estos elementos se determinó la superficie total requerida por módulo, la población atendida por módulo y la superficie de áreas verdes requerida, considerando una población de 680 774 habitantes a 2005, de acuerdo con proyecciones del IMIP (2005) (ver cuadro 26).

Las necesidades sociales en cuanto a espacios recreativos son 263.05 ha, y de estas la demanda de superficie de áreas verdes es de 149.91 ha. Respecto a los espacios deportivos, la demanda total se estima en 60.62 ha y de áreas verdes 7.69 ha, resultando un demanda total de áreas verdes de 157.60 ha.

COMPONENTE TECNOLÓGICO

La identificación de las áreas verdes urbanas de Mexicali se realizó utilizando imágenes de satélite quickbird multiespectrales con una resolución de 2.6 m del año 2003, correspondientes a dos secciones que cubren la parte oeste y este del centro de población.

Para la conversión de las imágenes de Geotif a IDRISI, se utilizó el programa de computación ERDAS imagine, Versión 8.3, Smith (1997); para el procesamiento de las imágenes, el paquete IDRISI, Versión 32 (Eastman, 1999) y para la construcción del Sistema de Información Geográfica se utilizó el programa MapInfo Professional, Versión 7.8, 2004.

Respecto a los aspectos técnicos sobre forestación urbana, en la Guía de Forestación elaborada por el XVII Ayuntamiento de Mexicali (2003) se encuentra información básica para el cuidado y mantenimiento de 65 especies vegetales.

COMPONENTE AMBIENTAL

Los tres aspectos ambientales básicos que se revisaron fueron el agua (como uno de los factores críticos en zonas áridas), la contaminación y las especies vegetales más utilizadas. Respecto al primero se establecen los consumos anuales por tipo de usuario, en particular para el riego de áreas verdes; respecto al segundo aspecto se estiman las emisiones de bióxido de carbono (CO_2) a partir del consumo de combustibles del parque vehicular y respecto al tercero las especies vegetales más utilizadas en espacios recreativos.

En el componente agua, el consumo anual dentro de la mancha urbana fue de 81 777 775 m^3, con base en la facturación para el año 2003, representando el mayor consumo el uso doméstico 56 465 149 m^3 (69%), después el consumo de gobiernos, 7 294 913 m^3 (8.9%) —incluye las actividades de equipamiento urbano (escuelas, oficinas de gobierno, descentralizadas y riego de jardines)—, el sector comercial con un consumo de 7 070 376 m^3 (8.6%) y el sector industrial un consumo de 6 474 728 m^3 (7.9%). En el caso de las áreas verdes y de acuerdo con las tomas registradas para su riego, se tuvo un consumo anual de 341 886 m^3, que representa 5% del consumo de gobiernos y 0.42% del consumo urbano total anual (CESPM, 2004).

En el cuadro 27 se presenta una relación del consumo anual de agua por uso y la clasificación de áreas verdes urbanas por subsistema, con la aclaración de que dichos consumos no representan exclusivamente los gastos para riego de áreas verdes (con excepción del subsistema agropecuario y las áreas verdes a cargo del municipio), sino que incluye los gastos de todas las actividades propias de dicho uso; por ejemplo, en el uso habitacional comprende el baño, lavado, riego, agua para beber, etc.; sin embargo, se da una idea del consumo de agua por subsistema y de la vegetación asociada a cada uno.

Con respecto al componente de la contaminación, se estimó el volumen de emisiones de CO_2 producido por el consumo de combustibles, tanto de gasolina por vehículos automotores como de diesel por camiones, con el objeto de estimar las necesidades ambientales de áreas verdes necesarias para remover el CO_2 producido, considerando que por cada litro de gasolina se emiten 2.27 kg de CO_2 y por cada litro de diesel se emiten 2.81 kg de CO_2 a la atmósfera, de acuerdo con los cálculos realizados por el Departamento Forestal Estadounidense, citado por McPherson y Simpson (1999) (ver cuadro 28).[11]

Respecto a las especies vegetales más comunes en áreas verdes urbanas, se realizó un muestreo en 18 parques y jardines infantiles (12.4%) de un total de 145 (IMIP, 2005), encontrándose poca variedad de especies vegetales, integradas por árboles, arbustos, cubrepisos y palmas, siendo las más utilizadas las siguientes:

Árboles:

Yucateco (Ficus microcarpa)

Eucalipto (Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus microtheca)

Casuarina (Casuarina equisetifolia)

Fresno (Fraxinus velutina)

Mesquite (Prosopis chilensis)

Algarrobo (Pithecellobium flexicaule)

Arbustos:

Rosa laurel (Nerium oleander)

Carisa (Carissa grandiflora)

Cubrepisos:

Pasto bermuda (Cynodon dactylon)

Palmas:

Palma abanico (Washingtonia robusta y Washingtonia filifera)

De estas especies, sólo el mesquite es una especie nativa del desierto de San Felipe (Coyle y Roberts, 1975), el resto son plantas inducidas, situación que demanda mayor mantenimiento, particularmente de agua, además de que son más vulnerables a las condiciones extremas de temperatura, como sucede con el yucateco, que sufre daños cuando el verano es prolongado con temperaturas arriba de los 48ºC o de menos de 2ºC, por lo que deberá promoverse el uso de plantas nativas o más resistentes a las condiciones climáticas.

COMPONENTE FINANCIERO-ECONÓMICO

El presupuesto para áreas verdes públicas es el que destina básicamente el Ayuntamiento para el mantenimiento de parques, jardines y monumentos. En el año 2004 se destinó un presupuesto de $2 210 000 (POE, 2003) para dar mantenimiento a 877 674 m² de áreas verdes, integradas por jardines públicos, isletas, triángulos, glorietas, bulevares, camellones y parques, lo que da una proporción de $2.52 por m² de área verde anual (ver cuadro 29).

Adicionalmente a este presupuesto, el Ayuntamiento de Mexicali, a través de la Dirección de Ecología, desarrolló programas entre los empresarios para mantener las áreas verdes, como es el caso de “Adopta una glorieta”, ofreciendo incentivos por medio de impuestos deducibles (Vásquez, 2006).

COMPONENTE JURÍDICO-NORMATIVO

El marco normativo que concierne a la planificación de áreas verdes urbanas en Mexicali está constituido por diversos ordenamientos jurídicos, que se han agrupado temáticamente en tres grupos: urbanísticos, ambientales y de forestación, y tres niveles: municipal, estatal y federal.

Respecto a los ordenamientos urbanísticos, se encuentran, en el nivel federal: la Ley General de Asentamientos Humanos (DOF, 1993) y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (DOF, 2003); en el nivel estatal: la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California (POE, 1994a), Ley de Edificaciones del Estado de Baja California (POE, 1994b), la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural del Estado de Baja California (POE, 1995) y el Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California (POE, 1971), y en el nivel municipal los principales ordenamientos son el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali 2025 (IMIP, 2005) y el Reglamento General de Acciones de Urbanización para el Municipio de Mexicali, Baja California (POE, 2001c).

Respecto a los ordenamientos ambientales, se encuentra, en el nivel federal, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (DOF, 1988); en el nivel estatal: la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California (POE, 2001b) y el Programa Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Baja California (Dirección de Ecología, 2003), y en el nivel municipal está el Reglamento de Protección al Ambiente del municipio de Mexicali, B.C. (POE, 1997).

Respecto a los ordenamientos particulares sobre áreas verdes está, en el nivel federal, el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (Sedesol, 2001) y en el nivel municipal se encuentran la Guía de Forestación para el Municipio de Mexicali (XVII Ayuntamiento de Mexicali, 2003) y el Reglamento de Áreas Verdes para el Municipio de Mexicali (POE, 2005a).

A pesar de existir diversos ordenamientos jurídicos, encontramos deficiencias en este marco normativo para una adecuada planificación de áreas verdes urbanas. De todos estos ordenamientos, sólo el Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California establece la obligatoriedad de dotación de áreas verdes, pero esta obligación es únicamente para los desarrollos habitacionales y presenta la limitación de que dicha dotación es un porcentaje (3%) en función de la superficie vendible, indistintamente del tipo de fraccionamiento y densidad poblacional, lo que produce que en algunos desarrollos con densidades altas, las áreas verdes sean insuficientes.

Por otra parte, el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali no integra en el diagnóstico un inventario completo y sistematizado de áreas verdes y en las estrategias remite a la elaboración de un plan sectorial de equipamiento, para el cual no refiere lineamientos metodológicos.

Por ultimo, el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de Sedesol (2001) establece sólo criterios sociales, mas no los ambientales para la dotación de equipamiento, Por otra parte, aunque el Reglamento de Áreas Verdes para el Municipio de Mexicali aporta disposiciones para aumentar la cobertura vegetal, como exigir la plantación de un árbol por cada seis cajones de estacionamiento público, sigue siendo una disposición limitada y aislada para subsanar el déficit de áreas verdes; además de que dicho reglamento se enfoca a aspectos técnicos de forestación, sin considerar condiciones tan importantes para la vegetación en regiones áridas como el riego y el reciclamiento de agua.

Por todo lo antes mencionado, se requiere adecuar el marco jurídico que promueva la dotación de áreas verdes en función del nivel socioeconómico y densidad poblacional para que considere los valores ambientales de las áreas verdes y no sólo las demandas sociales, además de promover el uso de agua reciclada para riego.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA

En Mexicali existe una diversidad de organizaciones que pueden participar en el proceso de planificación de áreas verdes urbanas y convertirse en promotores del mismo, entre las que se encuentran organismos empresariales, asociaciones civiles, asociaciones sociales, clubes de apoyo social, instituciones de educación superior, sindicatos, etc. (Sedeco, 2006; XIV Ayuntamiento de Mexicali, 1993).

Por otra parte, existen estructuras administrativas municipales, como los comités de planeación para el desarrollo municipal (Copladem) y los subcomités sectoriales (POE, 2001a) o el Consejo Consultivo Municipal de Planes de Desarrollo Urbano (XIV Ayuntamiento de Mexicali, 1993), que son foros de consulta y participación ciudadana para apoyar la definición de acciones, prioridades y estrategias de programas operativos de la administración municipal, así como también existen reglamentos que promueven la participación ciudadana (POE, 2002).

Sin embargo, a pesar de existir varias organizaciones y estructuras administrativas que proveen de medios para la participación de la comunidad, la pregunta que surge es ¿por qué no hay una participación ciudadana efectiva en la planificación de áreas verdes urbanas si la comunidad mexicalense ha demostrado interés por el tema de áreas verdes?[12]

En primer lugar, habría que mencionar que no existe un proceso de planificación de áreas verdes urbanas para Mexicali y, como se ha mencionado, una planificación exitosa requiere del apoyo social y político. Sin embargo, ha faltado el liderazgo de las autoridades municipales al gestionar un plan de áreas verdes e instrumentar mecanismos de difusión, promoción y participación de la ciudadanía.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LAS ÁREAS VERDES URBANAS

El análisis y el diagnóstico de las áreas verdes urbanas como componentes físicos urbanos se realizaron considerando los m^2 del área verde por habitante por subsistema y la cobertura geográfica de los subsistemas de recreación y deporte; además, se contrastó la oferta y la demanda social y ambiental de este tipo de espacios para determinar el déficit o superávit y, por último, se estableció una relación del porcentaje de áreas verdes por colonia con el crecimiento histórico de la ciudad y con niveles de ingreso de la Población Económicamente Activa (PEA) por colonia.

De acuerdo con los 12 subsistemas en los que se clasificaron las áreas verdes urbanas dentro de la mancha urbana, se consideró que los subsistemas Predios baldíos y el Agropecuario no deben contabilizarse como áreas verdes, pues están designados como reserva urbana y serán incorporados al desarrollo urbano de la ciudad en el mediano o largo plazo; por lo tanto, las áreas verdes urbanas existentes suman 1 480.68 ha, es decir, 7.1% respecto a la superficie de la mancha urbana.

De los cinco subsistemas que integran las áreas verdes públicas, los que atienden la demanda social de espacios de recreación son los subsistemas Recreación y Deporte (salvo algunos elementos del subsistema Otro tipo de equipamiento, como las áreas verdes entorno a edificios educativos de la UABC, rectoría y CETYS). Estos dos subsistemas en conjunto aportan únicamente 2.61% del total de áreas verdes y representan una dotación de 1.1 m^2 de área verde por habitante (ver cuadro 30).

Al analizar la oferta y demanda social de este tipo de espacios se observa que la dotación es apenas de 1.1 m^2/hab, mientras que la demanda es de 2.32 m^2/hab (de acuerdo con los criterios de Sedesol, 2001b) con un déficit de más de 50%, lo que significa un faltante de 1.22 m^2 de área verde por cada habitante. Al analizar por separado los subsistemas, se determinó que el subsistema Recreación presenta las mayores carencias de espacios, al presentar un déficit de 105.45 ha de áreas verdes, mientras que el subsistema Deporte presenta un superávit de 23.24 ha (ver cuadro 31).

En cuanto a la distribución geográfica de los elementos del subsistema Recreación, con radios de acción en el nivel de barrio, de acuerdo con los criterios de Sedesol (2001b), se observa que las periferias de la mancha urbana no tienen cobertura, debido principalmente a que son desarrollos habitacionales recientes (ver figura 49).[13] Las evaluaciones realizadas han sido cuantitativas y requirieron, en una etapa posterior, de una evaluación cualitativa de dichas áreas para determinar su estado actual y, en su caso, el tipo de acciones de conservación o mejoramiento.

En el nivel ciudad, el porcentaje total de áreas verdes respecto a la mancha urbana es de 7.1%, lo cual es bajo si se compara con el estudio de Nowak et al., (1996) sobre coberturas vegetales en 58 ciudades estadounidenses, el cual establece que aquellos centros urbanos localizados en zonas desérticas tienen en promedio 10% de áreas verdes, las cercanas a pastizales y climas templados 19% y las cercanas a zonas boscosas y climas fríos un promedio de 31% de áreas verdes.

Si se analiza la distribución de la cobertura vegetal por colonias, se observa una heterogeneidad en Mexicali, donde se pueden establecer siete intervalos: de 0 a 5% están 150 colonias; de 5 a 10% se encuentran 115 colonias; de 10 a 15%, 83 colonias; de 15 a 20%, 22 colonias; de 20 a 30%, 12 colonias; de 30 a 40%, tres colonias y más de 40% sólo dos colonias. Así pues, de las 387 colonias,[14] cerca de dos terceras partes (68.45%) tienen una superficie de área verde menor a 10% (ver figura 50).

Si se analiza la distribución de intervalos de áreas verdes por colonia respecto al crecimiento histórico de la ciudad (ver figura 51), la cual ha tenido un desarrollo semiconcéntrico a partir de la garita, se observa que las colonias con el menor porcentaje de áreas verdes (0 a 5%) se localizan en la periferia de la mancha urbana, donde se encuentran los desarrollos habitacionales más recientes y, aunque en la zona céntrica de la ciudad se encuentran las colonias más antiguas, existen colonias con rangos de 5 a 10% de área verde, debido a que su uso es comercial o mixto.

También se analizó por colonia los niveles de ingreso de la PEA, para lo cual se establecieron tres rangos: menos de 2 veces el salario mínimo mensual (SMM), de 2 a 5 veces el SMM y más de 5 veces SMM.[15]

El rango de ingresos más significativo fue de 2 a 5 veces el salario mínimo, donde 44% del total de las colonias (110 colonias) tiene más de 50% de su PEA con ingresos en dicho rango y las colonias se localizan principalmente en las zonas periféricas de la mancha urbana. El 31% de las colonias (87) tiene entre 40 y 50% de su PEA y están localizadas principalmente en las zonas centro y oeste de la ciudad (ver figura 52).

El segundo rango de ingresos representativo es el de 5 salarios mínimos mensuales y más, donde 12% del total de colonias (35 colonias) tiene más de 50% de su PEA con ingresos en dicho rango y estas coinciden con las colonias residenciales, como las colonias Nueva, Villa Fontana, San Pedro Residencial, Jardines del Valle, Campestre y Cataviñá, entre otras. El 11% del total de colonias (32) tiene entre 40 y 50% de su PEA que percibe dicho rango (ver figura 53).

Por último, el rango de ingresos menos significativo por colonia es el de menos de 2 veces el salario mínimo mensual, en el que solamente una colonia tiene más de 50% de su PEA con ingresos menores a 2 veces el salario mínimo mensual y 42% de colonias (116 colonias) tiene entre 10 y 20% de la PEA con ingresos menores de 2 veces el salario mínimo mensual (ver figura 54).

En suma, respecto a la distribución de los porcentajes de áreas verdes por colonia y su relación con el crecimiento histórico de la ciudad, usos del suelo y niveles de ingreso, se observa que existe una correlación entre los porcentajes más bajos de áreas verdes por colonia (0 a 5 %) y los desarrollos habitacionales de reciente creación que están localizados en la zona periférica de la ciudad y que son, en su mayoría, de interés social, donde predominan los ingresos entre 2 y 5 veces el salario mínimo mensual. Por otra parte, en las colonias con los niveles de ingreso más altos (5 o más veces el salario mínimo mensual) es donde se encuentran también los porcentajes más altos de áreas verdes (de más de 20% de área verde por colonia). Esta situación se puede explicar, en parte, porque en las colonias de interés social los predios son de 120 m^2, con espacios reducidos para jardines y un nivel de ingreso predominante entre los 2 y 5 SMM, mientras que las colonias con mayor porcentaje de áreas verdes corresponden a fraccionamientos residenciales con predios mínimos de 300 o 400 m^2 y con una mayor acceso al agua y capacidad económica para el mantenimiento de jardines.

Respecto al recurso agua como componente ambiental en la planificación de áreas verdes urbanas, la ciudad de Mexicali presenta una situación privilegiada, pues aunque se ubica dentro de una zona árida donde el agua es un recurso escaso, su cercanía a la fuente de aprovisionamiento del Río Colorado le permite disponer de agua suficiente y a bajo costo, en comparación con las ciudades de la zona costa como Tijuana, Tecate y Ensenada. Para el caso de las tarifas residenciales en Mexicali, el costo del agua es una cuarta parte de lo que cuesta en Tijuana; por ejemplo, un consumo mensual de agua en Mexicali de 45 o 50 m^3 representaron en 2004 un costo de $143 y $170, respectivamente (POE, 2003), mientras que en Tijuana los mismos consumos representaron $605 y $717, respectivamente (CESPT, 2006). Esta situación explica parcialmente el porcentaje alto de áreas verdes habitacionales, además de que la tarifa por m^3 de agua para uso doméstico es casi una tercera parte más barata que las tarifas para uso industrial y comercial y no se aplica IVA.

Respecto a la oferta y la demanda social y ambiental de áreas verdes, la oferta de áreas verdes es insuficiente, tanto para cubrir las necesidades de espacios recreativos y deportivos como para remover el CO_2 producido por el parque vehicular, y en ambos casos se requiere complementar con las áreas verdes potenciales.

Desde la perspectiva de su función social, el diagnóstico de la oferta de áreas verdes (75.40 ha) tiene un déficit de un poco más de 50% respecto a la demanda (157.61 ha), el cual se elimina si se integran y desarrollan las 86.41 ha de áreas verdes potenciales, que cubren la necesidad de dotación de 2.32 m^2 de área verde por habitante.

En relación al diagnóstico desde la perspectiva ambiental, la oferta de áreas verdes existentes (1480.68 ha) es insuficiente, ya que apenas representa 10.5% respecto a la demanda necesaria de 12 017.13 ha de área verde para remover el CO_2 producido por la combustión de combustibles del parque vehicular, pero si se suman las áreas verdes potenciales (12 160 ha) correspondientes a las tierras agrícolas, apenas se cubrirían las necesidades ambientales, de ahí la importancia de establecer estrategias para conservar las áreas potenciales, sin olvidar que la disminución de emisiones de CO_2 requiere de estrategias integrales que involucren al sector del transporte, industrial y de generación de energía eléctrica.

Respecto a la normatividad jurídica, si bien en los temas urbano y ambiental en el nivel estatal desde mediados de la década de los noventa existen leyes que promueven la regulación y el adecuado desarrollo urbano, así como la conservación y mejoramiento de la calidad ambiental de los asentamientos humanos, existen ordenamientos que, a la luz de las nuevas condiciones del desarrollo sustentable establecidas en diversos programas, deben revisarse y actualizarse, como el Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California, único instrumento jurídico que obliga a la dotación de áreas verdes, pero lo determina en función de la superficie lotificable y no en función de la densidad poblacional, lo que produce espacios insuficientes para la recreación y el deporte en zonas densamente pobladas.

Asimismo, aunque en el nivel municipal existe un reglamento y una guía específica sobre áreas verdes, es indispensable también su revisión para incluir aspectos de uso eficiente de agua y reciclamiento del agua para riego, dada las condiciones de aridez en que se ubica Mexicali.

Respecto a los instrumentos técnico-jurídicos, los programas de desarrollo urbano de centros de población (PDUCP) requieren el fortalecimiento de sus disposiciones a través de la figura legal de las declaratorias, como lo establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California (POE, 1994a), dado que las áreas de conservación establecidas en los PDUCP de Mexicali para los periodos 2010 (xv Ayuntamiento de Mexicali, 1998), todavía vigentes, y el PDUCPM 2025 elaborado por el IMIP (2005) fueron disposiciones no respetadas por el propio gobierno estatal, como lo demuestra la polémica suscitada entre octubre y diciembre de 2004 (ver nota al pie 11, p. 266).

Por último, respecto a la participación pública, en Mexicali existen diversas organizaciones civiles, sociales, empresariales, de apoyo social, así como instituciones públicas y privadas que representan un potencial en la instrumentación del proceso de planificación y que deberán ser integradas desde el inicio del proceso, mismo que requiere del liderazgo de las autoridades municipales para coordinar y aglutinar los esfuerzos e intereses de la ciudadanía entorno a un proyecto común para preservar y acrecentar los espacios verdes.

CONSIDERACIONES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

A partir del diagnóstico realizado, se deberán elaborar programas y formular instrumentos en tres grandes ejes: para la creación, la conservación y el mejoramiento o rehabilitación de las áreas verdes, considerando diferentes escalas urbanas, e integrarlos en un plan de gran visión con metas a largo, mediano y corto plazo.

Mediante este plan de gran visión se deberá conformar un sistema de áreas verdes que integre los elementos identificados y propuestos en los diversos subsistemas y escalas espaciales de planeación, como el límite de centro de población y mancha urbana. Este sistema puede estructurarse utilizando criterios de dotación jerárquica de equipamiento urbano de la Sedesol, en el caso de las áreas verdes públicas, como los subsistemas Recreación y Deporte, y conectarlo con los elementos de otros subsistemas mediante corredores verdes que aprovechen el subsistema Vial para articular las áreas verdes dentro de la mancha urbana y los elementos naturales fuera de esta.

Este plan de gran visión deberá ser oficializado como un programa sectorial, de acuerdo con la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California (POE, 1994a), en el que se establezcan prioridades y estrategias, se definan los instrumentos normativos o su adecuación que provean la base legal para la operación del plan, se determinen los mecanismos financieros que generen los recursos necesarios para la instrumentación de las acciones, así como los medios para la colaboración de la comunidad.

Las escalas y plazos del plan deberán ser en tres niveles: 1) en el largo plazo y en el nivel del centro de población se definirán los programas y metas para reservar aquellos espacios verdes con valor ecológico, paisajístico, productivo, histórico o recreacional por medio de políticas y acciones institucionales dentro del proceso de la planificación urbana; 2) en el mediano plazo y en el nivel de la mancha urbana, el plan deberá contener los programas de acciones y metas para conformar el sistema de áreas verdes dentro la estructura urbana de la ciudad, y 3) el plan deberá establecer los programas a corto plazo que establezcan las acciones inmediatas en zonas o sitios específicos.

Las políticas y programas se establecerán en tres grandes direcciones:

a) Las que van dirigidas a la creación e incremento de nuevas áreas verdes.

b) Las que van dirigidas a la conservación y protección de áreas existentes.

c) Las que van dirigidas al mejoramiento o la rehabilitación de áreas abandonadas o deterioradas que requieren acciones para su recuperación, para lo cual deberán determinarse los instrumentos normativos, financieros, técnicos y de participación pública para su realización, planteados de manera integral, como se esquematizó en el cuadro 19 (p. 193).

CREACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS

Para la creación de nuevas áreas urbanas y en referencia a los instrumentos jurídicos, deberán aplicarse, con base en la normatividad actual, las declaratorias de destino para reservar aquellos predios designados con uso de conservación, antes de que la presión del crecimiento urbano los incorpore con otro uso. Asimismo, deberá actualizarse la normatividad urbana para el desarrollo habitacional con nuevos criterios para la dotación de áreas verdes, incorporando consideraciones de densidad poblacional y no exclusivamente de superficie vendible. También deberá promoverse que en las nuevas áreas verdes públicas el riego sea con agua reutilizada.

Con relación a los instrumentos financieros, los diversos mecanismos propuestos, como el sistema de transferencia o compra de derechos de desarrollo urbano, la aportación de áreas de donación, etc., requieren de una adecuación en los programas de desarrollo urbano, ya que los sistemas de transferencia funcionan con la lógica del mercado, la regulación del gobierno y la aceptación de la sociedad, lo cual también requerirá de adecuaciones en el marco normativo.

Respecto a los instrumentos técnicos, es indispensable que, una vez realizadas las declaratorias de destino de los predios de conservación o designadas las nuevas áreas verdes de fraccionamientos, se elaboren sus planes de manejo o proyecto de diseño urbano, respectivamente. Asimismo, para dar seguimiento al inventario y creación de nuevas áreas se podrán construir indicadores de áreas verdes urbanas.

Con respecto a la participación pública, la colaboración de los comités de vecinos, en el caso de áreas verdes sin desarrollar en los fraccionamientos habitacionales, puede ser muy efectiva a través de la coordinación de la autoridad municipal, por lo que deberá darse difusión al proyecto entre la comunidad desde el inicio y promover su participación en el cuidado y mantenimiento de dichas áreas, promoviendo una cultura ambiental y de protección de las áreas verdes urbanas.

CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS

La conservación de áreas verdes urbanas existentes en buen estado requiere, desde el punto de vista normativo, la observancia y aplicación del Reglamento de áreas verdes, tanto en los espacios públicos como en los privados y, en los casos que se deba remover la vegetación, derribo o poda de cualquier árbol, supervisar que sólo sea en circunstancias especiales y con la supervisión de la autoridad municipal.

Para conservar las áreas verdes naturales en el cauce del río Nuevo (las lagunas México y Xochimilco) y protegerlas de la presión del crecimiento habitacional, deberán realizarse planes parciales que controlen la densidad y usos del suelo circundantes a dichas áreas, con el propósito de minimizar el impacto del desarrollo urbano.

Con relación a los instrumentos financieros, deberá complementarse el presupuesto que otorga el municipio a la conservación de áreas verdes existentes a través de impuestos especiales y patrocinios.

En este rubro, las tierras agrícolas Clase 1 merecen especial atención, ya que son los pulmones de la ciudad, por ello deberán establecerse impuestos diferenciales para retardar el mayor tiempo posible su incorporación al desarrollo urbano, así como examinar, en coordinación con otras dependencias, el uso de fondos para el pago de servicios ambientales, como el Fondo Mexicano de Carbono (Fomecar), destinado a reducir la emisión de gases con efectos adversos a la atmósfera o el patrocinio de empresas para captura de carbono, como lo señalan Soto-Pinto et al., (2002) para el caso de Chiapas y Oaxaca

De la misma manera que se tiene previsto para la creación de áreas verdes, deben difundirse todas aquellas acciones tendientes a la conservación de áreas verdes urbanas con el fin de crear una cultura ambiental y establecer compromisos con las diversas organizaciones y asociaciones en la ciudad.

REHABILITACIÓN O MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES

A partir del diagnóstico cualitativo de las áreas verdes públicas se deberán establecer programas institucionales para rehabilitar áreas deterioradas o abandonadas a través de guías de forestación o acciones para el mejoramiento de la infraestructura y el mobiliario.

En relación con los mecanismos financieros, el municipio deberá gestionar mayores patrocinios con empresas y particulares, buscar fuentes de financiamiento alternativas, como el Fondo Mexicano del Carbono (Fomecar), así como ampliar el presupuesto gubernamental para el mejoramiento de áreas verdes.

La rehabilitación o mejoramiento de sitios específicos requiere de proyectos de diseño paisajístico y asesoría técnica que puede ser brindada por personal del municipio o por medio de instituciones educativas y prestadores de servicio social.

[8] Existe otro límite de centro de población propuesto en la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali 2025, elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana del XVIII Ayuntamiento de Mexicali, pero hasta noviembre de 2006 no había sido aprobado por la Comisión de Planes de Desarrollo Urbano.

[9] La Comisión Nacional del Agua, a través de la Subgerencia Regional de Infraestructura Hidroagrícola en B.C., elaboró en diciembre de 2004 un estudio que comprende 250 000 ha del valle de Mexicali, en el que clasifica en seis clases las tierras agrícolas, de acuerdo con su salinidad, a una profundidad de 0 a 30 cm, con base en los criterios de CNA y FAO.

[10] Esta información forma parte de la estadística agrícola del valle de Mexicali 2001-2005 proporcionada por el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural La Hechicera, de la Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado de Baja California. Se seleccionó el año 2005 por representar los valores comerciales más recientes.

[11] Los datos del parque vehicular y consumo de combustibles son de 1997, por lo que se incrementaron en 30%, a razón de un incremento aproximado entre 3 y 4% anual.

[12] Entre octubre y diciembre de 2004 se suscitó una polémica —que se documentó en el periódico La Crónica— entre el gobierno del estado y diferentes organizaciones sociales, gremiales y empresariales, debido a la intención del gobierno de vender un predio de 50 hectáreas para la construcción de vivienda, que estaba destinado en el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mexicali 2010 para la creación de un nuevo bosque urbano al oriente de la ciudad.

[13] El subsistema Deporte no se analizó de igual manera porque los elementos identificados tienen un radio de acción en el nivel ciudad.

[14] La información sobre colonias fue proporcionada por el XVIII Ayuntamiento de Mexicali en 2005.

[15] La información de ingresos se obtuvo del SCINCE por colonias, Baja California INEGI (2000c) y los porcentajes se obtuvieron a partir de dividir la PEA de la colonia en los rangos de ingreso seleccionados entre la PEA total de la colonia y multiplicados por 100.

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

ÁREAS VERDES, TEORÍAS Y MODELOS EN LA CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD

Una de las premisas de este estudio fue considerar que las áreas verdes poseen diferentes valores sociales, ambientales y económicos, lo que favorece su desempeño como elementos importantes en la configuración de las ciudades, por ello se analizó cómo han sido referenciadas las áreas verdes en las teorías y modelos urbanos.

De esta manera, se revisaron diversas teorías y modelos sobre configuración urbana y se encontró que las formulaciones al respecto pueden agruparse en dos tipos: el primer grupo corresponde a las teorías analíticas que tratan de explicar el crecimiento urbano y los patrones de localización de las actividades de la población (representadas por usos del suelo) en la estructura urbana, mientras que el segundo corresponde a las formulaciones de tipo propositivo para la conformación de la ciudad.

Las conclusiones al respecto son que las áreas verdes urbanas no figuran en las teorías o modelos analíticos que explican la estructura urbana de las ciudades y, por lo tanto, no son modelables —aunque esto no implica que no sean importantes en los modelos propositivos—, lo cual se debe a diferentes causas:

1. La fragmentación de las áreas verdes en la ciudad, que al no formar áreas homogéneas o agregadas como los usos habitacionales, industriales o comerciales, no se convierten en usos dominantes en el nivel urbano, por lo tanto no son significativas; sólo en el caso de los grandes parques metropolitanos, o cuando son unidades morfogenéticas naturales que dan origen a formas importantes en el plano de la ciudad, como los lechos de ríos.

2. En el nivel de barrio o colonia, las áreas verdes son un típico componente agregado, que surge al amparo de otros usos, como el habitacional; en el nivel de distrito se identifican sólo cuando se presentan en conjunto, como una concentración de servicios de equipamiento, y en el nivel urbano los grandes parques metropolitanos suelen estar determinados por un antecedente histórico o por un rasgo físico natural sobresaliente.

3. Generalmente, los elementos construidos o artificiales (vivienda, industria, comercio) son componentes constantes en la estructura urbana, mientras que los elementos naturales, como ríos y cañadas que pueden representar áreas verdes naturales con una presencia fuerte y significativa en la estructura urbana, no son considerados en los modelos por ser fortuitos en la conformación de las ciudades.

4. Las áreas verdes concebidas como parques de barrio o urbanos son consideradas como equipamiento y su localización está más influida por políticas gubernamentales que por condiciones propias del mercado, que es la base de varias teorías y modelos examinados en los procesos de estructuración de la ciudad.

5. No obstante sus ventajas ambientales, e incluso económicas, estas han sido marginales debido a su baja rentabilidad económica.

6. Cuando se desarrollaron la mayoría de los modelos y teorías analizadas no era relevante la concepción ambiental en el desarrollo de las ciudades —como lo es actualmente—, o la percepción de su función estaba más relacionada con disciplinas de las ciencias naturales que con el urbanismo.

Sin embargo, si bien las áreas verdes en los modelos o teorías urbanas no han sido elementos determinantes en la explicación de los porqué del crecimiento de las ciudades o los patrones de localización de las actividades de la población, paradójicamente, al menos en los dos últimos siglos, las áreas verdes representadas por parques han sido elementos importantes en los modelos de planificación y diseño urbano de las ciudades, como lo demuestran las propuestas de parques públicos del inglés John Nash en 1810 y el estadounidense Andrew J. Dowining en 1848 (Laurie, 1983); de Ebenezer Howard en 1902 con la ciudad jardín (Osborn, 1974) o, en los últimos años, Schjetnan (1984), Corral y Becker (1989) y Ainstein (2001).

En este sentido, la localización de las áreas verdes como componentes del equipamiento urbano de la ciudad que proveen un servicio recreativo deben responder, como señala Kunz (1983), a la necesidad de proximidad de los usuarios que, a su vez es consecuencia de la frecuencia de uso, especialización y naturaleza del mismo, cuyas escalas o niveles de atención pueden ir desde el nivel vecinal (servicios de alta frecuencia de uso) y atienden a los habitantes de un barrio; nivel local (más especializados, se requieren con menos frecuencia y por lo mismo se está dispuesto a viajar más para obtenerlos); nivel regional (aquellos cuyos radios de influencia abarcan un sector o área extensa de la ciudad a la que se asiste ocasionalmente), y el nivel metropolitano (servicios altamente especializados, casi únicos en la ciudad, lo que puede suponer grandes desplazamientos para su obtención). Sin embargo, en la dosificación y localización de estas áreas verdes debe pensarse que, más que la suma de las partes de cada nivel, el beneficio se puede maximizar cuando se desarrollan como un sistema de componentes conectados, que interactúan, se interrelacionan y que son interdependientes.

TIPOLOGÍA DE ÁREAS VERDES URBANAS

Respecto al concepto de áreas verdes urbanas, tradicionalmente en el contexto nacional los instrumentos jurídicos normativos de carácter municipal, estatal o federa han asociado dichas áreas exclusivamente con su función social, al concebirlas como espacios dedicados a la recreación y el deporte, ignorando sus valores ambiental y económico; esto ha conducido a que en los estudios y programas de desarrollo urbano de centros de población de Mexicali se consideren exclusivamente las diversas categorías de parques, siendo que existen sitios con vegetación, como los cementerios, que también pueden tener un valor ambiental, o los huertos familiares y los viveros, que tienen un valor económico; por esta razón, la definición propuesta intenta ser amplia e incluyente de todo tipo de áreas con vegetación, independientemente de su carácter, origen o función, pues todas las plantas tienen al menos la aportación ambiental de remover el bióxido de carbono y no son excluyentes con las otras funciones sociales y económicas.

Por lo tanto, para establecer un concepto de área verde urbana en este estudio se consideraron dos criterios; por una parte, las tres funciones urbanas que pueden desempeñar (ambiental, social y económica) y, por la otra, el procedimiento para identificarlas.

La definición y tipología propuestas consideraron experiencias en el ámbito internacional y en el marco legislativo nacional, con adecuaciones para el contexto de Mexicali. En este sentido, la propuesta original se retroalimentó cuando se realizó la aplicación de Mexicali en el nivel de subsistema, dado que el subsistema Habitacional estaba considerado inicialmente como un elemento dentro del subsistema Otros de acceso privado para convertirse en un subsistema y, por otra parte, los elementos que se incluyeron se ajustaron a los existentes en la ciudad.

Es necesario resaltar que el inventario de áreas verdes, de acuerdo con la tipología y caracterización propuesta, es un aspecto de vital trascendencia en dicha planificación, ya que de esta información depende todo el proceso. En los últimos cuatro programas de desarrollo urbano de centros de población de Mexicali no existe certidumbre de los datos presentados, además de que nunca se explicitan los criterios para diagnosticar las áreas verdes. Por mencionar un ejemplo, en el PDUCPM 2025 se identifican como áreas verdes los jardines del edificio de Rectoría, que es un espacio público, pero no se identifican los del campus universitario, que también es un espacio público, y en cambio, aparece el campo de golf Campestre, que es un espacio privado.

SUSTENTABILIDAD Y ÁREAS VERDES

Con respecto a la sustentabilidad, hay que destacar dos situaciones: una concerniente a su concepción y otra referente a su operatividad. Respecto al concepto desarrollo sustentable, a partir de que surgen los principios fundamentales en 1987, se han realizado diversos foros de discusión donde este concepto ha sido ampliamente debatido, dando como resultado diversas definiciones, interpretaciones y formas de apropiación. En el discurso oficial, el concepto se ha manejado como un paradigma a seguir y hasta cierto punto el éxito de dicho concepto, presente en la literatura, se ha debido a su apropiación por parte de diversos grupos, tanto del sector público como del sector privado y los que representan a la sociedad civil, inclusive abusando retóricamente del concepto. Sin embargo, una de las preocupaciones centrales y comunes de varios autores u organismos en el contexto urbano ha sido cómo trascender del concepto a la operatividad concreta del mismo, considerando la compleja realidad de las ciudades.

En este sentido se han realizado diversos esfuerzos y acciones para la instrumentación del desarrollo sustentable en el nivel internacional (ONU, 1999) y nacional (INEGI, 2000), sin embargo, existen autores como Sánchez (2002) que mencionan que en la práctica, el concepto ha sido poco operativo, porque no ha llegado a identificarse con la realidad que pretende modificar; otros autores, como Ramírez (2005), lo califican como una utopía de la crisis postindustrial, sin embargo, señala que esto no significa que no se deba luchar por alcanzarlo, sino por el contrario, considerarlo como un reto para hacerlo realidad.

Con estas consideraciones, es importante enfatizar que las áreas verdes urbanas no crean por sí solas la sustentabilidad, pero sí contribuyen a satisfacer las demandas sociales de la población en términos de recreación y deporte, a mejorar la imagen urbana y a ser un medio educativo, así como también a crear ambientes urbanos más limpios, convertirse en sumideros para las emisiones de bióxido de carbono y reducir los consumos de energía eléctrica o agregar valor a las propiedades.

En este sentido, la propuesta de indicadores de sustentabilidad de áreas verdes es una forma de dar seguimiento a la contribución que pueden hacer las áreas verdes al desarrollo sustentable y, por lo tanto, la base en la metodología propuesta para diagnosticar y definir un criterio de dotación de áreas verdes urbanas para Mexicali, considerando en la dimensión social la cantidad de áreas verdes por habitante y densidad por tipología; desde la perspectiva ambiental, las emisiones de bióxido de carbono como un gas de efecto invernadero y la cantidad de CO_2 absorbido por la vegetación y, desde la perspectiva económica, el presupuesto asignado para áreas verdes y el consumo de combustible por habitante y tipo de vehículo.

Con relación al impacto que la vegetación puede tener en el ciclo del carbón y su contribución en la reducción del efecto invernadero y el cambio global climático, es necesario mencionar que existen posturas y opiniones controversiales. Por una parte, la mayoría de los autores examinados (Apps, 2003; Birdsey, 1992; Brandle et al., 1992; Nowak, 1994; McPherson y Johnson, 1998; Metz et al., 2005) y organizaciones internacionales como la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE, 2005), el Grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático (IPCC, 1996) y las Naciones Unidas (ONU, 1999) afirman que el aumento de los gases de efecto invernadero es producto de la actividad humana, lo que ha llevado al calentamiento global del planeta y en donde, entre otras medidas, la vegetación puede ser un sumidero eficiente para capturar el CO_2 y contribuir a aminorar dicho efecto.

Sin embargo, existen otros autores, como Hamilton (1991), Jaworowski (1997 y 2003), Stocker (1999) y Zeng (2003), quienes argumentan que los cambios climáticos reflejan un curso natural de eventos planetarios y que son reorganizaciones del sistema atmósfera-océano, cuya periodicidad va desde decenas de millones a unos pocos años y, por lo tanto, las oscilaciones en el clima, lentas o abruptas, son fluctuaciones normales del proceso dinámico de la tierra, pero que los humanos no estamos acostumbrados a dichos cambios, porque durante los pasados 5 mil años el clima ha sido estable y la reorganización climática abrupta más reciente ocurrió aproximadamente hace 8 200 años (Alley et al., 1997, citado por Stocker, ibid.).

Si asumimos que los cambios climáticos son producto de los procesos naturales del planeta, de cualquier manera se deben preservar los recursos naturales y no propiciar el aumento de los gases efecto invernadero, porque estos pueden acelerar dicho proceso y sus efectos serán negativos para las generaciones futuras. Además, las áreas verdes no sólo contribuyen al mejoramiento ambiental por capturar CO_2, sino que tienen múltiples funciones ambientales sociales y económicas, como mejorar el microclima urbano, ayudar a tener una calidad del aire mejor por su aportación de oxígeno y captura de partículas de polvo e, indirectamente, reducir los consumos de combustibles fósiles, con lo cual se contribuye al desarrollo sustentable.

Como refiere Sánchez (2002), el desarrollo sustentable no es un estado final, sino un proceso multidimensional y de mediación entre intereses y necesidades sociales, económicas y ambientales, en el que su operación trasciende el terreno técnico del manejo ambiental, debiendo afirmarse a través de la mediación política y participación social; es también un proceso multiespacial, porque los sistemas urbanos tienen diferentes escalas, no sólo al interior de la ciudad, sino también como interfase con procesos nacionales y globales por lo que, al conservar y mejorar el ambiente local, estaremos conservando y mejorando el ambiente global, y viceversa, y como un proceso actual y de largo plazo, porque no sólo busca un estado de mayor equidad en las generaciones actuales, sino también para las generaciones futuras.

En relación con el desarrollo sustentable y la planificación de áreas verdes urbanas, una de las condiciones primordiales para el éxito de su operatividad es que debe ser un proceso planificado y ejecutado por los propios sujetos del desarrollo, es decir que las políticas deben emanar del nivel local, donde la autoridad municipal tome el liderazgo y coordine, promueva y asegure la participación ciudadana como una condición indispensable en dicho proceso, entendida esta más allá de la consulta pública y más como la integración de la ciudadanía en la toma de decisiones y la implantación de acciones, que conlleve finalmente a una concientización de la población en la creación y conservación de las áreas verdes.

ENFOQUES, MÉTODOS Y PROCESOS EN LA PLANIFICACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS

Al revisar los antecedentes de los diversos procesos y métodos para la planificación de áreas verdes en el contexto internacional y nacional, se concluye que las políticas y acciones en el país son resultado de un proceso de decantación de las políticas internacionales, pero con décadas de atraso.

Así, por ejemplo, a partir del parteaguas del inicio de la política ambiental marcada en los setenta con la promulgación de la National Environmental Policy Act (NEPA) en 1969, en Estados Unidos, y la Declaración en 1972 del Día Mundial del Medio Ambiente, en Estocolmo, en la Conferencia Mundial de Naciones Unidas, transcurrieron prácticamente 18 años para que en México se creara una normatividad que proteja al ambiente, nos referimos a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 1988. Mientras que al paso de otros cuatro años más, en el nivel estatal se aprobó la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California y, finalmente en 1997 se creó el Reglamento de Protección al Ambiente para el Municipio de Mexicali, B.C.; en total 25 años para hacer operativa una política desde la escala global hasta la local.

En el contexto de la planificación de áreas verdes urbanas, existe una situación similar; desde 1986 el Consejo de Europa realizó recomendaciones para los Estados miembro sobre la regulación del tratamiento de los espacios verdes. En 1987 apareció, en el Reporte de la Comisión de Actividades al Aire Libre de los Estados Unidos, el concepto de “Greenway” o vías verdes; en ese mismo año, surgieron diferentes publicaciones que reexaminaron las condiciones sociales y ambientales de las ciudades, como David Nicholson en The greenning of the cities, donde se trata el manejo del espacio abierto urbano; sin embargo, en el caso de Mexicali sólo hasta el año 2005 se creó el Reglamento de Áreas Verdes para el Municipio de Mexicali.

Es importante reconocer que existen avances en materia normativa y de políticas relativas a la conservación del medio ambiente en el municipio de Mexicali, el estado de Baja California y en el nivel nacional, sin embargo, con relación a las áreas verdes existe un retraso con respecto a las iniciativas en otros países; basta citar algunos casos en el nivel latinoamericano, por ejemplo, en Venezuela, desde 1998, existen reglamentos (ordenanzas) de áreas verdes en el nivel municipal (Consejo Municipal de Baruta, 1998), en Colombia se han instrumentado observatorios urbanos en varias ciudades con indicadores de áreas verdes desde 2001 (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) y en Chile se han implantado planes verdes en el nivel urbano desde 2003 (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2003), mientras que en México no se han creado este tipo de iniciativas, por lo que es indispensable tomar la iniciativa en el nivel municipal e incorporar la planificación de áreas verdes como un elemento prioritario en el proceso de planificación urbana.

LA PLANIFICACIÓN DE ÁREAS VERDES EN ZONAS ÁRIDAS

Planificar las áreas verdes urbanas en regiones áridas enfrenta, por su condición ambiental, un reto adicional. Sin embargo, la situación de Mexicali es sui generis con respecto a otras ciudades en regiones áridas, ya que se encuentra rodeada de un gran valle agrícola y, dada su cercanía a la fuente principal de abastecimiento (el Río Colorado), el suministro en el nivel urbano es constante y el costo del agua es más barato que en el resto de las ciudades del estado.

Baja California, a pesar de ser un estado rodeado de agua, presenta escasez del líquido vital por la condición de aridez, y como la oferta no se puede incrementar —al menos en el corto plazo— y la demanda es creciente, ya existe un déficit que se ha cubierto con la sobreexplotación de acuíferos, el cual se estima que para el año 2035 podría sobrepasar los 300 Mm^3 anuales (CEA, 2003).

De acuerdo con este escenario, la pregunta obligada es ¿cómo se puede promover el aumento de la superficie de áreas verdes urbanas que requieren de agua para su función y mantenimiento sin detrimento de otros usos que también la requieren?

La solución no es simple y requiere de políticas integrales que competen a diversos sectores y niveles de gobierno, pero la clave está en la búsqueda de un equilibrio entre la oferta y la demanda para alcanzar un uso más sustentable del recurso, lo que requiere en el corto y mediano plazo de estrategias tendientes a disminuir dicha brecha a través de acciones de ahorro y uso más eficiente del agua que permitan el abasto de las diversas actividades.

Debido al peso proporcional que tiene el uso de agua para fines agrícolas (91%), el ahorro de agua en la agricultura es una de las estrategias más importantes que permitirían liberar volúmenes para aumentar, por una parte, la superficie de riego y, por la otra, abastecer la creciente demanda urbana. Estas estrategias comprenden acciones como la nivelación de tierras, mejoramiento de la infraestructura, uso de tecnologías ahorradoras de agua y el cambio a cultivos de bajo consumo, entre otros.

Por ejemplo, si hubiera un ahorro de 5% del agua utilizada para fines agrícolas, que sería del orden de los 2 944 Mm^3 anuales (CEA, 2003), podría haber un excedente de 147.2 Mm^3 anuales, que representa 60% de la demanda anual de todas las poblaciones urbanas del estado y cuyo volumen sobrepasaría la capacidad de almacenamiento que tienen las presas en el estado, que es de 127.4 Mm^3.

En el caso del uso del agua en el nivel urbano, las políticas deberán ajustarse a un marco normativo que incentive el ahorro y que grave el desperdicio, por lo que se deberá promover para el sector doméstico programas de concientización y ahorro para evitar el desperdicio y disminuir el consumo per cápita; para el sector industrial y comercial, promover la adaptación de técnicas con menores consumos de agua y aprovechamiento de las aguas residuales, tanto en sus procesos como en el mantenimiento de sus espacios verdes; el sector gubernamental podría iniciar programas de intercambio de agua potable por agua residual tratada para el riego de áreas verdes públicas, mejorar sus sistemas de riego, así como realizar acciones de eficientización en sus edificaciones. Por otra parte, deberá promoverse una mayor utilización de plantas propias de la región y bajo consumo de agua.

Respecto a las estructuras institucionales y operacionales, no obstante que desde 1992 el municipio incorporó en sus funciones administrativas las actividades de planificación urbana y en 2003 creó el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana (IMIP), lo cual representa un avance en la planeación urbana municipal, no se ha generado ninguna iniciativa particular para la planificación de áreas verdes urbanas.

Respecto a los instrumentos jurídicos y la participación ciudadana, en el nivel municipal, estatal y federal existen los fundamentos legales que definen las diversas formas de participación de la ciudadanía, ya sea de manera individual u organizada, sin embargo, ha faltado el liderazgo de las autoridades municipales para promover y coordinar los esfuerzos e interés de colaboración de la población a través de programas para la creación y conservación de las áreas verdes urbanas.

PROPUESTA METODOLÓGICA

Un problema en la planificación de áreas verdes urbanas en Mexicali es que tanto en la normatividad municipal, estatal y federal relativa a aspectos urbanos y ambientales, así como en las políticas incluidas en los programas de desarrollo urbano de centro de población y programas ambientales se establece, en relación con las áreas verdes, el “qué” pero no el “cómo” y, por otra parte, las acciones emprendidas por el municipio y la comunidad al respecto han sido parciales y aisladas, y no como parte de un proceso de planificación integral. Por ello, la propuesta metodológica de esta investigación busca integrar los diferentes agentes que aseguren una adecuada planificación a partir de los criterios, enfoques y procesos llevados a cabo en otros países para la planificación de áreas verdes urbanas, pero también considera y se adecua a las condiciones jurídicas normativas, tecnológicas, ambientales, financieras y de participación pública que presenta Mexicali, a efecto de darle viabilidad a la propuesta.

Es necesario mencionar que esta propuesta se inserta en el sistema de planificación urbana municipal y estatal, pero también marca las adecuaciones que deben realizarse para su instrumentación, partiendo de que el desarrollo sustentable requiere el rediseño de políticas, marco institucional y normativo, así como modificar actitudes y patrones de consumo.

Es importante destacar que en el caso del diagnóstico del componente ambiental, en relación a las emisiones de bióxido de carbono por el consumo de combustibles, así como la absorción del mismo por diversos tipos de vegetación, son diversos los criterios, estudios e índices al respecto, por lo que en este estudio se decidió aplicar los índices que oficialmente utilizan las dependencias estadounidenses de acuerdo con dos consideraciones: que finalmente son estimaciones y deben ser utilizados como un referente para la toma de decisiones, además de que se requieren estudios específicos acordes con las condiciones de nuestro país.

Sin embargo, la incorporación de este componente es una aportación en la metodología, porque los criterios de dotación de áreas verdes urbanas se han realizado al considerar su función social recreativa-deportiva, pero sin establecer sus servicios ambientales como elementos que ayudan a fijar el CO_2, purificar la atmósfera y coadyuvar a reducir el efecto invernadero.

Si bien los datos de este diagnóstico no son exactos, pueden servir como criterio para conservar áreas naturales, áreas productivas o establecer criterios para definir la extensión y características del límite de centro de población, pero se debe insistir en que las áreas verdes por sí solas no resolverán los problemas de carácter ambiental si no van acompañadas de políticas integrales que prevean acciones para la reducción de las emisiones de contaminantes.

APLICACIÓN EN MEXICALI

El desarrollo de la aplicación de la metodología propuesta para la ciudad de Mexicali estuvo sujeta por el nivel de especificidad y actualización de la información proporcionada por las diferentes dependencias o instituciones.

En este sentido, para el inventario de las áreas verdes fue una fortuna contar con imágenes de satélite multiespectrales con resolución de 2.6 m, ya que esto permitió identificar con gran precisión en viviendas, vialidades, camellones, etc., superficies mínimas de vegetación hasta de 6 m^2 (equivalente a una copa de un árbol chico), llegando a identificar dentro de la mancha urbana cerca de 200 mil polígonos. Otra ventaja fue que con el índice de vegetación NDVI, que registra la actividad fotosintética de las plantas, se ubicaron de manera precisa las superficies con vegetación y no como aparecen en los programas de desarrollo urbano, que son los predios designados como parques o jardines públicos, pero que en la realidad pueden estar desprovistos de vegetación, lo que conlleva a una sobrevaloración de dicha superficie. Pero, ¿cómo caracterizar esa enorme cantidad de polígonos? Ese fue el problema mayor: la caracterización de las áreas verdes. Este proceso nos obligó a la instrucción en el manejo de sistemas de información geográficos como el IDRISI y MapInfo, así como a desarrollar un procedimiento propio para identificar y caracterizar las áreas verdes mediante imágenes de satélite.

Para caracterizar las áreas verdes identificadas, se siguieron diversos procedimientos que al principio fueron de “ensayo-error”, dado que no se encontró bibliografía específica al respecto. Primero se trató de asociar con el paquete MapInfo las bases de datos que proporcionó por una parte el municipio sobre isletas, camellones, parques y jardines públicos y, por otra, el inventario de equipamiento educativo proporcionado por el gobierno del estado, lo cual fue un trabajo laborioso porque se debía identificar cada uno de los elementos, pero además sólo representaba la caracterización parcial de cuatro de los 11 subsistemas propuestos para tipificar las diferentes áreas verdes.

Posteriormente, utilizando las herramientas de MapInfo se realizaron mapas temáticos construidos a partir de intervalos de superficies de los diferentes polígonos, con los cuales se podían inferir algunos de los tipos de subsistemas por el gran tamaño de los predios, como el agropecuario y el de predios baldíos, pero sin una certeza, lo que obligaba a su verificación predio por predio en campo o con la imagen de satélite.

Por último, se recurrió al plano de diagnóstico de suelo urbano de Mexicali, elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana (2005) que contenía diez tipos de uso del suelo y que se trabajó con el paquete de Autocad por capas que se sobrepusieron a los polígonos de áreas verdes, obteniendo de esta manera las áreas verdes para cada uso del suelo y ajustándolos a la tipología propuesta de áreas verdes por subsistema.

Otro de los problemas que enfrentó el estudio fue la diferencia de fechas de la información. La imagen de satélite era del año 2003, los inventarios del municipio y del gobierno del estado de 2004 y el Diagnóstico de Suelo Urbano de 2005, por lo que se decidió ajustar la información a 2005. Afortunadamente, se consiguió una imagen de satélite con una resolución de 0.60 cm de 2005, con la cual se identificaron las áreas verdes más recientes de la periferia, la población se proyectó a 2005 y se utilizó finalmente la información del IMIP de 2005.

La clasificación por subsistema fue muy útil para determinar las áreas verdes existentes permanentes y no cometer el error de contabilizarlas en el total, porque los subsistemas de predios baldíos y agropecuario fueron considerados reservas urbanas, lo que significa que aunque representan casi la mitad del total de áreas verdes, no pueden conservarse como tales, porque finalmente se incorporarán al desarrollo urbano.

Respecto a las cantidades y porcentajes de áreas verdes en los espacios públicos y privados, se observa una gran desproporción; por una parte, la oferta de espacios públicos para la recreación y el deporte (2.61%) no cumple con los criterios mínimos de Sedesol (2001) de dotar 2.32 m^2 de área verde por habitante, existiendo solamente una oferta de 1.10 m^2/hab con un déficit de 1.22 m^2/hab. Por otra parte, en los espacios privados, las áreas verdes habitacionales representaron 22.04%, es decir, un promedio de 9.37 m^2/hab.

Esta situación de escasa dotación de áreas verdes públicas puede obedecer a diversos factores: la falta de recursos del municipio para su mantenimiento o a la falta de organización vecinal para la creación y conservación de dichos espacios, a la normatividad vigente en la que 3% de donación de área verde no es suficiente para cubrir todas las necesidades sociales de la población o por la falta de una política gubernamental que valore este tipo de espacios y los desarrolle como elementos esenciales de la ciudad. Además, el hecho de que existan prácticamente casi nueve veces más vegetación en las viviendas que en los espacios públicos recreativos y deportivos puede deberse a que los desarrollos habitacionales son en su mayoría unifamiliares, que el costo del agua es relativamente barato y que culturalmente nos preocupamos más por tener mejor conservado lo propio que lo público y compartido.

Esta situación obliga a reflexionar acerca de que las estrategias generales o únicas de forestación para toda la ciudad son inoperantes, porque cada subsistema de áreas verdes tiene sus propias características, por lo tanto, si bien pueden existir políticas generales, los programas para la creación, conservación y mejoramiento de áreas verdes deberán ser estratificados y adecuados para cada subsistema.

Otro punto a considerar es que las áreas verdes son elementos urbanos que se desarrollan con el tiempo, por lo que existe una correlación entre la antigüedad del asentamiento y la densidad de área verde, como lo demuestra el análisis de la cobertura de elementos recreativos (figura 49) y los porcentajes de áreas verdes por colonia (figura 50), en los que se observa que las zonas periféricas de la ciudad son las que tienen menor cantidad de área verde, por lo que esta condición, junto con el de la población de menores ingresos, deben ser factores a tomarse en cuenta para el establecimiento de prioridades en los programas de acción para que estén en consonancia con el principio de equidad que establece el desarrollo sustentable.

Respecto a la estimación de emisiones de CO_2 por consumo de combustibles, es importante remarcar que los datos presentados son estimaciones, pero dan una idea de su magnitud; la producción estimada anual es de 3.74 ton de CO_2 por persona, que es una cantidad considerable, pero muy por debajo de las emisiones producidas en ciudades estadounidenses como Sacramento, California, que tiene una producción estimada anual de 14.16 ton de CO_2 por persona (Nowak, 1994); por ello, deberán establecerse políticas integrales para reducir las emisiones de CO_2, dado que la vegetación por sí sola es incapaz de remover dichas emisiones.

Con relación al componente tecnológico y la utilización de un sistema de información geográfica para crear una base de datos confiable y sistematizar la información de las áreas verdes urbanas de Mexicali, debemos subrayar que existe un gran potencial en dicha herramienta para hacer análisis más detallados que sirvan no sólo para realizar propuestas específicas de forestación, sino también para aportar datos que auxilien en la regionalización de los índices nacionales de dotación de áreas verdes e, inclusive, en el nivel intraurbano por tipo de subsistema, al poder determinar rangos de cobertura vegetal (alta, promedio y mínima) por área geográfica (colonia), por habitante y por uso de suelo, con lo cual también se podrían definir criterios para la adecuación del marco jurídico normativo.

Por ejemplo, en el caso del uso habitacional, la donación exigida de áreas verdes es un porcentaje fijo de 3% sobre el área vendible (POE, 1971), independientemente del tipo de desarrollo, pero se podrían establecer índices diferenciados por tipo (residencial, medio, interés social y popular) y densidad poblacional. Si se parte de que en el nivel urbano el promedio de áreas verdes en vivienda es de 9.37 m^2/hab y de 2.32 m^2/hab para equipamiento urbano, se podría establecer este como un criterio de dotación de áreas verdes. Así, en el caso de vivienda multifamiliar, la dotación mínima para áreas verdes públicas sería de 2.32 m^2/hab y se incrementaría en función de la densidad poblacional para compensar las áreas verdes que no tienen las viviendas, con el propósito de crear una cobertura vegetal amplia y equilibrada en la ciudad.

Referente al nivel de análisis y diagnóstico que se llevó a cabo, en las cuatro escalas jerárquicas (región, ciudad, barrio y edificación) definidas para las áreas verdes esta aplicación se ubicó en el nivel ciudad-colonia, porque no se pretendía hacer un plan ni llegar a propuestas de diseño en el nivel de sitio, sino validar y retroalimentar la propuesta de planificación. Sin embargo, la puesta en práctica de la metodología requiere que todos los niveles y fases se desarrollen hasta llegar al nivel de edificación o sitio, que es donde se realiza la gestión e instrumentación de los programas.

En relación con la escala regional, en la que se deben identificar las áreas verdes potenciales y reservarlas antes de que el desarrollo urbano las absorba, la definición de cuenca y subcuenca hidrológica fue un criterio adecuado, sin embargo, en el caso de Mexicali su aportación fue limitada, dada la topografía casi plana y la ausencia de elementos hidrológicos.

Respecto a las hipótesis planteadas, se corrobora que la dotación de áreas verdes en ciudades ubicadas en zonas áridas enfrenta retos importantes, impuestos por las condiciones geográficas ambientales, como suelos pobres, clima extremoso y escasez de agua, aunque en el caso de Mexicali este último factor no es todavía una gran limitante, debido a la disponibilidad del recurso y cercanía a la fuente de abastecimiento principal del Río Colorado.

El proceso de planificación de áreas verdes urbanas en Mexicali es desintegrado y parcial, no cuenta con un inventario confiable, no existe una diversificación de fuentes de financiamiento, existen los instrumentos jurídicos para la participación de la comunidad pero no se han promovido los espacios de interacción por parte de las autoridades municipales y el marco normativo requiere adecuarse para dar cabida al rediseño de políticas urbanas y nuevos instrumentos financieros para el desarrollo urbano.

En relación con el criterio nacional de dotación de áreas verdes de 10 m^2 por habitante, evidentemente es inadecuado para Mexicali, ya que de acuerdo con la demanda social estimada se requieren 2.32 m^2/hab pero, con base en las necesidades ambientales estimadas para remover el CO_2 producido por el parque vehicular, se demandan 176 m2/hab de área verde. Esto implica, entre otras acciones, una regionalización de los criterios de dotación que conlleve a la redefinición de las áreas verdes, como se propuso en la tipología de áreas verdes, dado que en la normatividad actual se refiere preponderantemente a las áreas verdes de carácter público, además de efectuar una reconsideración acerca de las áreas verdes entorno al centro urbano.

En suma, es indispensable que el tema de áreas verdes se revalore dentro del proceso de planificación urbana, que las autoridades municipales tomen el liderazgo y las reconozcan como elementos imprescindibles en las ciudades por su contribución al mejoramiento de la calidad en los centros urbanos y a la sustentabilidad de los mismos, que se consideren como una inversión a largo plazo y no como un gasto en el corto plazo, que se haga partícipe a la sociedad en las estrategias y programas para la creación y mejoramiento de áreas verdes, así como crear una conciencia ambiental para preservarlas, ya sean árboles, arbustos, plantas nativas o cualquier tipo de vegetación, porque siempre debemos considerar que un árbol es de alguna manera de todos, disfrutan de él no sólo su propietario, sino todas las personas que lo ven y quienes reciben sus beneficios vitales.

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Peña Salmón, César, Ángel.

Metodología para la planificación de áreas verdes urbanas

[recurso electrónico] : el caso de Mexicali, Baja California /

César Ángel Peña Salmón. -- Mexicali, Baja California :

Universidad Autónoma de Baja California, 2016.

1 recurso en línea. -- (Selección Anual para el Libro Universitario)

ISBN: 978-607-607-361-2

1. Urbanismo -- Aspectos ambientales -- Planeación -- Baja

California -- Mexicali. 2. Zonas verdes -- Planeación -- Baja

California -- Mexicali. I. Universidad Autónoma de Baja California.

II. t. III. s.

©D.R. 2016 César Ángel Peña Salmón

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